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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-11-2011

La violencia que no cesa

Lidia Falcn
Pblico


Hoy [por ayer] conmemoramos el Da Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Este tipo de agresiones est tan extendido que la ONU ha declarado que es el crimen oculto ms numeroso del mundo. Slo en el ltimo periodo democrtico de la historia de Espaa las luchas feministas han logrado que el maltrato a las mujeres se considere un problema social que concierne a las instituciones del Estado. Pero es sin duda la cantidad de vctimas de los ltimos 30 aos y que al fin las estadsticas se han decidido a contar, aunque sea incompletamente la que impuls que el Gobierno elaborara una Ley de Violencia de Gnero el 28 de diciembre de 2004 no s si esta fecha tendr algn simbolismo, que fue votada por todos los diputados por aclamacin.

Cuando siete aos despus de entrar en vigor la merecida ley contamos ya 500 asesinadas, resulta difcil mantener el optimismo que muestran los gobernantes sobre la eficacia de la norma. Las cifras de los ltimos 30 aos resultan demoledoras: 2.200 muertas, dos millones de apaleadas sistemticamente, 15.000 violadas cada ao, y miles de nias no hay estadsticas oficiales maltratadas, abusadas sexualmente, asesinadas y desaparecidas. Con este resumen de la realidad, cmo se puede defender el xito de un ordenamiento legal plagado de contradicciones, omisiones y complejidades?

La ms grave injusticia de esa ley es que slo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vnculo sentimental permanente. A la par, los jueces se sienten autorizados para exigir a las vctimas que demuestren que la violencia ejercida contra ellas se realiza en razn de la posicin de subordinacin al hombre al haber redactado los legisladores (como consecuencia de la ampulosa e ineficaz Exposicin de Motivos) el artculo 1 en la forma siguiente: La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestacin de la discriminacin, la situacin de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cnyuges o de quienes estn o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Esta prueba se ha convertido en el principal argumento de la judicatura para archivar muchas denuncias de maltrato, si no se demuestra que las agresiones se han producido como esa relacin de poder del hombre sobre la mujer. Criterio avalado hace un ao por una sentencia del Tribunal Supremo que establece la doctrina ad hoc.

El resultado est siendo que muchas denuncias se archivan sin ms trmite ante la declaracin del maltratador de que l no actuaba con desprecio machista, y se le exige a la vctima que pruebe la situacin de desigualdad en la pareja. Si el juzgador no llega al convencimiento de que se halla ante un caso especfico de violencia de gnero, segn la confusa terminologa adoptada oficialmente, se archivan de inmediato las actuaciones.

Si no existiese la ley y se aplicase nicamente el Cdigo Penal antiguo, en el caso de injurias, amenazas y coacciones, y, por supuesto, lesiones, se celebrara un juicio de faltas y se condenara al agresor a una multa o se seguiran unas diligencias previas para perseguir el delito, como en cualquier otro caso, sin la calificacin de esa violencia de gnero. A da de hoy, todos esos maltratos se archivan sin ms trmite.

Pero la ms grave indefensin en que se encuentran las vctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisin de los delitos, segn el principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Mientras el legislador se ha molestado en especificar, con resultados completamente nocivos como hemos visto, que la violencia de gnero es diferente a los dems delitos, no ha considerado que, en razn de ello mismo, se debera invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislacin laboral y en la Ley de Igualdad. Pero la sola mencin de esta posibilidad indigna de tal manera a los expertos en Derecho y elaboradores de doctrina, que es imposible abrir ese debate.

A la vez, la falta de dotacin econmica de la Polica, de los juzgados y de las unidades forenses impide la verdadera proteccin de las vctimas que en algunas comunidades se van de las comisaras con un folleto de consejos de autoayuda y sin que siquiera hayan tomado nota de su denuncia.

La consecuencia de todas estas circunstancias y negligencias es que el 55% de las denuncias se archivan sin ms trmite. Del 45% restante que llegan a juicio, se condena al 70% la mayora porque el acusado se conforma con la pena que no excede de dos aos y que, en consecuencia, no cumple y, en definitiva, nicamente el 38% de las denuncias concluyen en condena del culpable, de las que slo el 10% son superiores a dos aos de prisin.

A este retrato de la aplicacin de una ley que deba ser el instrumento eficaz de proteccin de las vctimas, hay que aadir el incumplimiento no perseguido de las rdenes de alejamiento, que permite los continuos asesinatos de mujeres que se crean protegidas por tal orden judicial.

Podemos pronosticar que sin reformar la Ley de Violencia y dotar econmicamente a la Polica y a la Administracin de Justicia para que tengan medios con que cumplir con su deber de proteccin de las vctimas, las cifras de femicidios seguirn siendo escandalosas, ante la inhibicin de las instituciones y la indiferencia social.

Lidia Falcn es abogada y Presidenta del Partido Feminista de Espaa

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/4285/la-violencia-que-no-cesa/



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