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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-01-2012

Espaa
Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo

Varios autores
Rebelin


Las aguas del sistema comunicativo bajan revueltas. Ante tanta incertidumbre urge abrir un debate clarificador sobre las principales problemticas de la agenda comunicativa.

1. Comunicacin y deterioro democrtico

Hay un contraste brutal entre las dinmicas sociales participativas -se comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las democracias. stas estn cada vez ms orientadas a seguir, incluso contra los electorados, los dictmenes de los agentes financieros metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las polticas pblicas en nombre de los mercados. Redefinir y regenerar las democracias son tareas del presente, lo que no es posible sin introducir, simultneamente, factores de igualacin social y de reconocimiento de las diversidades que reconcilien a la sociedad con la utilidad de la gestin pblica.

Siendo la comunicacin un eje transversal de las construcciones democrticas, tanto nacionales como globales, son imprescindibles la democratizacin y diversidad de las comunicaciones y de sus agentes y el reconocimiento de los derechos sociales a la comunicacin y la informacin.

2. Aumenta la concentracin y disminuye el pluralismo

Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como expresin de los vientos neoliberales en Europa, se est produciendo una nueva e intensa concentracin comunicativa y cultural. La situacin se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de msica, audiovisual, informacin) traen consigo un modelo de concentracin mucho ms global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red.

En el caso espaol, los procesos de concentracin y de financiarizacin han llegado lejos y avalados por la ley. En el caso del audiovisual, tras la absorcin de Cuatro y la Sexta, la reduccin del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos hegemnicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del pluralismo en Espaa que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era analgica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las oportunidades que ofreca la TDT se han aprovechado solo para que haya ms canales servidos por los mismos operadores.

Las indeseadas derivas de la concentracin global debieran ser objeto de tratamiento en instancias globales (ONU, Unesco, ICANN...) o supranacionales (UE), sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de pases. Asimismo, para preservar el mximo de diversidad meditica y cultural, se han de revisar las legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones locales y nacionales al intercambio global como la capacidad de denuncia en los tribunales de los abusos de poder. Igualmente, en el plano micro se trata de animar a la emergencia de nuevos agentes, de apoyar a la diversidad

3. Desafos para el Periodismo

En aras a una buena informacin, urge definir tanto un Estatuto de la informacin que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el relato de los acontecimientos.

En el caso de los profesionales, las cuestiones de mxima preocupacin, y que solo se pueden sostener desde su autoorganizacin, son el empleo, la negociacin colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la precarizacin creciente y al trnsito a las redacciones integrales- y la dignificacin, aplicacin y actualizacin de los valores de la profesin.

Se trata de rescatar el borrador para una Ley Orgnica de Garantas del Derecho a la Informacin de la Ciudadana en el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresin e informacin, se reconoca que la informacin es propiedad de la ciudadana, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e independencia frente a poderes polticos y econmicos y se regulaba un mnimo la actividad de las empresas de comunicacin.

4. Amenazas en Internet

Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se identifican digitalizacin, privatizacin y mercantilizacin con la expansin forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es contradictorio con la expansin de los contenidos por Internet como bienes preferentemente pblicos y como parte de un patrimonio colectivo de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio pblico. Sera ms eficiente compartir su gestin gratuitamente o mediante tarifas globales.

Por otro lado, los gobiernos tienden a forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las redes sociales para la comunicacin, el intercambio y la interaccin. La Ley Sinde y la vuelta de tuerca que supona han sido asumidas por el Gobierno del Partido Popular.

Para contrarrestar las limitaciones al derecho de comunicacin en Internet se han de reconocer los derechos de los internautas a la conexin, la privacidad, la obtencin de nombres de dominio -especialmente relevante en las comunidades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad de las transacciones o la homogeneidad de los protocolos.

Igualmente importantes son criterios como: neutralidad de la red; tarifas justas; regulacin de los oligopolios; universalidad de la banda ancha para toda la ciudadana en clave de accesibilidad y asequibilidad; velocidades aceptables; derechos de autora compatibles con el acceso a la cultura; ilegalidad de vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas judiciales...

Estos derechos no son ajenos a los de los comunicadores profesionales, lo que facilita una eventual alianza para la libertad y calidad de la informacin, la comunicacin y el conocimiento.

5. Deslegitimacin del Servicio Pblico  

La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Pblico. Y, sin embargo, los servicios pblicos van a ser objeto en Espaa de una intensa laminacin en el contexto de una crisis econmica y fiscal profunda y de las pticas conservadoras del nuevo gobierno que no tiene ms poltica que la reduccin de los dficits y, en especial, de los servicios pblicos abiertos o con proyeccin social.

Por de pronto el recorte ya anunciado de 200 millones en la subvencin de RTVE es toda una declaracin de intenciones, y deja a la Corporacin en una tesitura complicada que puede dar al traste con la funcin ejemplificadora y tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual espaol y en el imaginario colectivo. Para evitarlo, habr que buscar esa cuanta en otra fuente de financiacin que puede ser la publicidad (con condiciones como que sea sin cortes en los programas), obligando a modificar la Ley de Financiacin que le expuls en 2010 del mercado publicitario.

6. Asfixia de la comunicacin de proximidad y no lucrativa

La preferencia de la anterior Administracin por un modelo hegemnico de radiotelevisin de mbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales en abierto a 24 en el espacio de 6 aos- ha perjudicado sobre todo a las radiotelevisiones autonmicas, locales y comunitarias.

Las radiotelevisiones autonmicas no han podido competir con un aluvin de programas de mbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura. Las dificultades para absorber los costes, as como la apuesta actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonmicos que controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; as como los Expedientes de Regulacin de Empleo, la internalizacin global o su privatizacin y la consiguiente desaparicin como canales pblicos. De confirmarse esta tendencia sera un gran retroceso cultural y comunicativo.

Las radiotelevisiones locales tambin se han visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales, propias y fuera de cadena.

Igualmente las emisoras comunitarias y del tercer sector estn siendo legalmente maltratadas, y tcnicamente bloqueadas, al no recibir frecuencias especficas. Se busca su acantonamiento en la red como una web ms en la idea de que se diluya su lugar social y su influencia. Sin perjuicio de estar en Internet, su reconocimiento en el artculo 3 de la Ley General de la Comunicacin Audiovisual exige una regulacin acorde que no las convierta en emisoras de barrio sino en una alternativa paralela a las privadas y las pblicas, con condiciones adecuadas para su existencia que hoy no estn garantizadas.

7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual

Los Consejos del Audiovisual son una de esas instituciones que pretenden ampliar el espacio pblico ms all del espacio de la Administracin y generar valores colectivos que emanan de un discurso colectivo de construccin democrtica y social, con atencin especial al pluralismo y la calidad.

Comparativamente con otros pases europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, previsto y aprobado en la Ley General de Comunicacin Audiovisual, no es lo ms avanzado en competencias, composicin y modo de eleccin pero, al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consider innecesario e inconveniente, pero no es una solucin que esas tareas vinculadas a los contenidos recaigan en la Comisin del Mercado de Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestin de temticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las reglas de la competencia en un mercado.

Es imprescindible la puesta en marcha de un CEMA de mbito estatal en aplicacin de la Ley General de Comunicacin Audiovisual y la creacin especfica de Consejos tambin en las Comunidades Autnomas.

En suma, propugnamos:

1. la democratizacin de las comunicaciones.

2. la efectiva concrecin de los derechos sociales a la informacin y a la comunicacin y la definicin de unos derechos de autora compatibles con el acceso a la cultura.

3. la puesta en pie de normativas y medidas a escalas internacional y estatal contra la concentracin, tanto en la red como en las industrias culturales.

4. la aprobacin de un estatuto de la profesin periodstica y del derecho de informacin.

5. la defensa y viabilidad de los servicios pblicos, tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonmicas.

6. el apoyo explcito a la comunicacin de proximidad de las radiotelevisiones locales y la comunicacin social de las emisoras comunitarias.

7. la puesta en marcha de Consejos del Audiovisual.

En Tarragona a 20 de enero de 2012

A propuesta de ms de un centenar de profesores e investigadores universitarios del campo de la comunicacin y la cultura:

Miquel de Moragas (UAB)

Enrique Bustamante Ramrez (UCM)

Armand Mattelart (Paris VIII. Francia)

Emili Prado (UAB)

Ramn Zallo (UPV/EHU)

Enric Marn (UAB)

Ana Azurmendi (UNAV)

Mnica Terribas (UPF)

Francisco Sierra (US)

Josep Gifreu (UPF)

Jos Manuel de Pablos (ULL)

Jos V. Idoyaga (UPV/EHU)

Rosa Franquet (UAB)

Luis A. Albornoz (UC3M)

Margarita Ledo Andin (USC)

Ramn Reig (US)

Concepcin Mateos (URJC)

Jos Luis Piuel Reigada (UCM)

M Luisa Humanes (URJC)

Jess Timoteo lvarez (UCM)

M Trinidad Garca Leiva (UC3M)

Juan Carlos Miguel (UPV/EHU)

Juan Jos Igartua (USAL)

Juan A. Garca Galindo (UMA)

Bernat Lpez (URV)

Guillermo Mastrini (UNQ) (Argentina)

Amparo Huertas Bailn (UAB)

Andreu Casero Ripolls (UJI)

ngel Badillo Matos (USAL)

Flix Ortega Mohedano (USAL)

Josefina Snchez (UCAM)

Aurora Labio Bernal (US)

Carmen Peafiel (UPV/EHU)

Cristina Cullell March (UJI)

Elena Oroz (URV)

Fernando Peinado Miguel (UCM)

Jordi Farr (URV)

Jorge Mirabal (UCM)

Jos A. Garca Avils (UMH)

Jose Alonso Seco (URJC)

Jos Mara Garca de Madariaga (URJC)

Josetxo Cerdn (URV)

Juan Carlos guila (UCM)

Juan Ignacio Gallego Prez /UC3M)

M Begoa Zalbidea Bengoa (UPV/EHU)

M de la Pea Mnica Prez Alejos (USAL)

Manuel Fernndez Sande (UCM)

Mar Binimelis Adell (URV)

Marcial Murciano (UAB)

Marta F. Fuertes Martnez (USAL)

Miguel Fernndez Labayen (UC3M)

Miguel Vicente Mario (UVa)

Nekane E. Zubiaur (UPV)

Nria Arana (URV)

Pablo Lpez Rabadn (UJI)

Patricia Corredor (URJC)

Roberto de Miguel (URJC)

Alazne Ayestaran Yarza (UPV/EHU)

Alberto Ardbol Abreu (ULL)

Alejandro lvarez Nobell (USJ)

Alejandro Barranquero (UC3M)

Ana Fernndez Viso (UAB)

Sagrario Beceiro (UC3M)

Victor M. Silva Echeto (UVa)

Ana I. Segovia (UCM)

Antonio Castillo Esparcia (UMA)

Antonio Garca Jimenez (URJC)

Arroyo lvarez (URJC)

Carmen Echazarreta (UdG)

Carmen Lpez Snchez (UA)

Carmina Crusafon Baqus (UAB)

F. J. Paniagua Rojano (UMA)

Fermn Galindo (USC)

Isabel Fernndez Alonso (UAB)

Isabel Ruiz Mora (UMA)

J. Miguel Tez Lpez (USC)

Javier Heredia (UC3M)

Javier Marzal Felici (UJI)

Jos Ramn Rodrguez Polo (URJC)

Juan Ramos Martn (USAL)

Julio Montero (UCM)

Laura Fernndez Ibargen (UC3M)

Miguel A. Casado (UPV/EHU)

Miguel lvarez-Peralta (UCM)

Milena Zoppeddu (UAB)

Nerea Vadillo Bengoa (USJ)

Pepe Martnez Sez (UCH-CEU)

Ral Magalln (UC3M)

Rebeca Amieva de la Vega (URJC)

Victoria Tur Vies (UA)

Arantza Gutirrez Paz (UPV/EHU)

Cristina Peamarn Beristain (UCM)

Felicidad Loscertales (US)

Fernando Bustamante (UNSa)

Araceli Rodrguez Mateos (URJC)

Hctor Fouce Rodrguez (UCM)

Hughe ODonnell Glasgow Caledonia

Isabel M. Barrios Vicente (USAL)

Isabel Sarabia (UCAM)

Jessica Izquierdo Castillo (UJI)

Jessica Retis (CSUN)

Jos Luis Terrn Blanco (UAB)

Jos M. Sanmart (UC3M)

Josep Angel Guimer (UAB)

Juan Francisco Gutirrez Lozano (UMA)

Manuel Martnez Nicols (URJC)

Marina Mantini (UCM)

Mnica Jimnez March (UPF)

Nria Reguero Jimnez (UAB)

Patricia Marenghi (USAL)

Rodrigo Gmez Garca (Univ autnoma metropolitana. Mexico)

Marina Hernndez Prieto (USAL)

Silvia Olmeda Salar (UMA)

Vicente Rodrguez (UC3M)

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras y los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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