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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-11-2011

Los derechos son irrenunciables, la protesta es un derecho, la decisin por autoridad una negacin

Manuel Restrepo Domnguez
Rebelin


Desde una perspectiva ms poltica y social que jurdica, se presentan algunos elementos de anlisis de las consecuencias evitables aun, como la discriminacin a profesores/as provocadas por el cierre temporal de la Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia (UPTC)

La universidad fue cerrada, suspendida, aplazada, mediante resolucin del Consejo Acadmico, a pesar de que en sus considerandos manifestaba estar de acuerdo con la protesta por la defensa de la universidad pblica. La tautologa no fue exacta: estamos de acuerdo, luego cerramos! Menos del 20% tal vez de las universidades pblicas tomaron decisiones similares en contextos distintos, lo que provoca ilegitimidad, desconcierto, desconfianza. Gran equivocacin, que provoc problemas internos, que de no solucionarse a tiempo llevaran a nuevos conflictos que eran innecesarios. Antes de elecciones, podra esperase un cierre, pero no un da despus de estas, cuando estudiantes y profesores/as apenas empezaban a regresar al campus. Las razones del cierre, no invocaron motivos acadmicos, ni de rechazo a la protesta, si no imprecisas situaciones de alteracin del orden publico interno: un herido, otra agresin. Si fue as gravsimo, nos cuestiona o todos esta forma de violencia. Pero la movilizacin era del profesorado y estudiantes y estos hechos no fueron orientados en asamblea triestamentaria o estudiantil. Quin califico los hechos, la gravedad de los mismos, los responsables? Las cmaras, la vigilancia privada, los que vieron lo dirn. Y Sogamoso Duitama, Chiquinquir fueron cerradas por la misma causa?.

 

El Consejo acadmico puso coto a las movilizaciones, no las conden, siguieron dbiles pero siguieron. El Consejo aleg alteracin del orden pblico interno, pero las imprecisiones en la decisin tomada [1] han afectado otros derechos que no estaban en la agenda de lucha universitaria y ahora pasaran a dicha agenda. Se justific el respeto a la supuesta afectacin de los derechos de la mayora, causado por dos agresiones fsicas, creando una conexin automtica entre protestas, desorden y afectacin de terceros que no estaban en la protesta, cuestin que deba probarse antes de presumirse. De hecho a pesar de la gravedad invocada no clausur todas las actividades incluidas las administrativas, si no solo las docentes, no las de investigacin, extensin, gestin de currculos, eventos acadmicos, celebraciones, aniversarios, informes, postgrados.

 

Una relatora para la libertad de expresin [2] hace referencia a que no se puede considerar el derecho de reunin y manifestacin como sinnimo de desorden pblico para restringirlo perse, lo que indica que la movilizacin en la uptc goza de plena validez. Despus de emitida la resolucin de cierre, empezaron nuevas situaciones, se conjug la noche de nios, de brujas o disfraces y se produjo el censurable evento de rotura de vitrales y otros objetos de la capilla catlica de la universidad, que sumado al cierre alcanz a provocar fisuras en el movimiento por la defensa de la universidad. La universidad ya estaba cerrada desde haca no menos de dos semanas por el bloqueo de sus edificios, la resolucin lo que hizo fue cambiar la regla del cierre de lo poltico (bloqueo de facto por dos estamentos: estudiantes y profesores) a lo jurdico, impuesto mediante resolucin por la direccin de la universidad.

 

La reapertura present nuevas imprecisiones [3] , se invocaron consideraciones distintas a las del cierre. Se reabri porque el presidente llamaba a reanudar actividades en las universidades del pas. La decisin correcta en un anlisis basado en categoras sociales era una sola: La Universidad no se deba haber cerrado. La medida fue desproporcionada. Cuando a la autoridad incuestionable se sobrepone el dialogo no se llega a soluciones, aunque haya que acatar las decisiones. La imposicin produce ingobernabilidad e inestabilidad. Acadmicamente las universidades estn llamadas a crear escenarios de dilogos, de bsqueda de datos, de clasificacin de informacin y de produccin colectiva de anlisis sobre el que se toman las decisiones mirando muchas variables. El cierre meti a la universidad en nuevos conflictos, le sum a la discusin poltica la injerencia jurdica. No haba conflicto interno, la movilizacin era y sigue siendo nacional, es continental, es contra un modelo de pensamiento y educacin neoliberal, no era contra la administracin, pero se respondi como si la lectura de quienes deciden fuera esa, dando origen al prximo conflicto laboral, aun evitable, que compromete estabilidad, salarios, equidad y la misma forma de pensar y ser pensados quienes conformamos la comunidad universitaria. Se compromete la vida de uno/a de cada dos profesores/as, de ms de 600 que son profesores/as universitarios porque fueron vinculados por meritos para desarrollar actividades de docencia, investigacin y extensin. Su funcin no se califica mediante contrato, la naturaleza del ser profesor/a no la define la situacin contractual. Se es profesor/a porque realiza lo que realiza un profesor/a. Lo es tambin quien trabaja solo por horas.

 

En el marco de las movilizaciones lo que ha hecho el profesorado, los cerca de 1100 de tiempo completo es igual: ejercer un derecho por el que no pueden ser castigados. Los 1100 han participado de una manera o de otra en la protesta, han ejercido su derecho. La protesta en un ejerci de los derechos fundamentales que comprometen la libertad de expresin, en sus dimensiones colectiva e individual, que es la piedra angular de de los sistemas democrticos universitarios. En un fallo la corte interamericana [4] , anuncia que la libertad de expresin requiere que nadie sea impedido de manifestar su propio pensamiento (derecho de cada individuo) pero implica el derecho colectivo a conocer la expresin del pensamiento ajeno, que incluye no slo las ideas favorables, consideradas como inofensivas o indiferentes, sino tambin aquellas que ofenden, resulten chocantes o perturben. En la protesta se entrelazan la libertad de reunin, de asociacin y el derecho de peticin, que no exigen pertenencia poltica o gremial, es un ejercicio de humanos. Como el cierre no se produjo para impedir la protesta, sino para conjurar un hecho de orden pblico interno, por esta razn no hubo una expresa declaracin de ilegalidad o ilegitimidad de la misma, que pueda considerarse causal de retencin de salarios y garantas que afecten o discriminen.

 

Tratar al profesorado ocasional de distinta manera a efectos de salarios y garantas derivadas de este, en el marco de un espritu de equidad que en la universidad requiere ser cuidadosamente protegido. Desde el anlisis poltico y social, en el contexto de una movilizacin a favor de la universidad pblica, de su autonoma y de su naturaleza resulta ilegitimo. Impensable. Cabe entender as mismo, que jurdicamente las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden pblico y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, mxime cuando en este caso las actuaciones del profesorado no fueron opuestas a las leyes sociales del pas, ni a los principios del derecho comn y el espritu de equidad reclama que en caso de conflicto o duda sobre la aplicacin de normas vigentes de trabajo, prevalece la ms favorable al trabajador al profesorado ocasional y debe aplicarse en su integridad.

La diversidad de opiniones, de formaciones, de titulaciones, de experiencias, de elementos de anlisis, constituyen una riqueza significativa para la universidad y fue factor importante para obtener la acreditacin de alta calidad como una de las 20 mejores universidades del pas, e implica alcanzar ms y mejores indicadores en docencia, investigacin y extensin, pero a la vez mejores condiciones y ambientes laborales, ms y mejores prcticas ticas y polticas, ms y mejor respeto por el otro y mejores y ms democrticas decisiones. Llevar al campo de los dilogos y decisiones las mismas teoras y conceptos que enseamos desde las ciencias, las ingenieras, las ciencias sociales, las artes, las humanidades. Ese espritu es el que enriquece y contribuye para que las decisiones o sus correcciones no correspondan al mbito de la ley, de la demanda ante tribunales, de la victoria jurdica, del juez, si no del juego de suma cero entre pares en la academia que hacen uso de la autonoma y de su responsabilidad tica, poltica y social, cuando tienen a su cargo tomar decisiones en todo caso en el escenario de lo pblico, de lo comn.

La movilizacin contina. Ms de 10 pases participaron en la jornada continental de noviembre 24 y la defensa de la universidad pblica crece en arraigo social y claridad poltica. El profesorado y los estudiantes regresarn en enero y la defensa de la universidad pblica continuar. Para la UPTC, ser preciso que, aunque no haya arboles en las laderas del rio [5] , ni perros callejeros [6] en los patios, haya interlocutores abiertos al debate y al anlisis desde mltiples perspectivas para fortalecer dilogos que lleven a soluciones y comprender que la protesta aunque no siempre se constituya en el mejor mecanismo, si es el que permite a los grupos marginados del proceso poltico hacer sentir sus demandas. Para fortuna la academia de la UPTC esta en manos del gobierno de la academia, de colegas profesores/as en comisin de servicios para el ejercicio de sus cargos y eso ya es importante, para rectificar donde se requiera y profundizar donde sea conveniente en funcin de la universidad como un bien pblico a defender sin olvidar el sentido de la democracia universitaria.

(*) Manuel Restrepo Dominguez es Profesor Titular de la UPTC. Nov 27 de 2011 .


NOTAS DEL AUTOR:

[1] A manera de ejemplo auto-suspende su capacidad de decisin y recomienda a la oficina jurdica, que es organismo de asesora de rectora, para determinar la situacin de los contratos a profesores/as ocasionales, sin revisar su competencia.

[2] GARGARELLA, Roberto. El derecho a la protesta: el primer derecho, Buenos aires, ad-hoc, 2005, pp 36-41 y 72-74.

[3] La primera resolucin reabri el semestre en la semana doce y cierre de actividades el 16 de diciembre, similar proyeccin a la otras U.N, U.D, UPN. Cuando todo pareca regularizado y la MANE coordinaba los procesos a seguir, intempestivamente apareci otra resolucin anunciando el ingreso a la semana once, trabajar una semana con estudiantes y profesores/as a contrato y dos con profesores/as de planta y a partir del primero de diciembre vacaciones, que son derecho, no concesin.

 

[4] CIDH, la ultima tentacin de Cristo, Bustos y otros, Chile, 5 de febrero de 2001, serie C, num 73, prrafo 74.

[5] Gran prdida esta tala en defensa del lecho del rio.

[6] Los grafitis decan no al asesinato de perros, imprecisa categora pero subyace una realidad, hay un enemigo de perros o un escuadrn de exterminio?


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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