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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-04-2012

La expropiacin de YPF y los debates habilitados

Julio C. Gambina
Rebelin


El pasado lunes 16/04/2012 la presidente Cristina Fernndez anunci la expropiacin del paquete mayoritario de YPF (en manos de Repsol), lo que supone la transferencia de un 51% del capital accionario a manos del Estado, distribuido entre el Estado nacional con 26% y los Estados provinciales petroleros con 25%. Se asegura as el control estatal de la gestin de la empresa que lidera el mercado nacional de hidrocarburos (un tercio aproximadamente).

Conviene aclarar, que en el anuncio presidencial se manifest que no se trata de una estatizacin. Que la forma jurdica continua siendo una sociedad annima, con capital abierto a inversores locales o externos. De hecho, Repsol contina con tenencias de capital por el 6%, el Grupo Petersen (familia Eskenazi, de origen local) seguir con poco ms del 25%, transformndose en el segundo inversor detrs del Estado nacional. De hecho, la propiedad quedar del siguiente modo: con el 26,03% el Estado nacional; con el 25,46% el Grupo Petersen; con el 24,99% los Estados provinciales; con el 6,43% Repsol y un remanente del 17,09% de circulacin va bolsas.

Junto a la presentacin del proyecto de expropiacin en trmite parlamentario, se decidi la intervencin de la empresa, desplazando a la actual gestin con un equipo de funcionarios del poder ejecutivo que incluye al Ministro de Planificacin, al Vice ministro de Economa y al Secretario de Energa.

Apoyos y crticas

La medida gener hasta ahora un amplio apoyo en el sistema poltico y en mbito sociales, con las lgicas crticas de un arco opositor en una perspectiva de derecha y privatista por principios ideolgicos; y una airada respuesta del gobierno espaol, que intenta tapar su propia crisis identificando a la transnacional petrolera con los intereses de Espaa. Esa misma posicin fue asumida por la mayora del parlamento europeo, con la excepcin de verdes y rojos. Varias organizaciones y personalidades del movimiento popular, los indignados y la izquierda espaola y europea se manifestaron en solidaridad con las decisiones soberanas de la Argentina y contra la transnacional petrolera y las manifestaciones de sus Estados.

Uno de los argumentos principales de la crtica ideolgica alude a la seguridad jurdica de los inversores y a las potenciales demandas en tribunales internacionales, caso del CIADI. El pas queda as condicionado por el chantaje de la institucionalidad neoliberal suscripta en los 90, sean los tratados bilaterales de inversin, o la adhesin al CIADI. Son varios los pases que denunciaron su pertenencia al mbito litigioso del Banco Mundial, tal como ocurri con Venezuela, Bolivia o Ecuador; o que nunca ingresaron, tal el caso de Brasil. Si bien debieron denunciarse previamente esos acuerdos de fomento de la dependencia, las amenazas actuales exigen la denuncia de los tratados en tiempo perentorio.

Est previsto un Comit de gestin compartido entre el Estado nacional y los Estados provinciales, lo que habilit la demanda de otras provincias no petroleras para receptar los beneficios de la produccin. Existen provincias que sin tener reservas en su territorio, procesan combustibles, tal caso emblemtico de Buenos Aires, a la sazn el Estado provincial ms extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilacin del crudo y procesamiento del gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribucin extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el pas, con independencia del territorio de plantacin de la oleaginosa.

Ms all de los apoyos y crticas a la cuestin esencial, la expropiacin parcial, se abri un debate sobre los alcances de la medida. Entre muchos interrogantes se discute el porqu se limita la medida solo del 51% del capital y no el 100%. En ese sentido tambin se considera que no alcanza con la estatizacin como propuesta y se interroga si lo que corresponde no debe pasar por la socializacin, involucrando en la gestin de la empresa a los trabajadores y a la sociedad, en su calidad de consumidores y usuarios con derecho a la energa.

No solo se analiza la cuanta del capital, sino tambin si corresponde o no la indemnizacin, un tema relegado en el proyecto al dictamen del Tribunal de Tasacin. En el asunto interviene desde el valor de contabilidad hasta la valuacin de las acciones en el mercado burstil. Son valores mediados por el dao ambiental y el deterioro de la infraestructura; incluso la consideracin de la inversin originaria y la nula reinversin, especialmente con el hecho verificado de la remisin de utilidades por casi el 100% de lo obtenido por la YPF.

Poltica energtica en discusin

Un aspecto central para el presente y el futuro es la poltica energtica, ya que la expropiacin supone la crtica a lo acontecido en las ltimas dos dcadas. No solo se trata de baja de la produccin de YPF, sino que es una situacin que involucra al conjunto del sector productor de hidrocarburos. En la cuenta negativa se registran la disminucin de las reservas de petrleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dlares en importaciones de combustibles durante el 2011, ms del doble que en el 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el ao 2012.

El balance sobre la poltica energtica es negativo y no solo se adjudica a la cuenta de la iniciativa privada, sino al descontrol oficial, desde la presencia del poder ejecutivo en el directorio (avalando la gestin), sino desde todos los mbitos de contralor, sean nacionales o provinciales.

La intervencin ya habilit conversaciones con otras petroleras para asociarse en el aumento de la produccin. Es quiz una seal de continuidad en la gestin favorable a la iniciativa privada, especialmente extranjera.

El camino a transitar tiene que privilegiar una auditora a fondo, sobre la gestin y la produccin, para en ese camino transitar nuevos rumbos, aprovechando el carcter excedentario de YPF para una reinversin productiva y considerar la utilizacin de otros recursos propios del Estado, lo que supone una amplia discusin en dos sentidos. Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la produccin, ya que es tiempo de discutir el para qu de la produccin de hidrocarburos. La indicacin de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del poder ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que tambin debe analizarse.

Hay que continuar con el uso de hidrocarburos para un modelo productivo que favorece la dependencia tecnolgica, productiva, econmica y financiera? Es posible otro destino para los hidrocarburos?

En ese sentido, puede pensarse otra insercin productiva mundial del pas, pensando en la soberana energtica ampliada a nuestramrica, integrando esfuerzos econmicos y tecnolgicos para un modelo productivo y de desarrollo que asegure soberana alimentaria y se sostenga desde la soberana financiera. Lo que se discute es la soberana y la integracin. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energtica, en tanto parte de la crisis de la economa mundial.

Con la expropiacin parcial de YPF son diversos los aspectos que se involucran en el debate nacional y mundial. La respuesta neocolonial o imperialista proveniente de Espaa y de Europa da cuenta que no existen temas especficamente nacionales, y que el debate confluye recurrentemente a la discusin del orden mundial.

Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economa Poltica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor de posgrado sobre Economa Poltica en diversas Universidades de Argentina y Amrica Latina. Presidente de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas, FISYP. Miembro del Comit Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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