Son jóvenes, en ocasiones demasiado jóvenes. Deambulan por las calles mal vestidos, en ocasiones descalzos y sin un hogar al que regresar. Algunos venden pañuelos de papel o paquetes de chicles en las estaciones de tren o de autobús, otros simplemente piden limosna o algo que comer.

Son los niños de la calle. Un problema social que va creciendo y que comienza a preocupar seriamente a las autoridades tunecinas. Incluso la prensa local comienza a hacerse eco, algo insólito en un tipo de periodismo que únicamente se caracteriza por lanzar loas y magnificar los logros del presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Alí.

La voz de alarma la ha dado la moderada y progubernamental sección tunecina de UNICEF. Según el informe “La situación de los niños en Túnez. Análisis y recomendaciones”, elaborado en 2004, la falta de apoyo y las dificultades sociales y económicas, están haciendo que muchas familias se despreocupen de sus hijos, siendo ésta la primera de las causas de riesgo de lo que el informe denomina “niños en peligro”. Estas situaciones son más frecuentes en zonas urbanas y suburbanas.

Muchos de estos menores constituyen el caldo de cultivo de la delincuencia y la marginación social. En la mayoría de los casos, el joven delincuente deriva de familias necesitadas o desestructuradas. Son hijos de progenitores con antecedentes penales, o criados en ausencia del padre o la madre, o inmersos en problemas de violencia doméstica. Los adolescentes delincuentes mayoritariamente tienen entre 14 y 18 años.

Los menores de 18 años constituyen el 40% de una población de casi 10 millones de habitantes. En Túnez no existen cifras oficiales sobre el número de niños o jóvenes que pueden hallarse en situación de riesgo, pero en 1999 los servicios de seguridad nacional trataron a unos 1.500 adolescentes en situación de “desviación o predelincuencia”.

Aproximadamente el 70% de estos adolescentes estaban escolarizados y seguían normalmente las clases, pero se entregaban al robo durante las vacaciones escolares. El otro perfil del “predelincuente”, que concierne al resto de los casos, era el de un adolescente nacido en el seno de una familia numerosa, con una débil renta económica, y menor de 14 años.

En 2001, el número de casos que trataron los tribunales correccionales (denuncias de poca gravedad) se elevó a 10.643, lo que representaba el 4% del total de los juicios contra menores. Por el contrario, cerca del 80% de los asuntos que implicaban a niños se referían a atentados contra personas y contra la propiedad. Para los asuntos criminales, el porcentaje de juicios en los que estaban inmersos menores supusieron el 13%.

La evolución entre 1999 y 2001 de los asuntos criminales que implican a niños testimonia un aumento inquietante del 30%. Este aumento, combinado con la disminución de los casos seguidos en tribunales correccionales, muestra el agravamiento de las infracciones de la ley cometidas por jóvenes.

Tan inquietante como este dato es el elevado índice de reincidencia en el delito: en 2001 era del 22,5%, lo que atestigua las ineficaces medidas adoptadas para reinsertar socialmente a niños y jóvenes.

Según la ley en Túnez la edad mínima de responsabilidad penal son 13 años. El Código de Protección del Niño mejora los contenidos con respecto al código penal, debiendo favorecer la dignidad del menor y tomando en consideración su edad y la necesidad de facilitar su reinserción social. Sin embargo, los datos estudiados ponen en duda que las políticas seguidas ayuden siquiera a reducir el círculo de marginación social que empuja a los menores hacia la delincuencia.