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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-01-2012

Entrevista a Iigo Iruin, abogado y militante de la izquierda abertzale
"El jurista es el sastre que confecciona el traje de la decisin poltica"

Sustrai Colina
Argia

Traducido para Rebelin por Ramon Bofarull


Es claro que los aparatos policiales, y sobre todo la Guardia Civil, realizarn movimientos para trabar lo que no sea de su gusto.

Nacido en 1953, en Hernani (Guipzcoa), a pesar de que en su poca fue senador en Madrid y en Vitoria, es conocido por su trabajo como abogado. En los ltimos aos, le hemos visto en macrosumarios como el 18/98 o Egunkaria y defendiendo a los diferentes partidos ilegalizados de la izquierda abertzale, de la que es un militante significativo desde hace largo tiempo.

Dcada de 1980, el ambiente poltico en plena ebullicin y t, abogado. Parece un clsico.

Yo soy abogado de segundo o tercer rebote. Primero, influido por el trabajo de mi padre y el ambiente de casa, estudi ciencias econmicas y empresariales durante cinco aos y, atrado por las asignaturas de derecho de la carrera, descubr mi vocacin. Para m, el trabajo de abogado no es, como dice Joseba Sarrionandia, elegir a quin dar la razn a cambio de dinero. Para m, la nobleza de este oficio reside en colocarte al lado del imputado, en el nivel ms humilde de la escalera. Es claro que el ambiente poltico de entonces me aliment la pasin, pero el paso del tiempo ha convertido el derecho en su conjunto en mi vocacin. Los periodistas de la Audiencia Nacional a menudo me toman el pelo: t crees en el derecho! Esa conviccin ah es un grave error, al parecer.

Qu es la ley, para ti?

El derecho, la ley, son herramientas imprescindibles en la sociedad. De acuerdo con una visin clsica, la ley siempre ha sido expresin del poder. Ensame el cdigo y te dir quin manda. Eso es as, no hay vuelta de hoja, pero, del mismo modo, la ley es una pieza que sobra en la maquinaria del poder y que slo la emplea en la medida en que le sirve. Es obvio que la justicia no se hace siempre con la ley, pero es, a pesar de la sombra del Estado, una herramienta que tiene que estar en cualquier modelo o sistema poltico. El propio Lenin, en su poca, no habl en vano del principio de una legalidad socialista.

Desde la dcada de 1980 hasta hoy las leyes y cdigos penales han cambiado radicalmente.

Las diferencias son patentes. Piensa que, en mis inicios, lo ms habitual era castigar el delito de colaboracin con banda armada con un ao de prisin, mientras que hoy en da la ley exige un mnimo de cinco. Por posesin de armas y explosivos se imponan a la sazn castigos mucho ms bajos, porque el Cdigo penal de la poca daba la opcin de bajar la condena dos grados. En lo tocante a los procedimientos, nos quieren hacer creer que hemos ido a mejor por haber declarado inconstitucional el perodo de incomunicacin de diez das y haberlo reducido a cinco, pero eso no ha eliminado la tortura. Las principales caractersticas de las leyes antiterroristas son el endurecimiento de las condenas y la reduccin de las garantas de la defensa. El Estado siempre se ha guardado los mecanismos que considera necesarios. En 1982, poco despus de la llegada del PSOE al gobierno, se publicaron tres leyes: la ley antiterrorista, la ley del habeas corpus y la ley por la que se garantiza a los detenidos el derecho de recibir asistencia letrada. Si la segunda y la tercera publicacin garantizaban y profundizaban los derechos del detenido, cmo surgi el terrorismo de Estado de segunda generacin? Porque la primera ley desmontaba las otras dos. Formalmente y en apariencia estn garantizados todos los derechos, pero, en la prctica, el Estado se guarda todas las armas en la manga: la utilizacin de la tortura, los espacios negros al margen de todo control, comportamientos policiales autnomos de todo control poltico y judicial Antes, hoy y siempre, un estado se guarda para s las herramientas que le pueden dar el juego en cualquier momento, enrolladas en el celofn de la legalidad y la constitucionalidad, eso s.

Por si eso fuera poco, hay que aadir la presin meditica a los casos que consideramos polticos.

Los magistrados de la Audiencia Nacional reconocen que las presiones son terribles. Desde que nombraron al fiscal actual, es evidente que los criterios de la fiscala se han establecido con la vista puesta en su repercusin meditica. Ah estn los casos De Juana[1] o el de Ino Galparsoro.[2] Hay que tener en cuenta las tripas de la Audiencia Nacional para comprender lo incomprensible. La fiscala de la Audiencia Nacional tiene una relacin y dependencia directa con el gobierno y las fuerzas policiales tienen un papel ms significativo que en cualquier otro tribunal del mundo. Piensa que, en ocasiones, en lugar de ser el polica colaborador del juez, el juez se convierte en colaborador del polica. Eso implica contaminar polticamente las decisiones y las sentencias y, como la presin meditica tiene influencia directa en el juego poltico, el juego poltico lleva esa presin a la Audiencia, con lo que el tribunal se convierte en un teatro de marionetas. Como todo se mueve a conveniencia de la polica y la fiscala, los jueces instructores de la Audiencia Nacional son actores de segundo nivel.

Y, mientras tanto, nosotros intentando influir en las sentencias con la presin vasca.

Tengo una ancdota que refleja la influencia que pueden tener esas presiones en la Audiencia Nacional. En el macrojuicio 18/98, ante un alegato de la defensa, la presidenta, ngela Murillo, dijo en voz alta: Me importa cinco lo que diga Estrasburgo! Si a la presidenta de una seccin de la Audiencia Nacional no le importa lo que diga el principal tribunal europeo, imagina lo que le puede influir la presin social del Pas Vasco. Pero eso no quiere decir que esa presin sea intil. No obstante, a la Audiencia slo le llegan unos ecos lejanos. Aquello es un bnker, los que tienen que tomar decisiones estn muy protegidos y slo consideran una brizna de lo que les llega. Es un tribunal especial y, salvo excepciones, los que llegan all son los que estn cegados en la defensa de los intereses del Estado. Por eso es tan opaco, tan hermtico, tan difcil de comprender partiendo de reflexiones centradas en los derechos fundamentales. Por eso las verdaderas batallas se juegan en el Tribunal Supremo.

En tu trabajo, ves de cerca a detenidos, presos, heridos en atentados, amenazados Se habla mucho en esta nueva etapa del papel que deben jugar las vctimas, de la batalla de la memoria

ltimamente, se ha utilizado a las vctimas para condicionar y racionalizar decisiones polticas. Han sido el arma del PP para acosar al gobierno del PSOE, pero, como es evidente, las vctimas ni son ni pueden ser agente poltico. Hay que basarse en el respeto a ellas, pero es impensable que las decisiones polticas se tomen en funcin de ellas. Eso est pasando y pasar durante los prximos meses, pero, lo digo nuevamente con todo respeto, deben colocarse en su lugar, ni ms arriba ni ms abajo. Es necesario el reconocimiento, es necesaria la reparacin, para lograr el reconocimiento de todas las vctimas tenemos que recorrer un largo camino. Pero no nos engaemos, lo contado desde la ptica de la poltica no puede ser el relato histrico de este pas. La historia de lo que ha sido esto se escribir de aqu a muchos aos, la tendrn que escribir los historiadores y cientficos, desde la objetividad, el compromiso con la verdad y libre de partidismos e intereses. Me parece una pretensin demasiado osada querer dejar hoy escrito el relato de la historia de los ltimos 50 aos. Ese ejercicio exige distancia temporal, estar a salvo de salpicaduras emocionales. La pasin no sabe escribir relatos histricos.

Una vez enfriadas las pasiones, qu conclusiones y enseanzas has extrado de los anteriores intentos y procesos de negociacin?

En el momento de mximo nivel de enfrentamiento poltico-militar lleg Argel,[3] pero el Estado no quiso buscar a la sazn una salida al problema poltico de fondo, sino reducir y desactivar el enfrentamiento. En Lizarra[4] se consigui el acuerdo entre los abertzale con la intencin de hacer frente al Estado, pero tambin ah se mantuvo el componente militar. Tambin estuvo ese componente en Loyola,[5] y tambin ah estbamos mirando al Estado, el referente era el Estado. Por eso es muy diferente el camino que nos ha llevado al umbral de este proceso y por eso debe observarse desde una perspectiva nueva. Por un lado, el planteamiento de los dos ltimos aos ha sido favorable a las vas exclusivamente polticas, el debate se ha encauzado slo en clave poltica. Por el otro, hasta ahora en todos los documentos estaba presente la negociacin con el Estado, pero ahora eso ha pasado a un segundo plano. Hemos puesto las cabezas y los corazones en la repercusin internacional y en un proceso de acumulacin de fuerzas centrado en la sociedad vasca, para que la sociedad valore positivamente los objetivos soberanistas, sin estar mirando al Estado. La hora de contrastar con el Estado llegar, pero como consecuencia de un proceso que tendr en su ncleo el impulso y capacidad de la sociedad. Si he aprendido algo de los procesos anteriores es que la sociedad tiene que ser parte del proceso. No se pueden dejar todas las responsabilidades en los agentes directamente implicados. No hay proceso poltico sin sociedad.

Pongamos que el proceso empez con el debate interno de la izquierda abertzale. Se ha vertido mucha tinta y sudor sobre eso desde entonces.

Empezar desde el final del debate interno y la presentacin de Sortu. Si queremos hacer poltica, debe legalizarse a la izquierda abertzale. No puede haber poltica sin partidos polticos. Ante ello, el Estado te pone un marco legal, con condiciones y exigencias que estrechan el embudo. En vista de ello, la izquierda abertzale tom la decisin de crear un partido y, por tanto, tuvo que admitir el embudo. No fue una decisin fcil, en determinados sectores de la izquierda abertzale cost mucho de digerir. El da de la presentacin no fueron pocos los escalofros y los corazones que se salan por la garganta, pero creo que se acert, porque, cuando exteriorizas una decisin de tanta importancia, te metes en un camino que no tiene vuelta atrs. Para m, hay puntos de inflexiones y decisiones irreversibles. En este caso, el punto de inflexin fundamental fue el enjundioso debate realizado entre octubre de 2009 y febrero de 2010, mientras que la difusin de las conclusiones de ese debate interno trajo una situacin de no retorno. Si con Sortu el reto de la izquierda abertzale era ganar crdito y presentas pblicamente unos estatutos tan comprometidos, no tienes vuelta atrs, la sociedad sabe cul es tu apuesta, no hay ms.

Los acontecimientos de las ltimas semanas han enraizado ese crdito.

La conferencia de Ayete ha sido un paso muy importante. Como deca antes, la implicacin internacional y de la sociedad vasca son dos elementos imprescindibles en este proceso. Estaba seguro de que ETA estara de acuerdo con las peticiones realizadas en Ayete y espero que, en adelante, la hoja de ruta que aparece en esa declaracin se vaya cumpliendo. Sin embargo, el apoyo internacional tiene otra lectura que me parece muy interesante. En este momento, una de las caractersticas del Estado espaol esa la falta de cohesin interna. Los diferentes aparatos del Estado no reman en la misma direccin. De modo que es claro que los aparatos policiales, y sobre todo la Guardia Civil, realizarn movimientos para trabar lo que no sea de su gusto. No hay ms que ver lo que estn alimentando algunos medios de comunicacin. Por otra parte, en el poder judicial, que puede ser clave en el futuro prximo, hay fuerzas contrarias a una solucin definitiva o, dicho de otro modo, el poder judicial est dividido en dos. Esos diferentes aparatos no escatimarn esfuerzos para presionar al nuevo gobierno del PP en una direccin determinada y, ante ello, el apoyo de los significativos nombres que estuvieron en Ayete puede resultar inmejorable para Rajoy, en punto a amortiguar esos golpes bajos y avanzar en el proceso. A pesar de que ahora el PP le mire con desconfianza y desprecio, no te extraes si utiliza como aliado a ese grupo de apoyo internacional para profundizar en el proceso.

Qu peso puede tener el aspecto jurdico en este proceso? El tema de los presos, que est ah, por ejemplo.

Cualquier conflicto social es, en el fondo, un conflicto jurdico, pero, del mismo modo, cuando el poltico est de por medio, no manda el jurista. Normalmente, el Estado utiliza como pretexto los aspectos jurdicos para marcar los tiempos y evitar los avances polticos. Si las cosas van bien, el aspecto jurdico viene al final, porque lo ms importante es la voluntad poltica, el acuerdo poltico que se obtenga. El jurista es el sastre que confecciona el traje de la decisin poltica. As que el marco jurdico es el escudo del Estado y, haciendo un examen realista, no se puede olvidar que la amnista no existe en la Constitucin ni en el Cdigo penal. La Constitucin dice claramente que no se pueden conceder indultos generales, de modo que la ley slo los prev caso por caso. A eso hay que aadir que, en 2003, el gobierno de Aznar introdujo cambios salvajes en el Cdigo penal y en las normativas penitenciarias. En esa situacin, de dnde podra venir la salida de los presos? Podra haber, como en Irlanda, una adecuacin de una ley especial para regular la liberacin progresiva de los presos polticos en funcin de su situacin personal, pero, seguramente, el Estado espaol optar por el examen y la decisin caso por caso. Por eso creo que, si no es posible una ley general especfica, al menos habra que lograr un marco general especfico que defina unas pautas comunes para el colectivo de presos, a pesar de que haya periodos de excarcelacin diferentes. En lo tocante a los presos preventivos, al haber desaparecido el riesgo de fuga y de repeticin del delito con la situacin ahora consolidada, su liberacin se facilitar mucho. Pero lo que deca antes: todo depende de la voluntad poltica.

Notas del tr.:

(1) Preso vasco contra quien, poco antes de que transcurriera el tiempo mximo de encarcelamiento segn la legislacin vigente, el Ministerio de Justicia construy ─ en palabras del propio ministro, pronunciadas en verano de 2006 ─ nuevas imputaciones para mantenerlo encarcelado, recurriendo para ello a dos artculos de opinin que, en el momento de su publicacin, no haban provocado reaccin fiscal alguna. En seal de protesta, De Juana se declar en huelga de hambre, que se prolong durante 63 das. La Audiencia Nacional le impuso una condena de 12 aos y siete meses ms de prisin por los mencionados artculos, ante lo que De Juana inici otra huelga de hambre. Meses despus, el Tribunal Supremo le rebaj la condena a tres aos. Ante el prolongamiento de la huelga de hambre y el riesgo de muerte del preso, el Ministerio del Interior le concedi el rgimen de arresto domiciliario bajo vigilancia telemtica. El PP convoc una manifestacin en protesta por esa decisin. Meses despus, tras el anuncio de ETA del final del alto el fuego que haba dado lugar al proceso de dilogo entre emisarios del gobierno espaol y de la organizacin, De Juana fue nuevamente encarcelado, hasta que, el 2 de agosto de 2008, cumpli la totalidad de la ltima condena impuesta y fue puesto en libertad. No obstante, con motivo de una carta que tena que leerse en el acto de homenaje al ex preso ─ al que ste no acudi ─ , la Audiencia abri nuevas diligencias contra De Juana y ste se refugi en Irlanda del Norte, donde reside actualmente, si bien, el 1 de marzo de 2010, un tribunal de Belfast fall a favor de la extradicin solicitada por la Audiencia Nacional, resolucin contra la que el refugiado ha interpuesto recurso.

(2) Alcaldesa de Mondragn (ANV) entre 2007 y 2011, encarcelada el 28 de abril de 2008 por orden de la Audiencia Nacional el da despus de que la mayora de concejales del pleno municipal rechazaran una mocin presentada por el PNV de condena de los atentados de ETA y peticin de dimisin de los electos que no compartieran tal posicin. Sali en libertad bajo fianza el 28 de julio del mismo ao.

(3) Proceso de conversaciones polticas entre representantes de ETA y emisarios del gobierno espaol mantenido en la capital argelina en 1989.

(4) Acuerdo suscrito en Estella (Navarra) el 12 de septiembre de 1998 por, entre otros, las organizaciones polticas PNV, HB, EA, IU-EB, Zutik y Batzarre y la mayora sindical vasca (formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE y ESK). En el texto del Acuerdo, los firmantes constataban la existencia de un conflicto histrico de origen y naturaleza poltica en el Pas Vasco y proponan un proceso de dilogo y negociacin abierto, sin exclusiones que posibilitara marcos abiertos donde puedan tener cabida las aspiraciones de soberana de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria. Tres das despus de la firma del acuerdo, ETA declar una tregua indefinida y se abri un proceso de colaboracin entre los partidos firmantes del acuerdo, abandonado cuando, en diciembre de 1999, ETA anunci el final de la tregua.

(5) Conversaciones mantenidas entre dirigentes de Batasuna, PNV y PSE-EE entre septiembre y noviembre de 2006 en la hospedera de la baslica de Loyola (Guipzcoa) en el marco de las que venan manteniendo desde junio de 2005 representantes de ETA y emisarios del PSOE y del Gobierno de Espaa.

Argia, 13 de noviembre de 2011

Fuente: http://www.argia.com/argia-astekaria/2298/inigo-iruin



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