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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-04-2012

Van 17 lderes campesinos asesinados desde que se aprob la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras
La amenaza de los ejrcitos antirrestitucin de tierras

Alfredo Molano Jimeno
El Espectador

No es ficcin ni fachada ilegal, los enemigos de la ley de vctimas y restitucin de tierras cobran forma en diversas zonas del pas. Desde las crceles tambin estn actuando.


Con el homicidio de Manuel Ruiz Torrelosa, integrante del Consejo Comunitario de Curbarad y Jiguamiand en Choc, perpetrado el pasado 27 de marzo, ya son 17 los lderes asesinados desde que se aprob la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras. La Defensora del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos no se cansan de advertir que esta situacin se sigue repitiendo. Eso sin contar a los 52 dirigentes campesinos asesinados en los ltimos tiempos. Ya es innegable que existe una fuerza empeada en bloquear la poltica bandera del gobierno Santos.

Primero se hablaba de una reconfiguracin del paramilitarismo en aquellos territorios donde mantuvo su influjo, sobre todo despus de que el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe entr en crisis. Luego tom forma la denominacin de bandas criminales (bacrim), asociando la recomposicin de estructuras armadas al fenmeno del narcotrfico desdoblado en Urabeos, Rastrojos, Paisas o guilas Negras, entre otras facciones. Ahora comienza a surgir una nueva amenaza con un nombre que demuestra a las claras hacia dnde apuntan los gatillos: los ejrcitos antirrestitucin de tierras contra la Ley de Vctimas.

En el departamento del Cesar fue donde aparecieron las primeras intimidaciones a travs de tarjetas fnebres en sobres de manila firmados por el supuesto grupo armado de antirrestitucin de tierras. La misiva lleg a la casa de Fredy Antonio Rodrguez, la persona que lidera el proceso de retorno a las tierras que ocup la hacienda Bellacruz, en el municipio de Pelaya. Aunque este pareca un pleito saldado, a raz de la expedicin de la Ley de Vctimas en 2011, 95 familias se unieron para reclamar ttulos en la zona. Lo que no se imaginaron es que una vez ms la sombra del paramilitarismo llegara a ahuyentar.

Facsmil de las amenazas que circulan en el Cesar procedentes del Ejrcito antirrestitucin.

El tema fue agravndose con el correr de los das por la aparicin de agresivos mensajes y el mismo destinatario. Pero tambin fue creciendo el radio de accin de los supuestos ejrcitos antirrestitucin de tierras, al punto de que se reportaron acciones para amedrentar a los lderes campesinos en los departamentos del Magdalena y La Guajira. En ese momento, como lo resalt el representante a la Cmara Ivn Cepeda Castro, el fenmeno pareca circunscrito a los departamentos de la Costa Atlntica, donde ya existe un alto registro de solicitudes de restitucin de tierras que fueron despojadas en la guerra.

Sin embargo, el tema se complic an ms cuando cinco organizaciones no gubernamentales del departamento de Nario fueron notificadas de que el grupo antirrestitucin haba resuelto declararlas objetivo militar, pues no iban a permitir la entrega de una sola hectrea de tierra. Esta misma amenaza la haban exteriorizado los llamados Rastrojos, cuya composicin cuenta con exintegrantes de las autodefensas. La irrupcin de panfletos amenazantes en dos extremos del pas, con la misma carga ideolgica, demuestran que la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras tiene acrrimos enemigos sueltos.

Un enorme reto para el Estado si se tiene en cuenta que, como lo resalt el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, los mecanismos de encuesta de la sociedad civil dan cuenta de al menos 6,5 millones de hectreas de tierras despojadas en diversas modalidades, sin contar las tierras de propiedad colectiva. Con una dificultad aun mayor: el reconocimiento de que el riesgo y la vulnerabilidad de los lderes de procesos de restitucin de tierras son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales en los predios objeto de recuperacin.

A corte del pasado 23 de marzo, segn cifras del Ministerio de Agricultura, el nmero de solicitudes de restitucin de tierras que fueron producto del despojo o abandonadas forzosamente por el desplazamiento de las comunidades, asciende a 10.106, y la expectativa es que esta estadstica siga aumentando. En slo Antioquia ya van 1.114 reclamos, la mayora provenientes del Urab. Si esta evidencia se contrasta con una investigacin de la organizacin Caja de Herramientas, en la que consta que la regin con ms reclamantes asesinados es precisamente Antioquia, salta a la vista que el problema es de marca mayor.

El dominio sobre la tierra fue el botn principal. Y quiz sigue sindolo. Por eso, los enemigos de la restitucin quieren defender lo que ganaron con la misma violencia. Al menos los testimonios de los amenazados as lo indican. El rearme paramilitar tiene como objetivo defender lo que ganaron con las armas. Y no slo matando a lderes como quieren hacerlo. Tambin estn reclutando abogados para entrabar procesos. La orden es hacer contratos de arrendamiento o echar a andar proyectos agroindustriales antes de cualquier accin judicial para que prevalezca el argumento de la posesin de buena fe.

El Espectador contact a un desmovilizado de las autodefensas, que hoy vive en la clandestinidad, para entender qu es lo que est pasando en las regiones donde ayer hizo de las suyas el paramilitarismo. Su explicacin es contundente: En primer lugar, poco a poco est volviendo la guerrilla y esa realidad ha puesto en alerta a ganaderos, agricultores, comerciantes y autoridades. Adems, al igual que en los das de la confrontacin, existe entre la gente que apoy o fue afn a la causa de las Auc, la desconfianza hacia los reclamantes de tierras, porque se piensa que son infiltrados de la subversin. Pero la amenaza va ms all del asesinato de los dirigentes de la restitucin de predios en litigio. El desmovilizado lo admite: El Estado y la sociedad no se dan cuenta, pero en pocos meses, en aplicacin de la Ley de Justicia y Paz, van a empezar a quedar libres muchos combatientes rasos de las autodefensas y ya estn en marcha planes para que se ubiquen estratgicamente en aquellas zonas donde pueda estar ganando terreno la guerrilla o sus simpatizantes. Que a nadie se le olvide que mucha gente que ha estado presa, en la crcel hizo un posgrado en delincuencia. Basta que se mire cmo estn creciendo las extorsiones desde las crceles.

El mundo de los desmovilizados de las autodefensas es ciertamente un punto aparte. Los jefes principales estn extraditados en crceles de Estados Unidos y cada que abren la boca ponen a temblar a polticos, militares, empresarios y hasta a sus propios compaeros de armas. Otros que se quedaron en el pas estn divididos entre quienes purgan sus condenas y slo quieren salir de ese laberinto, y quienes se quedaron afuera delinquiendo. Las cifras de la Alta Consejera para la Reintegracin hablan por s solas: de 55 mil desmovilizados, 35 mil pertenecieron a las autodefensas. El 7% ha reincidido. 1.074 perdieron los beneficios otorgados por la ley. 1.886 podran correr la misma suerte.

Algunos de los que se mueven afuera eludiendo a la justicia, o bien terminaron en bandas criminales alentando el narcotrfico o estn copiando la idea de los ejrcitos antirrestitucin de tierras. Un testigo de una reciente reunin en un corregimiento de Becerril, donde a finales del ao pasado las Farc incursionaron causando estragos, as resumi cul es el pensar de muchos aliados del paramilitarismo de pocas recientes: Hay alarma por las acciones de las Farc, por eso surgi la idea de financiar un ejrcito privado antes que volver a pagar las extorsiones. Se habl de una cuota de $500 mil por hectrea, ms un porcentaje por cabeza de ganado.

El personaje, convocado por personas influyentes del Cesar, Sucre y La Guajira, agreg que el tema se est volviendo tan grave no slo por las andanzas de la guerrilla de regreso a su presin armada, sino por la avalancha de solicitudes de restitucin de tierras, que el pensado es armar un grupo de 400 personas y expandir su influencia a toda la zona Caribe. Pero el asunto va ms all de la cuota personal. Segn el testigo, se est buscando que algunas empresas tambin sumen en la bolsa, porque prevalece el malestar de que todo lo que est pasando con la Ley de Tierras sea una forma de volver a ambientar acercamientos con la guerrilla o dilogos con ella. No slo en el Cesar hay preocupacin sobre lo que est pasando. En Sucre, una de las regiones ms golpeadas por el paramilitarismo, tambin estn prendidas las alarmas. El Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado (Movice) aport recientemente un informe en el cual detall el drama que est viviendo la asociacin campesina de la vereda La Europa, en el municipio de Ovejas, donde los hostigamientos, la inseguridad y el trabajo campesino estn siendo perseguidos por gente extraa. El propio Estado ha valorado los riesgos de la poblacin y hay reportes que piden acciones concretas en favor de los derechos humanos.

En sntesis, como lo referenci el observatorio del conflicto armado de la corporacin Nuevo Arco Iris, las cuentas del Ejecutivo no son tan alegres. Segn el informe, hoy las bandas criminales han consolidado su presencia en 209 municipios del pas y la guerrilla, despus de recibir los golpes ms duros de su historia, se ha desdoblado en pequeas unidades echando mano de los explosivos, las armas artesanales o los hostigamientos intensivos a la infantera del Ejrcito. Es decir, el presidente Santos no la tiene clara y mucho menos ahora que cobra forma una nueva amenaza: los ejrcitos antirrestitucin.

La Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras signific un importante avance hacia la eventual terminacin del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, est claro que una cosa es la letra y otra aplicarla. Ni siquiera a nivel institucional el camino es fcil. La prueba es la renuncia del gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, por diferencias con su amigo de vieja data, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Y si eso pasa en el Estado, en el terreno la cosa es ms compleja. El paramilitarismo no ha muerto, la guerrilla est viva y los lderes campesinos siguen poniendo la cuota de sangre.

Infografa que muestra las solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente


El ltimo lder asesinado por reclamar tierras

El pasado viernes 23 de marzo, Manuel Ruiz Torrelosa, integrante de los consejos comunitarios de Curvarad y Jiguamiand, en Choc, viajaba con su hijo Samir hacia su casa en Llano Rico, en el municipio de Riosucio. Cuando el bus en que se movilizaban pasaba por el basurero de Mutat, hombres armados lo interceptaron.

Padre e hijo fueron obligados a acompaar a los desconocidos. Cuatro das despus, Ruiz Torrelosa, de 55 aos, fue encontrado sin vida. La suerte de su hijo an se desconoce. As como pag con su vida su lucha por la tierra, han corrido la misma suerte, entre otros, Hernando Prez Hoyos, en Necocl; Ana Isabel Gmez, en Crdoba; Giovanni de Jess Montoya, en Apartad, y casi setenta lderes ms.

La Defensora del Pueblo y varias organizaciones de derechos humanos no se han cansado de advertir que los lderes reclamantes de tierras requieren una proteccin especial y que sin seguridad no hay Ley de Tierras.

El imperio de Jorge 40

El bloque Norte de las autodefensas fue una mquina de guerra que lider Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40. Aunque su actividad ilegal comenz en el departamento del Cesar, rpidamente se extendi en estructuras armadas a lo largo de toda las zona Caribe.

Jorge 40 fue el ltimo jefe paramilitar en desmovilizarse, pues siempre fue escptico ante el proceso de paz con el gobierno de lvaro Uribe. En mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos. Nunca ha confesado nada ms que lo necesario, pero sus lugartenientes comienzan a hablar.

Al fin y al cabo sus diversos frentes de guerra estuvieron protagonizando la guerra en los departamentos costeos. Hoy uno de sus principales aliados, el ganadero Daro Lano Scopeta, es uno de los personajes que lidera los intentos de rearme para oponerse a la Ley de Tierras y de Vctimas.

Propuesta de proteccin para reclamantes

El representante a la Cmara Guillermo Rivera, quien obr como ponente de la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras, revel que desde que empez a discutirse el articulado ya van 17 lderes campesinos asesinados. Por tal razn, inst al Gobierno y a la sociedad a hacer un frente comn para superar la indiferencia en estos caos.

Rivera manifest que el mayor dilema consiste en que de continuar esta situacin, la ley se va a volver inviable y las vctimas nunca van a obtener una reparacin o a conseguir una justa retribucin por el patrimonio del que fueron despojados. Por eso propuso una accin concreta de las autoridades para salvar el proceso.

En concreto, Rivera precis que hoy son cerca de nueve mil los servidores pblicos que gozan de esquemas de proteccin y por eso propone que a partir del 9 de abril (da nacional de las vctimas) todos renuncien a uno de sus escoltas, para que entren a proteger a los lderes de vctimas y restitucin de tierras.


Fuente: http://m.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-335700-amenaza-de-los-ejercitos-antirrestitucion



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