Portada :: Colombia :: Derechos Humanos en Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-03-2012

Testimonio de la hija de Arcesio Lemus, prisionero poltico asesinado por el Estado en 2010
Los presos polticos son torturados y condenados a muerte de facto, por negacin de asistencia mdica

Rpasur-RECALCO
www.rpasur.com

AQU NO ESTAMOS TODOS, AQU FALTAN NUESTROS PRESOS", testimonio de la hija de Arcesio Lemus, prisionero poltico asesinado durante su encarcelamiento por negacin de asistencia mdica por parte del establecimiento colombiano como forma de castigo y tortura habitual del maltrato institucional que esta poblacin reclusa recibe. Las infrahumanas condiciones de encarcelamiento a las que son sometidos los prisioneros, hacen de las crceles de Colombia verdaderos recintos de tortura y vejacin, con resultado frecuente de fallecimiento, en particular aplicacin de la pena de muerte por parte del Estado contra la disidencia prisionera. Se estiman entre 8000 y 9500 los presos y presas poltic@s en Colombia, segn se denunci en el foro 'Colombia entre Rejas': la tortura es denunciada como sistemtica. En el Foro "Colombia entre Rejas" los familiares de las y los prisioneros polticos lo dijeron alto y claro: "No hay duda, no hay espera; hay que actuar presionando desde el principio"




"En los ltimos quince aos, hemos vivido con mi familia una historia de destierros y encierros. Mi padre, Arcesio Lemus, desde muy nio, tuvo que soportar las inclemencias de la violencia partidista en Colombia. Y, al contrario de volverle un ser rencoroso, lo llen de amor por las causas populares. As se hizo lder campesino, lder de trabajadores informales, lder comunitario, y un referente del trabajo revolucionario en el norte del Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado. As que en la dcada de los 90 mi padre tuvo que desterrarse de Lbano, Tolima, para salvaguardar su vida y la de nuestra familia.

Pero la cosa se puso peor. Mi madre fue vctima de un montaje judicial, que la tuvo dos aos tras las rejas. Yo, tal vez, tuve la mejor parte, porque solamente fui conducida a una correccional de menores cuando tena 15 aos, pero tuve la suerte de que mi rendimiento acadmico se convirti en el argumento para que me devolvieran a la libertad, bajo custodia de personas de noble corazn que tuvieron a bien brindarnos su apoyo en ese difcil momento.

Fueron dos aos de presin para que mi pap se entregara, que no le dejaron ms opcin que la clandestinidad y, en identidad con sus ideales, por la insurgencia. Desde entonces se incorpor a la guerrilla del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), donde se desempeaba como salubrista del Frente Bolcheviques del Lbano. Vaya paradoja! Mi pap salv decenas de vidas, trajo otras tantas al mundo, cuid de la salud de insurgentes, pero tambin de campesinos y de todo aquel que lo necesitara en la zona. Y, sin embargo, mi pap muri por una negligencia mdica.

En noviembre de 2005 mi pap fue detenido por el Ejrcito. Desde entonces, empez el calvario del encierro. Su espritu revolucionario se torn ms intenso. Como siempre, era el primero en levantarse y el ltimo en acostarse. Promova grupos de estudio, brigadas de limpieza, jornadas de actividad fsica, y un sinnmero de actividades que lograron posicionarlo como un referente en cada uno de los patios de las crceles donde estuvo prisionero. Eso tampoco lo perdona el Estado.

Son innumerables las solicitudes de trabajo, de talleres, de actividades para desarrollar al interior de la crcel y nunca fueron atendidas. Lo nico que logr fue su traslado de un patio a otro y de la Crcel de Picalea, que permita a nuestra familia estar un poco ms cerca, a la crcel de La Dorada (Caldas). All mi padre comenz a enfermar. A la edad de 65 aos empez a tener intensos dolores de cabeza y mareos. Una vez ms, los directivos penitenciarios de Doa Juana en La Dorada (Caldas), se llenaron de solicitudes de mi padre, en donde les exiga su derecho elemental a la salud. Nunca fueron atendidas por el INPEC.

Mi padre empez a sufrir desmayos que tampoco fueron atendidos por el INPEC. Sus compaeros de cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que lograron que lo sacaran a "la unidad de sanidad" (como llaman en las crceles), donde lo aislaron. Tan pronto supimos la familia empezamos a llamar a solicitar informacin sobre su estado de salud, y nos decan que mi pap tena depresin.

Depresin? Un hombre que fue ejemplo de dignidad y para quien su tarea principal era la libertad, no la suya, sino la del pueblo, no tena tiempo para deprimirse. Empezamos a gestionar visitas de organismos de derechos humanos, el ingreso de los abogados del Comit de Solidaridad, y de la abogada que llevaba el caso de mi pap, a apelar por lo menos al ms mnimo sentido de humanidad de los guardias, pero nada funcion. Un da cualquiera, mi pap fue remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la crcel de Picalea, pero no lo hacan para permitir el acercamiento familiar, como lo venamos solicitando dos aos antes. Tampoco lo hacan por su estado de salud. Simplemente lo enviaron en revisin ordinaria, como para deshacerse del problema.

En la crcel de Picalea, al encontrarlo en tan delicado estado de salud, fue remitido al Hospital Federico Lleras Acosta, donde recibi una atencin deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayora de presos colombianos que se enferman. Sin atender la delicada situacin de mi pap, fue devuelto a la crcel, con la prescripcin de observacin permanente en la unidad de sanidad. Al da siguiente, logramos una visita de diez minutos para ver a mi padre, y lo encontramos con un golpe terrible en la cabeza, baado en sangre y en una situacin peor. "Fue que se cay", fue lo que nos dijeron en el INPEC.

De manera desesperada empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro mdico. Mi padre ya no poda hablar tan siquiera, llevaba casi quince das vomitando, no controlaba esfnteres, haba perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoenceflico que nunca se supo cmo sucedi dentro de la crcel. Nada de eso fue suficiente para que los directivos del INPEC atendieran su salud. Dos das despus, con toda la presin hecha pero cuando prcticamente no quedaba nada que hacer, mi pap fue remitido de nuevo a una institucin hospitalaria en estado de coma. All le encontraron un tumor en su cerebro. Estuvo 22 das en cuidados intensivos, hasta que el 29 de junio del ao 2010, mi pap falleci.

Quiero compartir esta historia con ustedes para demostrar el tamao de la ignominia que viven los presos colombianos, y especialmente, los presos polticos, contra quienes pareciera existir una poltica de Estado, que somete sus derechos, su dignidad y su vida a todo tipo de atropellos, como una suerte de sancin poltica extra-judicial, pero tambin lo quiero hacer para plantear una reflexin mucho ms all de la casustica, aprovechando la instalacin de esta Comisin de Observacin Internacional.

En las crceles colombianas, y en general en el sistema penitenciario colombiano, no existe la ms mnima nocin de salud, y menos an, una poltica sanitaria. No slo entendida la salud como la ausencia de enfermedad o la atencin a las enfermedades de los presos cuando stas ocurren, sino entendida como las condiciones bsicas de calidad de vida para los internos. Las crceles son sitios insalubres, caldos de cultivo de enfermedades infecto-contagiosas; no cuentan con condiciones de saneamiento bsico; no existe un seguimiento a los regmenes nutricionales; el hacinamiento es crtico; los problemas de salud mental, de enfermos crnicos, de salud pblica que padecen muchos internos no son tratados de manera adecuada en las condiciones particulares que ello exige. Al contrario, son sometidos ellos y los otros, que gozan por lo menos de ausencia de enfermedad, a convivir en espacios comunes que agudizan y tensionan la situacin sanitaria an ms.

Pero hay una cuestin que me genera particular inquietud: el INPEC paga a CAPREPOC, la EPS que atiende la salud de los internos, aproximadamente 27 mil pesos mensuales por cada preso. Es decir, alrededor de dos mil seiscientos millones de pesos, mes a mes, y casi 32 mil millones de pesos al ao. En qu se invierte ese dinero, si las condiciones de sanidad de las crceles son absolutamente precarias? Cunto dinero de ese se invierte en atender la salud de los internos, si pasan aos para que sea aceptada una solicitud de revisin mdica, de exmenes, de tratamiento por parte de los internos? A dnde va a parar ese dinero si en las crceles no existe la ms mnima medida de promocin y prevencin de la salud y, menos an, polticas sanitarias?

Ruego a la Comisin de Observacin que esta situacin sea tenida en cuenta con particular prioridad y nfasis. El derecho a la salud es fundamental por su conexidad con la vida y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano y el INPEC como directos responsables de la integridad de las personas recluidas en las crceles colombianas.

Ruego a la Comisin de Observacin presionar a la institucionalidad internacional de la salud en el mundo, para que sus ojos sean volcados sobre esta grave situacin en las crceles colombianas.

Pero, especialmente, ruego a la Comisin de Observacin hacer seguimiento y monitoreo a la situacin de salud de los y las presas polticas, pues, como advert prrafos atrs, parece existir una poltica extra-judicial de sancin que aprovecha afecciones de salud para mancillar su dignidad y su vida.

A los y las familiares, con quienes comparto la angustia, la solidaridad, el amor y el compromiso por nuestros prisioneros y prisioneras, no me queda ms que decirles que debemos estar atentos a cualquier asomo de enfermedad en ellos. No hay duda, no hay espera. Hay que actuar presionando desde el principio. Pero tambin invitarlos a organizarnos. Estamos en condiciones de construir una red de trabajo ms fuertes para acompaarlos, apoyarlos, y seguir luchando por los derechos de nuestros familiares prisioneros y prisioneras polticas en Colombia. Porque aqu no estamos todos. Aqu faltan nuestros presos."




Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter