Este reconocimiento, promovido por el departamento de Derechos Humanos del anterior Gobierno Vasco, es básico para el camino iniciado en la resolución del conflicto político en Euskal Herria, y necesario para las víctimas y sus familiares.
Escuché atentamente a la Sra. Mendia cuando decía que “no es sólo una cuestión de reparación e indemnización a estas víctimas, sino que con este decreto queremos descorrer la cortina del silencio, abandono y olvido que ha envuelto a todas ellas durante mucho tiempo. Frente a la impunidad, la verdad por delante". Y me gustaron sus palabras.
Y seguí atendiendo cuando decía que “no es un decreto que vaya a enjuiciar las conductas de quienes hayan podido ser victimarios” (según la RAE homicidas), y calificaba las acciones de los mismos como “acciones indebidas”. Y ya no me gustaron sus palabras, creo que por hipócritas.
Pero seguí escuchando y viendo a la consejera de Justicia, en la presentación de un decreto de reconocimiento a las víctimas estatales (no olvidemos el contexto), y le oí afirmar, sin ruborizarse ni que le temblara, que quería “tranquilizar” a las víctimas de ETA, garantizándoles que en este decreto “no caben ni la equiparación ni la equidistancia”. Y sus palabras me enfadaron, porque volvían a situar como víctimas de segunda a las víctimas que supuestamente iban a reconocer.
De todas maneras, en algo le doy la razón a la Sra. Mendia, y por extensión al Gobierno Vasco del PSOE: mi hermano Mikel Salegi, asesinado por la Guardia Civil en un control de carretera, jamás será “igual o equivalente” al torturador Melitón Manzanas, símbolo de la represión franquista, y reconocido a título póstumo como “víctima”.
Cada cuál es responsable de sus palabras y actitudes, Sra. Mendia.
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