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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-12-2011

La tortura, el agujero negro de la permisividad

Javier Couso
Hablando Repblica


Un asunto que me preocupa desde siempre es la violencia ilegtima de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es decir, el empleo de violencia sin el amparo o justificacin de una ley que la respalde. Podemos debatir sobre la cesin del uso de la fuerza que otorgan las sociedades a sus cuerpos armados, pero lo que queda fuera de toda discusin es que cualquier actuacin violenta ejercida por un funcionario pblico (en algunos casos tambin privado por mor de la cesin de funciones pblicas a causa de la privatizacin de la seguridad) realizada fuera de los parmetros que marcan las leyes, es un acto que debe ser perseguido y castigado.

La permisividad con estas actuaciones implica legitimar un concepto de sociedad donde la gestin de la violencia queda en manos de seores de la guerra, entidades mafiosas o pandillas de macarras. Es el triunfo (o la vuelta) de la ley del ms fuerte.

El tema del que hablo no es balad y por lo tanto no puedo emplear la misma neolengua que critico, y si hablo de violencia en abstracto, hurto la verdadera definicin de esas acciones en una nebulosa eufemstica. Lo claro es hablar de torturas, de tratos vejatorios, de palizas, de abuso de autoridad, de insultos, de retenciones y/o detenciones ilegales, de identificaciones por criterios tnicos y/o religiosos, en definitiva, de macarrismo de uniforme.

Esta violencia ejercida de manera excesiva e ilegal es ms grave que cualquier otra, pues se escuda en una legitimidad otorgada por la sociedad que la blinda bajo el concepto de autoridad. No es solo una cuestin de superioridad moral, sino un andamiaje judicial e institucional que cuando se emplea criminalmente lleva a la impunidad, es decir, a lo peor: la perversin de que quien debe cuidar la ley se valga de ella para delinquir.

En este pas es un debate hurtado y pervertido. Escondido siempre bajo el camuflaje de la lucha contra el terrorismo y la criminalizacin de opiniones diferentes por el uso de una especie de macartismo que obliga a elegir un bando y deja cualquier cuestin en manos del conmigo o contra m. Adems de que la propia lgica del conflicto ha conducido a la extensin del problema, con la asuncin de leyes de excepcin en el trato y custodia de detenidos, como la Ley Antiterrorista, que instalan lugares de espacio y tiempo, que quedan fuera de las garantas de defensa judicial. La unin de leyes excepcionales que favorecen el amparo de conductas delictivas, con una opinin pblica proclive a comprender cualquier exceso, han creado una estructura que favorece la impunidad moral y legal en la que se han instalado no pocos funcionarios policiales.

Dejo fuera de este texto, por razones de espacio, un anlisis ms profundo de la polica heredada del franquismo, que por obra y gracia de la llamada Transicin dej intactas estructuras, sin depurar mandos policiales o jueces implicados directamente en la represin franquista. Tengo claro que muchas de las anomalas que nos toca padecer en relacin a la Justicia y su inaccin ante determinados delitos cometidos desde el ejercicio del poder, tienen mucho que ver con la larga sombra del franquismo.

Mi preocupacin no es un asunto que parta de mi condicin de persona de izquierdas, ni siquiera es un asunto individual, pues, por mucho que se trate de esconder, es algo que ha llegado a interesar a diferentes organizaciones por la cantidad de denuncias interpuestas en los tribunales nacionales y/o internacionales.

La investigacin del relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van Boven, que sealaba la existencia de torturas de manera no espordica, el informe Sal en la herida de Amnista Internacional sobre impunidad policial en casos de tortura y malos tratos, las dos condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Espaa por no investigar casos de tortura, o las alarmantes cifras de denuncias que recogen diversos observatorios sobre la tortura, son una pequea muestra de que nos encontramos ante un problema grave que no se resuelve, al contrario, se esconde y en algunos casos se ampara.

En este momento de efervescencia debido a los recortes sociales y al despertar de la movilizacin que supuso el 15-M, hemos visto de nuevo sobre la mesa informativa los llamados excesos policiales. Todos recordamos, sin hacer un gran ejercicio de memoria, el brutal desalojo de la Plaza de Catalunya, la agresin y detencin de periodistas como Gorka Ramos, Daniel Nuevo o Edu Len, las bofetadas a la menor participante en una marcha laica, la negativa a identificarse o llevar visible la identificacin de los funcionarios policiales, las denuncias de trato vejatorio y agresiones por los detenidos en la Puerta del Sol, etc... estos casos son una pequea muestra de un comportamiento que lejos de ser anecdtico, es sistemtico y que, en vez de ser perseguido con rigor por mandos y jueces, es dejado en el limbo de la impunidad a pesar de haber sido agresiones visibilizadas por el uso de las nuevas tecnologas digitales.

Otro motivo de preocupacin aadido es la contaminacin de muchos agentes antidisturbios, de las llamadas Unidades de Intervencin Policial, con ideologa racista, ultraderechista e incluso nazi, expresada por medio del uso de argot neonazi en los insultos a manifestantes: guarros, o el lucimiento de simbologa del odio en cargadores de pistola o llaveros (Cruz de San Andrs, guila de San Juan, Bandera Confederada,..) distintivos que tan bien identifica el Informe Raxen contra el Racismo y los Crmenes de Odio. Datos que hacen pensar no solo en la simpata sino en la militancia de alguno de estos funcionarios en organizaciones del espectro de la ultraderecha poltica.

Es muy grave constatar que, siendo las ltimas movilizaciones ciudadanas totalmente pacficas, debido al carcter eminentemente no violento del 15-M, la respuesta por parte de una parte significativa de las fuerzas policiales es de un odio ideolgico y una brutalidad fuera de lugar que evidencia un problema sistmico profundo entroncado directamente con la permisividad ante la denuncia de una prctica no espordica o incidental [1] de la tortura y los malos tratos.

Ante un futuro negro para los derechos sociales y econmicos, que de seguro llevar a protestas sociales importantes y a un crecimiento significativo de la xenofobia poltica, desde la calle y las instituciones es nuestro deber la denuncia activa y sistemtica de esta especie de agujero negro que atenta contra la sociedad en su conjunto.

Un sistema donde se permite la tortura es un sistema enfermo de fascismo.

Nota:

[1] Theo van Boven, relator de la ONU para la tortura.

Fuente: http://hablandorepublica.blogspot.com/2011/12/la-tortura-el-agujero-negro-de-la.html


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