"Es la única vía
jurídica para sancionar a los responsables de los crímenes de guerra y
de lesa humanidad que se cometen en México", dijo a IPS el abogado
Netzaí Sandoval, responsable de armar el pliego que se presentará este
viernes 25 ante la CPI, con sede en La Haya y cuya fiscalía es
encabezada por el argentino Luis Moreno Ocampo.
"Nuestro país no ha tipificado estos delitos, por lo cual no hay forma
de perseguir legalmente a quienes incurren en ellos. Además, no existe
voluntad para investigar la violencia generalizada", añadió.
Avalada con las firmas de unas 23.000 personas, la presentación pedirá a
la CPI que se investigue al presidente Calderón, a sus secretarios
(ministros) Genaro García, de Seguridad Pública, Guillermo Galván, de
Defensa Nacional, y Mariano Saynez, de Marina, al igual que a Joaquín
"El Chapo" Guzmán, jefe del narcotraficante Cartel de Sinaloa, para
verificar el grado de responsabilidad en la violencia que azota a
México.
Días después de asumir el gobierno, en diciembre de 2006, Calderón, del
conservador Partido Acción Nacional, ordenó el despliegue de miles de
policías y soldados para enfrentar a las mafias del tráfico de drogas,
estrategia que dejó hasta ahora al menos 50.000 muertos, 10.000
desaparecidos y 230.000 desplazados, según organizaciones de derechos
humanos.
Los acusadores consideran que las violaciones cometidas por soldados
--homicidios de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas y
torturas--, así como los ataques perpetrados por narcotraficantes a
hospitales y centros de rehabilitación y los asesinatos masivos de
inmigrantes, pueden y deben ser investigados por la CPI.
En funciones desde 2002, la Corte con sede en La Haya está habilitada
por el Tratado de Roma para intervenir en casos de genocidio y crímenes
contra la humanidad y de guerra.
Se trata del cuarto caso ante esa instancia que involucra a una nación
latinoamericana. La Asociación Pro Derechos Humanos de España y la
Federación Internacional de Derechos Humanos solicitaron a la CPI en
septiembre de 2009 que indagara y enjuiciara a los responsables del
derrocamiento el 28 de junio de ese año del presidente de Honduras,
Manuel Zelaya.
Luego, el izquierdista Polo Democrático Alternativo, de Colombia,
denunció en agosto de 2010 al entonces presidente Álvaro Uribe
(2002-2010) por involucrar a la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, en el noroeste del país, y a un grupo de jesuitas con las
guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ese mismo mes, el abogado colombiano Jorge Granados remitió, en nombre
de un colectivo de víctimas de las FARC y del también insurgente
Ejército de Liberación Nacional, una petición en contra del mandatario
de Venezuela, Hugo Chávez, por la supuesta presencia de esos grupos en
territorio venezolano.
"La denuncia puede prosperar, porque la violencia es sistemática y el
Estado no responde. Están involucrados agentes gubernamentales y no
gubernamentales. La gente está indefensa", comentó a IPS la guatemalteca
Eugenia Solís, integrante del Directorio de Iniciativas de Mujeres por
una Justicia de Género, alianza internacional de feministas que hace un
seguimiento de la CPI.
Pero algunos especialistas dudan del éxito de la gestión. En un artículo
publicado en la revista semanal Enfoque, del diario Reforma, el
director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo
Laveaga, argumentó que la petición no se apega al Estatuto de Roma,
porque no se agotaron las instancias jurídicas nacionales y no cumple
con los criterios de admisibilidad de la CPI.
"Solo desgastará a la Corte Penal Internacional, que se verá obligada a
realizar trámites inútiles para desechar la solicitud", concluyó
Laveaga.
Luego de recibir el documento, Moreno Ocampo preguntará al Estado
mexicano sobre los hechos denunciados o si está dispuesto a
investigarlos. Con esa información, el fiscal decidirá si autoriza la
pesquisa correspondiente, con lo cual dará comienzo el propio proceso
penal, hasta desembocar en un juicio si se dan los requisitos
necesarios.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México rechazó la
viabilidad de la denuncia y negó que la política de seguridad de
Calderón constituya un crimen internacional.
"Hacer un llamado a que el fiscal de la Corte Penal Internacional
analice la situación de México es presentar de manera equivocada la
realidad nacional. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es
complementaria a las jurisdicciones penales nacionales", arguyó la
cancillería en un comunicado.
Y complementó con que "se justifica la acción de la Corte exclusivamente
cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para
castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma". "Ninguno
de estos dos supuestos aplica al caso", afirmó.
Los casos de Honduras y Colombia "demuestran que la CPI podría ejercer
sus facultades sobre la situación que ocurre en México. En múltiples
ocasiones, analistas y expertos de todo el mundo han comparado lo
ocurrido en Colombia con lo que acontece actualmente en México", arguyó
Sandoval.
Los acusadores quieren que el fiscal indague en la supuesta colusión
entre el gobierno mexicano y el Cartel de Sinaloa, a partir de la
versión de que esa banda cuenta con protección de Estados Unidos, como
lo indicó Jesús Vicente Zambada, preso en ese país e hijo de uno de los
capos de esa organización, Ismael Zambada.
La violencia en México se ha convertido en un caso de estudio para
varios organismos internacionales. El Barómetro de Conflictos de la
estatal Universidad de Heidelberg (Alemania) considera que en 2010 la
violencia fue más intensa que en sitios como Honduras y Colombia.
En 2012, el autónomo Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas
inglesas), con sede en Bruselas, abrirá un programa específico para
México, como ya lo hace para Guatemala, Haití, Colombia, Venezuela,
Ecuador y Bolivia.
