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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-03-2012

Sentencia del Tribunal Constitucional
El Estado consigue no pagar a Herri Batasuna tras un litigio de 30 aos

Ramn Sola
Gara

La pelea del Estado espaol contra la izquierda abertzale trasciende cambios de legislacin, de siglo y hasta de moneda. Cuando ya no existen ni HB, ni el siglo XX, ni la peseta, el Constitucional acaba de lavarse las manos en un litigio que vena desde 1982, cuando el Estado sustrajo al partido independentista 4.339.765 pesetas.


O, lo que es lo mismo, algo ms de 26.000 euros. Es lo que el Estado espaol decidi no pagar a la agrupacin de electores de HB por el concepto de gastos derivados de las elecciones estatales celebradas el 28 de octubre de 1982 en Gipuzkoa. Para que quede ms claro, las que significaron la llegada a La Moncloa de Felipe Gonzlez. Ya ha llovido.

Desde entonces, tres dcadas, el Estado ha hecho trampas dentro de las leyes y hasta leyes dentro de las trampas para evitar este pago. Y lo ha logrado con una ltima decisin emitida ahora por el Tribunal Constitucional. A estas alturas, aun en el caso de que le hubiera admitido el atropello, el embargo derivado de la ilegalizacin se habra quedado con la pasta.

Llevar el asunto al Tribunal Constitucional fue solo la ltima triquiuela del Estado para retener los 4,3 millones de pesetas de la poca. Estos 30 aos se dividen en tres periodos casi exactos. La primera dcada la emple Madrid en tratar de que la Audiencia Nacional y el Supremo espaol avalaran el atraco, sin conseguirlo; la segunda, en esquivar los distintos mandatos judiciales para que liquidara la deuda; y la tercera, esperando a que el Constitucional avalara la treta que se sac de la manga en 2001, en vsperas ya de la ilegalizacin. As ha sido.

Hasta la mxima instancia

El periplo dice mucho tambin sobre la tranquilidad con que se toman los tribunales espaoles los asuntos de los derechos polticos de los independentistas. De hecho, el Pleno del Constitucional ha empleado casi diez aos en tomar una decisin que luego resulta muy escueta.

Para llegar a ese punto hay que comenzar por el principio, aun a riesgo de perderse... y de indignarse. Todo comenz, como se ha dicho, en Gipuzkoa en 1982, cuando a HB se le retuvieron los 4,3 millones. La formacin abertzale apel a la Audiencia Nacional, que en 1988 le dio la razn y determin que haba que pagarle el dinero ms los intereses legales. La excusa de la Abogaca del Estado fue que sus electos no haban tomado el cargo para no acatar la Constitucin espaola, pero no col. La AN record que el dinero corresponda a gastos de campaa y que era indiferente lo ocurrido despus.

El Estado recurri al Supremo, pero en 1990 la Sala Tercera confirm la sentencia de la Audiencia Nacional en todos sus trminos. Como quiera que Madrid no se dio por enterado, HB solicit en 1991 la ejecucin del fallo, que le fue concedida. Pero tampoco por esas. Dos aos despus, los tribunales instaban al Ministerio de Interior a que aclarara por qu no pagaba. La respuesta fue el silencio. Siete meses despus, los jueces insistieron, tambin sin suerte. En noviembre de 1994, la AN requiri al Ministerio por ltima vez. Tampoco. Y en 1996 otorg un plazo de dos meses. Adivinen qu hizo el Estado con el papel judicial.

En 1997, 1998 y 1999 se inst de nuevo a la Administracin a pagar la deuda, sin recibir respuesta concluyente. Tuvo que llegar el nuevo milenio para que se produjera un salto en el caso: en diciembre de 2001, la AN mult con 50.000 pesetas a la subsecretaria de Interior, indicndole que subira la cantidad si segua sin pagar.

Hecha la ley, hecha la trampa. Ese mismo mes, el Gobierno del PSOE introdujo en la llamada Ley de Acompaamiento de los presupuestos para 2002 una disposicin adicional transitoria ad hoc que estableca que no se podan pagar subvenciones a quienes no tuvieran la condicin plena de diputado o senador. El Estado se escud en su propia trampa para argumentar que no poda pagar una deuda de 20 aos antes!

El atropello resultaba tan flagrante que la AN pregunt entonces al TC si ese precepto no era inconstitucional. Entre medio lleg la ilegalizacin, desapareci la peseta y hasta ha acabado la lucha armada de ETA. Y el Estado se ha dado la razn a s mismo: ni pag ni pagar.

Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20120307/326808/es/El-Estado-consigue-no-pagar-HB-tras-litigio-30-anos/



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