Portada :: Bolivia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-11-2011

Lecciones de una eleccin indita

Juan Carlos Pinto Quintanilla
Rebelin


I.- El Contexto Constitucional

La Constitucin Poltica del Estado Plurinacional ha definido, a partir de la problemtica republicana y neoliberal que nos ha tocado vivir, que la justicia es uno de los principales retos para la Democracia que estamos construyendo.

Las instancias mximas de decisin en el rgano Judicial, fueron histricamente, a nivel institucional, dependientes de las decisiones de los grupos de poder. Nos referimos a jueces colocados por parentesco, por imposicin de los dictadores de turno, o a partir de pactos poltico - partidarios en la reciente democracia neoliberal. A lo largo de la historia de Bolivia nunca se concibi a la justicia institucional como un derecho de la ciudadana, sino ms bien como un privilegio de los sectores de poder, es decir los jueces nombrados se deban al poder poltico y reciban beneficios de l. El conjunto de la ciudadana simplemente sufra las decisiones (o falta de ellas) del Poder Judicial, que fluctuaban segn la capacidad econmica y el poder poltico del involucrado.

Pero adems, en una sociedad histricamente marcada por la exclusin de la mayora Indgena Originario Campesina, la elitizacin seorial tambin se valid por el conocimiento, el color de la piel y el apellido, caractersticas que otorgaban pertenencia a los espacios de decisin, tambin en la justicia, por supuesto. Los escribanos y doctorcitos de la Colonia y posteriormente de la Repblica, siempre jugaron el papel accesorio de legalizacin del poder colonial y seorial, que reproduca tambin el hecho de contar con el privilegio del conocimiento como poder y artilugio (capital simblico) ajeno a la mayora y dotado a personas especiales. Esos doctorcitos estn presentes en gran parte de nuestra historia republicana, como parte integrante del Estado y muchas veces como operadores directos del poder en la presidencia de la Repblica.

El ser abogado era concebido como un privilegio que permita estar cerca de la administracin del poder, y se convirti en una expectativa para la mayora excluida. Por eso cuando los procesos democratizadores de la revolucin del 52 ampliaron las posibilidades de acceso a la educacin, paulatinamente se produjo la irrupcin de sectores populares en las universidades, principalmente en la carrera de Derecho como canal acadmico de ascenso social a travs de la poltica o bien en los niveles inferiores del poder simblico, en los que los abogados viven gracias a la extraccin de recursos a la poblacin a nombre de la legalidad y el mercado.

Este modo en el que el Derecho se ha desplegado en nuestra vida social, no expresa ni ms ni menos que la forma en la que se concibi el Estado republicano excluyente y hermtico (cargado de simbolismos que slo tenan la pretensin de divinizar el poder del Derecho y de los que lo ejercan) porque no exista como pretensin histrica el de construir un pas sino el de proteger los intereses patrimoniales de las lites. En los tiempos neoliberales, los partidos polticos se repartieron los nombramientos de magistrados en el Parlamento, arrogndose espacios de poder judicial por largas temporadas que llegaban a los 10 aos con derecho de reeleccin. Seguramente hubo algunos meritorios, pero la gran mayora estuvieron en el marco del tutelaje poltico para ejercer sus funciones. Con los procesos de modernizacin posteriores, se dieron algunos cambios que buscaban una mayor democratizacin de la justicia, que sin embargo fracasaron o estn agonizando bajo la sombra de la corrupcin institucionalizada y las prebendas polticas.

El proceso constituyente tuvo que partir del fracaso del sistema judicial boliviano para proponer cambios en la justicia ordinaria que integren tambin a la justicia indgena originaria campesina, en la tarea de construir una nueva justicia plurinacional para un nuevo pas. Pero adems, en los niveles mximos de decisin, donde exista ms presin partidaria y de grupos de poder, se propuso una total democratizacin abriendo la eleccin de jueces y magistrados al mandato del pueblo que les otorgara la misin fundamental de hacer cumplir la Constitucin y las leyes, en el marco de una nueva justicia, accin pblica sobre la que sern juzgados por la sociedad.

El constituyente tambin propuso que la eleccin de los jueces deba marcar un derrotero propio en la democracia, pues el proceso electoral haba sido convertido, por la democracia representativa, en un espacio de mercado en el que los candidatos se valorizan apadrinados por los partidos o grupos de poder, y se exhiben comercialmente por los medios de comunicacin para convencer a la poblacin de darles su voto a cambio de ofrecimientos futuros o de ddivas entregadas en la campaa. El grado de inversin se convirti en el eje rector de la decisin, pues los medios no informaban acerca de las cualidades y caractersticas de los candidatos, sino que los prefabricaban como parte del mercadeo electoral para generar un proceso de induccin meditica de la sociedad civil. La mayora de los candidatos elegidos, en la era neoliberal, fueron producto de una gran dosis de mercado que adems lanzaba el mensaje colonial de la incapacidad del pueblo para gobernar con sus propios dirigentes. Tuvo que entrar en crisis el imaginario neoliberal para que estas ideas neocoloniales tambin hicieran aguas.

II.- El Proceso Preelectoral

Con las leyes 018 (del rgano Electoral Plurinacional) y 026 (del Rgimen Electoral) se pone en marcha el proceso eleccionario de magistrados y magistradas y del Tribunal Constitucional. Ms de 520 postulantes se inscriben para ser parte de la eleccin, que de acuerdo a ley, en primera instancia, deban ser preseleccionados por la Asamblea Plurinacional, que velaba por el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. En esta etapa, se realizaron entrevistas pblicas abiertas a todos los y las postulantes.

Sin embargo, este proceso electoral se desenvolvi en un contexto poltico que tendra consecuencias en el mismo. En primer lugar, sectores polticos de oposicin cuestionaron la preseleccin porque no pudieron convocar candidatos y acusaron a todos los preseleccionados de formar parte del partido de gobierno, olvidando hasta hace poco ellos nombraban a los magistrados segn su cuota poltica, y que si el partido oficialista habra seguido esa regla no hubiera tenido ningn problema en designar a todos los magistrados (dados los ms de dos tercios que tiene actualmente en el parlamento). Fue un lapsus poltico de su parte.

Sin embargo, ms all de los partidos y grupos de poder, las reglas de convivencia y eleccin acordadas en la Constitucin son el motor de la mayor democratizacin de la institucionalidad, y el proceso deba seguir avanzando, por lo que fueron preseleccionados 116 candidatos/as al rgano Judicial y Tribunal Constitucional, que se ubicaran en la papeleta electoral en cuatro franjas, las tres primeras correspondientes a circunscripciones nacionales y la ltima a departamentales, para eleccin de la ciudadana.

El rgano Electoral se hizo cargo de la difusin de los mritos de candidatos/as en el proceso electoral, a partir de un reglamento que estableca que ellos/as no podan realizar campaa para sus candidaturas, que los medios de comunicacin podan entrevistarlos siguiendo el principio de igualdad de oportunidades para todos/as y que el rgano Electoral sera el nico ente institucional encargado de presentarlos pblicamente y generar el material necesario para la difusin de sus mritos.

III.- El Contexto Poltico Preelectoral

Aunque el proceso de transformacin que vive Bolivia tiene el respaldo de 6 elecciones consecutivas que le han dado una victoria absoluta al liderazgo y al sentido de este proceso histrico, la Constitucin ha reflejado el encuentro entre dos miradas diferentes de pas, la liberal y la comunitaria, asumiendo que ese camino de encuentro tambin estar lleno de dificultades porque la Bolivia plurinacional deba abrirse espacio en medio de la visin de pas liberal que se haba concebido histricamente como nica.

De esta manera y aunque los sectores opositores se convirtieron en minora en representacin partidaria, y en espacios territoriales departamentales, tuvieron un aliado permanente en los medios de comunicacin, cuyos propietarios siempre fueron parte de la lite seorial de este pas. A ello hay que sumar, sin duda, el fluctuante papel de las clases medias urbanas que se guan, en la toma de sus decisiones, ms por el temor y la seguridad de su propiedad que por el bienestar del pas. As, se sucedieron una serie de conflictos, que crearon a esta oposicin silenciosa y slo visualizada en los medios de comunicacin, que le permiti tener una voz amplificada ante los conflictos.

Vivimos en un escenario de lucha permanente por espacios de poder en todo el pas, el de las huelgas por mayores ingresos, la de las demandas regionales y sectoriales por mayor participacin y ms proyectos, juicios que suman y siguen; y finalmente la movilizacin de pueblos indgenas del oriente, en procura de la defensa de su territorialidad. En definitiva son procesos de tensin social en la construccin institucional de un Estado que es cada vez ms presencia frente a las ausencias coloniales y que entra an en conflicto con sectores sociales aliados en procura de la construccin de la constitucionalidad. Eso expres el conflicto del TIPNIS, que puso de manifiesto la existencia de miradas diferentes sobre el desarrollo en el pas, y que las urgencias del Estado no son precisamente las de los sectores, que generan resistencias buscando rditos locales o sectoriales.

Todo este contexto de conflictividad, de alguna manera detonado con la movilizacin indgena, permiti la rearticulacin, aunque dispersa, de sectores opositores que vieron en el conflicto con los pueblos del oriente la posibilidad de quebrar por dentro el Proceso de Cambio del gobierno indio. Antiguos aliados, viejos opositores, trotskistas del magisterio e incluso ex funcionarios se vieron coligados en este proceso de interpelacin al gobierno, y tuvieron una amplia cobertura meditica para sumar y aumentar descontentos.

Finalmente, el contexto poltico de esta suma coyuntural de oposicin convergi en torno al proceso electoral en marcha, para interpelarlo desde distintas aristas: la naturaleza de los candidatos, el proceso, la difusin, las denuncias y finalmente la acusacin de fraude como una salida final de deslegitimacin de este proceso de democratizacin de la justicia.

IV.- El rgano Electoral Plurinacional

Frente a esta coyuntura electoral, el rgano Electoral Plurinacional, que constitucionalmente administr este proceso en su fase electoral, tuvo que salvar varias dificultades que se presentaron en el camino. Los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral, elegidos en el Congreso Plurinacional, completaron la sala plena apenas a inicios del presente ao. En los Tribunales Electorales Departamentales haba ausencia de nombramientos de Vocales, como es el caso de Santa Cruz, Beni (resuelto apenas antes de las elecciones) y Oruro (con la suspensin de Vocales antes de las elecciones). Segn estimaciones, cerca del 95% de los vocales son nuevos en el cumplimiento de esa responsabilidad.

En suma encontramos un rgano Electoral Plurinacional con el rango de nuevo rgano del poder pblico, apenas en proceso de institucionalizacin, que tiene tras de s la institucionalidad creada por la antigua Corte Nacional Electoral que administr todos los anteriores procesos electorales (varios de ellos en condiciones de conflicto) y que le permitieron ganarse una imagen de confiabilidad con la ciudadana. La Corte result ser un eficiente instrumento de administracin electoral, an ms cuando se incorpor, casi por emergencia poltica, el sistema biomtrico de inscripcin y seguimiento electoral, que despej todas las dudas opositoras sobre la confiabilidad en el padrn electoral.

Sin embargo, es precisamente la institucionalidad pasada la que se convierte en una limitacin para una nueva. La CNE estaba preparada y se tensionaba en torno a los eventos electorales, con procedimientos paso a paso, que de alguna forma eran los mismos y que en su aplicacin se haban concebido como la garanta de la transparencia y la confiabilidad electoral. Esta institucionalidad cre una experticia en el personal, que a diferencia de los niveles directivos, le permiti permanecer varios aos en la institucin.

La nueva institucionalidad del OEP requera un salto cualitativo para abordar las tareas propias de un nuevo poder pblico. Las nuevas autoridades y el personal nuevo, asumieron la herencia de la CNE para administrarlas elecciones judiciales. No se termin de asimilar el mandato constitucional de la Democracia Intercultural que ms all del discurso, enuncia una nueva forma de relacin y convivencia que va ms all de lo procedimental y que convierte al OEP como responsable institucional fundamental de su incorporacin en todos los mbitos de convivencia, decisin y eleccin, que realizan los bolivianos y bolivianas.

Las urgencias electorales marcaron la repeticin procedimental en la mayora de los espacios, pero tambin la jerarquizacin de las decisiones, junto a niveles de improvisacin y falta de coordinacin institucional para llevar a cabo el proceso electoral. La ausencia de nuevas reglamentaciones, junto a una administracin tradicional que se asumi todava ms limitada y limitante para el desarrollo del trabajo a partir de la inexistencia de un decreto de excepcin y de la propia Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupcin que genera responsabilidad directa de los funcionarios, fueron aspectos que se tuvieron que sobrellevar.

En definitiva, lo que se pudo constatar y en un menor tiempo, es lo que est pasando en todo espacio estatal en estos aos de proceso de transicin al Estado Plurinacional: viejas prcticas y habitus institucionales se imponen por experiencia e inercia frente a nuevos funcionarios y discursos diferentes que no terminan de entender an las responsabilidades de transformar el espacio estatal, considerado todava como privilegio, a otro dictado por la plurinacionalidad que es de servicio y de instrumento de la democracia intercultural en todos los mbitos pblicos y de decisin.

V.- La Difusin de Mritos de candidatos/as

Es con ese contexto institucional que se desarrolla el proceso de eleccin de magistrados/as del rgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que la responsabilidad de administrarlo -como ya lo mencionamos- recaa en el OEP, pero adems se trataba de un proceso sui generis, por el hecho de tener tambin la responsabilidad institucional de dar a conocer a candidatas/os y de supervisar el proceso de igualdad de oportunidades en los medios de comunicacin.

La aprobacin del Reglamento de Difusin de Mritos de candidatas/os abri el primer portal ante los medios de comunicacin que venan con la predisposicin ideolgica de interpelar al Estado Plurinacional desde el discurso de la defensa de la libertad de expresin, con el que haban logrado congregar a los opositores al gobierno. Sin embargo, y a travs de la apertura de espacios de intercambio con los medios, el TSE logr explicar la importancia de que los medios de comunicacin participen a travs de la realizacin libre de entrevistas, y abran espacios comunicacionales, respetando el principio de la igualdad de oportunidades para todos los candidatos/as. Se logr neutralizar el ataque, aunque ya en esta etapa del proceso electoral, varios medios optaron por abstenerse de participar en su difusin y ms bien dieron curso a opiniones de opositores que propiciaron la campaa por el voto nulo. Es necesario resaltar que aquellos medios que asumieron su responsabilidad social con la ciudadana, se dieron modos creativos para dar lugar a que el pas pudiera conocer a los 116 candidatas/os y tener la opcin de decidir y elegir.

La estrategia comunicacional propuesta por el SIFDE, brazo operativo del TSE, tuvo algunos inconvenientes para su aprobacin, que tenan que ver con los niveles de descoordinacin propios de una institucionalidad en construccin que, a manera de ejemplo, no tena ni siquiera aprobado el logo institucional en vsperas del proceso electoral y tampoco el personal necesario para acompaar y dirigir el proceso. Aun as, y en el marco del poco tiempo para su organizacin y de los escasos recursos disponibles, se encar la tarea de trabajar, en un primero momento, en la presentacin institucional del OEP, la importancia constitucional de la democracia intercultural como transversal, y el de las elecciones judiciales como experiencia para la democracia, junto a la explicacin procedimental del proceso electoral.

En un segundo momento y ltima etapa del proceso electoral, el trabajo se enfoc en la presentacin pblica de los mritos de candidatos/as en actos departamentales y uno a nivel nacional, junto a la difusin en todos los medios de comunicacin posibles, buscando guardar la equidad y tambin evitando la sobresaturacin propagandstica para no generar confusin en la poblacin. En total, cada candidata/o apareci en las pantallas de TV de todos los canales en un promedio de 90 veces durante un mes y medio, y habl cerca a 200 veces en las 300 radios que fueron parte del circuito contratado. Se contrataron alrededor de 200 vallas publicitarias y se publicaron ms de 3 millones de cartillas informativas adems de las separatas en peridicos de circulacin nacional.

El eje central de la difusin se concentr en la publicacin y entrega de aproximadamente 2 millones y medio de cartillas departamentales que contenan los mritos de cada candidata/o que fueron entregadas por los Tribunales Electorales Departamentales y las brigadas juveniles que en un nmero cercano a 1000 recorrieron los espacios urbanos del pas. En el campo, adems de la difusin en idiomas a travs de las radios, se coordin con alcaldas y organizaciones sociales, adems del Ejrcito en algunos casos para la entrega de este material.

Se capacit a cerca de 123.000 jurados en el proceso electoral y sus contenidos, adems de dirigentes de organizaciones sociales en cada departamento, a funcionarios de ministerios, al Ejrcito y la Polica, para que pudiramos construir la corresponsabilidad necesaria para profundizar el proceso democrtico que nos aprestbamos a vivir.

Tambin se desarroll una accin institucional de monitoreo a travs de un equipo nacional, una empresa especializada, adems de equipos y empresas contratadas a nivel departamental, que realizaron el seguimiento a las entrevistas y despliegue de los medios en relacin al cumplimiento del Reglamento de Difusin de Mritos en el proceso electoral. Asimismo para el cumplimiento de los espacios contratados en los distintos medios de comunicacin, se organiz un equipo procesador de las denuncias recibidas por el TSE sobre incumplimiento del Reglamento. Se recibieron cerca de 50 denuncias que fueron procesadas con su informe tcnico respectivo para consideracin del Tribunal Supremo Electoral, instancia que dictamin las resoluciones finales.

Con todo este despliegue, creemos que no existe argumento posible ni del oficialismo ni de la oposicin para evaluar los resultados finales a partir de una falta de informacin sobre los candidatos/as. Sin embargo, lo que s debera entrar en consideracin es la calidad de informacin otorgada, ya que dentro los parmetros normales de una campaa electoral en cantidad de difusin se sobrepasaron las expectativas, aunque tendremos que preguntarnos por la calidad de la informacin en un proceso electoral tan distinto y cargado de los elementos que en lneas anteriores abordamos.

Adems del contexto poltico que gener posicionamientos antigubernamentales que se recargaron en el proceso electoral, tendremos que tomar en cuenta otros elementos como el hecho de que los candidatos/as, todos con un perfil acadmico por el que fueron preseleccionados por la Asamblea Plurinacional, eran ampliamente desconocidos para la poblacin por cuanto no haban tenido carrera ni recorrido poltico. Haba mucha similitud en relacin al perfil y exposicin de mritos, y las diferencias podran ubicarse en la capacidad de elocuencia, la experiencia o bien en algunas caractersticas de la personalidad de los postulantes que dejaban escapar; aun as para la mayora era difcil decidir sobre los mejores representantes para el rgano Judicial.

Otro aspecto de suma importancia es que tradicionalmente en los procesos electorales, los partidos polticos eran los encargados de hacer conocer a los candidatos (muchas veces de forma prebendal), ofreciendo trabajo o bien repartiendo cosas u ofrecimientos futuros. En definitiva, en estos casos existe un involucramiento institucional, que ms all de los fines partidarios, establece una relacin entre el candidato y la poblacin. Pueden hablar con l, compartir inquietudes, comprometerlo al cumplimiento de determinadas promesas, etc.; y aunque muchas veces esto ha sido parte de un circo electoral, la poblacin se sinti involucrada e incorporada en las decisiones que tomara con su voto. En las elecciones judiciales, los candidatos/as, bajo el principio de igualdad de oportunidades, debieron abstenerse de realizar campaa de sus mritos quedando a la espera de invitaciones colectivas, conscientes de que la poblacin no slo quera verlos o escucharlos en los medios de comunicacin sino tambin intercambiar ideas directamente con ellos/as.

Ya a nivel de la papeleta, a pesar de la insistencia de la explicacin en los medios de comunicacin sobre cada una de las franjas para la eleccin, fue complicada porque histricamente el tema de la justicia y su funcionamiento fue ajeno a la vida de la mayora de la ciudadana, y tan slo se vivieron las consecuencias de las decisiones de esos poderes. La explicacin realizada, por su complejidad, slo contribua a exaltar la ajenitud de los que seran elegidos en relacin a la vida cotidiana de las personas. Muchos bolivianos/as asumieron el reto de elegir con su voto, pero otros/as no se sintieron involucrados en algo que siempre les haba resultado lejano. Esta es una limitacin histrica que habr que superar en el proceso que sigue.

La papeleta, en su extensin, contribuy de alguna manera a la confusin ya que a pesar del proceso de difusin de mritos, los y las votantes se encontraban ante cerca de 70 candidatos/as, cuyos mritos no les decan mucho o bien le generaban interrogantes y en algunos casos desconcierto para encontrar a aquellos candidatos/as que le llamaban la atencin pero que fisonmicamente no podan ser reconocidos en la papeleta. Ser importante tomar en cuenta este aspecto para que en el futuro, cada espacio electoral tenga su propio momento de decisin, la ciudadana participe ms, y conozca con mayor precisin a los candidatos/as que elija y que considere los ms apropiados.

VI.- Los resultados Electorales

Una vez transcurrido el proceso electoral, los resultados no dejaron de sorprender a propios y extraos, a oficialistas y opositores. La creciente expectativa opositora por un avasallante voto nulo no se hizo contundente, salvo en algunas ciudades, sin embargo con el voto rural y en las ciudades intermedias, los resultados finales arrojaron casi un empate tcnico entre votos nulos y votos vlidos que fluctan entre el 35 y 40% del total, a los que deben sumarse un 15 a 18% de votos blancos. Varias interpretaciones se realizaron segn la expectativa poltica, ms en cuanto a la responsabilidad del rgano Electoral Plurinacional es necesario subrayar algunos aspectos importantes.

La contundente participacin ciudadana en el proceso electoral que bordea el 80% de la poblacin votante, cifra en crecimiento, es un logro de la Democracia en esta nueva etapa, y expresa a todas luces que la poblacin ha decidido que el voto sea el camino de la toma de decisiones importantes para el pas. Esa es la principal legitimidad del proceso.

En segundo lugar, en la medida en que la difusin de mritos estuvo bajo la responsabilidad del TSE, la cantidad de votos nulos resultantes, fueron motivo de diversas acusaciones (que ya fueron contra-argumentadas anteriormente), por lo que no est dems sostener que no es posible apelar simplemente a la falta de informacin como explicacin principal, dejando de lado el contexto poltico del pas y las propias condiciones en las que el OEP tuvo que desenvolver su trabajo. Y no slo eso sino que queda pendiente reflexionar acerca de la posibilidad del OEP de dar mayor informacin de la que se brind en los medios, sin contar con el apoyo decidido y movilizado del conjunto del Estado y de las organizaciones sociales que habran generado una corresponsabilidad beneficiosa para el proceso democrtico.

En cuanto a los votos vlidos, est por dems mencionar que las reglas del proceso estaban establecidas y los magistrados/as elegidos lo fueron por simple mayora. De esta manera las nuevas autoridades judiciales tienen toda la legalidad de su victoria electoral, y nadie puede poner en juicio la legitimidad de un proceso en el que el 80% de los bolivianos y bolivianas aceptamos participar. Baste mencionar que en un universo electoral de votantes efectivos, existen elegidos hasta con cerca de medio milln de votos, cifra que en la historia democrtica del pas tiene suficiente legitimidad frente a cifras que no sobrepasan los 200.000 votos en el caso de eleccin de algunos diputados, senadores y hasta presidentes. Ms an cuando en el pasado inmediato eran unos cuantos diputados los que pactaban los nombres de los elegidos como autoridades judiciales.

En cuarto lugar, tambin debemos mencionar que a lo largo de la difusin de mritos, se dej establecido claramente que el voto vlido era el que elega, que los nulos y blancos no decidan. Pueden existir mltiples razones por las que se pudo haber votado nulo o blanco, desde la simple confusin, el no convencimiento, hasta la militancia opositora en esta decisin. Lo que s se puede aseverar es que nadie es propietario poltico del voto nulo como pretendieron hacer creer los sectores opositores. En trminos polticos, esto puede ser considerado un sntoma a ser analizado en el contexto, por los distintos actores polticos, para sacar conclusiones hacia el futuro.

Ms all de las acusaciones de voto consigna del oficialismo, o de propaganda vetada de los candidatos/as en diversos espacios donde interactuaron bajo diversas razones, el voto de la mayora de los vlidos tuvo una inclinacin clara por los que representaban a los IOC, es decir el voto sombrero y el voto pollera fue el ms contundente y expresa dos elementos, primero, el que incluso ms all de las personas existe una clara inclinacin por la inclusin y la interculturalidad por parte de una gran parte del electorado que a su vez se sinti identificado con esos candidatos/as por ser parte de su propia identidad. Segundo, en el conjunto de candidaturas eran sobresalientes quienes ostentaban su propia vestimenta e identidad a momento de postularse, as como el tema de gnero permiti que un mayor nmero de mujeres fueran elegidas.

Se presentaron algunas fallas procedimentales derivadas de la falta de coordinacin institucional, que pudieron ser reparadas por el propio sistema informtico. Nos referimos a fallas de sumas aritmticas, que fueron interpretadas maliciosamente por algunos sectores polticos como manipulacin de datos, y que fueron convenientemente explicadas con el sistema COFAX que no permite la acumulacin de fallas aritmticas y las remedia. No ocurri as con 36 mesas electorales, una en Oruro y 35 en Santa Cruz, que fueron anuladas por cuanto los jurados alteraron deliberadamente las actas electorales para propiciar y favorecer al voto nulo, ya que los nmeros inflados sobrepasaban en demasa a los votos emitidos.

Finalmente, no est dems decir que concluimos el proceso como lo iniciamos, en medio de un contexto poltico de confrontacin, en cuyo escenario los sectores opositores no pudieron encontrar mejor argumento que enlodar al TSE con diversas acusaciones para deslegitimar el proceso y justificar el que no pudieran convencer a la mayora de la ciudadana de votar nulo, que era el principio de su pretendida reorganizacin poltica. Los ataques no cesarn, pero el que hayamos elegido a las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional, iniciando un nuevo proceso de transformacin para el pas es, sin lugar a dudas, una victoria democrtica.

VII.- Los aprendizajes democrticos

Bolivia ha vivido una experiencia democrtica trascendental en su historia. Nos hemos atrevido a avanzar en los procesos democratizadores ms all de lo que el mundo liberal hizo hasta ahora y transitar en la democracia intercultural hacia rumbos que nos permitan una cada vez mayor participacin junto a una mayor decisin que construya un nuevo pas.

Necesitamos reflexionar profundamente sobre la experiencia que acabamos de vivir para sacar lecciones para nuestra democracia intercultural hacia el futuro. Valgan pues unos primeros apuntes en este sentido.

El proceso de trasformacin del pas definitivamente se ha constitucionalizado y se ha impreso en la conciencia de la mayora del pueblo a travs de su participacin. Las transformaciones necesarias en la justicia tienen como correlato su democratizacin a travs de la eleccin de los magistrados/as (con las reglas establecidas por la Constitucin y las leyes electorales vigentes), cuya experiencia acabamos de vivir.

El contexto poltico del pas ha condicionado la participacin y el proceso de eleccin de los magistrados/as, pues la ciudadana y algunos sectores opositores junto a medios de comunicacin pretendieron deslegitimar el proceso bajo diversos tipos de acusacin que en realidad ocultaban el propsito ideolgico de oponerse a una mayor democratizacin en el pas, y en este caso particular, de la justicia.

El rgano Electoral Plurinacional, como nuevo rgano de Estado, ha administrado la primera eleccin intercultural, en un proceso de institucionalizacin que no concluye y que tiene todava muchas dificultades para diferenciarse de la identidad institucional de la antigua CNE, y dar paso a una institucionalidad plurinacional que permita el despliegue de la democracia intercultural.

Se han cumplido con todos los pasos procedimentales que han permitido una masiva participacin de la ciudadana (80% del padrn) en el proceso electoral, como fundamento de que la poblacin histricamente ha apostado a la democracia y la participacin para seguir cambiando el pas.

Los procesos de capacitacin desarrollados por el OEP en este proceso electoral, que se masificaron a nivel nacional, tropezaron con la dificultad de explicar a la ciudadana el contenido de la democracia intercultural as como el de las responsabilidades de las autoridades a ser elegidas, por cuanto histricamente el pueblo estuvo excluido de estas decisiones que eran adoptadas por los grupos de poder y los partidos polticos.

La estrategia comunicacional desarrollada por el OEP a travs del SIFDE contempl una presencia masiva en todos los medios de comunicacin, sin embargo la dificultad real fue la de entusiasmar a la poblacin para participar, con candidatos/as desconocidos, con perfiles acadmicos que no decan mucho y con los que la ciudadana no poda interactuar sino a travs de las pantallas de TV y de las radios, por las reglas establecidas en este proceso electoral.

Frente a la complejidad de elegir y entender lo que se elega, la campaa del voto nulo tuvo una gran cobertura en medios de comunicacin para generar todava mayor desconcierto y confusin, al margen de posturas polticas de sectores de oposicin que realizaron grandes inversiones para propagandizar su oposicin al gobierno y convertir la eleccin de magistrados en un aparente proceso plebiscitario.

Dentro las reglas del mercadeo poltico, el rgano Electoral no logr generar un ambiente electoral establecido por las reglas de mercado, precisamente porque el principio fundamental de la igualdad de oportunidades buscaba generar alternativas a la comercializacin de los candidatos. Precisamente por eso, una parte de la ciudadana no se sinti involucrada directamente en el proceso de eleccin porque sus intereses no se vean directamente involucrados, tarea que cumplan los partidos polticos, principalmente a nivel urbano, realizando ofrecimientos y repartiendo prebendas para ganar el voto.

Una parte de la poblacin, principalmente de las reas rurales, asumi el reto de la trasformacin de la justicia a travs del voto y ello se vio reflejado en el tipo de eleccin que se realiz que prioriz dos caractersticas fundamentales de candidatas y candidatos, el que expresen la identidad IOC y tambin las de gnero.

Una parte de los medios de comunicacin, adems de propiciar y amplificar las posiciones sobre el voto nulo, no contribuyeron a que la poblacin pudiera tener una adecuada informacin para elegir. Se limitaron, dentro las reglas del mercado, a lograr recursos a partir de los contratos de publicidad establecidos con el OEP, nico autorizado para realizar la difusin de mritos.

Existieron tambin medios de comunicacin que realizaron el esfuerzo de ser creativos en espacios de presentacin y entrevistas de candidatos/as, que permitieron un mayor conocimiento de la calidad de los candidatos/as que participaban en las elecciones. Sin embargo, la ausencia de debate, como suele ocurrir en procesos electorales tradicionales, reduca el inters de televidentes y radioescuchas en los medios de comunicacin.

Algunas fallas en la coordinacin de la OEP reflejaron la falta de institucionalidad del nuevo rgano de Estado, que fueron enfrentadas con una gran voluntad democrtica de los nuevos actores y de experiencia procedimental de antiguos funcionarios.

El contenido de transparencia del proceso tuvo como aval fundamental al sistema biomtrico del padrn electoral. Los ms de 123.000 jurados sorteados al azar por el sistema informtico as como el control social realizado por los miles de electores en las mesas, y finalmente el sistema informtico COFAX que permiti que las fallas aritmticas cometidas por varios jurados fueran remediados de forma automtica sin que medie ninguna accin poltica ayudaron a esa labor transparente del OEP.

La deslegitimizacin previa de los preseleccionados, las acusaciones de atropello a la libertad de expresin, la de la digitalizacin de los jurados y finalmente la de fraude, realizadas por sectores opositores, y amplificados por los medios de comunicacin, no tienen fundamento en la realidad de este proceso electoral y expresan ms bien la oposicin poltica al gobierno antes que el reconocimiento del proceso de democratizacin de la justicia definido en la Constitucin.

Las y los elegidos tienen finalmente la legalidad del cumplimiento de las reglas establecidas en las leyes electorales y tienen la legitimidad de un 80% de participacin ciudadana, en un proceso de transformacin de la justicia decidido por la mayora del pueblo en la Constitucin y que ha modificado sustancialmente la forma excluyente en la que los magistrados fueron elegidos en el pasado.

El nico voto que elije es el voto vlido, el voto nulo y el blanco son un no-voto, que expresa un sntoma que los actores sociales deben tomar en cuenta para sus conductas polticas, sin embargo no existe la pretendida interpretacin de sectores opositores de convertir los votos nulos en una cruzada contra el proceso de transformacin que vive el pas.

Finalmente, hemos construido un referente de la nueva forma de entender la democracia, de la que an debemos aprender para seguir transformando nuestra convivencia y donde el mercado no puede ser el nico referente que norme nuestras decisiones en funcin de tan slo los intereses personales, y s la necesidad de que tambin los intereses colectivos se hagan parte de nuestra vida, para seguir construyendo un mejor pas.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter