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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-12-2011

Reflexiones sobre el "argentinazo"
Diez aos despus de la revolucin que no fue

Arturo Borra
Rebelin


1) La ambivalencia del sujeto

En diciembre de 2001, la Plaza de Mayo en Argentina fue el escenario central, aunque no nico, de una multiplicidad de protestas sociales que recorrieron el mundo. En un pas que para entonces se encontraba en situacin de colapso -al punto que hubo algn que otro socilogo que no dud en aventurar que Argentina no existe (1)-, el discurso presidencial de De La Ra ante los saqueos populares (especialmente, algunas cadenas de supermercados) desat una respuesta imprevisible: la salida espontnea de miles de personas en direccin de la Casa Rosada, que deriv en la peor represin policial desde la reapertura democrtica del 83 (con 37 personas asesinadas en todo el pas con absoluta impunidad).

Lo singular del acontecimiento estuvo ligado no ya a la histrica ocupacin de la plaza por parte de diferentes fuerzas sociales, sino tanto al modo de convocatoria y a las modalidades de la protesta como a la heterogeneidad de los grupos manifestantes: miles de personas convocndose de manera informal por medios electrnicos de comunicacin, apelando al uso de elementos domsticos para hacerse or en la va pblica. A pesar de las prisas por identificar al sujeto de las protestas en el mapa poltico preexistente, diez aos despus se trata ms bien de pensar en ese sujeto como un emergente, producto de una confluencia imprevista de flujos sociales. Si bien no faltaron las denuncias (justificadas) de un complot organizado por el duhaldismo y el alfonsinismo por parte del gobierno de De la Ra, resulta claro que dichas protestas rebasaron ampliamente cualquier plan premeditado por parte de esas fuerzas poltico-partidarias.

Si lo que se estaba reconfigurando en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre era lo popular -en su acepcin restringida de clase- o la multitud -que rebasa la lgica de clase- es difcil de discernir. An as, desde esta perspectiva, tanto el derrocamiento de algunas figuras presidenciales (De La Ra, Ramn Puerta, Eduardo Camao y Rodrguez Saa) como la exigencia de un cambio poltico, econmico e institucional estuvieron ligados a un proceso de movilizacin social que no puede explicarse de forma vlida apelando de forma exclusiva a la lucha de clases (como motora de la historia de las sociedades).

Ese debate, por lo dems, no debera habernos perder de vista algo ms decisivo: que se trat de un acto poltico por excelencia, en la que la situacin institucional preexistente se reconfigur de forma significativa, a partir de la constitucin de un nuevo sujeto poltico. Aunque identificar ese sujeto con la multitud puede debilitar la percepcin de un antagonismo de clase efectivo, es innegable que dicha forma de antagonismo fue rebasado por una pluralidad de identidades colectivas articuladas en torno a su confrontacin con los poderes gubernamentales y los capitales financieros. No es preciso, pues, construir ninguna dicotoma entre esa multitud y el pueblo (despojado de sus connotaciones clasistas).

En trminos generales, lo que en este acontecimiento prim fue un tejido de demandas irreductibles a las clases medias argentinas, afectadas inicialmente por lo que se dio en llamar corralito (en la que se retena por ley el dinero de los ahorristas en manos de la banca). En una segunda instancia, a esa demanda inmediata se procuraron articular otras de carcter mediato, entre las que cuentan, centralmente, tanto una demanda de justicia como una demanda de renovacin radical de la poltica. Sin embargo, como hiptesis retrospectiva, cabe afirmar que dicha articulacin de demandas fue, en una medida que hay que especificar, fallida: no lograron configurar un horizonte contrahegemnico. En particular, la oportunidad histrica de constituir a la izquierda (partidaria y extrapartidaria) como fuerza hegemnica fue dilapidada, producindose una reestructuracin del orden capitalista por parte del duhaldismo. La revuelta desatada por una multitud autoconvocada por fuera de estructuras polticas formales -gremios y sindicatos, partidos polticos, asociaciones intermedias, agrupaciones estudiantiles-, fue paulatinamente desactivada por los mismos agentes institucionales repudiados, no sin algunas respuestas transaccionales producto de la presin social. En esa reestructuracin ocuparon un lugar de relieve algunos medios de comunicacin dominantes que, en un viraje estratgico, contribuyeron de forma decisiva al restablecimiento de la hegemona neoconservadora.

II) Los medios en cuestin

A pesar de las imgenes estereotipadas y homogeneizantes que suelen desplegarse a propsito de los medios de comunicacin, en una primera instancia, no existi un discurso meditico unitario ante el 20-D: por un lado, el ambiguo testimonio televisivo (2), con giros periodizables: transmitiendo en vivo y en directo la cada de De la Ra y de los sucesivos presidentes interinos (aunque de manera discontinua), simultnea a las imgenes de la represin policial; por otro, transmitiendo en diferido las manifestaciones contra el duhaldismo, con comentarios en off de periodistas distantes a la escena (en el estudio televisivo), con elocuentes silencios e incluso comentarios a contrario al flujo de imgenes, sin referencia alguna a las amenazas recibidas por parte de algunos participantes asamblearios, militantes de izquierda y organizaciones sociales implicadas.

Paralelamente a este cambio de modalidad de transmisin, la visualizacin televisiva del fenmeno fue crecientemente relegada en el perodo duhaldista, perdiendo centralidad en el tratamiento informativo dominante. Desde luego, dicho giro televisivo debe ponerse en relacin con determinadas condiciones que lo sobredeterminan; en particular, no cabe desconocer la conexin entre licuacin de deuda propiciada por el gobierno duhaldista y la desaparicin en pantalla de las protestas. En ese sentido, bien puede sealarse, dada la notoriedad del caso, el rol que jug Duhalde, como presidente interino, en la pesificacin compulsiva que licu las deudas de las grandes corporaciones, incluyendo a los principales propietarios de los medios televisivos, radiales y grficos masivos. No parece casual, pues, que programas como Todo Noticias (emitido en un canal del Grupo Clarn, beneficiario de la medida), hayan  dejado de emitir en directo las protestas en ese perodo.

Lo dicho, sin embargo, no agota el anlisis. Las polticas de los discursos mediticos, relativamente autnomas, pueden y deben estudiarse de forma crtica (tarea que no puedo abordar aqu ms que en aspectos liminares). En la arena de lucha ideolgica de los medios televisivos, la interrupcin de la transmisin en directo por parte de TN fue capitalizada por la televisacin (ms sensacionalista) de Crnica TV, medio que no slo se arrog el privilegio de ser nico medio en directo (sic), sino que adems se present a s mismo en condicin de garante de la verdad fctica, identificada con esa modalidad de transmisin. Como contrapartida, las denuncias del periodista Jorge Lanata a estos medios cmplices del nuevo gobierno, desde otro medio televisivo y desde un lugar de garante crtico, muestra esta ambigedad en la pantalla: discursos y contradiscursos pblicos, luchando por direccionar las interpretaciones en pugna.

La observacin es doble entonces: aunque una lectura crtica de los medios debe incluir la elucidacin de esos intereses econmico-corporativos, la seleccin periodstica de los acontecimientos en tanto que noticiables (pblicamente relevantes) no se restringe ni coincide por necesidad con esos intereses y debe ser investigada con detenimiento. La alternativa consiste menos en analizar qu se mostr y qu se ocult, que en analizar un rgimen de visibilidad que muestra ocultando (por modificar la frmula foucaultiana de un decir censurando), en funcin de unos lineamientos editoriales que no excluyen contradicciones significativas. Como argumentar, lo relevante en la cobertura meditica hegemnica no fue la simple omisin del acontecimiento, sino su construccin discursiva como cacerolazo, despojndolo de sus connotaciones poltico-radicales. Dicha construccin, aunque estuvo ligada a determinados intereses econmicos, tambin compromete dimensiones poltico-ideolgicas insoslayables.

No cabe, pues, suprimir del anlisis la pluralidad inicial de los discursos mediticos en liza. Es esa pluralidad lo que permite mostrar los lmites de cualquier anlisis totalizador que evite la investigacin exhaustiva no slo de la televisin, sino de los medios de comunicacin en general (desde la radio a la prensa hasta Internet o la telefona mvil). En suma, excluir del campo meditico la palestra ideolgica tiene efectos paradjicos: desestima las luchas que pueden desplegarse en ese espacio. No cabe descartar que esta miopa terica haya pasado factura en las propias fuerzas de izquierda, incapaces de ocupar uno de los campos fundamentales de disputa simblica y, por tanto, de construccin de hegemona.

III) Mas all del economismo

Lo que se estabiliz como el cacerolazo puede leerse como un principio de revolucin democrtica interrumpida por la restauracin duhaldista. No se trata de atribuir o presuponer un telos ms o menos oculto a la historia de ese acontecimiento, sino de reconstruir lo que estaba en juego, como prctica colectiva. Si slo retroactivamente podemos conocer de forma cabal el sentido efectivo de una prctica, es indudable que el argentinazo constituy una experiencia de ruptura que el gobierno duhaldista desactiv de formas diversas, incluyendo la represin directa, la inclusin subordinada de algunas demandas o la disuasin a partir de la movilizacin del aparato de partido.

La trivialidad de que el presente es irreductible al pasado ha sido al menos omitida en frecuentes anlisis que se orientaron a la explicacin de esta prctica como esencialmente repetitiva, ms de lo mismo. As, algunos analistas enfatizaron que slo se trataba de la reaparicin pblica de las clases medias pauperizadas, reactivas ante una nueva restriccin, marcada por sus inclinaciones europeizantes, su aristocratismo abierto, su mezquindad econmica y su ascenso social por la va profesional, con la esperanza mediocre del xito de los descendientes (3). Ese anlisis, sin embargo, apenas atendi a lo que pudiera haber de diferencial en esa irrupcin de fuerzas sociales heterogneas.

Contra esa hiptesis, cabe reafirmar el carcter novedoso de ese fenmeno, entre otras cuestiones, porque reconfigur el imaginario social acerca del pueblo y la nacin: en el primer caso, no ya como un sujeto social dado, identificable con las clases trabajadoras o la poblacin en general, sino como un agente colectivo producto de una identificacin en torno a una comunidad imaginada antagnica a la propuesta por el bloque gobernante. Puesto que se trat de una revuelta predominantemente local -ocurrida en torno a la Plaza de Mayo de Capital Federal y secundada en otras ciudades-, la fuerte repercusin que tuvo en otros puntos del pas no puede comprenderse si no es remitindonos a un dimensin discursiva que posibilit la construccin de un colectivo de identificacin ms all de los participantes directamente implicados .

Ahora bien, atender a esas dimensiones polticas y simblicas presupone que dichas manifestaciones sociales fueron irreductibles a una determinacin econmica (el "corralito", el reclamo de creacin de nuevos puestos de trabajo o el ataque padecido por las clases medias). Cualquier determinacin econmica de tales manifestaciones debe articularse en trminos de anlisis a una economa ms general de la determinacin, en especial, a aquellos factores que nos permitan dar cuenta de la pluralidad de reclamos y sentidos que efectivamente se pusieron en juego. Desde una perspectiva economicista, por el contrario, los reclamos de justicia, el pedido de expulsin de la corte suprema de la injusticia y de transparencia administrativa (abajo los corruptos), el rechazo a la estatizacin de la deuda privada, la exigencia de una completa renovacin de la representacin poltica (que se vayan todos), o an de vaciamiento del poder gubernativo (no queremos ms polticos) no son ms que fenmenos determinados en ltima instancia por la economa. Ahora bien, semejante economicismo pasa factura minimizando todo lo que rebasa su propia economa restrictiva: esa multiplicidad de demandas que, en un momento dado, no podan ser asimiladas o satisfechas por el sistema.

Dicho lo cual, reducir esas demandas colectivas a una mera reaccin ante una privacin puntual -como la expropiacin padecida por los pequeos ahorristas- es invlido (lo que no significa que dicha restriccin no haya sido su punto detonante). A esa tesis hay que contraponerle una que sostiene que el acontecimiento del 20-D estuvo ligado al ejercicio de un contrapoder por parte de una multitud ofuscada, producto de un hartazgo moral y poltico ante las clases dirigenciales. La participacin en asambleas barriales, la exigencia de control de los partidos de gobierno y de los organismos estatales, la condena a un modo dominante de hacer poltica, el cuestionamiento al sistema judicial, entre otras cuestiones, coexistieron con la exigencia de devolucin de depsitos. Desconocerlo es simplemente errneo.

IV) La crisis de la hegemona neoconservadora en Argentina

Ahora bien, advino esa ruptura histrica tan demandada colectivamente como anunciada por los sucesivos gobiernos justicialistas transitorios? La respuesta es claramente negativa. Las promesas populistas fueron diversas: el anuncio de creacin de un milln de puestos de trabajo, la declaracin del default, el fortalecimiento del poder ejecutivo, la reduccin del gasto poltico, la devolucin de los ahorros en la misma moneda de referencia, entre otras. Apenas una de estas demandas se cumpli por fuerza: la cesacin de pagos, producto de un dficits fiscal notable, que imposibilitaba la asuncin de los vencimientos de deuda.

Si por un lado la gestin demaggica de las protestas no alcanz para desmovilizar completamente, la debilidad de la izquierda para constituirse en fuerza hegemnica cre, por otra, las condiciones para una restauracin del orden vigente. La prdida de fuerza de las manifestaciones y las asambleas barriales, en este sentido, no slo fue producto de una poltica de persecucin oficial, sino tambin de la propia imposibilidad de constituir un frente poltico comn de una izquierda que sigui fragmentada (4).

En sntesis, los reclamos no lograron articularse en una cadena de demandas unitaria ni respondieron a un proyecto localizable de nuevo orden social. Antes bien, anticiparon la crisis del viejo orden (lo que Gramsci llam crisis de hegemona). En efecto, se trat de una desestructuracin que abra la oportunidad histrica de un cambio (ms o menos revolucionario), obliterada por el duhaldismo. Aunque no deba subestimarse el cambio resultante, la presin del 20-D fue desactivada, producindose una rearticulacin del capitalismo a nivel nacional, sin que peligren sus instituciones econmicas y polticas fundamentales: la propiedad privada, la produccin asalariada, la concentracin de la renta, la continuidad de actores poltico-institucionales sospechados de corrupcin en diferentes rganos del estado y la permanencia de autoridades judiciales dependientes del poder ejecutivo de turno.

En ese sentido, ms que lucha por alterar la fisonoma del capitalismo, las protestas se construyeron en torno al modelo que, si bien pona en el tapete la convertibilidad vigente desde el superministro de economa Domingo Cavallo, no especificaba ninguna poltica de cambio radical. La revuelta resultante -en tanto rplica a unas polticas pblicas restrictivas y a una clase dirigencial desacreditada- no condujo, pues, a un repudio hacia las clases propietarias y slo eventualmente a un rechazo de la banca privada.

Bien podra alegarse que dicho descrdito de los partidos polticos explica la escasa incidencia de ese malestar colectivo en el desplazamiento de la ciudadana hacia la izquierda del arco poltico. Sin embargo, ese descrdito no afect por igual a todos los actores poltico-institucionales y hay buenas razones para suponer que estaban dadas las condiciones para que la izquierda asumiera un lugar ms decisivo en la produccin de una intervencin poltica radical (5). Su fragmentacin interna, sin embargo, impidi precisamente esa asuncin. En sus variantes socialmente ms valoradas, dicha izquierda no cuestion sino puntos especficos de un modelo no especificado de forma suficiente. Partidos polticos como Autodeterminacin y Libertad que mostraron una disposicin a reconfigurarse en las prcticas asamblearias- apenas tuvieron un protagonismo fugaz, desapareciendo de la escena pblica pocos meses despus de las elecciones en Capital Federal de 2001. Con ello, la izquierda dilapid una oportunidad histrica propicia al cambio.

VI) Del argentinazo al cacerolazo

En el proceso poltico posterior al 20-D, las brechas ideolgicas entre distintos grupos se fue acentuando de mltiples maneras: sea bajo la forma discursiva de apartamiento de los violentos, sea bajo la separacin de la extrema izquierda. Si hubo una disposicin colectiva, parcial y fluctuante si se quiere, a la articulacin entre sectores medios y populares, las divisiones volvieron a aflorar en movilizaciones como en las de Avellaneda en 2002. Si en una primera fase el significante Argentina oper como elemento unificador de una pluralidad social, en una segunda fase, la presencia en las protestas de algunos movimientos sociales (por poner dos casos: Piqueteros o Quebracho) suscit lo que podramos llamar un tpico recelo clasista. Con ello, la frgil equivalencia construida en torno a Argentina -o incluso al pueblo argentino- volvi a erosionarse.

El gobierno duhaldista, sin dudas, contribuy con especial empeo a esta tarea, produciendo una interrupcin del proceso de relevo institucional entonces operativo. Su apuesta fundamental consisti en el restablecimiento del establishment, en el que los grupos financieros y los grandes grupos econmicos fueron, una vez ms, los sujetos favorecidos, a travs de una transferencia escandalosa (aunque no indita) de recursos: la estatizacin de la deuda privada, el mantenimiento del corralito, el reinicio de las negociaciones con los organismos internacionales, el restablecimiento del pago de los intereses de la deuda externa, las concesiones realizadas a favor de las empresas privatizadas a cambio de evitar un reajuste tarifario (con valores por encima de los precios internacionales); el aumento de los hidrocarburos; la ley de presupuesto 2002 recortando ms en educacin, salud y sistema previsional y ampliando los recursos para Defensa y Seguridad Interior, entre otras cuestiones.

As pues, dentro de este proceso restitutivo, fue de suma relevancia la produccin de un discurso institucional y meditico despolitizante. Si para desactivar paulatinamente la protesta, el duhaldismo necesit incluir algunos puntos nodales fuera de agenda, la reprogramacin del pago de la deuda (sin cesacin ni quita), la impunidad a la mayora de responsables del vaciamiento de los bancos (exceptuando algn chivo-expiatorio), la devaluacin sbita que licu deudas privadas y sumi a ms de dos millones de personas en la pobreza, as como la persecucin policial, sealan a las claras la direccin poltica del gobierno duhaldista.

La estabilizacin confinada de las protestas, aun con sus recursos expresivos renovados, transfigur lo imprevisible en una insistencia rutinizada, restndole fuerza significativa. Iniciativas valiosas como las asambleas permanentes en varios barrios capitalinos y del Gran Buenos Aires (as como en otras capitales provinciales) fueron perdiendo potencia a medida que se aplacaron algunas urgencias sectoriales.

En primera instancia, la estrategia del duhaldismo oscil as entre la accin disuasoria (creando un clima de intimidacin pblica a partir de la vinculacin entre protesta y violencia) y las concesiones puntuales: por un lado, Duhalde se represent como el presidente mandatario de la protesta pblica; por otro, como aquel que deba garantizar que no se produzca alteracin del orden pblico. Si como estrategia pblica reconoci el legtimo derecho a la protesta, en el terreno prctico el duhaldismo no dud en apelar a una poltica de amedrentamiento: patotas persiguiendo a los asamblestas, polica de civil registrando los movimientos civiles, amenazas annimas a distintos participantes, ausencia de la polica uniformada en actos de protesta, en complicidad con la patota, ronda de detenciones arbitrarias, etc. En suma, aprobacin pblica y represalias secretas mostraron a un poder ejecutivo regido cada vez menos por el temor a la destitucin o el boicot econmico que por el inters en exhibir su fortaleza. En particular, la figura de Duhalde como hombre de estado, con capacidad de liderazgo, se consolid en este perodo, disociada de la imagen ms cuestionada de Duhalde como exgobernador.

Ahora bien, puesto que segn el discurso neoliberal la movilizacin de miles de ciudadanos ya supona una alteracin del orden pblico, la exigencia de garantizarlo por parte del duhaldismo, alineado a ese discurso, era estrictamente incumplible. As, en marzo de 2002 el giro se hizo ms claro: las asambleas carecen de sentido (sic) para la democracia, si no se organizan para las elecciones, en palabras del propio Duhalde. Lo que en un principio se mostr como aceptacin de los mviles de la protesta, producto de una especfica correlacin de fuerzas, termin virando en segunda instancia hacia un llamado al orden: el fracaso de esta estrategia disuasoria condujo as a un endurecimiento de la represin directa que culmina en los brutales sucesos del 26 de junio de 2002 en Avellaneda.

De forma correlativa, se pas de una tibia confrontacin con el poder econmico-financiero concentrado (incluyendo el FMI y el Banco Mundial) a una negociacin conciliadora y a un realineamiento con el poder poltico estadounidense (al punto de terminar patrocinando el voto contra Cuba por violacin de los derechos humanos). La reiteracin discursiva sobre el peligro inminente cernido en torno a la democracia por falta de ayuda monetaria y las predicciones de caos impredecible por parte de las autoridades crearon las condiciones para este reacomodacin.

En esa coyuntura, el desplazamiento del argentinazo al cacerolazo" merm la fuerza dislocatoria del acontecimiento. El viraje de las polticas comunicacionales de los grandes medios masivos de comunicacin acompa este proceso de debilitamiento de la protesta. Si el da de asuncin de Duhalde como presidente interino las disputas entre la patota duhaldista y la izquierda unida mostr que la calle era peronista slo a los golpes, pocos meses despus la calle haba sido en buena medida usurpada por el oficialismo.

VII) Una respuesta transaccional

Para comprender la estabilizacin del duhaldismo es preciso tener en cuenta, asimismo, la alianza ilegitima que construy tanto con otras facciones del justicialismo como con los restos del radicalismo (en particular del alfonsinismo). Esa alianza contribuy a la redefinicin de las relaciones entre el bloque dominante (constituido por la alianza entre gobierno, grandes empresas nacionales y FMI, en una tibia pugna contra otras fracciones de clase) y los sectores subalternos entonces movilizados. La asimetra creciente en ese juego de poder y el despliegue del aparato represivo fueron, pues, los factores ms relevantes que posibilitaron la permanencia de un gobierno que naca ya desacreditado para amplias franjas sociales.

Hablar de ciertas polticas de autolimitacin fijadas por el duhaldismo, como por ejemplo, el pedido de juicio poltico a la Corte de justicia (indefinidamente postergado y obstruido por una decisin ejecutiva), la gravacin a las exportaciones de hidrocarburos, el incremento del gasto social, la (pseudo)flexibilizacin del corralito, el ligero nfasis en la industria nacional y el cambio del modelo de convertibilidad no debera inducir a error: no fueron ms que medidas transaccionales, coexistentes con un gasto poltico elevado y con una represin policial de intensidad variable y persistente, tanto en el seguimiento de activistas como en la emboscada policial en el puente de Avellaneda, donde la polica asesin a dos militantes.

En sntesis, las polticas del gobierno duhaldista operaron como una restauracin del orden (neoliberal) que, ante la crisis de legitimidad, debi hacer algunas concesiones, bloqueando la posibilidad de una poltica radical. En ese sentido, la llamada gobernabilidad se restableci mediante la domesticacin de la revuelta. En un giro nominal repentino, los discursos oficiales y mediticos hegemnicos construyeron el acontecimiento como cacerolazo, reenviado a la esfera privada y, en cualquier caso, despojado de cualquier cariz poltico transformador.

La reacomodacin del bloque dominante se produjo a partir de negociaciones con petroleras, empresas privatizadas y flexibilizacin del corralito. Producto de una negociacin intensa, Duhalde reconstituy su posicin hegemnica, fijando algunos lmites del juego econmico, en detrimento de una autntica redistribucin de las riquezas. Eso no niega, desde luego, que los efectos sociales de la desestructuracin sistmica hayan persistido por algunos meses. La respuesta oficial, sin embargo, no tard en repeler esa heterogeneidad social y poltica. La reduccin del argentinazo a cacerolazo fue, precisamente, esa respuesta.

El cacerolazo, pues, ya es producto de una separacin, de una clasificacin clasista que busc evitar la hibridacin de los flujos sociales. La estrategia depurada no perdi su doblez: por un lado, identificar la protesta con sectores econmicamente afectados, circunscriptos a la esfera privada y, por otro lado, insistir en la irrupcin de sujetos violentos, como elementos extraos a la clase media civilizada. La apuesta de cortar cualquier encadenamiento de demandas -separando la protesta del 20-D de cualquier conexin con movimientos sociales como piqueteros o defensores de derechos humanos- dio sus frutos: legitimar entre las clases medias la (presunta) necesidad de poner lmites a la protesta social. Con ello, se crearon las condiciones propicias para el encauzamiento institucional de los diferentes grupos sociales: apartando y criminalizando a los agitadores y a los infiltrados y reafirmando la legitimidad del orden jurdico vigente (6).

VIII) El encauzamiento de la multitud

En el mismo intento de encauzar la protesta, la prensa neoconservadora enlaz el riesgo de anarqua a la multitud, sealando con ello el peligro del caos y del desgobierno. Desde luego, por tratarse de un presupuesto, la afirmacin de que la anarqua constitua una amenaza seria para la democracia apenas si fue discutida. De forma desplazada, el significante anarqua fue remitido a la posibilidad de una respuesta indita, relativamente imprevisible (esto es: no necesariamente asimilable) y a un potencial expansivo, capaz de erosionar la identificacin de lo poltico y la poltica parlamentaria, pero ms en general, de la reclusin de esa dimensin instituyente en las instituciones estatales. De hecho, la acusacin de un diario como mbito financiero al gobierno duhaldista por izquierdista y marxista (sic) seala con precisin ese temor entonces presente de una reconfiguracin de lo poltico que desbordaba con creces la esfera del estado.

Lo dicho, sin embargo, no habilita a afirmar que el 20-D represent la inminencia de una revolucin; antes bien constituy una posibilidad ms bien reprimida. Un proceso revolucionario, en este sentido, debe pensarse como una excepcionalidad histrica que excede la pura voluntad de unos sujetos. La continuidad en la represin de esa posibilidad, nunca garantizada per se, estuvo ligada a la continuidad de una poltica de estado en la que ni siquiera el dogma de la economa de mercado fue puesto seriamente en tela de juicio. Las prcticas asamblearias como parte constitutiva de una democracia participativa fueron, en todo caso, una anticipacin de esa excepcionalidad sofocada.

Tambin la retrica aristocrtica de La Nacin se centr en el riesgo de una rebelin civil, no sin una defensa cerrada sobre el honor de polticos y banqueros. Desde esa perspectiva discursiva, la condena a la multitud fue ms abierta que solapada, especialmente cuando en vez de disiparse tras algunos logros concretos (prricos por lo dems), sigui apostando por su continuidad. En ese punto, el riesgo de anarqua no significaba ms que la preocupacin por la persistencia de una prctica que se supona efmera y por las incipientes formas organizativas que las asambleas populares fueron adquiriendo, dando lugar a la elaboracin de algunas propuestas alternativas. La conclusin derivada de premisas semejantes fue que el restablecimiento del orden resultaba incompatible con la movilizacin social; de ah el reclamo de un encauzamiento que evitara el riesgo anarquista. El llamado reiterado al orden, pues, no fue sino el intento de conjurar un cierto fantasma revolucionario, ligado a la democracia participativa y a la accin directa.

No deja de ser llamativo que la prensa conservadora enfatizara al carcter defensivo-individualista de estas multitudes, poniendo bajo sospecha la legitimidad de sus motivaciones. Al reclamo por el corralito y por la subida cambiaria, este discurso le contrapes, invirtiendo su signo, las protestas (egostas) por la interrupcin del perodo vacacional o por el aumento de bienes y servicios al fin de cuenta conspicuos. Tampoco faltaron reproches sobre el carcter interesado de las crticas a la Corte Suprema de Justicia por parte de los sujetos de la protesta, presuntamente por no ser los beneficiarios de sus injusticias.

Desde posiciones ideolgicas contrapuestas, tampoco faltaron acusaciones a la multitud, devenida sujeto medio decadente, por su clasismo intrnseco, la mezquindad de sus reclamos ligados a la mera indisponibilidad de recursos financieros en plena carencia econmica de otros sectores o el desengao partidario generado por su voto miope. As planteado el conflicto, lo que estaba en disputa desde esa lectura no eran ms que intereses sectarios, a distancia (con la misma indiferencia que antao) del destino de los dems: el hambre, el desempleo y subempleo, la emergencia sanitaria y educativa, la injusticia cotidiana o la falta de servicios bsicos en diferentes puntos del pas.

A pesar de sus notables diferencias interpretativas, tanto el discurso conservador como el discurso de una cierta izquierda aristocrtica contribuyeron a reducir esa multitud a un fenmeno de clase, reactivo ante la prdida de sus pequeos privilegios. El efecto de esta sedimentacin discursiva no fue otro que la divisoria de aguas, necesaria para la produccin de unas polticas oficiales que apostaron por fragmentar, criminalizar y encauzar una posibilidad transformadora latente en los acontecimientos desatados a finales de 2001.

IX) Una posibilidad taponada

Retrospectivamente, podemos distinguir dos fases que se sucedieron en ese perodo histrico: en una primera instancia, se produjo una crisis de hegemona a partir de una serie de prcticas dislocatorias; en una segunda instancia, sin embargo, las respuestas oficiales reestablecieron dicha hegemona a partir de medidas transaccionales tanto con los poderes econmico-financieros como con algunas reivindicaciones colectivas tomadas de forma aislada.

En esa pugna, la toma de partido del duhaldismo fue clara: dar algo para no dar todo. Lo llamativo es que ese supuesto dar algo a los sectores damnificados fue en gran parte una quita, una cierta dosificacin de las prdidas, en plena pauperizacin de las grandes deudas privadas y en un contexto de impunidad absoluta para con los responsables del colapso financiero de 2001.

Aunque el capitalismo trabaja con la heterogeneidad, la articulacin contrahegemnica de esas diferencias constituy, en esa coyuntura histrica, una amenaza real. La separacin de los flujos de contrapoder, concomitante a la fusin de rganos concentrados en el poder ejecutivo instaur las condiciones para una reconstruccin del capitalismo. Separacin, en primer lugar, como forma de ordenacin de las instituciones, como modo de jerarquizacin y subordinacin de unos sujetos a otros. Fusin porque sin el entrelazamiento orgnico de las instituciones estatales (la construccin de un aparato), no habra efectividad de polticas pblicas anti-populares y autoritarias.

No faltaron elementos subversivos que no pudieron ser asimilados en ese momento: el espritu asambleario, la centralizacin de la problemtica de la justicia y la certeza crtica de una legalidad injusta, la crtica a un sistema econmico concentrado y a una clase dirigencial obscena -apndice del capital financiero y empresario-, las demandas de una radical renovacin poltica y de desafiliacin a los partidos de masas y el cuestionamiento a la mscara populista del neoliberalismo, entre otras cosas. Si algo se retace desde el prisma oficial y se sigue retaceando, fue precisamente esta dimensin democrtico-radical y libertaria de algunas prcticas sociales emergentes en ese contexto histrico.

No obstante, la estabilizacin del sistema poltico a lo largo de 2002 fue desactivando crecientemente el carcter multitudinario de las protestas y las asambleas, quedando confinadas a aquellos grupos con mayor compromiso poltico. Al mpetu incendiario del 20-D le sobrevino un temperamento ms bien aplacado por algunos golpes de autoridad.

No parece desatinado afirmar que las lecturas uniformizantes formaron parte del dispositivo de enunciacin que domestic el acontecimiento, perdiendo de vista los poderes y contrapoderes en pugna. La perfomatividad de esos discursos se tradujo, as, en una separacin de flujos sociales, esto es, en la escisin de la multitud y con ello, de la fuerza poltica (extrapartidaria) emergente. En ese punto, la sociologa espontnea efectuada por conservadores y cierta izquierda ortodoxa borr la produccin de unas prcticas que desbordaron las reivindicaciones puramente econmicas. El borrado de esa produccin, en efecto, tapon la elaboracin de un proyecto poltico contrahegemnico, capaz de recuperar el ncleo ms perturbador de un acontecimiento que sigue activo en la memoria anticipada de otro mundo posible.

Notas

(1) Debemos esta expresin a Alain Touraine.

(2) Referirnos a testimonio no debe llamar a engao. Aunque la cmara apareci como testigo privilegiado de esta escena, hay que enfatizar que todo testimonio est mediado por un dispositivo de enunciacin. La consecuencia ms visible de esta mediacin es el derrumbe de una perspectiva realista que usa el concepto para autentificar hechos especficos, desde el prisma del observador neutral.

(3) El debate generado entre Nicols Casullo y Horacio Gonzlez en el peridico Pgina 12, en los meses de diciembre de 2001 y principios de 2002, resulta por dems de elocuente.

(4) Eso no niega, desde luego, algunas huellas duraderas asociadas a dicho acontecimiento; en particular, el ejercicio de una democracia directa por parte de algunos grupos en comunidades barriales, la recuperacin de algunas fbricas y la autogestin de su produccin, as como la experimentacin con formas alternativas de economa, como el trueque.

(5) El caso de figuras polticas como Luis Zamora es ejemplar en ese contexto. Fue uno de los pocos polticos profesionales exonerados del repudio generalizado a la clase dirigente. No obstante, su desaparicin pblica ms o menos repentina en 2002 no deja de ser sorprendente: escenifica la dilapidacin de su capital poltico, defraudando las expectativas de liderazgo que se generaron sobre su figura.

(6) Las prcticas de escrache, por ejemplo, formaron parte de las estrategias de resistencia activa ante esa interpretacin encauzadora, aunque en ningn caso se trat de una rplica mayoritaria.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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