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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-03-2012

Uruguay
Una letal asociacin pblica-privada

Ernesto Herrera
Correspondencia de Prensa


Sbado 17 de marzo de 2012. Un da que Jos Mujica difcilmente pueda olvidar. Muy temprano en la maana su ministro del Interior, Eduardo Bonomi, le comunicaba la noticia maldita. El asesinato de por lo menos 15 pacientes internados en Centros de Cuidados Intensivos (CTI) de dos hospitales. Uno pblico, el otro privado. Los ngeles de la muerte eran dos enfermeros que haban evadido todos los controles. Mataban a los pacientes -as lo dijeron ante el juez- para evitarles el sufrimiento. Segn fuentes del propio oficialismo citadas por la prensa, la conversacin telefnica entre los jefes tupamaros que hoy visten como hombres de Estado fue tensa. El presidente de la Repblica la cort con una angustiada exclamacin: No puede pasarnos esto a nosotros!. Se entiende. Debe haber sentido que el pas de primera cruja bajo sus pies.

La tragedia se conoci en el momento poltico menos apropiado. Cuando el gobierno iniciaba su tercer ao de mandato con balance positivo. Y en medio de un mega-espectculo que lo tena como anfitrin de lujo. Cerca de cuatro mil invitados internacionales haban desembarcado en Montevideo para asistir a la 53 Reunin Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Si bien la agenda anunciaba los temas centrales (la crisis europea, la cooperacin entre Asia y Amrica Latina, el impulso al empleo juvenil, la seguridad ciudadana, y el cambio climtico en la regin), de antemano se saba que lo importante del cnclave era lo otro: el mostrador de negocios. Esto era lo que ms interesaba al gobierno.

Por una parte, para vender las ventajas comparativas del Uruguay progresista. Fue lo que hicieron en sus impecables exposiciones tanto Mujica como sus dos tesoreros, Danilo Astori (vicepresidente) y Fernando Lorenzo (ministro de Economa). Ante un auditorio dominado por gerentes y patrones -presidentes de Bancos Centrales, autoridades del FMI y el Banco Mundial, agencias de desarrollo, bancos privados, fondos de inversin, cmaras empresariales, firmas multinacionales-, ofrecieron lo ms preciado: previsibilidad macro-econmica, seguridad jurdica para la propiedad privada, grandes exoneraciones tributarias al capital local y extranjero, y una ley transparente de proyectos pblico-privado. Adems de recordarles a los invitados un valor agregado tpicamente uruguayo: la paz social.

Por otra parte, el cnclave era un escenario ptimo para mostrarle a la llamada comunidad internacional las excelencias de un pas que pretende ubicarse entre las naciones desarrolladas o con potencial para serlo. No por casualidad, la Unidad de Anlisis Estratgico del Ministerio de Relaciones Exteriores, elabor un riguroso estudio sobre el impacto que supondra el hecho de que Uruguay solicite el ingreso a la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico), institucin que rene a las 34 principales economas del mundo. Lo que no solo sera altamente beneficioso en trminos de credibilidad ante los principales actores del desarrollo econmico, sino que permitira someterse a un proceso comparativo con pases ms avanzados. Porque integrar la OCDE supone, segn los tcnicos de la Cancillera, tener un sello de calidad, emanado de la convivencia institucional con un selecto grupo de naciones comprometidas con la democracia y las mejores prcticas en materia de polticas pblicas. (1)

Las conclusiones del estudio tienen mucho de ficcin poltica, hasta por la fantasiosa descripcin que hace de la OCDE, una institucin que no tiene nada de democrtica y en donde las potencias imperialistas hacen y deshacen a su antojo. Aunque parece que el delirio de los tcnicos del canciller Luis Almagro no alcanz todava al equipo econmico. Para los que comanda Astori la meta es mucho ms inmediata y modesta: recuperar la calificacin dentro del grado de inversin no especulativa -el investment grade-, como forma de obtener un sello de mejor reputacin ante el mercado internacional de capitales.

En el mega-espectculo las elites fueron generosas. Uruguay tiene una ejemplar estabilidad, poltica y seguridad jurdica, dijo Tracy Betts, representante del BID en el pas. Uruguay se ha preparado para afrontar la crisis internacional, afirm Luis Alberto Moreno (ex embajador de lvaro Uribe en Estados Unidos) que preside el BID desde octubre 2005. (2) Opiniones parecidas dieron banqueros, inversores, empresarios. Todos destacaron las bondades de un pas llamado a ser el polo logstico regional.

Mientras tanto, el Banco amigo continuar siendo el principal sponsor de los proyectos de obras de infraestructura y saneamiento (sobre todo en las Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones, gobernadas por el Frente Amplio), y de los planes sociales del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) que asisten a los sectores ms vulnerables de la sociedad. Como por ejemplo el que se aplica en la Cuenca del Casavalle. El balance de la cooperacin para el desarrollo entre el BID y el MIDES en esta zona de clase trabajadora, con la mayor concentracin de nios y adolecentes del pas, es, sencillamente, desolador: transporte deficiente, inseguridad, malnutricin infantil, asentamientos precarios (12% de los que existen en la capital), desempleo juvenil, inasistencia escolary un 63% de pobreza extrema. Es la zona de Montevideo donde se constatan las peores condiciones de vida. Todo dicho.

Las complicidades transversales

Resultara exagerado afirmar que la accin de los asesinos seriales (el nmero de vctimas puede aumentar a medida que avancen las investigaciones judiciales) haya afectado la imagen de pas serio. Ni que al BID le importe demasiado. Pero la epidemia criminolgica (definida as por la Organizacin Panamericana) tiene el efecto de un torpedo en la lnea de flotacin. Unos y otros (gobierno y oposicin, autoridades de salud pblica y empresas privadas, aparatos sindicales y corporaciones mdicas) reconocen la gravedad de lo ocurrido. Mujica dice que tendr un "shock prolongado en la poblacin. Sin embargo, todos enfocan la crisis en la salud hacia el mbito exclusivo de la falla en los controles.

No bien se conoci el horror, el ministro de Salud Pblica, Jorge Venegas (Partido Comunista), -quin ni siquiera estaba informado que la polica investigaba desde haca dos meses un asunto relacionado a su cartera-, sali a defender la tesis favorita del gobierno. El sistema de salud no est en tela de juicio. Ni se le pueden achacar responsabilidades por hechos aislados e individuales. La senadora Mnica Xavier (Partido Socialista) resumi el argumento defensivo: "Con los protocolos se busca prever o detectar fallas en los aspectos sanitarios, de mala praxis, pero no criminolgicos como en este caso". (3) El gobierno insiste en el concepto de "acto criminal". Para remarcar la excepcionalidad de estos hechos y separarlos de la cotidianidad del sistema de salud. Es que las autoridades saben que es en este punto donde se juega la credibilidad del sistema. (4)

Fue en este plano que las complicidades (ms all de matices discursivos y gestos teatrales) atravesaron a los actores polticos y corporativos: el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, las empresas privadas prestadoras de servicios, el Sindicato Mdico del Uruguay (SMU) que nuclea a la poderosa corporacin. Y los aparatos sindicales compaeros del gobierno. Tanto la Federacin de Funcionarios de Salud Pblica, como la Federacin Uruguaya de la Salud (que rene a los trabajadores de la salud privada) se anotaron en la lista de apoyos corporativos al gobierno. Lo que no puede sorprender a nadie, ya que el PIT-CNT considera que la instalacin del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es uno de los principales logros del progresismo.

Ministro y gobierno recibieron otro respaldo de peso. El de Tabar Vzquez, bajo cuya presidencia (2005-2010) se puso en funcionamiento el SNIS. El ex jefe de Estado manifest su clido apoyo a las autoridades y reivindic las virtudes de un sistema que integra lo pblico y privado. Lo conoce mejor que nadie. Adems de haber ejercido en el sistema pblico, Vzquez es un empresario mdico de fortuna y contina haciendo carrera profesional en la Asociacin Espaola. Institucin privada, en cuyo hospital estaban internados 10 de los 15 pacientes asesinados con inyecciones de aire y morfina.

La conmocin producida por la epidemia criminolgica llev al movimiento de algunas fichas. El ministro sigue por ahora, dijo el presidente de la Repblica. Al director del Hospital Maciel (institucin pblica, donde los muertos fueron cinco) se lo quiere remover de su cargo. Se revisan cientos de historias clnicas y se intensifican las inspecciones en las instituciones de salud, sean pblicas o privadas. La corporacin mdica (donde se anidan verdaderas mafias) se declar en sesin permanente y busca recomponer la confianza del paciente. Como consecuencia de este entramado cmplice, que saca de foco la naturaleza perversa del sistema de salud, el calvario que sufren las capas sociales ms empobrecidas es presentado como una omisin de asistencia. Que puede perfectamente solucionarse. Alimentado una dbil esperanza. Sobre todo entre aquellos que se atienden en los centros y hospitales pblicos. Donde faltan medicamentos, camas, camillas, ambulancias. Donde la mugre se amontona en baos, corredores, depsitos. Donde el destrato a los pacientes y sus familias es moneda corriente.

La crisis ha generado una cierta reaccin. Algunas veces como protesta individual frente a mdicos, enfermeros, nurses y funcionarios administrativos en hospitales pblicos. Otras veces por demandas de grupos de usuarios que alzan su voz no solo ante los profesionales que los atienden mal, sino ante gerentes de las empresas privadas donde el incumplimiento de los protocolos de control y la violacin de derechos es algo cotidiano. Saludables, ambas reacciones. Es que la frgil confianza que los usuarios tenan sobre el funcionamiento del sistema se evapor. Hay que restablecer la credibilidad afirman los actores polticos y corporativos. El primer interesado es el gobierno. Porque la crisis abierta pone al desnudo el modelo progresista de salud. Mejor dicho, denuncia la existencia de un sistema integrado que refuerza la asociacin pblica-privada. Con las consecuencias letales que ya vimos.

Un negocio llamado sistema mixto

Desde el inicio se saba. El SNIS que prepar el progresismo difera del Sistema Nacional de Salud que propona la izquierda cuando era de izquierda. Ni era el que defendan con vehemencia los sindicatos cuando no eran colaterales del gobierno. Fue entonces que la tan publicitada reforma de la salud no modific la estructura del modelo que vena de antes.

Por un lado est la Administracin de Servicios de Salud del Estado (ASSE), un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pblica (MSP) que brinda servicios integrales de salud, libres de costo para quienes no pueden pagar. Que se complementa con el Hospital de Clnicas que depende de la Universidad de la Repblica, y la red de policlnicas de las Intendencias Municipales de todo el pas. El sector pblico a su vez, incluye el Hospital Policial y el Hospital Militar, que dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional respectivamente; y el Banco de Previsin Social (BPS) que cuenta con una red propia que da servicios de atencin materno-infantil.

Por el otro lado estn las Instituciones de Asistencia Mdico Colectivas (IAMC), entidades privadas sin fines de lucro que brindan servicios integrales de salud por el pago de una cuota regulada por el Estado. O sea, las empresas privadas, por lo que mejor sera decir venden en lugar de brindan. Estas IAMC son las nicas instituciones habilitadas para contratar con el seguro de salud administrado por el Banco de Previsin Social para dar cobertura a los trabajadores cotizantes, lo cual explica la importancia que tiene el sector privado de salud en el Uruguay. (5) Este sector privado se complementa a la vez con seguros privados que venden cobertura de salud a un a sector pequeo de la poblacin. Sobre todo ricos y clase media alta.

Esta estructura no se modific con la reforma. Porque la creacin del Fondo Nacional de Salud (FONASA) es un mecanismo complementario en el cuadro del mismo modelo. En todo caso introdujo la novedad de hacer las veces de un cajero, que paga a los distintos prestadores cuotas ajustadas por riesgo, adems del (supuesto) componente de resultados, metas de asistencia, etc. En realidad, lo que se cambi fue una forma de gestin y una va de financiamiento. Estas modificaciones son presentadas por el gobierno, como la materializacin del derecho a la salud y a una atencin igualitaria, eljase el sistema (pblico o privado) que se elija. Para ello, la Junta Nacional de Salud (JUNASA) es el organismo que, tericamente, vela para que ello ocurra. Esto es: que todos reciban el mismo tipo de atencin. (6)

Dejando de lado que el velar por lo que ocurre es ms terico que nunca, habra que agregar un elemento que los apologetas del sistema destacan: como el aporte es en funcin de los ingresos adquiere un carcter ms solidario. Una falsedad, porque pasa justamente lo contrario. La brecha de la desigualdad se ensanch mucho ms. No solo porque es mentira que todos reciben la misma atencin. Las conclusiones de un estudio realizado por acadmicos del Instituto de Ciencia Poltica y a quienes nadie puede acusar de opositores al progresismo, desmienten los supuestos efectos igualitarios: Otro factor de desigualdad es que queda una parte de la poblacin que su acceso a la salud sigue dependiendo del pago de una cuota mutual fija y sin relacin al ingreso. (7) Es decir, cientos de miles de personas calificadas de poblacin carenciada.

Antes de la reforma, el 50,8% de la cobertura de salud -segn la utilizacin de servicios en 2006-, corra por cuenta del sistema pblico. Las empresas privadas prestadoras de servicios cubran el 45,7%. Gracias al SNIS, la relacin se invirti a favor de los negocios en el mercado de la salud: en diciembre 2011, el sector privado atenda alrededor de 1.600.000 usuarios y el sector pblico aproximadamente a 1.200.000. Si por cada afiliado las empresas reciben una cpita (subsidio del Estado), ya podemos ver las multimillonarias ganancias que tuvieron las empresas privadas por el solo hecho de captarle al sistema pblico cientos de miles de usuarios. Adems de las otras transferencias que obtienen por va de exoneracin de impuestos, comercio de tecnologas, tratamientos sofisticados, etc. Todo lo que preserva la existencia y viabilidad inmediata de un sector capitalista de la salud y de los intereses del empresariado que lo dirige. (8)

El SNIS ha sido un negocio redondo para las IAMC que, recordemos, figuran con el grotesco estatuto de entidades privadas sin fines de lucro. A este modelo se lo denomina sistema mixto. Un eufemismo sin duda, pero efectivo. La mayora de los sindicalistas por ejemplo, lo consideran universal, igualitario, solidario. Y lo defienden. Evidente, la frmula sistema mixto es mucho menos agresiva que la de asociacin pblica-privada, identificada con privatizaciones y subsidios al capital en rgimen de concesin. No obstante, y ms all de cualquier etiqueta, el sistema que rige en la salud no deja de ser una estafa colosal a los usuarios-contribuyentes. Que en su inmensa mayora son trabajadores y trabajadoras.

Notas

1) Estudio citado por el semanario Bsqueda, 8-3-2012.
2) Moreno es el cuarto presidente del BID, lo antecedieron en el cargo el chileno Felipe Herrera (1960-1971), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1971-1987), y el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005).
3) Declaraciones al diario ltimas Noticias, 22-3-2012.
4) Difcil de creer, Betania Nuez y Mariana Contreras. Semanario Brecha, 23-3-2012.
5) Marcelo Setaro, La creacin del Sistema Nacional Integrado de Salud y el nuevo Estado para la performance, en Reforma del Estado y polticas pblicas de la Administracin Vzquez. Edicin de Fin de Siglo/CLACSO/Instituto de Ciencia Poltica, Montevideo, 2010.
6) Jorge Maiki, Sistema Integrado de Salud panacea o privatizacin disfrazada? Bimestral En Lucha N 4, febrero-marzo 2012.
7) Reforma del Estado y polticas pblicas de la Administracin Vzquez, edicin ya citada.
8) Jorge Maiki, artculo ya citado.


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