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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-01-2012

Empleados pblicos

Ricardo Rodrguez
Rebelin


Uno de los rasgos ms notables de la depresin econmica que padecemos es la tenaz campaa de asedio a los empleados pblicos.

En la mayora de los pases europeos, y en especial en aquellos que se han visto ms afectados por la depresin, los trabajadores del sector pblico han sufrido ataques sin precedentes, en forma de prdida de derechos, reduccin de salarios e incluso despidos masivos. Naturalmente, nuestro pas no supone una excepcin. Tras la reduccin salarial del 5% en 2010 y la congelacin en 2011, viene una nueva congelacin para 2012 (que podra convertirse en otra mengua cuando se aprueben los presupuestos en marzo o abril), el aumento de jornada laboral y la eliminacin de la oferta pblica de empleo, con la excepcin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios esenciales. Adase a ello el despido de funcionarios interinos y contratados en empresas pblicas en determinadas comunidades autnomas y ayuntamientos, una sangra que ha alcanzado particular saa e infamia en la sanidad y la educacin pblicas de la comunidad madrilea y de Catalua.

Con la prdida de derechos se acompasa una campaa abominable de desprestigio de los empleados pblicos, a la que se han sumado de mil amores los principales medios de comunicacin del pas y que oculta intereses feudales muy poco confesables. El pasado mes de diciembre, el presidente de la CEOE, ilustre seor Rosell, alcanz a vomitar la salvajada ms grande, reclamando que los funcionarios pblicos puedan ser despedidos igual que los trabajadores del sector privado y pidiendo de hecho el despido de decenas de miles, que asegura sobran, aunque no sabe muy bien de dnde.

Los empleados pblicos se han convertido en el gran chivo expiatorio. Para empezar, acostumbramos a referirnos a todos ellos, sin excepcin, como funcionarios, sin diferenciar a funcionarios interinos, contratados laborales y funcionarios de carrera, que son por cierto los nicos afectados por el principio de inamovilidad que tanto ofusca al seor Rosell.

La palabra funcionario se asocia de inmediato al burcrata, al personaje gris y odioso con el que nos enfrentamos en oficinas de la Administracin (verdad es que tambin en oficinas bancarias, de seguros y en empresas de telecomunicacin, todas ellas privadas y a menudo ms labernticas que el propio Estado). Todos nos acordamos de Kafka y, en nuestro pas, del clebre artculo de Larra Vuelva usted maana, al que le cupo en suerte el mismo mal que a tantas otras joyas de nuestra literatura: casi todo el mundo lo cita, pero casi nadie lo ha ledo. Porque el artculo de Larra no es ni una denuncia de la Administracin pblica espaola ni una crtica de los funcionarios, sino del que para Larra era el peor pecado patrio: la pereza, que aqueja a funcionarios y no funcionarios. La mayora de los personajes que en el artculo aparecen son lo que hoy llamaramos autnomos o profesionales liberales (una sastra y un genealogista, entre otros). Curioso es, pues, que al recordar el insidioso Vuelva usted maana pensemos exclusivamente en funcionarios y no en fontaneros o en soladores, por poner un ejemplo y sin nimo de ofender.

Se han desmontado, bien es verdad que con escasa repercusin en la prensa, las mentiras y manipulaciones al uso para denigrar a empleados pblicos. Se ha recordado que tambin son tales los mdicos que hacen una labor magnfica en los hospitales sin apenas medios y los profesores que ensean a nuestros hijos. Se ha probado que precisamente en los pases que peor han resistido la crisis hay menor proporcin de empleados pblicos y, en cambio, en los pases nrdicos, con economas ms saneadas, existen sectores pblicos mayores, ms modernos y eficientes y con ms personal. Se ha explicado, en fin, que el ataque a los trabajadores del sector pblico es la condicin indispensable para la destruccin de los servicios sociales bsicos.

Pero no se suele sealar el objetivo ltimo de las andanadas contra los funcionarios, que no es otro que la propia democracia. El seor Rosell no ignora que ni los contratados laborales ni los funcionarios interinos gozan de la inamovilidad que nicamente afecta a funcionarios de carrera (de hecho, la temporalidad en el sector pblico es similar si no mayor que en el sector privado). Tambin sabe el seor Rosell que esta inamovilidad responde a los principios constitucionales de objetividad, neutralidad e imparcialidad de la Administracin pblica.

Los funcionarios de carrera son seleccionados en procesos objetivos que miden su capacitacin profesional y sus conocimientos en estricta igualdad de condiciones. Y su permanencia en su puesto de trabajo no depende de sus jefes sino del desempeo de su labor, con el fin de evitar que cada gobierno de turno cambie a los funcionarios y contrate a sus fieles. No es que no puedan ser separados del servicio, incluso de forma definitiva. Existe un rgimen disciplinario por el que pueden ser sancionados si no cumplen con su trabajo y siempre que tal incumplimiento se acredite en expediente contradictorio.

Tampoco esto lo ignora el seor Rosell, porque el jefe de los patronos no reclama, lo que sera justo, una mejora de los regmenes disciplinarios de la Administracin pblica. Pide que los funcionarios puedan ser despedidos por meras razones econmicas, justificadas o no, igual que en el sector privado. Aparte de que la comparacin con el sector privado elude que los empleados pblicos deben prestar servicios bsicos a los ciudadanos que la Administracin ha de proporcionar sean o no rentables, lo que subyace es el anhelo de la patronal de apoderarse por fin del Estado y regirlo sin intermediarios ni controles. Y el Estado privatizado es el Estado feudal, propio de la Edad Media, a donde nos quieren llevar todos los modernos liberales de pacotilla que se han adueado del pas.

El seor Rosell desea que si un inspector de Hacienda husmea en las cuentas de cualquier gran empresa el empresario disfrute de la oportunidad de hacer que lo pongan de patitas en la calle con una simple llamadita al ministro. Una estructura administrativa en la que los jefes pueden despedir a sus subordinados de manera arbitraria es una estructura intrnsecamente corrupta y clientelar. Qu interventor podr auditar cuentas de una Administracin con independencia?, qu juez procesar a alguien poderoso? Si ya es difcil sin que se pueda despedir sin ms a los funcionarios, dmosle ese arma a los gobernantes y la democracia se convertir definitivamente en papel mojado.

Adems, si a ello vamos, hay otra cosa que se omite al citar el famoso artculo de Larra. Que estaba escrito casualmente en la poca en la que los funcionarios podan ser despedidos, en la que actuaban como simples e incompetentes siervos del cacique de turno, la poca de las cesantas. Y el caciquismo contina siendo el mundo ideal de los grandes empresarios espaoles. A tenor de lo que declara su portavoz, claro.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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