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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-04-2012

Un balance de los Economistas de Izquierda
Afloran los lmites del modelo

Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini et al.
Rebelin


Un nuevo documento suscripto por integrantes y simpatizantes de la red EDI, Economistas de Izquierda, titulado Afloran los lmites del modelo traza un balance de la etapa, analizando desequilibrios estructurales, problemas de coyuntura e interpretaciones en disputa.

En la primera parte del texto describen como se consum la depredacin de los yacimientos petroleros y estiman necesario anular las concesiones nacionalizando YPF sin indemnizacin, para recomponer el auto-abastecimiento de combustible. Tambin critican el sistema de gestin que destruy los ferrocarriles y consideran necesaria la re-estatizacin bajo control de los trabajadores y usuarios, para financiar el transporte de pasajeros con los rditos del transporte privado de cargas.

El documento detalla los efectos destructivos de los emprendimientos mega-mineros y propone derogar la legislacin neoliberal vigente, fijando estrictas normas para garantizar la elaboracin local de las materias primas. Se analiza tambin como forjar un esquema de agricultura diversificada que supere el cultivo sojero, mediante la reconstitucin de la Junta Nacional de Granos y la nacionalizacin del comercio exterior.

Los firmantes del texto estiman que el proceso de reindustrializacin se ha estancado en un marco de concentracin, extranjerizacin, remisin de utilidades y baja inversin. Consideran que el salario formal se recuper, pero subrayan la gran distancia que existe entre esa recomposicin y el avance de la productividad o las ganancias. Subrayan que el ingreso promedio contina por debajo de la canasta familiar y que los jubilados siguen relegados.

La segunda parte del documento destaca que ms all de los vaivenes cclicos, persiste una gran desigualdad social, acentuada por el abandono de los proyectos de mayor progresividad impositiva. Seala, adems, que el intento de implementar polticas pro-empresariales mediante la denominada sintona fina chocara con las mejoras sociales y se alejara de una agenda progresista.

El texto detalla como la continuidad de la inflacin erosiona los ingresos populares e interpreta que la caresta obedece a la primaca de altos patrones de rentabilidad, concertacin oligoplica y baja inversin. Propone formas efectivas de control de precios a partir de evaluaciones de los costos. Destaca la gravedad que presenta la fuga de capitales y propone drsticas medidas para frenar este drenaje.

El escrito tambin evala que el supervit fiscal se ha extinguido y estima que el uso de los recursos del ANSES para el financiamiento oficial es una bomba de tiempo. Considera que ese bache no se corrige con aumentos de tarifas, ni retomando el endeudamiento externo que siempre asfixi a la Argentina. Estima que los bancos lucran con la intermediacin sin proveer crditos de largo plazo y propone otra poltica en la rbita financiera.

En la tercera parte del documento se polemiza con los enfoques neoliberales que suelen objetar el populismo, presentando las restricciones econmicas del entorno como un dato inamovible. Recuerda que todos los gobiernos precedentes recurrieron al endeudamiento y al sobre-gasto pblico e ilustra como la crisis capitalista internacional en curso, descoloca las convocatorias a imitar al resto del mundo. Destaca que estos llamados disfrazan la reintroduccin de polticas de ajuste.

Pero el documento tambin crtica a los economistas oficialistas que fantasean con la auto-propulsin del consumo, olvidando el soporte de rentabilidad que caracteriza al capitalismo. Cuestiona la expectativa de forjar un modelo de capitalismo serio , remarcando que todas las variantes de este sistema impiden la igualdad social. Resalta, adems, que en los hechos el capitalismo de amigos , camino elegido para forjar un sujeto nacional burgus, es la anttesis del ideal promocionado.

En contraposicin a ese proyecto, el documento de EDI concluye presentando el nuevo cuadro de situacin que estn creando las demandas instaladas por los movimientos sociales, las organizaciones gremiales y las asambleas ciudadanas.

Marzo 2012

Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, Jose Castillo, Alberto Teszkiewicz, Julio Gambina, Mariano Fliz, Jorge Orovitz Sanmartino, Martn Ogando, Sergio Garca, Hugo Azcurra, Guillermo Almeyra, Martn Kalos Ariel Slipak, Facundo Lastra.

 

AFLORAN LOS LMITES DEL MODELO

Un balance de los Economistas de Izquierda

Transcurrida una dcada del reemplazo de la convertibilidad se generalizan los interrogantes sobre el rumbo de la economa. Las etapas de expansin sin obstculos (2003-2008) y desajustes controlados (2009-2011) han quedado atrs y ganan visibilidad las grietas del modelo. Hidrocarburos, minera y ferrocarriles son reas crticas, la sojizacin se afianza, la recuperacin del empleo productivo pierde dinamismo y son numerosas las obstrucciones que enfrenta la reindustrializacin.

La creciente extranjerizacin y concentracin de la economa, el fracaso del intento de recreacin de un sujeto burgus nacional, el dominio de las formadoras de precios, son rasgos cada vez ms acentuados, mientras que la disputa por el excedente y la fuga de capitales, alimentan el proceso inflacionario y la perdida de competitividad deteriora las exportaciones industriales y amenaza el nivel de empleo.

Hay sin duda problemas de coyuntura. Cualquiera sea la evaluacin del impacto que pueda depararnos la crisis capitalista mundial, ya nadie habla del blindaje argentino. El balance de divisas ve reducir su supervit y la situacin fiscal se deteriora. Sin incrementar los recursos de la Tesorera habr dificultades para repetir la receta del 2009 y sortear la cada de la actividad que se avecina, con gasto pblico o expansin del consumo.

Se agot el modelo econmico actual? Hay margen para el desarrollo en un esquema que preserva el extractivismo? Alcanzaron un techo las mejoras sociales y las importantes conquistas populares de los ltimos aos? En lo que sigue planteamos un balance poniendo nfasis en los problemas ms acuciantes que enfrenta la economa argentina.

PARTE 1: LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES

La depredacin de los hidrocarburos

La situacin energtica del pas no est colapsada, pero ha llegado a un lmite que marca un estado de crisis aguda. Este se expresa en la debilidad de la produccin hidrocarburfera; en la insuficiencia tanto de la capacidad de refinacin instalada como de las redes de transmisin y distribucin de los fluidos. Tambin en lo embrionario de las energas alternativas. Pero en un pas cuya matriz energtica es fuertemente dependiente de los hidrocarburos (90%), sobre todo del gas, es all donde se concentra el ncleo duro de la crisis latente.

Argentina es un pas que tiene petrleo, lo sabemos desde hace ya ms de 100 aos, pero no puede decirse sea un pas petrolero, puesto que el nivel de sus reservas comprobadas no permite esa caracterizacin. Sin embargo a fines de los ochenta logr el autoabastecimiento y pocos aos despus se transform en un pas exportador. En rigor se exportaban reservas (se calcula se exportaron algo as como el 50% de las comprobadas en petrleo y el 15% de las de gas) y el resultado ha sido inequvoco: prdida del auto-abastecimiento y conversin de Argentina en importador neto de gas natural, fuel y gas oil.

As la balanza energtica ya no exhibe excedentes de 2041 millones de dlares como en el 2010, en 2011 el balance fue negativo en 2931 millones (fuente INDEC). Lo que se preanuncia son fuertes desbalances crecientes. Las importaciones de gas boliviano se duplicaron y los subsidios del Estado al sector energtico aumentaron en forma exponencial. El problema no se limita a amenazas de cortes en verano o falta de gas en invierno. Ha emergido un gran obstculo para toda la economa, derivado de la escasez estructural de combustible.

As las reservas bajaron de 20 aos, en los 90, a 10 en 2009 y de 17,2 aos, en el 2000, a 7,8 aos, en 2009, respectivamente. Este desmoronamiento fue un resultado directo de la ausencia de exploraciones. En la dcada de los 80 se incorporaron 1026 pozos, en el decenio posterior 989 y en el siguiente 484.

REPSOL es el principal responsable de este desplome. Se apoder de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dlares slo costaba 20 y dedic su gestin a vaciar los pozos ya descubiertos. Gir sistemticamente utilidades al exterior e invirti en otras regiones (EEUU, Brasil, Mxico, Caribe, frica). Argentina figur siempre como la principal fuente de ingresos de la compaa y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.

En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extraccin asegur un altsimo nivel de rentabilidad. Slo en el perodo 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuy el 90 % de esas ganancias.

Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compaa adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribucin de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con crditos solventados en el vaciamiento de la empresa1.

El gobierno particip directamente de esta operacin. Destrab obstculos legales y sancion ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta argentinizacin permitira recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibricos.

En los ltimos meses este desastre comenz a repercutir sobre la economa y oblig al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enoj con sus viejos socios, quit subsidios a las empresas (programas petrleo, refino y gas plus), denunci sobreprecios en el gasoil, cuestion prcticas monoplicas (vender ms caro a los transportistas que en los surtidores) y oblig a liquidar las divisas de exportacin. Adems, vot en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenaz con introducir fuertes regulaciones y despleg una retrica muy beligerante (no podemos volver a la poca del Virreinato).

Estn por verse los resultados de esta confrontacin. Las empresas siempre recurrieron al desabastecimiento para lograr mayores precios, creando reyertas con todos los gobiernos. El problema actual tiene otro alcance, puesto que se agotaron los pozos existentes. Se requieren inversiones de gran porte para buscar nuevos yacimientos o para explotar afluentes de elevado costo de extraccin. La nueva cuenca de Neuqun podra aumentar significativamente las reservas comprobadas. Pero contiene combustible no convencional, cuya extraccin entraa enormes riesgos ambientales y exige gastos dos o tres veces superiores al promedio actual.

Lo ocurrido con ENARSA demuestra la total inconsistencia de iniciativas oficiales sin recursos ni financiacin. Esa empresa est constituida por un grupo de oficinas sin actividad real. Es titular de reas off shore, pero no realiz operaciones significativas.

REPSOL no parece orientada a modificar sus polticas empresariales por las presiones del gobierno. Tampoco se muestra dispuesta a contraer deuda para subsanar el incumplimiento de sus viejos compromisos. Ni siquiera concretara inversiones significativas si se alinean los precios locales del combustible con los niveles internacionales2

Algunos funcionarios gubernamentales comienzan a buscar asociaciones privilegiadas con otras empresas (como Pan American), otros grupos (Bridas) y otros financistas (chinos). Pero un cambio de favoritismo no resolvera el problema de las inversiones faltantes.

La necesidad de la anulacin de las concesiones y de la nacionalizacin surgen del simple incumplimiento de contratos, que estipulan la obligacin de realizar las inversiones, que al no realizarse han llevado al vaciamiento de los recursos y a la emergencia energtica actual. No slo el pas tiene argumentos jurdicos de sobra para adoptar esta decisin, sino que tambin puede litigar en tribunales internacionales por el fraude que ha cometido REPSOL. Obviamente esta controversia no podra procesarse en el mbito del CIADI, que ya tiene preparados dictmenes a favor de las transnacionales antes del comienzo de cualquier juicio3.

La re-nacionalizacin de YPF es una alternativa considerada por todos los actores del sector. Incluso ha trascendido que los principales artfices de la privatizacin menemista habran propuesto alguna modalidad de estatizacin que favorezca a REPSOL. Los Economistas de Izquierda sostenemos que hay que prestar mucha atencin a la eventualidad de otra estafa, a travs de alguna recompra de la compaa con fondos pblicos, que terminara siendo funcional a otros negocios privados.

Algunos proyectos en danza sealan la desventaja padecida por haber perdido la compaa estatal que mantuvieron Brasil, Uruguay o Mxico. Tambin se remarca el giro estatista que prevalece a escala internacional, desde el momento que 16 de las 20 mayores empresas del mundo pertenecen al sector pblico4. Asimismo es posible concebir distintos modelos de gestin futura, otorgando suma relevancia a una asociacin petrolera sudamericana.

Pensamos que es necesario estar atentos a los movimientos del gobierno y a las acciones que tome, que por el momento no parecen demasiado definidas, pero para nosotros resulta indispensable precisar si la renacionalizacin incluir o no indemnizaciones. En el primer caso se aceptara la estafa realizada y el pas quedara sin fondos para realizar las inversiones postergadas para explotar y extraer lo recursos. No basta acuar una nueva denominacin (YPF Federal) o hacer ondear la bandera de la recuperacin energtica. Hay que detallar cmo se instrumentar ese objetivo. La compra de la empresa (al contado, en cuotas o con deuda), abonando parcial o totalmente su precio burstil (11.000 millones de dlares segn la actual cotizacin accionaria en New York (Clarn 14.3.12), introducira un quebranto de las finanzas pblicas.

Para quines integramos EDI la nica respuesta progresiva y transformadora a esta situacin es la anulacin inmediata de las concesiones, la re-nacionalizacin sin indemnizacin de YPF y la devolucin constitucional de la propiedad del subsuelo que la Nacin, Pacto de Olivos mediante, deleg a las provincias con la Reforma Constitucional del 94. Esta reforma fue perfeccionada por la llamada Ley Corta de fines del 2006, iniciativa del gobierno de entonces que el Congreso Nacional sancion junto con exenciones impositivas inditas a la actividad.

La transferencia del dominio que el Estado nacional histricamente tena sobre los yacimientos y los permisos de exploracin y concesiones a los estados provinciales, otorg a los gobernadores la capacidad de negociar con las compaas abriendo as todo tipo de connivencias a espaldas del pas. Para nosotros el destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la poblacin y la gestin de este sector estratgico debe desenvolverse con transparencia y plena informacin pblica.

Claro que la re-nacionalizacin y la recuperacin para el Estado nacional de la propiedad del subsuelo debieran ser acompaada de un replanteo de todo el sistema fiscal, caso contrario se corre el riesgo de desfinanciar a las provincias, particularmente en sus programas de educacin y salud.

Consideramos estas medidas como indispensables para reconstruir el abastecimiento.

Por otra parte remarcamos la estrecha vinculacin entre la crisis energtica y los actuales problemas de Cuenta Corriente. El problema energtico obliga a gastar en combustibles los dlares que se necesitan para importar insumos y bienes de capital. Para nosotros es una contradiccin que est inscripta al interior del propio modelo neodesarrollista y que expone una vez ms las dificultades estructurales del sector externo.

El colapso ferroviario

La decadencia del sistema ferroviario viene de larga data, puede situarse un punto de inflexin en el inicio de la dcada del 60 con el Plan Larkin, primer intento de redimensionar la empresa a favor del transporte carretero, luego se suceden aos de marchas y contramarchas, de sucesin de polticas contradictorias que acentuaron su deterioro. La destruccin lenta pero continuada en el tiempo fue funcional a los intereses del transporte carretero, especialmente a las multinacionales de la industria automotriz. Esta opcin llev a la dilapidacin de recursos escasos y muestra la irracionalidad capitalista y sus dramticas consecuencias sobre la prdida de vidas humanas, la polucin y la degradacin ambiental.

Pero en esta historia de dcadas puede recortarse un perodo claramente diferenciado, el que se inicia a mediados de los90 con las privatizaciones y que llega hasta nuestros das.

En poco menos de tres aos bajo la figura de la concesin, la empresa estatal monoplica y con dficit de servicios- se transform en numerosas empresas de derecho privado. De 39.000 km en operacin quedaron 22.000, de los que solo se explotan unos 7.500. De 95.000 trabajadores ferroviarios quedan en actividad unos 14.000. Pero hoy se transportan ms pasajeros/km. y ms toneladas/km que en aquellos aos. La productividad y el beneficio empresario han crecido exponencialmente y ha sido la renegociacin de los contratos a principios de la administracin kirchnerista la que ha perpetuado estas condiciones.

Los servicios rentables los de carga- quedaron concesionados a grupos econmicos que solo incorporan mejoras tecnolgicas y operativas hasta donde les resulta funcional a sus propios intereses. Los de pasajeros de mediana y larga distancia son casi inexistentes, los que tibiamente se repusieron lo hacen en psimas condiciones de confort y seguridad. Pero son los servicios suburbanos de pasajeros los que estn en el lmite de sus posibilidades.

No obstante el carcter prebendario de la privatizacin, la gestin privada de las empresas no ha cumplido con los pliegos licitatorios. No han invertido, no pagan los cnones establecidos ni los inventarios que se les transfirieron a precio vil y el Estado asigna ao a ao mayores partidas presupuestarias para subsidiarlas.

El colapso de las lneas San Martn, Roca y Belgrano Sur, as como los accidentes que se sucedan en la lnea Sarmiento anticipaban lo que poda suceder. A pesar de esto el gobierno nacional al tener que hacerse cargo de las lneas colapsadas no encontr mejor solucin que darlas en gerenciamiento a los mismos grupos empresarios que se beneficiaron de la privatizacin ferroviaria y que continan explotando otros servicios. Una suerte de asociacin ilcita (Cirigliano, Roggio, Techint), con la activa participacin de la mafia sindical que perpetr el asesinato de Mariano Ferreira.

No hubo inocencia en esta seleccin. Los Cirigliano recolectaron aportes para las campaas electorales del oficialismo, se hicieron cargo del manejo de empresas fantasmas por peticin gubernamental (Safe, Fly) y pusieron su flota privada de jets para el transporte de funcionarios.

La reciente tragedia de Once demostr que lo que se anticipaba no era en vano. La muerte de 51pasajeros estuvo precedida por centenares de fallecidos en las lneas que gestionan los responsables del crimen. Ya es sabido que los frenos y los para-golpes no funcionan y que los vagones o vas estn completamente obsoletos. Las formaciones circulan bajo amenaza de sancin a los trabajadores que denuncien los riesgos operativos. Todas las compaas incumplen normas de seguridad para abaratar costos y aumentar los ingresos con el nmero de pasajeros transportados.

Pero el caso Cirigliano es particularmente escandaloso. Utiliz los subsidios para solventar un emporio de colectivos, carroceras, inmuebles y aseguradoras, dentro y fuera del pas. En pocos aos convirti su pequeo emprendimiento en un poderoso grupo, destruyendo los ferrocarriles que compiten con sus intereses en el transporte automotor. Realiz incluso maniobras financieras (depsitos en dlares, compra de ttulos) con el dinero pblico que deba utilizar para la gestin ferroviaria.

Estos desfalcos contaron con la complicidad directa de los funcionarios. Nadie puede alegar desconocimiento. Inspectores, trabajadores, delegados y agrupacio nes opositoras se cansaron de presentar denuncias , as como la Asociacin del Personal de Direccin (APDFA) que describieron reiteradamente la violacin de las normas de seguridad. Jaime cajone estas advertencias y Schiavi mantuvo el ocultamiento. Frente a estos antecedentes es inadmisible la presentacin del Estado como querellante ante jueces dciles al poder. No hay que olvidar el armado de causas judiciales por parte de Anbal Fernndez contra los delegados combativos, que anticiparon lo que finalmente sucedi. Para encubrir los desfalcos de las empresas culpaba a los trabajadores de sabotaje.

Muchos opositores de la derecha y partidos tradicionales que desempolvan estas denuncias suelen silenciar su propia participacin en el desguace que inici el menemismo en los 90, contino la Alianza y perfeccion la administracin provisional de Duhalde, con un decreto que exoner a las compaas por el incumplimiento de las inversiones.

La conmocin social creada por la tragedia de Once y la reaccin de los afectados abre una oportunidad de revertir el desastre ferroviario. En la historia argentina reciente esa movilizacin de los familiares ha sido determinante para imponer justicia, especialmente cuando el gobierno culpa a las vctimas, atribuye el desastre a la irresponsabilidad de pasajeros colgados, que se agolpan en las salidas o llenan los vagones en los das laborales. Adems, designa a un ex menemista para gestionar la intervencin de TBA y despide con elogios a Schiavi.

Impedir la impunidad es un punto de partida para reconstruir el ferrocarril. En lugar de otro parche en los contratos vigentes se necesita un cambio de raz, que erradique por completo el modelo de privatizacin que el gobierno quiere conservar y la derecha pretende reforzar con demagogia y aumentos de tarifas5.

Los objetivos explcitos de la privatizacin proponan la eliminacin del dficit y la modernizacin de los servicios por medio de inversiones privadas, luego de casi dos dcadas de privatizacin los resultados muestran su inocultable fracaso con el agravante que se ha perdido el carcter pblico de estos servicios y el inters social general implcito en ellos no es tenidos en cuenta. La lgica del capital, como era de prever prioriza la ganancia por sobre todas las cosas.

A la luz de esta comprobacin la propuesta alternativa de re-estatizar el ferrocarril bajo control de profesionales, trabajadores y usuarios suscita crecientes adhesiones. Esta administracin permitira eliminar el despilfarro y la corrupcin. Actualmente se ha duplicado el gasto en subvenciones para manejar slo el 15% de los servicios ferroviarios tradicionales.

Para los Economistas de Izquierda la re-estatizacin sin fondos perpetuar los problemas. Es necesario definir como se financiarn las inversiones que necesita el sistema. El patrimonio de Cirigliano y de todos los grupos que se enriquecieron demoliendo el ferrocarril debera aportar a esta reconversin. Lo que robaron debe ser devuelto en obras. Pero la principal fuente de recursos se encuentra en las seis lneas de alta rentabilidad que transportan mercancas. El transporte de carga debe financiar al de pasajeros, mediante la estatizacin de esos corredores privados. Para nosotros slo aplicando este criterio comenzara a erradicarse el manejo de un estado bobo, que gestiona actividades a perdida para asegurarle a los privados los segmentos de gran lucro.

Sostenemos que otra fuente de financiacin debera provenir de medidas impositivas tendientes a asignar a cada modo de transporte terrestre su rol en el marco de un Plan Nacional de Transporte (reivindicacin histrica de los gremios ferroviarios) que articule y complemente, en funcin de sus costos de operacin, las distancias y el beneficio pblico, los distintos modos alternativos.

Resistencias a la megaminera

Un tercer campo de tensiones ha salido a flote en las movilizaciones contra la mega-minera. Este rechazo se verifica en varias provincias, despierta simpata popular y suscita el acompaamiento de muchos intelectuales y artistas. La conciencia ambiental que irrumpi en los cortes contra las pasteras de Gualeguaych, ha resurgido. Argentina comienza as a alinearse con las batallas ambientalistas que se desarrollan en Latinoamrica .

La demolicin del ambiente que produce la mega-minera es aterradora. El viejo socavn para buscar metales en el subsuelo ha sido reemplazado por dinamita a cielo abierto. La contaminacin del agua potable se generaliza con el uso de cianuro, cido sulfrico, mercurio u otras sustancias para procesar para procesar el mineral. El encarecimiento de los precios internacionales incentiva este sistema de explotacin que habra consumado ya una reduccin del 30% del agua generado en los glaciares6.

Como el agua no alcanza para compatibilizar la minera con la agricultura, el gobernador de La Rioja opt por la demolicin del subsuelo a costa de los alimentos. Frente a semejante eleccin, la demanda Famatina no se toca constituye una genuina exhortacin a la vida.

El pretexto oficial para sostener el negocio minero (desarrolla el interior) debe ser impugnado. Basta observar el saqueo consumado durante los ltimos doce aos en Catamarca por la empresa Bajo La Alumbrera. En un slo ejercicio la compaa factur ms que en toda su inversin inicial. Pag impuestos irrisorios, multiplic por diez sus ganancias y forj una economa de enclave para extraer un concentrado de la roca, que deshidrata en Tucumn y exporta desde Santa Fe7.

El modelo vigente en este sector representa una modalidad extrema del neoliberalismo. Las compaas estn exentas del pago del impuesto al cheque y a los combustibles, gozan de estabilidad fiscal por 30 aos, adquieren importaciones sin aranceles y pagan nfimas regalas (2,5 a 4%)8.

Algunos voceros de las empresas afirman que la actividad gener 250.000 empleos, cuando las cifras oficiales slo indican 23.374 trabajadores. En Bajo La Alumbrera se crearon por ejemplo slo 480 puestos de trabajo y el gasto en sueldos representa el 2,5% del monto exportado. La adquisicin de insumos locales ha sido tambin insignificante y no se erigi en la regin una sola escuela o centro de salud.

El emprendimiento de la Barrick es ms escandaloso. Utilizando el tratado firmado con Chile en 1997 forj en Pascua Lama un pas virtual a ambos lados de la Cordillera. La empresa opera con un acuerdo tributario secreto y abona los sueldos de los gendarmes en un territorio sin aduanas. La empresa se dispone a depredar durante un cuarto de siglo un dique de agua de 340 hectreas y 400 metros de profundidad. Los discursos sobre Malvinas no deberan ser acompaados por la recuperacin de la soberana sobre ese territorio? Las Malvinas son argentinas, pero la regin cordillerana tambin forma parte de nuestro territorio9.

El negocio de las compaas extranjeras se asienta en un sistema de complicidades entre universidades (Tucumn), sindicatos y elites provinciales. El centro de esta red se ubica en el entorno presidencial (Mercado, Mayoral) y sus agentes incluyen por igual a gobernadores K y anti-K. Algunos son voceros directos de las mineras (Gioja) y otros olvidaron la demagogia contra las empresas al asumir la gestin provincial (Beder Herrera). Este sometimiento a las compaas se ha consumado, adems, al frente de administraciones de distinto signo poltico (Corpacci).

El legado menemista en esta actividad es evidente, pero fue Nstor Kirchner quin permiti a las compaas liquidar divisas en el exterior (2004) e incentiv la ampliacin de los proyectos que aumentaron un 90% entre 2003 y 2009. La publicitada foto con los hombres de Barrikc Gold no fue ajena al veto que dispuso Cristina Fernandez de Kirchner de la ley de proteccin a los Glaciares. El amparo presidencial a los gobernadores tiene precedentes en la empresa estatal de Santa Cruz, que comparte ganancias con las mineras del lugar.

Pero la actitud ms pattica en los debates sobre minera se verific entre los intelectuales progresistas que justificaron la represin, la accin de las patotas y la aplicacin de la ley anti-terrorista contra los manifestantes. Algunos repiten el relato infantil de las empresas (la minera contribuye al desarrollo regional) y otros suean con subsanar las anomalas actuales con la participacin de los estados provinciales en nuevas compaas mixtas. En los hechos esa oficializacin del negocio slo convalidara el saqueo en curso.

Algunos pensadores han cruzado todos los lmites, al recurrir a una denigracin cnica del ambientalismo. Justifican la mega-minera argumentando que todas las actividades productivas contaminan y cuestionan la autoridad de los narcisistas porteos para opinar sobre un emprendimiento del Noroeste10.

Este curioso federalismo supone que algunos argentinos pueden opinar y otros no sobre acontecimientos que involucran a todo el pas. Si uno vive en Buenos Aires no puede hablar mal de la mega-minera de San Juan, pero est habilitado a emitir elogios del modelo depredador que rige en Chile o Per. Como todos contaminan, parecera que el reciclado individual de un plstico, tiene la misma envergadura que la aniquilacin de las reservas de agua potable. Como el ecologismo es berreta tampoco hay que prestar atencin a los ejemplos internacionales de prohibicin de la minera a cielo abierto que impusieron los pobladores de Montana, Wisconsin o Colorado. O que el parlamento europeo prohibi en todo su territorio este tipo de explotacin y conmin al Consejo de Ministros ha hacer efectiva esta disposicin.

Otros intelectuales oficialistas consideran que lleg el momento de abrir el debate sobre minera. Pero este descubrimiento olvida que hace muchos aos se discute el tema en el interior. Con grandes campaas de denuncia lograron nueve leyes provinciales restringiendo la mega-minera, un plebiscito de rechaz en Esquel (2006) y varios repudios de universidades (Crdoba, Rio Cuarto) a la fondos de Bajo la Alumbrera. Esta accin se desarrollo confrontando con todos los intentos de estigmatizar y criminalizar a los asamblestas y esta resistencia y permiti, adems, la sancin de una nueva ley de proteccin de los glaciares apoyada por 300 asambleas ambientalistas y bloqueada por la justicia de varias provincias11.

Ninguno de estos movimientos rechaza la actividad minera. Slo objetan su variante demoledora. Esta resistencia converge con protestas similares en otros pases sudamericanos, pero con una diferencia esencial: Argentina no necesita de este tipo de minera para sostener su economa. Implementa a pura prdida el modelo extractivista que rige en toda la regin, desde que la innovacin tecnolgica, la especulacin con materias primas y el crecimiento de China revalorizaron la extraccin de metales.

El ingreso de divisas que genera ese sector no es vital para nuestra balanza comercial, tampoco aporta demasiado al PBI. Para EDI  es imprescindible exigir la elaboracin local de las materias primas. Argentina no necesita una minera de exportacin, sino procesos de extraccin asociados a la reindustrializacin de la economa.

Para nosotros derogar la ley vigente es el punto de partida para cualquier replanteo de la minera. Hay 12 proyectos en operaciones, tres en construccin y 340 iniciativas a futuro. El pas est a tiempo de garantizar la proteccin ambiental prohibiendo el cianuro, la voladura de cerros y todas las maniobras de las empresas, para poder desarrollar la actividad con licencia y control social y de acuerdo a los intereses nacionales. Al igual que en los hidrocarburos este problema involucra a toda la nacin y no puede quedar sujeto a decisiones locales. La contaminacin nunca se limita al radio geogrfico original de las explotaciones. Si hay consultas o plebiscitos para definir cursos de accin deben participar todos los ciudadanos. El derecho a la vida, al ambiente saludable y a las culturas pre- existentes forman parte de nuestra nocin de desarrollo.

El fin del conflicto con el agro

La fragilidad estructural de la economa argentina radica en su enorme dependencia del cultivo de la soja que ha expandido su preeminencia. Ya ocupa el 56% de la tierra cultivable y avanza con deforestacin (un milln de hectreas entre 2002 y 2006) y agro-txicos (300 millones de litros por ao). Este predominio no se extiende sobre reas vacas. Hay desalojo de campesinos y pobladores originarios, concentracin de la tierra en la regin extra-pampeana y abrupta reduccin del nmero de explotaciones (24% menos desde 1988).

La reconciliacin en curso entre el gobierno y los agro-sojeros tiende a dejar atrs un fuerte conflicto. Este reencuentro qued sellado durante el lanzamiento del nuevo plan agro-alimentario, que reafirma el esquema sojero. Se promueve un aumento general de la produccin (157 millones de toneladas en 2020), para consolidar el avance registrado entre el 2002 y el 2010 (de 70 a 100 millones de toneladas) con ms superficie sembrada e incrementos de productividad. Pero el programa slo habla del volumen proyectado. No dice cuntos productores sobrevivirn, en un modelo que incrementa la preeminencia de las grandes compaas y los pools de siembra12.

La Mesa de Enlace cajone la demanda de bajar las retenciones para elogiar este plan. Este viraje obedece a la continuidad de un negocio floreciente. La tonelada de soja que se cotizaba a 160 dlares en 2001 alcanz en estos das nuevamente los 500; el precio de la tierra subi 120% en la ltima dcada y se registran ganancias sin precedentes por hectrea sembrada. Quines ganan fortunas no estn motivados para la protesta.

El gobierno distendi, adems, las relaciones con el sector satisfaciendo parte de sus pedidos. Se reiniciaron las compensaciones la actividad lctea y ganadera, se autorizaron aumentos de precios (carne, leche, pollo, pan) y se asignaron reintegros por adversidades climticas. As los conflictos se desplazaron hacia el interior del sector (tensiones por la distribucin del trigo entre productores, molineros y exportadores)13.

Este clima pos-electoral explica la aceptacin general de una ley de tierras que haba suscitado divergencias. Los beneficiarios de un modelo de exclusin, desigualdad y desarraigo coincidieron en proteger su principal recurso de la competencia fornea. Prefieren asegurar la presencia de muchos Grobocopatel y pocos Benetton en el agro-negocio.

Los sojeros continan presionando por asegurar su liderazgo de la economa. Proponen actualizar la insercin internacional de Argentina como granero del mundo, ampliando las actividades alimentarias para erigir el pas-gndola del siglo XXI. Demandan prioridad para el sector, precio pleno de los productos y liberacin de mercados14.

Claro que subsisten reas de friccin con el gobierno (ley de arriendos, manejo de la ONCCA, subsidios por sequa, tipo de cambio efectivo), pero ha desaparecido la confrontacin del 2008. Los puentes con el gobierno han quedado reabiertos, desde el momento en que, tomando nota de la fuerte movilizacin del agro, se renunci a sostener el financiamiento de las arcas pblicas incrementando el flujo de renta agraria con mayores retenciones. El oficialismo ha cajoneado tambin las propuestas de restaurar la Junta Nacional de Granos para recrear una agricultura diversificada. Slo insisten en atenuar el impacto interno de los altos precios de exportacin con un programa de perpetuacin del status quo, que genera cuestionamientos dentro del propio espectro gubernamental15. Mientras tanto contina el negocio clave de las grandes exportadoras que controlan el comercio de granos y oleaginosas.

Los agricultores empobrecidos son las vctimas de un cultivo transgnico con efectos ambientales impredecibles. Ningn gobernador protege a campesinos expropiados. Estos sectores rara vez son catalogados como pequeos productores. Esta denominacin se utiliza en cambio para describir a los capitalistas medianos de la Pampa, que manejan significativas inversiones, como contratistas y/o propietarios de actividades sojeras. Para nosotros es importante clarificar el uso de ese concepto, frente a tantos proyectos de segmentacin de las retenciones para productores de 600, 1500 o 2500 toneladas. Estos sectores participan de la actividad ms rentable del pas y no necesitan ningn auxilio del Estado. Un cambio en los porcentajes del impuesto debera en todo caso legislarse al interior del propio sector, sin ningn costo para el resto de la sociedad. Si baja lo aportado por un productor medio, que aumente la contribucin del ms poderoso.

Para los Economistas de Izquierda un escenario agrario favorable a las mayoras populares exige discutir otro temario: cmo se regularn los precios y mercados, de qu forma se reconstituir una Junta Nacional de Granos y cmo debera operar en la actualidad un comercio exterior nacionalizado.

La reindustrializacin frenada

La recomposicin del tejido industrial -que el gobierno presenta como su prioridad estratgica- se ha estancado. Es cierto que el sector manufacturero creci significativamente en la ltima dcada (ms del 80%), por una combinacin de los vaivenes cclicos y polticas estatales activas. La intencin neo-desarrollista de restaurar la gravitacin de este segmento no logra anclaje en la realidad econmica. La industria ocupa incluso un lugar menor que en los aos 90 y 80

Tampoco se ha modificado la escasa diversificacin del sector. Tres ramas concentran el 75% de la actividad (automotriz, metalurgia y minerales no metlicos) y la fuerte recuperacin de los puestos de trabajo, no alcanzaron an a superar el nivel de empleo predominante en 1997. Las ramas ms dinmicas operan con tecnologas intensivas que exigen poca mano de obra y las cinco actividades que en los 90 reunan el 60% de la produccin, hoy concentran el 67% del total16.

Estos resultados obedecen en gran medida al elevado grado de concentracin que impera en la industria y tambin a la ausencia de un plan estratgico para el sector. El valor bruto de produccin de las 200 firmas lderes trep del 20% en los 90 al 28% actual. Ese ncleo de compaas maneja, adems, el 73% de las exportaciones totales (2003-09), en un marco de gran consolidacin de la extranjerizacin consumada bajo el menemismo. Esta primaca ha registrado cambios muy leves en la ltima dcada. De las 500 principales empresas que explican el 68% de las utilidades totales, 338 son forneas17.

El efecto de esta preeminencia es una fuerte transferencia de utilidades al exterior bajo el amparo de la actual legislacin de inversiones extranjeras y los casi 50 convenios bilaterales de inversin que dan total libertad a las multinacionales. Esa remisin determina peridicas tensiones cambiarias, que el gobierno responde con exhortaciones (ahora tambin con controles). Pero no hay ninguna medida de fondo para revertir el nocivo sistema de proteccin de inversiones que impuso el Banco Mundial18.

Todos los balances empresarios indican elevadas ganancias de los industriales bajo el modelo actual. Pero estos informes tambin destacan que la tasa de reinversin local ha sido efmera. Algunas evaluaciones sealan que entre las 500 mayores firmas ese porcentual baj del 24,7% (1993-2001) al 14,7% (2002-2009), mientras el dficit comercial de la industria creca hasta generar el agujero actual (20.000 mil millones de dlares en 2010). Las importaciones se expanden a un ritmo muy superior a las ventas externas, junto a una decreciente integracin de componentes nacionales19.

Los viejos problemas de una industria dependiente, fracturada y deficitaria se han acentuado con la creciente internacionalizacin del sector. Estos desequilibrios son muy visibles en la rama automotriz, que ha reducido la incorporacin local de partes (45% en promedio), al cabo de un prologando desguace de los abastecedores nacionales. Las pautas de inversin en esta actividad son particularmente irracionales, puesto que se establecen en funcin del mercado externo sin considerar, por ejemplo, la prioridad del transporte pblico nacional.

Algunos economistas K consideran que estas limitaciones no desmienten la vigencia de un modelo productivo con inclusin social20. Pero evitan registrar que el gobierno se limita a convalidar una lgica capitalista de pura rentabilidad, que avala la fabricacin de autos (en lugar de trenes) o la construccin de torres en Puerto Madero (en desmedro de viviendas en los barrios populares).

La expectativa neo-desarrollista de profundizar el modelo en una direccin industrialista se est disipando en favor de la sintona fina. Muchos simpatizantes del modelo reconocen, que para contrarrestar la presin hacia la especializacin agro-exportadora se requeriran drsticas medidas estatales, que por ahora son solo potenciales21.

Salarios en dos velocidades

Los economistas del gobierno afirman que el modelo devolvi dignidad a los trabajadores, cre millones de puestos de trabajo y aument el salario real. Esta caracterizacin atribuye ese resultado exclusivamente a la poltica econmica. Obvian sealar que es el efecto combinado de polticas estatales (reimplantacin de paritarias) con mltiples condicionantes (coyuntura internacional favorable, recuperacin cclica de la ocupacin y los ingresos, conquistas de la movilizacin social).

En el sector formal el salario aument 285% en promedio entre diciembre del 2001 y julio 2010. Segn el ndice de inflacin que se tome para realizar la comparacin (INDEC, clculos provinciales, estimaciones privadas), ese incremento se ubica por encima o por debajo de la caresta. Entre los economistas existe cierto consenso en evaluar que ha predominado cierta paridad entre las dos variables. Pero en el mismo perodo se registr un aumento de la productividad muy superior al incremento de los salarios reales y por esta razn los costos salariales decayeron. El contraste es ms significativo si la evaluacin se realiza comparando con los beneficios. Las ganancias de las empresas se duplicaron en la ltima dcada y su patrimonio es 200% mayor que en el 2003. La traccin del modelo por los salarios -que ponderan algunos simpatizantes del curso actual- es discutible o debe relativizarse ante semejante expansin de la tasa de ganancia22.

Durante la ltima dcada ha sido significativa la consolidacin de la fractura del mercado laboral iniciada en los 90, no slo entre los trabajadores formales e informales, sino tambin al interior de la estructura formal. Siendo que la precarizacin se extiende por el conjunto. Mientras que el 20% de los trabajadores mejor remunerados del sector privado capta el 52% de la masa salarial, el 20% ubicado en la base percibe el 5,2% de ese total23.

Esta subdivisin explica la centralidad que han alcanzado ciertas demandas de la CGT sobre el mnimo no imponible y las asignaciones familiares, as como el frustrado proyecto sindical de distribuir las elevadas utilidades entre el personal de cada empresa. Para los Economistas de Izquierda la constatacin de la continuidad de esta fractura obliga a considerar esas demandas cegetistas, y darle prioridad a la exigencia de salarios mnimos iguales a la canasta familiar, para comenzar a cerrar la brecha al interior de los trabajadores.

En la actualidad se computan 11.800.000 asalariados, de los cuales 7.8 millones registra en el sector formal y 4.0 millones en el informal. El salario promedio sobre el que se realizan los aportes jubilatorios llega a los 5,500 pesos, pero el 55% de esos trabajadores percibe hasta 4000, muy alejado de la canasta familiar estimada entre 5.000 y 6.000 pesos. En el otro extremo 1.4 millones gana entre $7.000 y 30.000 o ms pesos al mes. Los trabajadores no registrados ganan como mnimo un 30% menos que los registrados. Esta fragmentacin se percibe tambin al interior de los trabajadores del sector pblico, entre los del Estado nacional y los que laboran en los Estados provinciales y municipales. (Fuente: INDEC y Direccin Nacional de Programacin Econmica)

As el modelo ha consolidado la categora del trabajador pobre (que no cubre la canasta familiar), frente a la figura del desocupado pobre que prevaleca en la crisis del 2001. La reduccin de la informalidad, de 44% a 34.2% (2003-11) es significativa, pero se relativiza cuando se la compara con la tasa de crecimiento de la economa en el mismo perodo.

En este contexto se verifican situaciones extremas de explotacin no slo entre trabajadores rurales (jornadas de trabajo de 16 horas que ahora podrn revertirse con la sancin de la ley que reglamenta los horarios), carpas en lugar de viviendas, escasa alimentacin. Los padecimientos de los tercerizados o de los costureros que trabajan en los galpones son igualmente dramticos. El Gran Buenos Aires vuelve a concentrar una enorme masa de desposedos del interior y pases vecinos, que sobreviven con trabajos miserables. El gobierno afirma que atena estas desventuras con un gasto social maysculo. Pero este reconocimiento no hace ms que confirmar el asistencialismo que contiene al modelo y contradice su identificacin con la inclusin social o el trabajo genuino. La asignacin por hijo representa efectivamente una innegable conquista popular, que ha otorgado cobertura a millones de desamparados, sin embargo no alcanza a todos los carenciados y su monto queda peridicamente erosionado por la inflacin.

No hay que sobredimensionar el costo real de ese auxilio, que en lneas generales se asemeja al vigente en la mayora de los pases latinoamericanos. Estas semejanzas permiten comprobar que el capitalismo como sistema resigna, en esta fase, un determinado porcentaje del PBI para atenuar los efectos de la acumulacin y reproduccin en este perodo histrico.

No obstante esta conquista social ha recibido igualmente crticas gorilas (los pobres se lo gastan en droga) y objeciones malintencionadas a su implementacin (el sistema es desorganizado). Para nosotros lo central radica por un lado en la carencia de un financiamiento genuino -que se reemplaza con, entre otros, fondos de la ANSES- por lo tanto en la dependencia de recursos presupuestarios muy variables. La reiterada propuesta de sostener el programa asistencial con transformaciones impositivas, que suscribimos, jams fue escuchada por el oficialismo, mientras persiste la falta de una real universalidad.

Tambin la cuestin de los jubilados suscita confusiones. El gobierno suele concentrar todos sus dardos polmicos contra los derechistas que hacen demagogia, demandando los aumentos que negaron bajos sus administraciones. Estos opositores nunca explicitan cmo financiaran las mejoras. El oficialismo destaca que expandi la cobertura hasta el 95% de la poblacin y estableci un sistema de movilidad peridica de los haberes. Ambos son avances significativos, pero esto no quita que el mnimo se sita en la mitad de la canasta bsica de un retirado y que el promedio de ese ingreso apenas alcanza al 40% del promedio de los activos. Tampoco aclara qu suceder con la enorme masa de trabajadores informarles que no aportan a la seguridad social.

Los economistas K suelen reciclar viejos fantasmas neoliberales (aumentar el trabajo en negro por aumento del costo laboral) cuando se les propone reimplantar las contribuciones patronales eliminadas por Cavallo. Por el contrario los Economistas de Izquierda sostenemos que esta reposicin de fondos permitira como mnimo elevar las jubilaciones mnimas al 82% del salario mnimo, avanzando as hacia el 82% mvil rompiendo con la continuada violacin de un derecho popular.

PARTE 2: LOS PROBLEMAS DE LA COYUNTURA

Desigualdad social y poltica tributaria

Los estudios oficiales intentan demostrar que el modelo reduce la desigualdad. Destacan que la diferencia entre el 10% ms rico y el 10% ms pobre se redujo de 37 a 16 veces (2003 -2010), que el ndice Gini declin de 0,54 a 0,39% y que la participacin de los trabajadores en el ingreso mejor de 34,5 a 44,9% (2003-2010) 24.

Estos cambios han seguido una pauta cclica determinada por el nivel de actividad y los vaivenes del mercado laboral. Si se considera un perodo prolongado (y no la sesgada comparacin tras el colapso del 2001) se verifica que el coeficiente Gini prcticamente no cambi entre 1994 y 2010.

Hubo un fuerte empeoramiento en el perodo 1994-2002 y una importante recuperacin posterior, que sita el promedio actual muy cerca del vigente en 1995. No desconocemos la evolucin de estos ocho aos pero nos parece las comparaciones significativas hay que establecerlas con la marca histrica del fifty-fifty de los aos 50 o 70, que se encuentran muy lejos de los resultados generados por el modelo en curso25.

En cualquier debate sobre este tema aparece la dificultad de los indicadores construidos con datos del INDEC, estos no tienen fiabilidad alguna desde el 2007. Las estadsticas sobre la distribucin funcional del ingreso (divisin del producto entre salarios y ganancias) quedaron, adems, discontinuadas desde 1975. Pero si se toma la distribucin personal del ingreso que mide el Gini y la participacin de los diferentes deciles de la poblacin en el ingreso total se confirma la escasa variacin en el largo plazo. La fractura entre clases medias/medias y altas y trabajadores de buenos ingresos que consumen y sectores bajos que subsisten no se ha modificado.

Existen otras formas de evaluar la desigualdad mediante contrastes de la evolucin de salarios con el producto, las ganancias o la productividad. En este contrapunto la persistencia de la inequidad salta a la vista.

Parte de esa desigualdad que sealamos son las dificultades que encuentran los sectores populares para acceder a servicios de educacin, salud y comunicacin de calidad. Un prrafo aparte merece la situacin de la vivienda. Durante estos aos han aumentado los emprendimientos constructivos, pero los episodios del Parque Indoamericano o los de Jujuy y Formosa han dejado en evidencia la insuficiencia de los mismos.

La comparacin con los balances de las empresas que cotizan en Bolsa es ms chocante an. La rentabilidad empresaria super los niveles previos a la devaluacin en un 90%, se duplic en el perodo 1996-2008 y se mantuvo elevada incluso en la cada recesiva del 2009. Algunas estimaciones destacan que las ganancias promediaron en el inicio del modelo (2002-06) un 35,8% frente a 23.9% de la convertibilidad26.

Quines integramos EDI sostenemos que la desigualdad no puede reducirse en forma significativa sin tocar esas ganancias. Suponer que ambas pueden progresar simultneamente, aumentando as el bienestar de todos los actores econmicos es una ilusin tan inconsistente, como la teora neoliberal del derrame. Se ignora que el sistema del capital se basa, y es a su vez la fuente, de las desigualdades sociales.

Los propios representantes del pueblo recrean abiertamente la desigualdad cuando se auto-otorgan aumentos de dietas legislativas, que obviamente nadie toma como parmetro para las negociaciones paritarias. El escndalo que suscitan esos privilegios suele oscurecer que el epicentro de la brecha social se ubica en el sector privado, dnde hay gerentes con sueldos mensuales de 2 a 10 millones de pesos. Es una hipocresa justificar estas remuneraciones con argumentos de libertad en el sector privado. Todas las empresas surgieron y operan mediante el sostn directo o indirecto del sector pblico. La desigualdad que se proyecta al Estado proviene del mercado.

En muchos de los economistas oficialistas se ha consumado un giro conservador para justificar esta continuidad, han naturalizado que el IVA se mantenga en los altsimos porcentajes actuales, mientras persisten gravmenes muy reducidos al patrimonio. Ni siquiera se modific el rgimen de exencin a la renta financiera, los privilegios a la compra-venta de empresas o la exencin del impuesto a las ganancias a los magistrados. Afirman que la reforma impositiva se ha ejecutado de hecho, mediante el crecimiento econmico, la presin tributaria y la creciente participacin del comercio exterior en el pago de distintas tasas. Esta tesis sintoniza con la presentacin del mnimo imponible a los salarios como un acto de justicia27.

Pero este enfoque iguala para abajo y frustra cualquier reduccin de la desigualdad. En vez de penalizar a los ricos se justifica el achatamiento de ingresos de los sectores medios. Los viejos cuestionamientos a la estructura tributaria regresiva son olvidados en pos de un bienestar que surgira del simple funcionamiento del modelo.

Por el contrario para quines integramos EDI las brechas sociales comenzaran a atenuarse con una reforma que instaure una mayor progresividad tributaria y con una asignacin transparente y efectiva, sin mediaciones polticas punteriles, de los mayores recursos genuinos que se recauden.

Cual es el sentido de la sintona fina?

El gobierno ha decidido enfrentar las limitaciones del modelo con polticas pro-empresariales de incentivo a la inversin privada. Por esta razn la presidenta emite mensajes de colaboracin a los socios capitalistas y convocatorias al reencuentro a los sectores antes enfrentados. Esta postura amigable hacia sojeros, industriales y banqueros coincide con agresiones a los sindicatos y advertencias a los movimientos sociales. Las promesas de modificar la ley de riesgos de trabajo convergen con las crticas a los huelguistas que extorsionan.

El objetivo de esta reorientacin es sustituir el impulso que hasta ahora brind la demanda, por la inversin. Esta variable qued desfasada de los restantes componentes del desenvolvimiento capitalista. Aunque subi de un nfimo piso (11% en 2002) a un promedio significativo (23-24% en 2010-11), la mejora no alcanza para sostener el nivel de actividad de los ltimos aos28. Se ha trabajado al lmite de la capacidad instalada de las plantas, exprimiendo los recursos existentes y sin ampliarlos con emprendimientos de largo alcance. Por esta razn los aumentos de productividad obedecen ms a la subsistencia de elevados niveles de explotacin que a la renovacin de los equipos. Muchas estimaciones destacan que la actividad industrial usufructu en la ltima dcada de las inversiones acumuladas en el decenio anterior29.

El gobierno ha chocado con la sucesin de conflictos que generan las polticas estatales en las decisiones empresarias. Por un lado se exhorta a incorporar libremente capital en las firmas y por otro se limita la posibilidad de girar dividendos y regalas y se trata de frenar la fuga de capitales. Por un lado se estimulan el consumo y la produccin y por el otro se fijan cupos de importaciones y se negocian precios. Estas contradicciones no son resultantes de una perversin intervencionista, ni tampoco ejercicio del doble discurso, como aseguran variados gures neoliberales. Estas contradicciones son el resultado objetivo de los desequilibrios que enfrenta la economa nacional. El gobierno simplemente afronta necesidades opuestas. Debe inducir la inversin para incrementar la oferta y frenar el alza de precios y al mismo tiempo debe intervenir para limitar el desbarajuste energtico o el desbalance comercial.

Esta mayor intervencin estatal es maliciosamente interpretada como un acto de hostilidad hacia los empresarios (enfrentamientos con las corporaciones), cuando en realidad no es ms que una tpica forma de arbitraje, para asegurar la continuidad de la actividad econmica fomentando ciertas ventajas y afectando algunos privilegios. Como siempre ha ocurrido, el silencio complaciente de los beneficiados contrasta con la ruidosa queja de los desfavorecidos. El primer grupo alaba la recuperacin del poder estatal y el segundo despotrica contra la violacin del libre-mercado.

El gobierno presenta su gestin como equidistante de los trabajadores y los capitalistas. Pero es muy difcil sostener esta argumentacin cuando se ensaya un giro pro-empresario que, de sostenerse en el tiempo, alejara al oficialismo de la agenda progresista . Se declara prescindente en la negociacin colectiva de los salarios, pero ha intentado imponer un tope. No se conoce algo similar en relacin a la rentabilidad de los empresarios. La legitimidad de las ganancias no es puesta en duda por un gobierno que rechaza las demandas de la CGT (ley de distribucin de las ganancias, aumento del mnimo no imponible, ampliacin de las asignaciones familiares) y se niega a considerar el costo de la canasta familiar como base para fijar el salario mnimo o en una negociacin salarial. El insulto a los docentes -repitiendo viejas falsedades de la derecha sobre la jornada laboral y las vacaciones- como antes con la tendinitis a los trabajadores del subte o la acusacin de extorsivas a las huelgas, forman parte de esta estrategia.

La denominada sintona fina encubre este mayor favoritismo hacia las clases dominantes. Incluye la implementacin de medidas que no tienen la envergadura de un ajuste brutal, como en el 2001-02, ni tampoco el alcance de la agresin imperante en Europa en la actualidad, pero que frenan la continuidad de mejoras sociales que alientan los partidarios de la profundizacin. El modelo inaugurado en el 2003 ha ingresado en una nueva etapa, tal vez caracterizada por una lnea defensiva frente al posible impacto de la crisis mundial y el agotamiento de ciertas variables internas, cuyas tendencias al menos hasta ahora se contradicen con el fuerte apoyo poltico del 54% obtenido en las elecciones.

Inflacin por ganancias y presin cambiaria

La inflacin concentra todos los desequilibrios de la etapa actual, pero la manipulacin de los ndices impide conocer su magnitud. Las evaluaciones tcnicas que se han hecho del manejo del INDEC arribaron a conclusiones demoledoras sobre esa distorsin. Si se toma en cuenta la evolucin de los precios calculada por los institutos provinciales, el incremento oscil en el 2010 y 2011 en torno al 25%. Pero el principal problema no radica en el cmputo sino en el propio fenmeno inflacionario, que se ha estabilizado muy por encima del promedio internacional o regional.

La caresta provoca un deterioro de los ingresos populares que socava las mejoras salariales y de ingresos sociales. Este impacto ha sido muy significativo en alimentos y vivienda y comienza a extenderse a los servicios. La caresta neutraliza la asignacin por hijo y tiende a situar nuevamente el porcentaje de la pobreza en torno al 30% y la indigencia cerca del 15%30.

Muchas causas se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios esencialmente aumentan para mantener las altas tasas de rentabilidad de las grandes empresas. Esta es la principal razn del flagelo. Los grupos capitalistas ms concentrados aseguran beneficios con remarcaciones que slo ellos pueden disponer. La inflacin actual no obedece como en el pasado al quebranto fiscal (como sostienen los neoliberales), ni expresa una pugna distributiva (como piensan algunos economistas K). Refleja fuertes restricciones de la oferta por insuficiencia de inversiones en un perodo de alta rentabilidad empresaria.

Los precios son empujados hacia arriba por una baja provisin de productos frente a una demanda recompuesta. Resulta imposible satisfacer con la misma capacidad instalada los nuevos pedidos de compra. La inflacin muestra as cmo el modelo, a pesar de todas las prebendas otorgadas, no logra expandir el abastecimiento de mercancas.

Existe una crtica liberal a este resultado que enfatiza el impacto adverso de la intervencin estatal sobre el comportamiento de los precios. Esta postura da lugar a una andana de insultos contra el secretario de comercio, que se ha convertido en el principal blanco de la presin meditica. El objetivo de la campaa anti- Moreno es recrear un ambiente favorable a la libertad de precios, es decir a la impunidad de las grandes empresas para remarcar sin ninguna restriccin. Cualquier planteo progresista debe situarse en las antpodas de esta actitud, sin olvidar que ha sido Moreno el que destruy el sistema estadstico nacional y los cuadros profesionales y tcnicos, formados por el Estado durante dcadas y que gozaban de prestigio y respeto internacional.

Desde hace varios aos el gobierno intenta infructuosamente atenuar el ascenso de los precios, a travs de negociaciones con las cpulas empresarias. Los capitalistas prometen pero nunca cumplen. Disfrazan los incrementos o los distribuyen en distintos puntos de las cadenas de comercializacin. Algunos economistas K suponen que esta distorsin se auto-corregir mediante la continuidad de un alto consumo que arrastrare a la inversin. Pero aqu aflora una ingenuidad simtrica al imaginario neoclsico, que espera ampliaciones automticas de la demanda por un efecto expansivo de la oferta. Con la versin invertida de la teora del derrame se supone que los capitalistas respondern a la continuada corriente de compras con espontneas inversiones, sin evaluar riesgos o rentabilidades.

La nueva apuesta oficial se orienta a inducir una baja paulatina de la inflacin, mediante topes salariales que induzcan a la inversin. Pero hasta ahora los grupos formadores de precios mantienen una actitud conservadora, que no modificarn por el simple efecto de las exhortaciones.

Sostenemos que la batalla contra la inflacin no fracasa por exceso de controles, sino por el carcter timorato de esa supervisin. Un programa popular de superacin del flagelo inflacionario debera basarse en presupuestos ms realistas. Para nosotros el control debe hacerse especialmente sobre los costos de produccin y de intermediacin. Esta accin tambin requerira asegurar la desvinculacin de los precios locales de las cotizaciones internacionales.

Como la inflacin se ubica por encima del 20% y la valorizacin anual del dlar no supera el 7, tal vez el 10% este ao, se ha consumado un desfasaje que genera tensiones cambiarias. Ms que un retraso del tipo de cambio se ha producido un adelanto de la inflacin. Este tipo de brechas arrastra una larga historia en Argentina y frecuentemente acompa las etapas de recuperacin pos-devaluatoria.

Recordando estas experiencias llueven las advertencias contra la repeticin de la tablita de Martnez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo. El establishment propone equilibrar el precio del dlar con las tradicionales medidas de empobrecimiento de la poblacin. No invierten, pero se lamentan del deterioro de la competitividad. No mejoran el abastecimiento local, pero objetan el control de las importaciones que ejerce el gobierno para resguardar los dlares.

En diciembre pasado se verific la primera pulseada para definir cul ser el ritmo y la magnitud del ajuste cambiario. Los grandes grupos exigieron celeridad, el gobierno rechaz esta imposicin y gan la pulseada, con medidas de corto plazo respaldadas en el alto nivel de las reservas. Fij restricciones a la compra minorista de dlares, restaur la obligacin de las empresas mineras y petroleras de liquidar localmente las divisas de las exportaciones e introdujo ciertos controles impositivos. Tambin evalu la posibilidad de recrear los viejos desdoblamientos del mercado cambios, entre operaciones comerciales, financieras y de turismo. Esta posibilidad est latente si la Cuenta Corriente (ingreso y salida de divisas) viera declinar su supervit en forma significativa.

El modelo est afectado por una fuga estructural de capitales, que se verifica en la casi duplicacin de las salidas del 2010 (21.500 millones de dlares frente a 11.400). Esta sangra ya suma 87.380 millones desde 2003, es decir un monto muy relevante frente a reservas que totalizan algo ms de 47.000 millones.

La salida de fondos triplica a las de Brasil o Mxico. Ya hay 134.000 millones de dlares en el exterior frente a un PBI estimado en 430.000 millones. Esta cifra ha crecido en forma constante desde el 2001 cuando era de 81.875 millones31.

Como en otros gobiernos, se intenta contrarrestar la fuga con medidas administrativas (declaraciones juradas de operaciones) y convocatorias a la confianza en el pas. Pero la inefectividad de estas respuestas salta a la vista. Las transferencias tienden actualmente a incrementarse para compensar los efectos de la crisis europea. Se estima que 6000 millones de dlares salieron el ao pasado por pedidos de las casas matrices a sus filiales. Por esta razn la reinstauracin de restricciones a la remisin de utilidades se ha tornado impostergable. Amparados en 50 tratados bilaterales de Inversin (TBI) que permiten el libre flujo de fondos, las compaas manejan el movimiento de capitales a su arbitrio, sin ninguna restriccin efectiva.

Algunos economistas afines al kirchnerismo solicitan restaurar la legislacin de los aos 70, que estableca plazos mnimos de inmovilizacin de fondos, otorgando al Estado facultades para bloquear los giros en situaciones crticas. Pero hasta ahora el gobierno no se atrevi a implementar una elemental medida de resguardo nacional.

Fisco, deuda, bancos

El supervit fiscal que acompa durante varios aos al modelo ha quedado atrs y comienza a reaparecer el viejo desbalance que tradicionalmente acos a las finanzas pblicas. Sin los auxilios del BCRA y los intereses del Fondo que administra la ANSES, las cuentas oficiales cerraran con un rojo creciente

Las agudas complicaciones que enfrentaron varias provincias (Santa Cruz, Rio Negro) para pagar sueldos o cumplir con los contratos son ilustrativas del bache fiscal. El Estado nacional monopoliza el 70% de la recaudacin y gotea en forma discrecional los fondos excedentes. El financiamiento pblico con ahorros del ANSES es una bomba de tiempo. Descapitaliza a un organismo que debera afrontar ante todo la mora en la liquidacin de las jubilaciones. Diariamente esa institucin recepta ms de 500 demandas por incumplimiento de esa obligacin. El gobierno afirma que maneja con seriedad esos recursos, pero en los hechos ha bloqueado la difusin de 211 informes de la Auditora General de la Nacin.

La magnitud del problema fiscal sali a flote con el plan de recorte de subsidios a los concesionarios de servicios pblicos. El dficit generado por esos pagos y las transferencias a las empresas crecieron en forma exponencial desde el 2003, bajo una maraa inmanejable de disposiciones.

No es consistente la presentacin oficial de estas erogaciones, como una exigencia del perodo pos-convertibilidad para sostener el consumo con bajas tarifas. Estos precios auxiliaron tambin durante aos las residencias de la clase alta y actividades tan suntuarias como los hipdromos y los casinos. En los hechos simplemente se mantuvo el esquema de privatizacin menemista para prorrogar los compromisos contrados con los concesionarios.

La decisin posterior de argentinizar estas erogaciones con transferencias a empresarios amigos acentu el despilfarro de recursos. El Estado perdi fuentes de recaudacin y garantiz duopolios (como telefnica y Telmex que eludieron la prestacin universal). Las ventas de paquetes accionarios a grupos nacionales (como el ingreso de Electro-Ingeniera a Metrogas) no aportaron ningn beneficio al sector pblico32.

Frente al crtico escenario actual el gobierno ha decidido achicar las prdidas que ocasionan los subsidios, reduciendo los mismos con un previsible impacto en las tarifas. Las boletas de electricidad, gas y agua que llegan a los barrios de altos ingresos con incrementos de 150-400% ilustran las consecuencias que podran tener aumentos significativos de las tarifas.

Seguramente el ajuste ser gestionado con tanteos y evaluaciones de la reaccin popular y por esta razn el anuncio inicial de mantener las viejas tarifas para el 10-15% de la poblacin fue posteriormente extendido al 65%. Pero si es as el dficit persistira y habra que recortar por otro lado.

Los funcionarios disean planes para diferenciar las tarifas asistenciales, que se mantendran invariables de los nuevos precios que afectarn al resto de la poblacin. Pero en el caso del transporte es evidente que no slo los receptores de ayuda social requieren el subsidio. Es una necesidad de la mayora de los pasajeros para ir a trabajar. Los ministros hablan todo el tiempo de ajustes redistributivos pero sin aclarar nunca cual es el costo de los servicios que obligara a introducir los aumentos. Este secreto es resguardado de cualquier auditora, para ocultar los enormes lucros de los concesionarios.

El desbalance fiscal induce a muchos funcionarios a reconsiderar la opcin del endeudamiento. La deuda pblica bruta del Estado en 2011, computando los intereses adeudados al Club de Pars y el monto de los bonistas que no aceptaron el canje, ronda los 188.000 millones de dlares, un 44% del PBI. Un 40% de ese monto est pesificado y en gran medida circula dentro del propio sector pblico. Aunque esta gravitacin de la deuda inter-estatal transfiere el riesgo al sistema previsional, existe una significativa reduccin de la carga en relacin al producto, las exportaciones o las reservas. Si se considera la deuda exigible, esto es la expresada en moneda extranjera en manos de privados y organismos, esta en el orden del 13% del PBI. Tambin los pagos de intereses son muy inferiores a la media del pasado o a la hipoteca que actualmente enfrenta cualquier pas desarrollado33.

Sin embargo los servicios de la deuda de este ao alcanzan a 15.000 millones de dlares, los vencimientos de capital se refinanciarn y los intereses de la parte de deuda en moneda extranjera se pagaran con reservas. Cuando la presidenta justifica la inexistencia de inversiones pblicas por los pagos que hered el Estado de esa catstrofe (19.641 millones de dlares en BODEN 2012), est justificando una erogacin que deberan haber soportados los bancos responsables del corralito.

Alertamos que el re- endeudamiento implicara retomar el ciclo que tantas veces asfixi a la Argentina, sera por dems contradictorio con el planteo oficial de desendeudamiento, que utiliza divisas del Banco Central para cancelar compromisos externos .

Los injustificados egresos que afronta el Estado se reduciran anulando las concesiones de servicios pblicos y los ingresos adicionales que requiere el fisco podran surgir de una reforma impositiva progresista. Esta solucin ha sido hasta ahora ignorada por el gobierno que se debate entre la alternativa de cortar gastos con ajuste o mantenerlos con nueva deuda y mayores adelantos del BCRA. As hay un fuerte debate en su interior sobre el rumbo a seguir. El retorno al mercado financiero es tanteado desde hace meses con aproximaciones al FMI y negociaciones de la deuda pendiente con el Club Paris. Este pasivo trep, sin ninguna justificacin, de 2260 millones de dlares a unos 8.000, si se computan los intereses devengados. Pero repitiendo la cancelacin anticipada al FMI se discute pagar toda la cuenta, sin realizar ninguna revisin de un pasivo que mayoritariamente fue contrado por la dictadura y est muy sospechado34.

El chisporroteo que opuso al gobierno con los economistas del establishment sobre la forma de encarar esos pagos, usar reservas o ajustar el presupuesto, se ha reactivado con la reciente reforma de la Carta Orgnica del Banco Central. La derecha ha puesto el grito en el cielo por este cambio afirmando que pretende financiar el bache fiscal con emisin. Exigen retomar una estricta correspondencia de los pesos en circulacin con las reservas en divisas, pero jams tuvieron esta disciplina cuando gobernaron y el rigor que demandan ahora obedece al inters de los acreedores, que buscan asegurar sus cobros con mayor respaldo del Estado en moneda extranjera.

La estricta proporcin que exigen para la emisin no es un antdoto de la inflacin, en la coyuntura actual la caresta tiene races ms estructurales que monetarias. Ese peligro efectivamente reaparecera si la persistente carencia de inversin conduce a un desborde de monetarizacin del gasto pblico.

La propuesta oficial parte de erradicar una rmora de la dictadura ligada a la idea de la convertibilidad, aunque ha negado la erradicacin de otra rmora, la Ley de Entidades Financieras an vigente. En concreto la reforma ampla la disponibilidad de fondos que el BCRA puede transferir a la Tesorera, tanto para el pago de deuda como para tapar baches financieros. Pero en los ltimos aos esta flexibilizacin se ha instrumentado en la prctica sin ningn cambio de legislacin. Un objetivo central para el gobierno es ampliar el bajsimo nivel de prstamos de largo plazo y poder orientarlos- en un marco de alta liquidez con el fin de ampliar el financiamiento del Estado.

Al cabo del proceso de reorganizacin del sector financiero que sigui al 2001, la concentracin de la actividad bancaria se ha incrementado. De las 400 entidades que haba en los aos 70 slo quedan 90 y las primeras 12 manejan ms del 50% de los crditos y depsitos. La depuracin del sistema se ha consumado, pero la expansin crediticia no se vislumbra por ningn lado. Los bancos realizan excelentes negocios con tarjetas para sostener el consumo, pero no aportan prstamos hipotecarios. Han amasado enormes utilidades en los ltimos aos mediante operaciones de intermediacin y manejo de la deuda pblica. Pero el porcentaje del crdito en relacin al PBI se reduce al 12% (frente al 45% de Brasil)35.

La reforma del BCRA tambin intenta reactivar el crdito con algunas regulaciones, resaltando la vigencia de un giro internacional hacia mayores supervisiones. Pero lo que ha imperado en Europa y Estados Unidos desde el 2008 es un generalizado socorro a los banqueros con fondos pblicos, que no debera ser tomado como referencia para ningn cambio del sistema.

En cualquier caso, los problemas que enfrenta el modelo en la esfera productiva no sern resueltos con artilugios monetarios. La iniciativa se ubica, adems, muy por detrs de otra propuesta oficialista de anular ley de entidades financieras vigente, para asignarle a la actividad financiera un status de servicio pblico.

Para los Economistas de Izquierda es indispensable ampliar la autonoma monetaria, pesificar la economa y recrear el crdito. Pero estos requerimientos estn obstruidos por los desequilibrios estructurales del modelo actual. La mayor flexibilidad en el uso de reservas que habilita la reforma debiera utilizarse para respaldar proyectos productivos y no el pago de la deuda. La suspensin unilateral de los pagos y la auditora e investigacin de la deuda es una propuesta que mantiene su vigencia, que debiera ser acompaada por las medidas de nacionalizacin requeridas para comenzar as a forjar el sistema bancario que necesita el pas.

PARTE 3: INTERPRETACIONES EN DISPUTA

El cinismo de la retrica neoliberal

La oposicin neoliberal no ha logrado remontar el desprestigio que arrastra por aplicacin del modelo privatista de los 90. Pero apuesta a la desmemoria que pavimentan los medios de comunicacin enfrentados al gobierno. Estos grupos enrarecen el clima poltico, esperando usufructuar el desgaste del oficialismo. El mensaje neoliberal repite las muletillas de siempre. Atribuye todas las desgracias de la economa al intervencionismo, que sofoca los mercados y a la corrupcin que impide una gestin eficiente. No les resulta muy difcil publicitar denuncias contra funcionarios impresentables, mientras ocultan cuidadosamente los pecados de sus protegidos (como Macri).

La andanada reaccionaria incluye acusaciones de chavismo y gran indignacin contra las medidas que ahuyentan los capitales, deterioran la confianza o extorsionan a las empresas. Salvaguardar los intereses de los grandes grupos econmicos es el lei motiv de una campaa con fuertes ingredientes de demagogia. La defensa de los jubilados contra la rapia de un gobierno obsesionado por la caja es un tem infaltable en el discurso de varios legisladores. Que sin sonrojarse apoyaron la privatizacin del sistema previsional y se opusieron a la nacionalizacin de las AFJP.

Los economistas neoliberales se muestran indignados con el populismo del gobierno. Consideran que el oficialismo genera inflacin y desinversin, al promover un crecimiento que no toma en cuenta las restricciones de la economa36. Siguiendo todas las prescripciones del manual neoclsico este diagnstico asume las limitaciones del entorno capitalista, como un dato inamovible. Slo recuerda la flexibilidad de esos condicionamientos cuando un equipo neoliberal se aposenta en el Ministerio de Economa.

Tambin es corriente presentar al populismo actual como una variante de sus modalidades tradicionales (Pern) o de versiones proclives al endeudamiento (Menen). Se supone que las tres vertientes refuerzan su manejo del poder con ddivas, clientelismo y manipulacin37. Pero los restantes gobiernos de las ltimas dcadas no recurrieron a los mismos instrumentos? Los militares fueron ajenos al endeudamiento? Los radicales prescindieron del gasto pblico? Si se juzga a esas administraciones con el mismo parmetro de evaluacin del populismo, se debera concluir que ese mal afect a todas las administraciones contemporneas. A partir de esta constatacin populismo no quiere decir absolutamente nada.

Los neoliberales tampoco presentan ejemplos de experiencias correctivas. Sugieren que la enfermedad podra curarse con ms preeminencia del mercado, como si el menemismo o la Alianza no hubieran existido. Algunos continan postulando la conveniencia de imitar las polticas de aperturismo y privatizacin que rigen en el resto del mundo38. Pero no aclaran cules son los ejemplos a seguir. Frente al desempleo y el empobrecimiento que golpea a las economas desarrolladas, ya no resulta tan sencillo elogiar a Estados Unidos. Luego del socorro europeo a los bancos no es fcil repetir que los argentinos somos irresponsables en el manejo de las finanzas. Ponderar el curso seguido por Brasil, Chile o Uruguay no suscita ya ningn entusiasmo.

Con una retrica ms cautelosa los neoliberales promueven los ajustes de siempre. Consideran que la emisin se ha desbocado, que el atraso cambiario obliga a devaluar y que el congelamiento de tarifas es anti-natural. Postulan enfriar la economa y achicar el poder de compra39. Se hacen eco de todas las prioridades de los banqueros: ampliar reservas, recrear el supervit fiscal y acordar con el Club de Paris. Esta poltica exigira tambin un recorte del consumo popular, que se ha expandido demasiado para los parmetros de la derecha. Por eso despotrican contra la fiesta de compras de los ltimos aos, recordando el peligroso antecedente de otros perodos de plata dulce y desborde salarial 40.

Esta mirada festeja el consumo suntuario de acaudalados como un dato normal de la existencia humana y se indigna con las corrientes de compras que superan el mnimo requerido por los trabajadores para subsistir. Derrochar la renta de la soja en departamentos de Puerto Madero es un juicioso acto de libertad, recuperar el nivel de consumo popular es un pecado de lesa economa.

El ajuste que pregonan apunta tambin a favorecer al agro-negocio. Algunos proclaman abiertamente esta intencin propiciando el regreso a formas del libre-comercio, para erradicar protecciones aduaneras y limitaciones a las exportaciones41. Esta postura expresa los viejos intereses del lobby agrario contra sectores industriales que usufructan de las restricciones comerciales. Desde el mismo campo se lanzan las crticas contra los empresarios prebendarios receptores de subsidios, que los dueos de la tierra siempre consideraron propios. Estos cuestionamientos ilustran cmo los capitalistas se resisten a compartir con los recin llegados, el acceso privilegiado a la tesorera estatal.

Su predica tambin incluye contundentes pronsticos de colapso de la economa K, que obviamente hasta ahora no se han verificado. Como nadie recuerda los desaciertos de esos presagios, la previsin de un gran desplome contina suscitando el mismo golpe de efecto42. Es difcil predeterminar el desemboque de las tensiones que acumula el modelo en el marco de la actual crisis mundial pero las debilidades estructurales, los desequilibrios y las inequidades de la economa argentina la tornan peligrosamente dependiente de los vaivenes internacionales .

Para el EDI la izquierda debe desligarse de cualquier identificacin involuntaria con esos mensajes neoliberales. No basta con separaciones categricas en el programa y la conducta, hay que erradicar cualquier semejanza en las caracterizaciones y los discursos. Una crtica progresista al gobierno debe situarse en las antpodas de los planteos neoliberales para evitar la intencionada mezcla de ambos planteos que hacen los medios de comunicacin hegemnicos.

Interpretaciones kirchneristas

Los defensores del modelo rechazan la teora del viento de cola para explicar el crecimiento de los ltimos aos. Consideran que el motor de este avance fue una poltica oficial de estmulo a la demanda domstica. A veces recogen estudios que contrastan lo ocurrido en Argentina con Chile y Per, para sealar que slo 4,1% del crecimiento del 7,1% (2003-10) obedeci a variables externas. En realidad, el ciclo ascendente ha obedecido a tres procesos convergentes: un indito aumento de los precios de las exportaciones, la poltica econmica expansiva y la recuperacin de la tasa de ganancia que sigui al brutal ajuste del 2001-02 (desvalorizacin general de salarios y capitales). En pocos pases se present esta combinacin de circunstancias.

Es indudablemente vlido cuestionar la simplificacin neoliberal, que atribuye la recuperacin slo a condiciones externas favorables. Tambin es correcto polemizar con los diagnsticos inconsistentes del establishment, que un da describe las oportunidades histricas que rodean a la Argentina y al otro diagnostica la explosin de la economa nacional. Pero la versin oficialista retrata un milagro de polticas activas, totalmente abstrado del contexto global y de la rentabilidad objetiva que recuper el capital. Supone que el modelo es virtuoso por s mismo y que auto-genera crecimiento, recaudacin fiscal y demanda43.

El carcter sesgado de esta evaluacin ha salido a flote en el ltimo perodo. La visin pro-gubernamental ignora estos lmites, al suponer que la economa K se regenera con impulsos virtuosos de la demanda. Consideran que este empuje del consumo garantiza la continuidad del buen sendero44. Pero este supuesto simplemente olvida la naturaleza capitalista de la economa argentina y su consiguiente dependencia de los patrones de lucro que impone la acumulacin. Si el sistema pudiera auto-propulsarse mediante simples mejoras del poder adquisitivo, resultaran innecesarios los eslabones que vinculan a esa demanda con la rentabilidad y la inversin. La ingenuidad keynesiana suele omitir esos nexos.

Los capitalistas no son agentes pasivos que reaccionan ante estmulos de la demanda. Exigen un nivel de ganancia determinado por la competencia y los costos. El escenario pos-crisis (2003-07) de una economa empujada por las ventas ha quedado atrs y los incentivos que exigen los dueos del poder, explican la poltica pro-empresarial del gobierno. Este giro desorienta al progresismo, que identifica el empuje del modelo con una redistribucin del ingreso difcil de corroborar. Resaltan incrementos del salario formal, ignorando lo ocurrido con la productividad, los precios y los costos laborales. Suponen que el sueo socialdemcrata de un empresariado benevolente ha comenzado a realizarse, sin notar que el repunte del consumo se ha situado por detrs del engrosamiento de las ganancias. Algunos enfoques ms acotados atribuyen el ciclo ascendente de la ltima dcada al des-endeudamiento. Pero este desahogo de la economa por alivios financieros no fue gratuito, ni solventado por acreedores. Deriv de un brutal proceso de confiscacin de ahorros, que en gran medida consumaron los mismos grupos econmicos que lideran la recuperacin. Algunos entusiastas del curso actual contrastan la realidad argentina con el desplome europeo y convocan al aprendizaje internacional de nuestros logros. Destacan especialmente el papel de la presidenta en las reuniones del G 20 y sus recomendaciones de polticas anti- ajuste45.

Pero olvidan que los polticos de la clase dominante argentina implementaban en los 90, los mismos atropellos que se llevan a cabo en el viejo Continente. La identidad que se verifica actualmente entre social-demcratas y conservadores europeos, es muy semejante al parecido que tenan los radicales con los justicialistas, hace una dcada. Los gestores del capitalismo deben hacer lo que el sistema exige en cada perodo, frecuentemente los mismos personajes lideran ajustes y encabezan reactivaciones.

En lugar de registrar esta complementariedad, los economistas K resaltan la oposicin ficticia que ha puesto en boga la presidenta, al contrastar el modelo argentino de capitalismo serio con el esquema neoliberal de anarco-capitalismo. Ciertos analistas interpretan que esa diferencia distingue un proyecto de pas igualitario de un sistema gobernado por la primaca del mercado46.

Pero cul es el modelo de pas que esperan desenvolver los progresistas K? Hasta hace poco tiempo ese norte estaba representado por el modelo social alemn. Actualmente resulta difcil sostener esa reivindicacin, a la luz del atropello que estn consumando los banqueros germanos en Grecia y la sobreexplotacin del trabajo en Alemania. Encontrar un sustituto es an ms complicado, puesto que los modelos asiticos de explotacin de la fuerza de trabajo son incompatibles con cualquier ideal de justicia social. La dificultad para presentar un modelo capitalista a emular radica que en que todas las variantes de este sistema se basan en la competencia, el beneficio y la explotacin, es decir en tres rasgos antagnicos con la igualdad. El capitalismo serio como el anrquico son dos modalidades de la inequidad vigente.

La resignacin de los economistas K.

Un problema no menor del modelo en su fracaso en el intento de crear una burguesa nacional desde el Estado. El esquema de subsidios, contratos privilegiados y favores mutuos con Cirigiliano, Eskenazi, Cristbal Lpez o Eurnekian, dio lugar al capitalismo de amigos incompatible con el objetivo de un sistema competitivo arbitrado por el Estado.

Esa relacin con socios privilegiados es traumtica y ha generado situaciones de capitalismo de ex amigos. Pero los enojos slo modifican el lugar de los grupos preferidos y en la mayora de los casos abren un parntesis hasta nuevas reconciliaciones.

La relacin de los funcionarios con Technit es un ejemplo del rumbo que adoptan estas asociaciones. Al principio prevalecieron estrechas relaciones con la empresa, reforzadas con la intermediacin presidencial en la indemnizacin de SIDOR (Venezuela). Luego aparecieron los conflictos por corrupcin y la queja oficial ante la predileccin de la firma por invertir en el exterior. Sobrevinieron tambin tensiones por la presin de los representantes estatales en el directorio, pero ahora se vislumbra un nuevo reencuentro. En esta secuencia de reproches nunca se revisa el oscuro enriquecimiento de la empresa desde los aos 70 mediante incontables favores oficiales47.

El trasfondo del problema radica en las dificultades que enfrenta el equipo K para erigir un capitalismo nacional, sin la vieja burguesa nacional que priorizaba el mercado interno. Este sector perdi relevancia y actualmente predominan los grupos transnacionalizados. Cuando se satura el rea en que operan estos sectores, tienden a buscar salidas en el exterior. Esta conducta es coherente con el comportamiento habitual de toda la burguesa local que realiza pocas inversiones, renueva su rentabilidad remarcando precios y fuga capital ante cualquier inconveniente. Como reconoce un conocido promotor del industrialismo: Piedra libre para quien encuentre a la burguesa nacional 48.

Muchos simpatizantes del curso actual han ingresado al gobierno en los ltimos meses, con cargos de gran relevancia en el rea econmica. Han pasado del sostn externo a la gestin directa desde los ministerios y las secretaras. Ya no se agrupan en centros de estudio sino que actan como funcionarios, asumiendo la defensa integral del modelo. Con este cambio ha desaparecido el sentido limitadamente crtico que mantenan desde el llano. Existe una significativa diferencia entre acompaar con reparos el proyecto oficial y asumir la instrumentacin directa de un esquema capitalista, que perpeta la dominacin de los privilegiados.

Desde el poder se percibe como mayor nitidez la inexistencia de la burguesa nacional, que Kirchner imaginaba como sujeto transformador de la economa. Ciertos analistas todava confan en la aparicin de este segmento y en su papel conductor de un desarrollo con inclusin social 49. Pero salta a la vista la ausencia de ese agente y la consiguiente preeminencia de los mismos grupos dominantes que manejan el poder econmico desde hace dcadas. No hay otro capitalismo diferente al que impera en pas. Esta configuracin no se ha modificado bajo la gestin de Alfonsn, Menen, De la Ra, Duhalde o los Kirchner.

Frente a esta evidencia muchos economistas K tienden a resignarse o a esperar cambios de menor alcance. Mantienen la expectativa de disciplinar a los grupos econmicos, a travs de presiones asentadas en la articulacin de las mayoras populares. Suponen que por este camino la poltica tendr preeminencia sobre la economa50. Pero como esta esperanza choca una y otra vez con el mismo muro, el paso del tiempo afianza la convalidacin del status quo. En los hechos ningn sector burgus de importancia se somete al dictado oficial. Mantienen la cortesa y prometen cumplir con las exhortaciones gubernamentales, pero en la prctica hacen negocios contrarios al inters general. No han modificado su vieja costumbre de aumentar precios, fugar capitales y desinvertir.

Frente a esta constatacin hay quienes han comenzado a reconsiderar estrategias de crecimiento ms basadas en la asociacin con el capital extranjero, que en la promocin de los capitalistas locales. Esta opcin es evaluada con la esperanza de repetir el camino asitico o la concertacin con las empresas transnacionales, que se implement en Singapur o Irlanda. Un test en esta direccin ha sido el generalizado aval al negocio minero.

Este viraje hacia la convalidacin de la asociacin multinacional tiende a reforzarse, a medida que avanza la integracin con el principal socio de la regin. La corriente unidireccional de adquisiciones argentinas por parte de firmas brasileas ha comenzado a compensarse con ciertos movimientos inversos. Ya no slo ingresan al pas Petrobras, Camargo Correa, Am Bev, Fibroi o Banco do Brasil, sino que Techint, Eurnekian, Pescarmona, Grobo y Arcor colocan capitales en el principal mercado de Sudamrica. El resultado de este empalme es la creciente transnacionalizacin de las compaas involucradas, en desmedro de objetivos de desarrollo establecidos a escala nacional. La incidencia de cualquier exhortacin gubernamental decrece, en proporcin a la envergadura internacional que alcanza su interlocutor empresario.

La historia econmica argentina est signada por los infructuosos intentos que realizaron los gobiernos peronistas para apuntalar desde el Estado el fortalecimiento de una burguesa industrial competitiva. El fracaso de este propsito siempre condujo a virajes conservadores (Pern en 1953-54 y Pern-Isabel en1974-75). La gran incgnita a develar en la prxima etapa es si estamos frente la repeticin de esa secuencia51.

PARTE 4: CUADRO DE SITUACIN Y PROYECTO

Hay un nuevo cuadro de situacin en el pas y con el ao 2012 debuta una experiencia poltica distinta a lo vivido en la ltima dcada. Las nuevas demandas que tienden a ganar relevancia son en gran medida instaladas por movimientos sociales, organizaciones gremiales y asambleas ciudadanas, pero tambin por una realidad que muestra el estallido de contradicciones y problemas estructurales del modelo.

Por primera vez el gobierno es desafiado por la realidad y emergen propuestas de izquierda, que erosionan la estrategia oficial de presentar cualquier conflicto, como una disputa entre el pasado neoliberal y el presente progresista. Sustraerse a esa falsa disyuntiva es el gran desafo que enfrenta el movimiento popular.

Los trabajadores, los estudiantes y los jvenes que reclaman lo suyo pueden as avanzar en la construccin de una alternativa propia para conquistar esos reclamos. Las prioridades inmediatas ya han salido a la superficie: salarios ajustados por inflacin; paritarias sin topes; agricultura diversificada; minera limitada con procesamiento de productos; re- nacionalizacin de los hidrocarburos ; estatizacin de los ferrocarriles bajo control de trabajadores y los usuarios, reindustrializacin con empleo productivo y reforma impositiva integral. Salida del CIADI, nueva ley de inversiones extranjeras y revisin de todos los convenios bilaterales sobre las mismas, suspensin de los pagos de la deuda externa y nacionalizacin de la banca y el comercio exterior .

Un punto central a tomar por los distintos colectivos es la derogacin de la Llamada Ley Antiterrorista. Por medio de la sancin de la Ley 26.734, se incorpor al Cdigo Penal una agravante genrica, y una reformulacin al tipo penal de financiamiento del terrorismo dentro del Captulo de los Delitos contra el orden econmico y financiero. El origen de esta ley ha sido cumplir con una exigencia del GAFI (Grupo de Accin financiera Internacional) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestro pas pero la indefiniciones en su articulado hacen que esta ley pueda ser aplicada a las protestas sociales.

En las batallas por estas demandas se puede ir ms all de una sociedad gobernada por el lucro, regida por la explotacin y signada por la desigualdad. Se puede construir otra economa, distanciada del capitalismo liberal o regulado, y ms prxima a los ideales de igualdad anticapitalistas. Reivindicar abiertamente esas metas pos-capitalistas es un aliciente para luchar todos los das por un futuro de genuina justicia.

Los Economistas de Izquierda afirmamos que los problemas de largo alcance, as como algunos que se manifiestan en la coyuntura, tienen un origen estructural, propios de un capitalismo dependiente como el nuestro. Abordar estos problemas con la conviccin de superarlos requiere enfocarlos desde una orientacin anticapitalista y en ese marco discutir las prioridades de una agenda transformadora que llevar a enfrentar a las corporaciones y el imperialismo.

Economistas de Izquierda

Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, Jose Castillo,

Alberto Teszkiewicz, Julio Gambina, Mariano Fliz, Jorge Orovitz Sanmartino,

Martn Ogando, Sergio Garca, Hugo Azcurra, Guillermo Almeyra, Martn Kalos,

Ariel Slipak, Facundo Lastra.

Marzo 2012.

Notas:

1 La Nacin 27-2-2012.

2 Como siempre reclamaron sus voceros. Ver por ejemplo: Montamat Daniel El ajuste del relato lleg a YPF La Nacin 23-2-2012.

3 Ver informe de Cash-Pgina 12, 4-3-2012.

4 Varios autores en Pgina 12, 29-1-2012 y Clarn 20-2-2012

5 Un ejemplo en Diego Cabot, El galimatas de los subsidios millonarios, La Nacin 25-2-2012.

6 Clarn, 17-1-2012

7 Los nmeros detrs de la furia contra la minera de Andalgal, La Nacin, 19-2-2012

8 Pgina 12, 19-2-2012.

9 Ver la documentacin expuesta por Bonasso, Miguel: Economa argentina: nuevo colonialismo La Nacin, 19-10-2011.

10 Brienza Hernn, Famatina hay que pensarla, Tiempo Argentino, 11-2-2012.

11 Clarn, 27-9-10, Clarn 10-8-10).

12 Ver: Arancibia Fabiana, Extranjerizacin y modelo agropecuario Rebelin, 24-9-2011.

13 Clarn, 22-1-10

14 Ver Guadagni, Aldo: Para avanzar hay que mirar lejos, La Nacin, 21-6-10, Grobocopatel, Gustavo: Protenas como arma de negociacin con el mundo, La Nacin, 5-8-10

15 Martnez, Enrique: La macro y la micro, Pgina 12, 1-9-10.

16 Clarn, 28-12-2010, Pgina 12, 15-1-11

17 Schorr Martin, aesta.blogspot.com/201,23-3-2011, Pgina 12, 4-12-11

18 Ver informe de este rgimen en Pgina 12, 11-10.

19 Clarn, 28-12-2010.

20 Seijo Rubn, La economa kirchnerista, Pgina 12, 13-2-2011

21 Sztulwark S ebastin y Juncal Santiago, Como profundizar el modelo, Pgina 12 , 2-5-2011

22 Ver Pagina 12,11-10-10.

23 Clarn, 18-5-10.

24 Navarro Roberto, Una mejora de distribucin, Pgina 12, 31-1-11.

25 Lindemboin Javier, El reparto mejora y est como en 1995, La Nacin, 15-5-2011. Tambin La Nacin, 20-9-2011

26 Ver Tavosnaska Andrs, Ganan como nunca y no reparten, Pgina 12, 14-9-10.

27 Pgina 12, 6-2-2011 y 24-4-2011.

28 Pgina 12, 5-3-2012.

29 Pgina 12, 30-5-2011.

30 Clarn, 3-10-10.

31 Clarn, 4-7-2010, Pgina 12, 30-8-10.

32 Ver Clarn, 29-12-10.

33 Pgina 12, 18-9-2011.

34 Clarn, 18-9-10

35 Pgina 12, 15-8-10.

36 Rozenwurcel Guillermo, El populismo econmico siempre es auto-destructivo, Clarn 8-2-2012.

37 Zaffore Carlos,Cristina tiene nostalgias de Menen Clarn 8-2-2012.

38 Llach Lucas, Cuando se jodi la economa K, La Nacin, 5-2-2011.

39 Llach, Juan: Todava se est a tiempo de enmendar los errores, La Nacin, 8-11-2011, Kohan, Guillermo: Bienvenidos al estatismo, La Nacin, 19-7-2010.

40 Llach, Juan: Hipotecando el futuro, La Nacin, 22-3-2011.

41 Gerchunoff, Pablo: La economa kirchnerista ha terminado, La Nacin, 15-1-2012.

42 Por ejemplo Pagni, Carlos: Seales de que el modelo ha muerto La Nacin, 7-3-2011

43 Scaletta, Claudio: La eficacia del modelo Pagina 12, 24-4-2011.

44 Navarro, Roberto: Es difcil frenar una locomotora Pagina 12, 25-2-2012.

45 Informes del programa de TV 6, 7, 8. Palomino, Hctor: Percepcin del establishment. Pgina 21-2-2011

46 Peralta Ramos, Mnica: Sintona fina, el comienzo de una nueva etapa, Pagina 12, 23-1-2012.

47 Ver La resurreccin de un viejo conflicto Pgina 12, 26-4-2011.

48 Muchnik, Daniel: Nuestra burguesa nacional, La Nacin, 13-9-2011.

49 Bernal, Federico: Conflicto con grupos econmicos y desarrollo nacional, Pgina 12, 22-5-2011.

50 Wierzba, Guillermo: Neo-progresistas del establishment Pgina 12, 22-1-2012. Romero, Ricardo: Respuesta Pgina 12, 15-1-2011.

51 Ver antecedentes mbito Financiero, 16-2-2012.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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