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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-01-2012

La crisis y la va judicial

Carlos Martnez
Rebelin


Tanto en las asambleas de trabajadores del sector pblico como en las deliberaciones del consejo de ministros son continuos los pronunciamientos en pro de una mayor intervencin judicial para exigir responsabilidades a los gestores que han ocasionado o agravado la crisis econmica. En las asambleas de los trabajadores afectados por los recortes pblicos son muchas las intervenciones y acuerdos para interponer querellas, demandas o denuncias contra los gestores pblicos. Esta pretensin tiene su fundamento. Todos sabemos que cuando un estado o administracin pblica incumple un contrato o acuerdo las empresas pueden exigir judicialmente una indemnizacin. El caso ms sangrante es el de la Frmula 1 en Catalua y Valencia. Lgicamente el trabajador piensa que si la administracin ha pactado unas condiciones de trabajo con sus representantes, est obligado a cumplir lo acordado. Pero no es as, las entidades pblicas, incluidos los estados, slo quedan obligado legalmente cuando contrata con empresas, no cuando pacta con sus trabajadores, a los cuales se les puede despojar de sus derechos sin contraprestacin alguna. El capital tiene aseguradas sus contrasprestaciones con un gran entramado legal, los trabajadores no tienen ningn derecho que no pueda ser recortado. Esta es una de las tendencias que cada da se consolida ms profundamente en el derecho.

Tampoco tiene mucho recorrido las denuncias penales contra los malos gestores. Y es que los cargos polticos del PP y PSOE no han hecho una mala gestin, han hecho la gestin que se les ha ordenado desde los mercados, las agencias de calificacin, ngela Merkel... Han gobernado favoreciendo los intereses del capital que tiene intereses contrapuestos a los de los trabajadores. No hay gestiones buenas o malas, hay polticas igualitarias o insolidarias, es decir, hay polticas de izquierda o de derechas. .

No es constitutivo de delito aprovechar el voto popular para transferir rentas a la burgesa, si no hay burda corrupcin no hay delito. Tambin hemos podido comprobar lo que ocurre a los jueces que osan perseguir los delitos de corrupcin del Partido Popular.

La va judicial contra el poder poltico es complicada. El poder dicta las normas por las que ser juzgado y elige los jueces que los juzgarn. Es fcil comprender que la gran mayora de las denuncias y demandas sern desestimadas desde un inicio. Todo ello sin contar que los trabajadores y sus organizaciones no pueden sufragar los elevados gastos que conlleva muchos procesos judiciales.

Lo que parece absurdo es que se pida el procesamiento del poltico al que en unas recientes elecciones se les ha dado el voto popular. No ser ms fcil y ms barato cambiar de voto que interponer una demanda? No se conseguir con movilizaciones duras y duraderas mayores derechos que los que se pueda conseguir con una sentencia?

Pero es que incluso desde el gobierno del PP se pide una mayor intervencin judicial en la poltica. Cristobal Montoro, nuevo ministro de hacienda, ha declarado que va promover reformas legislativas para perseguir penalmente a los polticos que hagan una mala gestin de los fondos pblicos. Esta declaracin de intenciones ha sido secundada por muchos polticos conservadores. Teniendo en cuenta lo referido anteriormente sobre la mala o buena gestin, lo que va a intentar el actual gobierno del PP es criminalizar las polticas de izquierda por la que se aumente la inversin pblica y por tanto no se plieguen a los mandatos de austeridad que nos llegan desde Bruselas o las agencias de calificacin.

Adems, esta propuesta gubernativa es una absoluta prdida de tiempo y slo puede servir como un lavado de imagen a un partido que se asocia a la corrupcin como es el Partido Popular. Tanto en el Cdigo Penal, cmo en la legislacin administrativa y procesal ya existen multitud de normas que regulan las responsabilidades penales, civiles y administrativas de autoridades y funcionarios. Lo que no hay es la voluntad de hacerlas cumplir. De una parte el aparato represivo del estado est organizado para perseguir otro tipo de delincuenca. De otra, desde el mandato de Felipe Gonzalez, con la excusa de la eficiencia, se han ido sustrayendo el gasto pblico a los controles administrativos mediante la creacin de empresas pblicas.

A modo de conclusin, la va judicial como arma poltica o sindical slo debera ser utilizada cuando haya muchas probabilidades de xito. A fin de cuentas, utilizar la va judicial cmo herramienta de nuestras reinvindicaciones no es ms que un sntoma de miedo y/o conservadurismo entre los trabajadores del sector pblico. Se trata de intentar arreglar la reinvindicacin individual o de un colectivo concreto sin cambiar nada.
Twitter @carlosmartinezr

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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