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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2012

Una ley para democratizar la comunicacin

Sally Burch
Alai


El Proyecto de Ley Orgnica de Comunicacin de Ecuador, que el mircoles 11 de abril entrar a votacin en la Asamblea Nacional, establece las garantas y normas de los derechos de la comunicacin establecidos en Constitucin del 2008, que es quizs la ms avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley, marcara un avance significativo para las reivindicaciones histricas del movimiento por la democratizacin de la comunicacin, no solo del Ecuador, sino del continente.

Este proyecto (1), cuya votacin se anuncia cerrada, abre el camino para un cambio estructural clave, una virtual reforma agraria del aire, al establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisin en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios pblicos y 33 % para medios privados.

Segn el proyecto de Ley, que reconoce a la comunicacin social como un servicio pblico que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, los medios comunitarios son aquellos "cuya propiedad, administracin y direccin corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sin fines de lucro. Operarn en igualdad de condiciones con los otros sectores, pero se beneficiarn, adems, de polticas pblicas para su creacin y fortalecimiento, como "mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad". (Art. 92). Adems, bajo la poltica de favorecer la economa solidaria, se prev que las entidades estatales contraten publicidad y servicios en tales medios para la difusin de contenidos educativos y culturales.

Otro aspecto importante de la normativa es que impedira la concentracin oligoplica, al establecer un lmite para una misma persona (natural o jurdica) de una sola frecuencia para matriz en AM, una en FM y una de televisin, en todo el territorio. Actualmente cerca del 90 % de las frecuencias estn en manos privadas. La ley prev que para alcanzar en forma progresiva el reparto a los sectores pblico y comunitario, se priorizar la concesin a estos dos sectores, hasta alcanzar los porcentajes correspondientes, utilizando las frecuencias disponibles y las que se reviertan al Estado, por los motivos dispuestos en la Ley y la Constitucin.

Parte del espectro radioelctrico se liberar mediante la reversin de aquellas frecuencias que fueron asignadas sin seguir el debido proceso legal, o cuyos concesionarios hayan hecho un manejo irregular de las mismas. La Auditora de Frecuencias, realizada bajo mandato de la Constitucin, sera la base para determinar estas reversiones, que podran ser ms de 200, segn dio a conocer el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Tales frecuencias debern revertirse de inmediato al Estado. Adems, desde la consulta popular 2011, la Constitucin prohbe que las empresas de comunicacin, sus directivos o accionistas puedan tener participacin accionaria en empresas de otro sector econmico.

Otra medidas, destinadas a estimular la produccin nacional, prevn la obligacin de tener un 40 % de contenido nacional en los medios audiovisuales y 10 % de produccin nacional independiente. En las radios, el 50 % de la msica debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Adems, la publicidad debe ser producida en el pas.

En el proyecto de Ley, se establecen tambin normas para un manejo responsable de la informacin por parte de la prensa. Por ejemplo, se estipula que la informacin publicada debe ser debidamente verificada y se establece la obligacin -con las sanciones correspondientes en caso de omisin- de rectificacin de informaciones falsas o inexactas, y el derecho de rplica cuando una persona considere que la informacin afecta sus derechos a la dignidad, honra o reputacin.

Se garantiza, adems, los derechos de los profesionales de la comunicacin, como la clusula de conciencia, reserva de la fuente y secreto profesional y derechos laborales. Uno de los temas ms polmicos fue la titularizacin obligatoria de periodistas. El debate gir en torno a si sta atenta o no a la libertad de expresin de la ciudadana, pero tambin a las garantas del derecho ciudadano de ser debidamente informado, lo cual exige de destrezas profesionales. En su ltima versin, el proyecto de Ley prev que quien ejerza en forma permanente el periodismo debe tener ttulo profesional (salvo editorialistas, columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en idiomas indgenas). Se prev un plazo de 6 aos para que quien ya trabaja en un medio adquiera su ttulo.

Una ley construida con la sociedad

Al igual que sucedi en Argentina, buena parte de la prensa comercial y sectores de la derecha han unido fuerzas, desde hace ms de dos aos, contra lo que, antes de que se redactara una lnea, la tildaron como ley mordaza, bajo la premisa de que en materia de comunicacin la mejor ley es la que no existe. Es evidente que la ley afectar intereses poderosos, lo cual sin duda explica su tenaz oposicin, que justifican bajo los reclamos de "libertad de expresin". Uno de los puntos ms polmicos ha sido la composicin del Consejo de Regulacin y Desarrollo de la Comunicacin -que tiene entre sus funciones elaborar el informe vinculante para la adjudicacin o autorizacin de concesiones de frecuencias- que para algunas voces crticas concentra demasiado poder en el gobierno de turno (si bien el ejecutivo solo nombra a uno de los 5 representantes).

Se argumenta que el texto de la Ley contraviene convenciones internacionales firmadas por Ecuador, lo cual vislumbra posibles acciones ante los organismos internacionales si la ley se aprueba (aunque de hecho, en su redaccin se ha cuidado de respetar las convenciones vinculantes). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya califica de "preocupante" la Ley y es de esperar que se articular una campaa meditica regional para atacarla, como se ha hecho tantas veces en los ltimos aos, cada vez que alguno de los gobiernos ha tocado los intereses del poder comunicacional.

La ltima versin del proyecto, publicado el pasado 5 de abril, representa el fruto de ms de dos aos de foros pblicos, debates en medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias sociales, y diversos otros aportes, que hacen que esta ley sea una de las ms debatidas del pas. Varias de las propuestas centrales, como el reparto igualitario de frecuencias, no provinieron de sectores oficialistas, sino desde actores sociales. El gobierno ha mantenido una actitud ambigua frente a la Ley, hecho que impidi que se votara dos aos atrs -como mandataba la Constitucin- cuando el movimiento poltico gobernante, Alianza PAIS, an tena mayora en la Asamblea. En varias oportunidades el propio Presidente Rafael Correa ha reiterado que no es una ley prioritaria para el gobierno, y tanto en el ejecutivo como en PAIS, hay sectores que se oponen a la tesis de los tres tercios en el reparto de frecuencias. Fue solamente en el pasado mes de marzo que Correa expres un claro respaldo a ella, lo cual aline posiciones al interior del gobierno.

Sin duda el proyecto tiene varias falencias y aspectos que podran mejorarse. Por ejemplo, la participacin ciudadana en la gestin de los medios pblicos no est muy clara, siendo un aspecto importante para garantizar su carcter pblico. No obstante, con su aprobacin, podra sentar las bases para una reconfiguracin y democratizacin profunda del escenario comunicacional, actualmente acaparado por unos pocos grupos de poder. Seguramente su implementacin no ser un proceso fcil. Al igual que el reparto de la tierra, requerir de procesos de organizacin, propuesta, creacin de capacidades y lucha, particularmente para consolidar el sector comunitario. Pero si se logra esta primera batalla, se podr contar con la legitimacin de las demandas y una cancha de juego ms igualitaria.

En este contexto, resulta difcil de entender que sectores de la oposicin ecuatoriana ms identificados con la izquierda se alineen con las posiciones de los grandes medios comerciales y de la derecha. Sin duda consideran que oponerse a la ley es una manera de golpearle al gobierno, cuando ms bien golpean al movimiento social que ha promovido la ley, y a la ciudadana que se beneficiar de ella; y de paso, hacen un favor a aquellos sectores dentro del propio gobierno, que no ven con buen ojo las medidas democratizadoras.

Se simpatice o no con un gobierno, mal se puede renegar de las propias banderas histricas, cuando ste las adopta como suyas. Ms bien implica movilizar ms intensamente y vigilar para que su implementacin sea efectiva. No solo se beneficiara el pas, sino que sentara un ejemplo para el continente.

Es con este sentido que la Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad ha hecho pblico su apoyo al proyecto de ley mediante una carta abierta(2) suscrita, entre otros, por Ignacio Ramonet, Ana Esther Cecea, Carmen Bohrquez, Marta Harnecker y Oscar Ugarteche, donde se afirma que es un proyecto que "ciudadaniza el espectro radioelctrico ecuatoriano mediante una redistribucin equitativa de las frecuencias de radio y televisin (), elimina los monopolios, fomenta la produccin nacional, promueve la comunicacin intercultural y plurinacional y garantiza la plena libertad de expresin e informacin", y "ser un aporte valioso a la democratizacin de las comunicaciones en toda Nuestra Amrica".


(1) La versin del proyecto de Ley publicada el 5 de abril 2012 se encuentra en:
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/articulado-final-ley-comunicacion-04-04-2012.pdf

(2) Carta de Apoyo al proyecto de Ley de Comunicaciones de Ecuador: http://movimientos.org/foro_comunicacion/show_text.php3?key=20547


Fuente original: http://alainet.org/active/53975


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