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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-04-2012

La democracia devaluada: sobre la poltica del miedo en Espaa

Arturo Borra
Rebelin


El giro policial del estado espaol haca prever lo peor. Lo previsible de una estrategia de criminalizacin orientada a la represin de la protesta social no le resta en lo ms mnimo su gravedad institucional y poltica . Utilizar mtodos de guerra sucia (infiltrando polica secreta en las movilizaciones a efectos de incentivar los enfrentamientos con la polica uniformada y justificar lo que de antemano ya estaba decidid o ), ampliar las detenciones arbitrarias , convertir en moneda corriente el uso de gases lacrimgenos , efectuar disparos con balas de goma a mansalva y a corta distancia contra los manifestantes, repetir como rutina policial las cargas indiscriminadas, multar a cientos de ciudadanos por protestar de forma pacfica e imputar a decenas de ellos con acusaciones tan graves como falsas, por mencionar slo las modalidades ms llamativas , se ha n convertido en prctica s habitual es de la polica espaola que, de forma creciente y con total impunidad, apela al abuso de autoridad como parte del ejercicio regular de la misma.

El incumplimiento del derecho por parte de quienes deben preservarlo presagia un perodo de convulsin . Ni siquiera las prcticas policiales abusivas bastan para atemperar una conflictividad social creciente. De ah que en su escalada autoritaria el gobierno espaol quiera imponer el miedo en los cuerpos; instaurar un rgimen de criminalizacin que mantenga, dentro de ciertos lmites ms o menos controlados , cualquier atisbo de protesta social. La actual voluntad gubernamental de sancionar leyes antidemocrticas que conviertan el ejercicio pblico de la disidencia en una prctica terrorista no slo va en serio: ahonda en el deterioro de una democracia de por s devaluada , convertida en un procedimiento ( tendencialmente vaco ) de alternancia bipartidaria en las instituciones de gobierno , sometidas al dictado de los agentes financieros y econmicos ms concentrados .

La retrica neoliberal de justificacin del saqueo planificado a decenas de millones de ciudadanos espaoles -incluyendo desde luego a buena parte del electorado cmplice que los vot- se aproxima al delirium tremens : hagan lo que hagan, seguirn insistiendo con un discurso de salvacin carente de cualquier conexin con la poltica del pnico que estn institucionalizand o, a partir de la operacin de armar su violencia de derecho . Bien podra compadecerse a quien padece sus sntomas, producto de este sndrome de abstinencia, si no fuera porque en este c aso se trata de una pantomima del delirio : la que pretende convertir cualquier disidencia organizada en una organizacin criminal. Que el delirio alucinatorio convertido en ley sea compartido por los principales responsables de un orden internacional ( ahora s, autnticamente criminal ) no hace ms que reafirmar la conviccin de que estamos gobernados por oligarquas que han perdido, en nombre de la razn de estado o de la razn econmica , cualquier posibilidad de tomar decisiones democrticas en los asuntos ms decisivos para la convivencia humana . La restriccin radical del derecho de manifestacin y reunin, as como la censura prevista en el uso de las tecnologas de la comunicacin y la informacin cierran el crculo de la propaganda oficial, vehiculizada a travs de medios masivos de comunicacin cada vez ms marcados por la falta de pluralidad ideolgica y por la censura institucional .

La razn delirante del actual gobierno espaol hace manifiesta la locura homicida que es la lgica latente del sistema. No faltan, desde luego, racionalizaciones para esta inversin autoritaria. E n ltima instancia, esta locura no es lo otro a la razn de estado (policial) , sino su fundamento: no importa lo que ocurra, a condicin de salvar la fachada. En este caso, sin embargo, son perfectamente conscientes de lo que hacen. A diferencia de quien ha perdido toda razn, el gobierno encarna la razn cnica. Como dira Sloterdijk, lo saben y an as lo hacen. De ah que erijan en ley su sinrazn, arremetiendo contra derechos cvicos fundamentales en nombre del derecho. Esta peculiar clase de violencia, tan paradjica como efectiva, recuerda la pesadilla totalitaria que denunciara H. Arendt en la que todo es posible a plena luz del da.

Si todo derecho asienta en una clase especfica de violencia , la violencia actual del gobierno quiere ampararse en la construccin de nuevos delitos referidos a prcticas que hasta fechas recientes resultaban indiferentes a su dominio , como ocurre por ejemplo con la pretendida tipifica cin penal de la s convocatoria s realizadas a travs de Internet ( especialmente, en los llamados medios y redes sociales ) que deriven en actos violentos. La instauracin de una culpabilidad metafsica, en la que el sujeto es culpable por algo que objetivamente no puede saber (esto es: el devenir de la movilizacin que convoca) se asemeja a la gramtica de accin de las dictaduras, en la que preventivamente se condena a alguien por un delito que no cometi.

Incluso si el gobierno nacional no llega al punto de equiparar violencia callejera con kale borroka , tal como se pretende en Catalua , igualar la alteracin del orden pblico con la comisin de un "delito de integracin en organizacin criminal" tal como pretende el ministro del Interior, Jorge Fernndez Daz, tiene una dimensin demencial, completamente inverosmil, si no fuera porque su instauracin , salvando los escollos tcn icos y sociales, constituye un proyecto firme del gobierno. A menos que en los prximos meses se produzca una movilizacin no menos firme por parte de distintas organizaciones civiles, que debe inclu ir juristas y movimientos defensores de los derechos humanos, es e proyecto podra plasmarse en leyes que atena cen las protestas colectivas pacficas que no dispongan de autorizacin previa .

En suma, e l desprecio por la democracia alcanza un punto sin precedente en las ltimas dcadas en Espaa ( slo comparable al perodo franquista ) , correlativo al debilitamiento de la hegemona del neoconservadurismo . Es cierto que los escollos legales y sociales no son menores y que la eficacia de estas leyes previstas est en relacin inversa al grado de aceptacin que dispongan. Sin embargo, dan pie a una poltica de amedrentamiento de los movimientos sociales d isiden tes e inauguran una nueva fase en las luchas sociales .

Si bien l a ampliacin de los instrumentos legales para restringir la libertad de disenso puede forzar un desplazamiento en las modalidades de la protesta social , es claro que no bastar para sofocarla. Ms bien, las condiciones econmicas, polticas y sociales hacen pensar lo contrario: una intensificacin de otro tipo de prcticas contestatarias que, de alguna manera, dinamiten los diques represivos que pretenden alzar a fuerza de judicializar una pluralidad de conflictos de carcter poltico y social.

L a reforma legal prevista no escatima en recursos para atenazar a diversos sujeto s polticos (que desbordan claramente toda poltica de representacin) : la criminalizacin de la resistencia pasiva hasta la imputacin a quien ocup e establecimientos pblicos , obstaculi ce el acceso a los mismos o interru m p a cualquier servicio pblico , pasaran a engrosar la tipologa de los crmenes contra la autoridad pblica, penalizables con hasta dos aos de crcel. Segn este discurso, se tratara de corregir un marco legal buenista, confundiendo de forma tan deliberada como escandalosa garantas constitucionales con permisividad estatal . La dicotoma que pretenden instaurar es clara: movimientos de protesta contra la sociedad, como si esos movimientos fueran una suerte de cuerpo extrao que agrede un organismo homogneo. Que ese organismo no existe se hace manifiesto en la proliferacin de antagonismos sociales contra los presuntos representantes de la sociedad. Reafirmando l a evidencia de que slo representan los intereses de los grandes capitales empresariales y financieros, en consonancia a las recomendaciones de la Uni n Europea , la poltica gubernamental se convierte en un mero instrumento de gestin de poderes que lo controlan.

Sin embargo, el efecto disuasorio e intimidatorio que pudieran generar medidas legislativas de esta calaa es dudosa y est por verse. En esta nueva fase de las luchas sociales, es probable que semejantes medidas no tengan la eficacia esperada e inciten ms medidas en la misma direccin autoritaria . Apenas tenemos noticias de qu podra ocurrir en esa otra coyuntura , pero no cabe descartar un efecto paradjico en el que se multipliquen formas imprevistas e imaginativas de la protesta social, que erosionen los diques legales erigidos. Dicho de otra manera, la intensificacin de la represi n policial y la consolidacin de un marco jurdico restrictivo no garantizan nada . Pueden socavar ms an una ya endeble hegemona poltica del neoconservadurismo y suscitar nuevas prcticas de resistencia.

El intento de encauzamiento del malestar social a travs de un paquete de medidas antidemocrticas muestra ante todo una base consensual dbil en las decisiones gubernamentales, a pesar de los gestos de autoridad en sentido contrario. La apuesta efectuada por su parte no slo tiene final abierto pud iendo desembocar en la aceleracin de su descrdito y eventual cada ante el escenario nada disparatado de una revuelta social -, sino que traspasa el umbral histricamente legitimado con respecto a l as actuaciones de los estados europeos, presuntos garante s junto a EEUU- de un cada vez ms devaluado sistema democrtico . La impunidad absoluta que tienen sus intervenciones con respecto a pases perifricos no puede trasladarse sin ms a sus periferias interiores , al menos no sin un radical descrdito de sus regmenes parlamentarios , incluso si el despliegue de la maquinaria propagand stica de los medios masivos alcanza una alta intensidad.

No podemos saber adnde conduce esta escalada. Excluidas l a s guerra s y los golpes de estado, primordialmente reservados para terceros, ni los golpes de mercado ni el llamado al orden a partir de una estrategia de amedrentamiento parecen bastar para atemperar la proliferacin de los conflictos sociales. Una coyuntura histrica as se convierte, en este sentido, en un campo de experimentacin poltica, tanto para los portavoces de las clases dominantes como para los sujetos colectivos subalternos. Contra cualquier fatalismo pesimista, esa coyuntura abre posibilidades de intervencin histrica significativas, en la que lo imposible vuelve a hacerse posible. En este sentido, la capacidad de anticipacin e iniciativa por parte de un frente extrapartidario de izquierdas resulta decisiva . Limitarse a incitar contestaciones sociales puntuales a una ofensiva global sin demasiados precedentes sera un error estratgico. De ah que e l trabajo de la imaginacin utpica, en este contexto, result e imprescindible: constituye una especie de portulano dinmico para orientar las luchas sociales que estn por venir . De ese trabajo depende, en buena medida, la reescritura prctica de la historia del capitalismo.

http://archipielagoenresistencia.blogspot.com.es/

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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