Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-12-2011

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transicin espaola que garantizaron la impunidad de los crmenes del franquismo
Extraditarn a Fraga y Martn Villa por crmenes de lesa humanidad?

Cristbal Garca Vera
Canarias Semanal


El 14 de abril de 2010 familiares de vctimas del franquismo presentaban en Argentina una demanda para que se investigasen los crmenes de esta dictadura. Una iniciativa a la que se vean abocados ante el significativo bloqueo de sus reivindicaciones por parte de las instituciones del Estado espaol. Seis meses despus, la jueza federal argentina Mara Servini de Cubra enviaba un exhorto a Espaa para que le indicaran qu investigaciones se estaban realizando sobre estos crmenes. A mediados del presente 2012 la Fiscala General del Estado espaol le responda que "se estn llevando a cabo diversas investigaciones en varios juzgados del pas". La magistrada, sin embargo, no dio crdito a la contestacin y acaba de emitir un segundo exhorto en el que pide que se le informe sobre los ministros y otros responsables de la represin franquista entre el 17 de julio de 1936 -cuando comenz en Melilla la sublevacin contra el gobierno de la II Repblica- y el 15 de junio de 1977. Da en que se celebraron las primeras elecciones tras la muerte del dictador.

LA JUEZA EXIGE NOMBRES Y DOMICILIOS

La jueza Servini de Cubra exige que se le comuniquen los "nombres y ltimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado espaol y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Polica Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange", acompaados del certificado de defuncin de aquellos que hayan fallecido. La resolucin judicial ordena, asimismo, que se le proporcione el listado de empresas privadas, an activas, que se beneficiaron del "trabajo esclavo y forzado de presos republicanos". Demanda, igualmente, informacin sobre el nmero e identidad de las personas desaparecidas, su momento y lugar de desaparicin; de cuantas personas fueron torturadas y asesinadas durante la "persecucin poltica"; y sobre los nios que fueron robados a sus familias de origen, "con su ulterior sustitucin de identidad". Solicita, adems, los "informes sobre las fosas comunes encontradas y la cantidad de cuerpos recuperados hasta la fecha".

Mara Servini de Cubra realiza esta reclamacin sobre los delitos de la dictadura franquista basndose en el principio de Justicia Universal, figura que reconoce la Constitucin de ese pas al igual que la espaola. La decisin de la jueza ha sido aplaudida por organismos humanitarios y por las asociaciones de vctimas del franquismo.

LA LEY ESPAOLA DE PUNTO FINAL Y LA TRANSICIN EN ENTREDICHO

Si las instituciones espaolas respondieran a la peticin efectuada desde el pas latinoamericano tendran que aportar informacin, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorfico del PP Manuel Fraga -muidor informativo del asesinato de Julin Grimau- o Rodolfo Martn Villa -responsable poltico de la muerte de centenares de activistas demcratas durante la llamada Transicin pacfica a la democracia y presidente de Sogecable hasta el ao 2010-. Y stos deberan responder ante los tribunales, del mismo modo que los funcionarios de menor rango que continuaron ejerciendo su labor represiva hasta las postrimeras de la dictadura franquista. Estos funcionarios -policas torturadores, carceleros o ministros- se beneficiaron de la Ley de Amnista aprobada en junio de 1977. Una autntica ley de punto final que garantiz su impunidad y cuyo contenido poltico slo puede comprenderse recordando aquel clebre atado y bien atado con el que Franco tranquiliz a sus secuaces y sucesores en los ltimos das de su vida.

Pero la Ley de Amnista que han mantenido en vigor los gobiernos del PSOE y el PP constituye solamente una de las manifestaciones del llamado espritu de la Transicin. Para que la impunidad de los verdugos del franquismo pudiera estar plenamente garantizada, y el nuevo Estado monrquico pergeado por los artfices del cambio pactado fuera viable, era preciso tambin imponer la desmemoria y la desmovilizacin popular. Las claves de esta operacin, posteriormente mitificada y presentada como modlica, han sido plenamente desveladas por el politlogo y abogado Joan Garcs en su libro Soberanos e intervenidos:

Agotado el Dictador -escribe Garcs en la citada obra- se procedi a reformar las estructuras del Estado de la Dictadura, no a romper con la obra de sta. La operacin exiga aplicar las recomendaciones de la Comisin Trilateral para contener la excesiva voluntad de cambio de los espaoles... Estos fueron presupuestos de la Constitucin de 1978 y de la reforma poltica que ella inauguraba La aplicacin de los postulados de la Trilateral signific sustituir la movilizacin en torno de reivindicaciones de soberana y libertades democrticas por la apata y la indiferencia que legitimaran la sucesin del franquismo sin alterar las estructuras socio-econmicas que lo sustentaban excepto en lo que facilitara la circulacin del capital internacional.

Con una sociedad construida sobre estos corruptos cimientos no es extrao, pues, que el Estado espaol haya hecho odos sordos a la peticin del Comit de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en 2008 le recomendaba que derogase la Ley de Amnista de 1977. En su informe sobre este particular el Comit de la ONU daba por supuesto el hecho de que se haban cometido crmenes contra la humanidad en su jurisdiccin nacional, denunciando que la amnista en relacin con este tipo de delitos contraviene la Convencin de Derechos Polticos y Civiles de 1966, ratificada por Espaa.

Aos despus de la Transicin, las oligarquas latinoamericanas tomaron ese cambio pactado y la Ley de Amnista como arquetipo para elaborar sus propias coartadas legales y eludir su responsabilidad y la de sus sicarios en las dictaduras militares que asolaron ese subcontinente. Ahora, no obstante, el cuestionamiento de la hispnica ley de punto final proviene precisamente de uno de esos pases en los que tambin se intent que el asesinato, el secuestro y la tortura de miles de personas fueran borrados de la memoria colectiva en aras de una supuesta reconciliacin nacional. La misma que en Espaa ha prolongado hasta nuestros das el triunfo inicuo de los victimarios.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter