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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-04-2012

Facturas en los cajones municipales
Cmo utilizar el poder poltico en beneficio privado y cmo denunciarlo

Fernando Urruticoechea
Rebelin


La corrupcin en la poltica local no es excepcin sino norma. Ahora tenemos una prueba numrica con las facturas en los cajones, que no es ms que la punta visible de la enorme corrupcin existente en los mbitos local y autonmico.

Debe resultar incomprensible para la mayora de las personas no familiarizadas con la administracin municipal el entender lo de las facturas en los cajones. Sin embargo ha venido siendo una prctica comn en los ayuntamientos desde sus comienzos democrticos, el comprar y gastar alegremente, sin preocuparse de contar con crdito presupuestario. En caso negativo, cuando las facturas llegaban a los ayuntamientos no se podan contabilizar y por lo tanto, tampoco pagar, debindose dejar en los cajones para el ejercicio siguiente, o para el siguiente. Normalmente sin control de su volumen y tramitacin, ya que tampoco ha sido costumbre el contar con registros centrales de facturas.

Claro est que como los proveedores acostumbran a tener buena informacin de los perodos de pago de los ayuntamientos, actuaban en consecuencia, cargando altsimos porcentajes del 20 30% de sobrecoste normalmente en el precio de venta de sus bienes y servicios. Cualquiera puede llegar a comprobar en sus ayuntamientos las facturas de compra y verificar el precio de bienes comunes desde una bombilla a un saco de cemento, o ms complejos, como la hora de limpiadora en un contrato de limpieza de edificios. Seguro que se asombrarn.

Es una forma de financiar las compras ciertamente estpida, ya que resulta mucho ms cara que financiarla a travs de los bancos, pero el problema est en que los prstamos con entidades financieras son slo para inversiones y el gasto de los polticos es compulsivo, ya que es fundamental para mantener su clientela y en muchos casos, algo se queda por el camino, para s mismos o para sus maquinarias electorales.

Todo este nefasto sistema a lo largo de los aos ha producido el efecto de bola de nieve convirtindose en un problema de Estado, lo mismo que para muchos autnomos y pequeas empresas, ya que falseaba la deuda local en la contabilidad pblica. Claro que no es este el nico problema con los ayuntamientos, ya que tambin son morosos con sus propias cuentas, con ms del 50% de ayuntamientos sin rendir cuentas en aos anteriores.

Si hacemos un poco historia han sido varios los intentos de arreglar este desaguisado, pero la tpica cercana a los ciudadanos de los polticos locales slo se alimenta con ms gastos, lo que convierte en insaciables a las haciendas locales. En el ao 2006 una reforma creativa de la contabilidad local cre la cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es decir, se reconoca oficialmente la existencia de un problema crnico de corrupcin y se oblig a contabilizar en el ejercicio en esa cuenta de contabilidad general, todas las facturas en los cajones, para que todas ellas se cobijaran presupuestariamente al ao siguiente y se pudiera pagar, a travs de un peculiar procedimiento, llamado de reconocimiento extrajudicial de crditos. Para no tener que esperar a que el pago sea ordenado por un juez.

Pero estbamos en la dcada prodigiosa, en plena pandemia de la fiebre del oro y nadie paraba en gastos, y mucho menos los ayuntamientos que vivan en plena orga, sin control alguno.

En el ao 2009, el chirriar de dientes de los autnomos y PYMES debi llegar hasta la Moncloa, ya que el gobierno socialista habilit una financiacin especial de 14.000 millones de euros para pagar pufos municipales, a travs del RDL 5/2009, para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autnomos, mediante una operacin extraordinaria de endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que asegurara la capacidad de pago para cancelar la operacin concertada en el plazo comprometido, que no poda ser superior a seis aos, con la condicin de aplicar los recursos obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autnomos en el plazo mximo de un mes.

Adems, para seguir alimentando los estmagos municipales, en el ao 2009 se cre el Fondo Estatal de Inversin Local con 8.000 millones de euros, en el que participaron los 8.110 ayuntamientos espaoles, con 30.761 proyectos de inversin aprobados. En 2010 el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local, con 5.000 millones. Por vez primera en Espaa, fue obligatoria la tramitacin telemtica y se exigi a todos los ayuntamientos que tuvieran firma electrnica.

Pero los cajones seguan llenos y las facturas seguan sin pagarse, as que en el ao 2010 nuevo intento de rizar el rizo con la Ley 15/2010, de medidas de lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales, por la que se imponan plazos de pago inferiores a los ya existentes tradicionalmente de 60 das, que casi ningn ayuntamiento cumple. En consecuencia, el progresivo agravamiento de los impagos de las Administraciones territoriales, con especial impacto en los autnomos y PYMES.

Y en estas lleg Rajoy y mand pagar a los ayuntamientos, mediante el RDL 4/2012, para el pago a los proveedores de las entidades locales, utilizando el sistema telemtico habilitado por Zapatero para sus planes E. La novedad es que esta vez el Estado no pone ni un euro, sino que obliga a los ayuntamientos, a travs de plazos perentorios, a transformar su deuda con proveedores, en deuda con las entidades financieras, a travs de un prstamo sindicado con la mayora de bancos espaoles. El Estado garantiza el pago a los bancos mediante la retencin a los ayuntamientos morosos que incumplan sus obligaciones, de los pagos mensuales como participacin en los ingresos del Estado PIE-.

Gracias al sistema de informacin habilitado, con certificaciones obligadas de todos los interventores municipales que vencan el 15 de marzo, hemos conocido que cerca de 5.000 ayuntamientos siguen debiendo a sus proveedores casi dos millones de facturas por casi 10.000 millones de euros, lo que representa el 1% de nuestro PIB. Slo facturas por contratacin administrativa de obras, servicios y suministros, sin que entren las deudas con otros entes pblicos, como con la Seguridad Social, ni las deudas derivadas de contratos privados, como seguros y prstamos bancarios.

Por lo tanto, ya no cabe seguir diciendo que el problema de la corrupcin slo afecta a unas pocas manzanas podridas, ya que las facturas en los cajones estn originadas casi exclusivamente por la utilizacin del poder poltico en beneficio particular, a travs de gestiones irresponsables, sin control administrativo. Las excepciones, las de los ayuntamientos pequeos que no han podido pagar sus facturas por carecer de liquidez por falta de cobro de las subvenciones de otros entes pblicos.

Por eso el problema es doble, por una lado, el que est provocado por delincuentes polticos que han puesto su inters privado por delante del pblico y por otro, el que no existan en la administracin espaola mecanismos eficaces de control administrativo que hayan parado esta absoluta locura. Porque para gastar basta una orden de un poltico o de un funcionario, pero para poder pagar se necesita la firma del alcalde y la del interventor, corresponsabilizndose este ltimo si no advierte por escrito de la ilegalidad.

Ya no basta lamentarse diciendo que el espectculo de las facturas locales no debe repetirse. Segn Einstein Es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Resulta obvio que los mismos polticos volvern a repetir lo mismo, si no se les escarmienta, si no se aplican las leyes existentes. El gobierno nos trata de estpidos al anunciarnos que criminalizarn a los polticos por despilfarro pblico, incluyendo en la futura Ley de Transparencia infracciones en materia econmica, que en los casos ms graves sern considerados delitos, por ejemplo para los que falseen cuentas y oculten datos.

No hace falta esperar a los prximos delincuentes, basta con que apliquen las leyes actuales a los polticos que infringindolas, nos han llevado a la actual situacin econmica.

En concreto, el artculo 173.5 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, impide los gastos sin crdito presupuestario, declarndolos nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Como nuestros polticos se han olvidado hasta el momento de sealar qu responsabilidades son y las penalidades a aplicar, resulta un texto bonito, como el de muchas leyes, pero sin aplicacin, o sea los gastos nulos quedan como meras irregularidades, que se pagan sin peritar.

Sin embargo, ahora, con el sistema de informacin y el plan de financiacin articulados por el actual gobierno popular, s que se puede cuantificar el perjuicio econmico derivado del incumplimiento de la norma de no gastar por encima del presupuesto equilibrado, al conocer si existen reclamaciones judiciales con peticiones de intereses de demora entre las facturas de antes del 31/12/2011 sin pagar y tambin el coste de la financiacin que ser del 5% a 10 aos ms 2 de carencia.

Por lo tanto, nos encontraramos en lo que el Tribunal de Cuentas define como responsabilidad contable en el art. 38 de su Ley orgnica2/1982, al reunir las llamadas facturas en los cajones todos sus requisitos. Se trata de una accin de gestin de caudales, contraria a la legalidad presupuestaria, claramente subjetiva con dolo o negligencia grave, que ha producido un dao real de la hacienda local, evaluable econmicamente.

Dado el funcionamiento acusatorio de nuestra justicia, que slo acta ante acusaciones, y dado que cualquier ciudadano o asociacin puede actuar ante el tribunal de Cuentas, sin necesidad ni de procurador, ni de abogado, ni de presentar fianza, es democrticamente imprescindible que se ejercite tal accin pblica denunciando ante el Tribunal de Cuentas a los alcaldes responsables de las facturas impagadas originadas por gastar por encima de lo presupuestado o por contar con presupuestos desequilibrados.

Y si los interventores no hubieran advertido por escrito la improcedencia de tales gastos, sus nombres tambin se incluirn en la denuncia, junto a la de su alcalde, con el fin de atajar el intrusismo y el carcter acomodaticio o incluso mercenario de muchos de estos compaeros interventores.

El tema del control administrativo del gasto local y el del gasto autonmico, es el gran tema pendiente para acometer en serio el problema de la corrupcin poltica.

Es hora de resarcirnos de tanto despilfarro pblico como el que se ha producido y el procedimiento de responsabilidad contable por alcance, tiene la ventaja de carcter resarcitorio del dao producido, es decir su plena aplicacin, resultara ejemplarizante.

Fernando Urruticoechea es Interventor municipal, con habilitacin estatal, de categora superior.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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