Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-02-2012

Inmigracin, servicios pblicos y prestaciones sociales
De la demagogia racista a la discriminacin institucional 

Vidal Aragons
Mientras tanto


En los ltimos aos viene imponindose un mensaje que caracteriza la inmigracin desde la negatividad, estableciendo la misma como oportunista respecto a prestaciones sociales y no como una posibilidad de alejarse de la pobreza y conseguir una vida digna.

Esta construccin se inici con el discurso de algunos medios de comunicacin sobre el concepto inmigrante ilegal, estableciendo una imagen peyorativa sobre trabajadores y trabajadoras extranjeros: curiosamente, nunca hemos escuchado que refieran empresa ilegal o conductor ilegal para esos sujetos cuando cometen ilcitos administrativos. Ninguna persona es ilegal no es tan solo una consigna en defensa de la igualdad, sino rigurosidad jurdica: tan slo los actos son ilegales. Adems, instrumentos jurdicos internacionales establecen la migracin como un Derecho. Se ha transformado un mero ilcito administrativo, la falta del permiso de trabajo o de residencia, en una construccin de ilegalidad. Esta realidad no combatida en su da ha logrado parcialmente la fragmentacin de la clase trabajadora, segn pas de origen, a la vez que puso las bases para que la derecha y la extrema derecha lanzasen un discurso demaggico sobre la inmigracin, en el cual se transformaba a los sectores ms explotados en supuestos aprovechados de ayudas y prestaciones sociales, cuando la realidad demuestra que el uso es inferior al que por su participacin en el total de poblacin con menos recursos les correspondera. Curiosamente los mismos que establecen el demaggico discurso sobre inmigracin y prestaciones nunca protestan por los recortes que sufren en conjunto de los derechos sociales.

El populismo racista traslada que los inmigrantes realizan un uso desproporcionado de los servicios pblicos, como si tener que recurrir a la educacin o la sanidad pblica fuese una opcin viciosa y no una necesidad. Desde el rigor todos los estudios sobre la cuestin van en sentido contrario. Por citar el de una empresa privada separada de cualquier visin progresista, La Caixa, en Inmigracin y Estado del bienestar en Espaa indicaba: Menos del 1% de los pensionistas son extranjeros Los inmigrantes consultan un 7% menos el mdico de cabecera y un 17,5% a especialistas Tan slo el 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales y el 11,2% de rentas mnimas de insercin se dirigen a inmigrantes y todo ello teniendo en cuenta que el 30% de los inmigrantes estn situados en lo que son considerados umbrales de pobreza, siendo el porcentaje de los nacionales espaoles del 18%.

Debera no ser necesario afirmarlo, pero no existe ninguna ayuda, prestacin o subsidio sobre el que la inmigracin tenga un derecho preferente; ms bien lo contrario: existen diferentes prestaciones de las que son privados algunos extranjeros. As, a los inmigrantes que no cuentan con permiso de trabajo se les niega la prestacin de desempleo, con independencia que hayan trabajado el tiempo requerido para la misma y se haya procedido a levantar las correspondientes actas de cotizacin. De la misma manera, es excusa para no aprobar el subsidio para mayores de 52 aos o las pensiones de invalidez por enfermedad comn el carecer de permiso de trabajo y residencia. En un paso ms, segn denuncian diferentes asociaciones, desde el SPEE se est procediendo a enviar instrucciones para que se requiera pasaportes a inmigrantes de determinadas nacionalidades con el objeto de controlar sus periodos de ausencia del Estado espaol y retirar as las prestaciones que perciben, lo que supondra en todo caso un acto de discriminacin directa. De la misma manera se empieza a establecer para ayudas sociales requisitos de hasta 5 aos de residencia, lo que supone una vulneracin de los principios de libertad de circulacin y puede ser constitutivo de una discriminacin indirecta por razn de nacionalidad. En todo caso, ms all del anlisis jurdico, tendr como efecto la imposibilidad de acceder a esas ayudas a un sector importante de la inmigracin.

Difcilmente se podr ahora solicitar ese confuso discurso de la integracin a quien se discrimina. Al poder poltico le correspondera establecer medidas para evitar actuaciones discriminatorias en las prcticas privadas, evitando as una construccin del gueto por el cual, con independencia del esfuerzo y el trabajo, se margina por origen nacional y de clase. Por el contrario empezamos a encontrar regulaciones pblicas que suponen actos discriminatorios. Maana, los populistas de las tertulias se preguntarn por qu arden los barrios de la periferia.

[Vidal Aragons es abogado laboralista del Collectiu Ronda y profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB]



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter