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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-11-2011

Caldern y narcotraficantes expuestos a la CPI

Emilio Godoy
IPS


Activistas esperan que una peticin ante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al presidente de Mxico, Felipe Caldern, a funcionarios suyos y a narcotraficantes, identifique a los responsables de la violencia que sufre este pas. Pero el proceso se avizora complejo y largo.

"Es la nica va jurdica para sancionar a los responsables de los crmenes de guerra y de lesa humanidad que se cometen en Mxico", dijo a IPS el abogado Netza Sandoval, responsable de armar el pliego que se presentar este viernes 25 ante la CPI, con sede en La Haya y cuya fiscala es encabezada por el argentino Luis Moreno Ocampo.

"Nuestro pas no ha tipificado estos delitos, por lo cual no hay forma de perseguir legalmente a quienes incurren en ellos. Adems, no existe voluntad para investigar la violencia generalizada", aadi.

Avalada con las firmas de unas 23.000 personas, la presentacin pedir a la CPI que se investigue al presidente Caldern, a sus secretarios (ministros) Genaro Garca, de Seguridad Pblica, Guillermo Galvn, de Defensa Nacional, y Mariano Saynez, de Marina, al igual que a Joaqun "El Chapo" Guzmn, jefe del narcotraficante Cartel de Sinaloa, para verificar el grado de responsabilidad en la violencia que azota a Mxico.

Das despus de asumir el gobierno, en diciembre de 2006, Caldern, del conservador Partido Accin Nacional, orden el despliegue de miles de policas y soldados para enfrentar a las mafias del trfico de drogas, estrategia que dej hasta ahora al menos 50.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 230.000 desplazados, segn organizaciones de derechos humanos.

Los acusadores consideran que las violaciones cometidas por soldados --homicidios de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas y torturas--, as como los ataques perpetrados por narcotraficantes a hospitales y centros de rehabilitacin y los asesinatos masivos de inmigrantes, pueden y deben ser investigados por la CPI.

En funciones desde 2002, la Corte con sede en La Haya est habilitada por el Tratado de Roma para intervenir en casos de genocidio y crmenes contra la humanidad y de guerra.

Se trata del cuarto caso ante esa instancia que involucra a una nacin latinoamericana. La Asociacin Pro Derechos Humanos de Espaa y la Federacin Internacional de Derechos Humanos solicitaron a la CPI en septiembre de 2009 que indagara y enjuiciara a los responsables del derrocamiento el 28 de junio de ese ao del presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

Luego, el izquierdista Polo Democrtico Alternativo, de Colombia, denunci en agosto de 2010 al entonces presidente lvaro Uribe (2002-2010) por involucrar a la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad, en el noroeste del pas, y a un grupo de jesuitas con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese mismo mes, el abogado colombiano Jorge Granados remiti, en nombre de un colectivo de vctimas de las FARC y del tambin insurgente Ejrcito de Liberacin Nacional, una peticin en contra del mandatario de Venezuela, Hugo Chvez, por la supuesta presencia de esos grupos en territorio venezolano.

"La denuncia puede prosperar, porque la violencia es sistemtica y el Estado no responde. Estn involucrados agentes gubernamentales y no gubernamentales. La gente est indefensa", coment a IPS la guatemalteca Eugenia Sols, integrante del Directorio de Iniciativas de Mujeres por una Justicia de Gnero, alianza internacional de feministas que hace un seguimiento de la CPI.

Pero algunos especialistas dudan del xito de la gestin. En un artculo publicado en la revista semanal Enfoque, del diario Reforma, el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, argument que la peticin no se apega al Estatuto de Roma, porque no se agotaron las instancias jurdicas nacionales y no cumple con los criterios de admisibilidad de la CPI.

"Solo desgastar a la Corte Penal Internacional, que se ver obligada a realizar trmites intiles para desechar la solicitud", concluy Laveaga.

Luego de recibir el documento, Moreno Ocampo preguntar al Estado mexicano sobre los hechos denunciados o si est dispuesto a investigarlos. Con esa informacin, el fiscal decidir si autoriza la pesquisa correspondiente, con lo cual dar comienzo el propio proceso penal, hasta desembocar en un juicio si se dan los requisitos necesarios.

La Secretara (ministerio) de Relaciones Exteriores de Mxico rechaz la viabilidad de la denuncia y neg que la poltica de seguridad de Caldern constituya un crimen internacional.

"Hacer un llamado a que el fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situacin de Mxico es presentar de manera equivocada la realidad nacional. La jurisdiccin de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales", arguy la cancillera en un comunicado.

Y complement con que "se justifica la accin de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer accin penal para castigar ciertos crmenes detallados en el Estatuto de Roma". "Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso", afirm.

Los casos de Honduras y Colombia "demuestran que la CPI podra ejercer sus facultades sobre la situacin que ocurre en Mxico. En mltiples ocasiones, analistas y expertos de todo el mundo han comparado lo ocurrido en Colombia con lo que acontece actualmente en Mxico", arguy Sandoval.

Los acusadores quieren que el fiscal indague en la supuesta colusin entre el gobierno mexicano y el Cartel de Sinaloa, a partir de la versin de que esa banda cuenta con proteccin de Estados Unidos, como lo indic Jess Vicente Zambada, preso en ese pas e hijo de uno de los capos de esa organizacin, Ismael Zambada.

La violencia en Mxico se ha convertido en un caso de estudio para varios organismos internacionales. El Barmetro de Conflictos de la estatal Universidad de Heidelberg (Alemania) considera que en 2010 la violencia fue ms intensa que en sitios como Honduras y Colombia.

En 2012, el autnomo Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas inglesas), con sede en Bruselas, abrir un programa especfico para Mxico, como ya lo hace para Guatemala, Hait, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99648



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