Portada :: Venezuela
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-04-2012

De la democracia de la calle a los Consejos Comunales: la democracia desde abajo en Venezuela

Andrs Antillano
Rebelin


Nos proponemos en este trabajo discutir sobre las formas de democracia desde abajo ensayadas por los sectores populares venezolanos durante los ltimos aos, en un arco que se extiende desde la crisis de la democracia representativa, a fines de los aos 80, hasta la actualidad1. Resear, de modo general y sin pretensiones de exhaustividad, las prcticas colectivas en que incuban nuevas formas de accin poltica y de democratizacin, que desestructuran las viejas figuras de la dominacin y amplan los contextos y las formas de ejercicio de soberana popular. Preguntarse por las condiciones en que emergen y los sujetos que las hacen posibles, las caractersticas que adoptan su distancia con las anteriores tcticas obreras y populares- sus modos de socializacin, sus escenarios.

Si bien nos referiremos a las prcticas y sujetos populares urbanos en Venezuela, probablemente mucho de lo que se diga sea comn a otros contextos y procesos: los piqueteros argentinos, las luchas urbanas de las periferias bolivianas, las revueltas de los barrios pobres en todo el continente. Otras consideraciones, en cambio, slo tendran sentido para el caso de Venezuela: la relacin con el Estado y el significado de la autonoma en un contexto como el venezolano, en que el Estado se convierte en el principal propietario de los medios de produccin y regulador de la vida social, tema que adquiere mayor relevancia y complejidad en las relaciones entre las luchas popular y el gobierno chavista.

Insertamos dos excursos: uno sobre los movimientos sociales y otro sobre la comunidad como sujeto de las polticas gubernamentales. Son las nociones de movimientos sociales, por un lado, y de comunidad, por el otro, tan en boga tanto en la literatura sociolgica como en el discurso poltico, sensibles y polticamente eficaces para dar cuenta de la naturaleza de los procesos en cuestin, o para prescribir un programa que incorpore sus demandas y la naturaleza del desafo que proponen? Son ambas categoras tiles para comprender y contribuir a los procesos de lucha y emancipacin que las nuevas formas de ejercicio de poder por parte de las muchedumbres venezolanas, se plantean?

Debemos advertir que ste no es un ensayo acadmico, ms bien adoptamos una prosa militante, que es a fin de cuentas nuestro lugar en este debate. Por ello nos tomamos la licencia de esquivar ciertos rigores argumentativos, pues nuestra pretensin es contribuir desde nuestra prctica, ms que desde la discusin terica o del refinamiento de claves analticas, a una discusin que creemos pendiente.


La crisis de la representatividad y la insurgencia de la democracia de la calle.

A fines de febrero de 1989, habitantes de los barrios pobres que rodean Caracas protagonizaron un masivo levantamiento que se prolong durante das, para solo cesar a costa de una brutal represin que dej un nmero incontable de muertos. sta, que fue probablemente la primera rebelin popular contra el neoliberalismo en el continente, tambin divide las aguas de la historia de Venezuela. El segundo gobierno de Carlos Andrs Prez, que poco antes haba ascendido al poder prometiendo reeditar la oferta populista de su primer mandato para, en cambio, imponer un draconiano paquete de medidas econmicas neoliberales, cay en una crisis de legitimidad que desemboc en su expulsin del poder pocos aos despus. A la vez, se inicia un ciclo de protestas populares cada vez ms politizadas y confrontacionales, que es determinante en los acontecimientos posteriores. Finalmente, un grupo de militares que tienen en el llamado Caracazo su bautismo de sangre, deciden no poner nunca ms sus armas contra el pueblo, gestndose al interior del ejercito una corriente de descontento que dara lugar a los levantamientos militares del ao 92. Febrero de 1989 cambi la historia del pas.

Pero adems, el Caracazo supone la emergencia, violenta y definitiva, de un nuevo sujeto popular. Si los episodios de luchas de masas haban sido protagonizados hasta entonces por estudiantes y movimientos sindicales, el 27 de febrero de 1989 es testigo de la insurgencia de un sujeto marcado por la prdida de la condicin laboral, esencialmente desempleados o trabajadores precarios, excluidos tanto del mundo del trabajo, del consumo y, en tanto habitantes de las periferias urbanas empobrecidas, de la ciudad como trama de inscripcin social.

Se trata entonces de un sujeto excluido y precarizado, que no tiene a la fbrica como espacio de socializacin y organizacin, pues es el barrio y las relaciones de convivencia y solidaridad las que le dan forma; ya no es la lucha por el rescate del trabajo o la plusvala la que lo moviliza, pues la vida toda es ahora un bien en disputa; la ciudad, y especialmente los suburbios, es la superficie de su irrupcin. No es casual que las protestas de aquel da se hayan desencadenado en las ciudades satlites de los pobres en contra del alza del pasaje, para luego extenderse a toda la ciudad y diversificar sus objetivos, enfrentndose a la polica, saqueando comercios o destruyendo vehculos e inmuebles.

Este sujeto, que tiene sus precedentes en luchas de marcado carcter urbano como las protestas por el agua, contra el alza del pasaje o contra intentos de desalojo de barrios populares, desarrolladas en los aos previos, se convertir en el actor central de los procesos histricos que vivir Venezuela desde entonces y hasta la fecha. Su gestacin es inseparable de las nuevas formas que adquiere el capital, el trastrocamiento del capital productivo en capital especulativo que parasita todas las esferas de la vida; que sustituye la ganancia, producida en la explotacin directa del trabajo, por la renta, extrada de todas las actividades y necesidades colectivas. No se trata ya de luchas laborales. El ataque masivo a la vida supone que la vida toda, las condiciones para su reproduccin (vivienda, servicio, consumo, recreacin y afirmacin simblica), se vuelve materia de lucha.

Sus formas de lucha son propias de su naturaleza y de la naturaleza de sus demandas: la recuperacin de espacios y bienes expropiados por la lgica del capital, privatizados o excluyentes, la toma de terrenos, de fbricas, de espacios pblicos, la apropiacin violenta de bienes y servicios, la accin directa y explosiva. La calle es su escenario. Se abandonan las formas tradicionales de organizacin. El tumulto, la auto-convocatoria, la asamblea sustituyen a estructuras formales y rgidas de pertenencia.

Tanto sus demandas, sus mtodos y sus formas de organizacin implican, de manera inmediata y directa, una transgresin de los lmites de las formas democrticas tradicionales, encorsetadas en la representacin de intereses y en los canales institucionales por los que discurrira esa representacin. Se trata en cambio de la puesta en escena de formas de democracia plebeya, de calle, en que por la va de la accin directa de las masas se desestructuran las formas de dominacin y se apropian colectivamente de espacios y procesos de los que son excluidos.

Esta accin poltica de las masas supone la crisis de la representacin. Partidos, sindicatos y otras formas de intermediacin conocen un acelerado proceso de deslegitimacin, al igual que los medios convencionales de participacin poltica (por ejemplo, la vertiginosa cada de la participacin electoral, tradicionalmente alta en Venezuela, desde fines de los 80). Toda forma de representacin e intermediacin ser, desde entonces, violentamente recusada. Slo quedarn, uno frente al otro, el sujeto popular, tumultuario e ingobernable, y el Estado, que desnuda su rostro ms cruel y autoritario. La violencia de Estado y la represin sustituirn desde entonces a las desgastadas formas de representacin y cooptacin. La masiva y cruenta represin con que el Estado enfrenta las protestas de febrero establecer el estado de excepcin como dispositivo permanente para el gobierno de los pobres.


Es el concepto de movimientos sociales til para dar cuenta de este nuevo sujeto?

Sin duda que el concepto de movimientos sociales nace frente a la crisis de la representacin y el trabajo como relato de la participacin poltica. Acuado para comprender los movimientos que sitan sus luchas y demandas en terrenos distintos a las demandas laborales o la participacin electoral, ha contado con suerte tanto en la literatura sociolgica como en la retrica militante. Sin embargo, y sin pretender despachar la discusin, en el caso de lo que ocurre en Venezuela en trminos de movilizacin popular, el concepto parece inadecuado para aprehender la naturaleza de la confrontacin que copa las ltimas dcadas.

Por un lado, el concepto enfatiza en las organizaciones formales y estables en el tiempo, con determinado grado de estructuracin. En cambio, en Venezuela, ms que un sujeto organizado, se trata de un sujeto movilizado. Es en la movilizacin de calle y no a travs de la organizacin formal en que el sujeto popular se manifiesta. De hecho, desde mediados de los aos 80 se produce una mengua en la organizacin popular (articulada en juntas de vecinos, grupos culturales o religiosos, sindicatos), probablemente como resultado de los efectos de la flexibilizacin laboral y la exclusin social sobre los modos de sociabilidad, a la vez que se incrementan exponencialmente las protestas populares. Si para comprender la respuesta popular alguien buscara movimientos sociales relevantes durante las dos ltimas dcadas, concluira que en los aos de mayor conflictividad social cunda la desmovilizacin por falta de organizaciones. Las nicas organizaciones formales que pueden ser detectadas durante este periodo son organizaciones no gubernamentales que, animadas desde el Estado, florecieron en la dcada de los 90, como parte de la transferencia de responsabilidades en la gestin social del Estado a la sociedad civil.

En segundo lugar, el concepto parece definir los movimientos sociales por su exclusin del Estado, reeditando la vieja distincin entre sociedad civil y sociedad poltica. En el caso de Venezuela, esta distincin tajante es incapaz de dar cuenta de la relacin compleja que se establece histricamente entre Estado y sectores populares, por el peso de aquel (dueo de la renta petrolera y con alta capacidad redistributiva) en las distintas esferas de la vida colectiva. La apropiacin de la renta, en trmino de contenciosos exigiendo derechos, o de sujecin por medio de mecanismos clientelares, ha sido un objetivo constante de los distintos sectores sociales, incluyendo las bases populares y los sectores de avanzada. En otros trminos, en Venezuela la accin poltica popular puede estar contra el Estado, establecer relaciones de igualdad o supeditarse a ste, pero difcilmente se puede actuar sin el Estado. Esto condujo a que, mientras en otros pases del continente la hegemona neoliberal produjese un repliegue de las organizaciones y sectores populares de la bsqueda de cambios en el Estado, adoptando tcticas de acumulacin y construccin al margen de ste, en Venezuela la contestacin al neoliberalismo desemboc rpidamente en la lucha contra el gobierno y por la transformacin del Estado, como se expresara en las demandas de salida del gobierno, la consigna de una Asamblea Constituyente y posteriormente en el apoyo popular al gobierno de Chvez. De la misma forma, durante el gobierno chavista, el apoyo de las masas populares al Presidente no necesariamente ha supuesto una mengua de la autonoma e incluso de la conflictividad frente al Estado, como podra preverse de acuerdo a esta oposicin entre movimientos sociales y esfera estatal.

En tercer lugar, en la manera en que generalmente se describen los movimientos sociales, estos se entienden a partir de su carencia, se definen como sujetos deficitarios. Esto da lugar por una parte a una suerte de victimismo (hacer patente y lograr el reconocimiento de un sufrimiento) y a una poltica de las necesidades para su gestin. La accin del sujeto popular en Venezuela estar marcada, en cambio, por un proceso de autoafirmacin y autovaloracin popular, refractaria a su traduccin a necesidades, y por ello ingobernable. Es exceso, no carencia, lo que lo define. All tambin su pronta politizacin, pues no son demandas especficas, no son necesidades lo que lo movilizan, sino justamente la insurgencia contra un orden que lo reduce a puro dficit. De hecho, unos de los riesgos actuales, expresin quizs de un intento de reducir la potencia de este sujeto dscolo y subversivo, est en los intentos de sustituir su beligerancia por la plcida relacin clientelar, recluyndolo en el orden de las necesidades que el Estado satisface a cambio de sujecin.

En ntima relacin con lo anterior, los movimientos sociales se caracterizaran por expresar demandas sectoriales, fragmentarias. El sujeto popular es, en oposicin, mltiple y molar, capaz de contener en s las distintas demandas, mezclar exigencias y superarlas al politizar su movilizacin. Se brinca las separaciones estancas sobre las que se reconstruye un nuevo corporativismo que tiende a despolitizar y aislar las luchas. Ms bien su accin lo conduce a ampliar permanentemente sus demandas. Siempre quiere ms.

Un tratamiento habitual en la discusin acadmica sobre el tema, enfatiza en los aspectos subjetivos, las prcticas y demandas culturales de los llamados nuevos movimientos sociales: se juegan su existencia en la bsqueda de reconocimiento para grupos relegados, en la produccin de nuevas subjetividades y mundos de vida, etc. Ms que la igualdad, pretenden la produccin y reconocimiento de diferencias. En el caso de la movilizacin popular que aparece durante estos aos en Venezuela, si bien pone de manifiesto formas y subjetividades propias y diferenciadas (el barrio, el malandro, y sus expresiones culturales, estticas, discursivas) y producen o actualizan en su interior nuevas formas de relacin (la asamblea, la fiesta, la calle como espacio de encuentro), estas condiciones nacen justamente de la desigualdad, de la brutal exclusin, y son sus heraldos, no su programa. Sin duda que el reconocimiento, la contestacin de las nuevas formas de racismo y exclusin simblica que se han fraguado a la par de la segregacin social de los ltimos aos es un elemento fundamental de su accin, casi en forma de desafo (la turba, los monos, los malandros, los desdentados estamos aqu!), pero no se agota en eso. Lo cultural es pura forma, pues lo central es el desafo al poder y a las elites, a las desigualdades que dan lugar a tales diferencias, no su afirmacin estetizante ni su reconocimiento simblico.

Ello conduce a la principal distincin. Los movimientos sociales, tal como lo abordan tanto la literatura sociolgica y el discurso poltico, ya no remiten a la composicin de clases de la sociedad, al conflicto entre trabajo y capital, al enfrentamiento de los pobres contra los poderosos. Diluye estas contradicciones y coloca otros diferendos en el centro del conflicto: las diferencias sexuales y de gnero, las luchas ambientales, las reivindicaciones culturales. La desigualdad se vaca de toda densidad poltica, se la desnuda de su anclaje estructural, deja de impugnar la existencia misma del orden establecido, para convertirse en un simple trmite tcnico que se resolvera con la expansin de la democracia liberal y del mercado. Sus demandas no impugnan, sino que legitiman el orden, ahora sensible a estas nuevas diferencias que pueden ser metabolizadas sin cambiar las injustas relaciones de explotacin y exclusin. En cambio, las luchas populares de estos ltimos aos en Venezuela tienen un claro carcter de clase, su blanco no es la esfera de la reproduccin cultural ni demandas parciales, sino que se enfrentan de manera directa con las desiguales relaciones econmicas y sociales y con sus titulares, las elites econmicas y sus gobiernos. Ello no niega las otras luchas, sino que es capaz de englobarlas en el campo de los explotados y su emancipacin. El papel de las mujeres en las protestas de calle y la organizacin popular de los barrios pobres, las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indgenas, la movilizacin de grupos sexodiversos, las demandas ecolgicas, se hacen cada vez ms polticas y antisistmicas en tanto que son capaces de insertarse en la movilizacin general de los pobres y excluidos.

Finalmente, y sin pretender exhaustividad, los movimientos sociales se contentaran con la participacin, entendida como la gestin por parte de sectores organizados de intereses particulares frente al viejo Estado socialdemcrata, considerado incompetente y paternalista. La participacin, frmula frecuentemente hermanada a la de movimientos sociales, relega la transformacin social por prcticas de gestin de intereses particulares en mbitos locales, lo que frecuentemente opera como medio para que el Estado deje de responsabilizarse de sus competencias, y sustituye la accin poltica por una lgica de la administracin tcnica de problemas sociales. De manera distinta, la movilizacin popular no se deja atrapar por mecanismos institucionales y prcticas de gestin sino para languidecer. Su forma es la recuperacin, la interrupcin, la apropiacin, no la participacin. Sustraerle al poder y al negocio espacios y procesos, restablecer la poltica expandindola, agregando nuevos mbitos y demandas: la ocupacin de tierra e inmuebles, el saqueo de bienes negados, el bloqueo en la calle, no a travs del lobby institucional, de la medida injusta.

Los movimientos sociales, al menos en su recepcin en los discursos hegemnicos, sustituyen la contradiccin capital-trabajo, o la lucha entre lo popular y lo oligrquico, por la tensin entre sociedad civil y Estado, pero entendiendo sta no en trminos de emancipacin y construccin de prcticas de democracia directa, sino como oposicin entre poltica y administracin. El papel que ha tenido el Estado como instrumento central de dominacin de clase y comando de la economa (en tal sentido, el Estado rentista venezolano, al transferir la renta a manos de los capitales privados y garantizar el control de los sectores subalternos por la va de estrategias clientelares, cumple una funcin anloga al Estado de Bienestar en las sociedades industriales), implica un alto grado de politizacin de las demandas sociales, que cobra forma en la organizacin poltica para controlar el Estado por parte de las distintas clases o en la lucha contra el Estado para lograr reivindicaciones colectivas o propugnar cambios societales. El programa neoliberal, en cambio, reduce el papel del Estado a pura maquinaria represiva (el Estado policial y las tcticas militarizadas que sustituyen las polticas clientelares y redistributivas en el control de los sectores excluidos), mientras que las esferas antes de su competencia se trastocan en problemas sociales, desvinculados de sus condicionantes estructurales y vaciados de cualquier antagonismo de clase, cuya solucin discurre por la va de la administracin de intereses particulares y la gestin tcnica.

La nocin de movimientos sociales parece adecuarse mejor, en el caso de Venezuela, a los procesos de organizacin que proceden de sectores medios y altos y en reas residenciales de las grandes ciudades, que ocurren simultneamente a la irrupcin del nuevo sujeto popular. Asociaciones de vecinos y juntas de condominos, y algunas organizaciones no gubernamentales que primero nacieron para acompaar a stas y luego fueron promovidas a travs de planes de gobierno para gestionar polticas sociales focalizadas en grupos sociales excluidos, aparecen con fuerza desde finales de los 80 tambin como consecuencia del derrumbe de la representacin poltica como medio de gobierno, pero oponiendo como alternativa un nuevo corporativismo que agrupa y gestiona intereses particulares, contando con la organizacin formal como mecanismo para movilizar recursos en esta direccin. Se articula en torno a este sector un discurso que, a travs de la oposicin entre un Estado intervencionista e ineficiente y una sociedad civil emprendedora y enrgica, servir como legitimador del programa neoliberal durante la dcada de los 90 y ms tarde, a partir del descalabro de los partidos polticos luego de las elecciones de 1998, como pivote fundamental de la oposicin al proceso bolivariano. Si bien tambin contesta las viejas formas de representacin poltica, su propsito es su sustitucin por la participacin en tanto gestin de intereses particulares y de mbitos transferidos por el Estado.


La democracia de la calle y la revolucin bolivariana.

La insurgencia, violenta e ingobernable, de este nuevo sujeto popular, da al traste con la democracia representativa. Pero, quizs por su propia naturaleza, no instala un modelo alternativo, no pasa del rechazo masivo y global. La movilizacin popular bloquea una y otra vez los intentos de reacomodo del bloque dominante: se paralizan las privatizaciones de los servicios pblicos y de las empresas estatales, se revierte el aumento del precio de la gasolina, la reforma laboral tarda casi una dcada en completarse, el gobierno no puede realizar los recortes del gasto social que se haba propuesto frente a la generalizacin de los conflictos y las demandas, etc. Pero a la vez, la movilizacin popular no hace prosperar una alternativa viable que permita superar el agotamiento del modelo por un camino distinto a la receta neoliberal. Su respuesta es la resistencia, el bloqueo, la invencin de espacios efmeramente liberados y prcticas que desafan la dominacin, pero no un nuevo orden.

Se produce desde principios de la dcada de los 90 un equilibrio inestable en que, ante la doble crisis del modelo rentista y de la democracia representativa, ni los de arriba pueden imponer su solucin ni los de abajo tienen una alternativa ms all de deshacer los intentos de las elites. En este contexto primero insurgen, en 1992, los militares progresistas, y 6 aos despus triunfa en las elecciones presidenciales su principal lder, el Teniente Coronel Hugo Chvez Fras, y as terminan resolviendo a favor del bloque popular la situacin de estancamiento.

El proyecto que enarbolan estos nuevos actores se reduce a una consigna tan simple como potente: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que echar las bases de una nueva repblica (la Quinta Repblica, segn una periodizacin que incluye los tres intentos republicanos durante la guerra de independencia, y la cuarta repblica, que habra traicionado el programa de Bolvar e instalado un gobierno de las oligarquas). El llamado a una Constituyente nace a partir del primer levantamiento militar, en febrero de 1992, orquestado tanto por intelectuales de izquierda como por sectores del movimiento popular. Rpidamente es asumido por los militares insurgentes, y luego como elemento central del programa del candidato Chvez.

Puede causar sorpresa que en un pas con altas tasas de desempleo, exclusin, pobreza y desigualdad, los pobres hayan sido movilizados por una oferta tan abstracta como una Constituyente, pero esto justamente da cuentas de la naturaleza de la movilizacin popular. Por un lado, su carcter centralmente poltico. Sus demandas no se reducen a mejoras particulares o reformas parciales, sino que busca una transformacin radical del orden de cosas, y esto era lo que la Constituyente ofreca. Por el otro, la Constituyente se propone como un proceso popular y desde abajo, que reconozca e incorpore a todos los actores populares, abrindose como un gran espacio de debate y movilizacin para refundar el pas e interpelar al poder. En realidad, la oferta electoral y el programa de Chvez no es ni redistribucionista ni justiciero, es de movilizacin, inclusin y reconocimiento poltico del sujeto popular que haba irrumpido una dcada antes.

Desde el inicio de sus deliberaciones, la Asamblea Nacional Constituyente es capaz de generar una amplia dinmica de participacin popular, de debate poltico en las bases, e instala ms all de su funcionamiento formal, que culmina en diciembre de 1999- una nueva codificacin de la oposicin entre movilizacin popular y elites polticas, ahora en trminos del antagonismo entre poder constituido y poder constituyente.

El periodo que se abre con la llegada de Chvez al gobierno, en febrero de 1999, y que se prolonga al menos hasta el ao 2005, luego de su victoria en el referndum revocatorio, estar marcado por una intensa movilizacin popular, que interpela permanentemente toda forma de representacin y delegacin del poder (incluso las propias instancias de direccin y de gobierno). Chvez es visto justamente, y de manera paradjica, como una negacin de esta delegacin: el comandante para no tener jefe alguno, el caudillo como condicin para la autodeterminacin. Con Chvez gobierna el pueblo, reza una consigna de ese entonces.

Durante este tiempo, la accin poltica de masas tendr un carcter claramente contra-institucional, contestatario, y su programa parece ser el de la auto-afirmacin. Junto con un vivo debate poltico de calle, que llega a su cenit durante la Asamblea Nacional Constituyente que sesiona durante 1999, se privilegia la accin directa, a travs de protestas callejeras, copamiento de instituciones, tomas de fbricas, de tierras y edificios, o acciones contra intentos desestabilizadores. La inesperada movilizacin del 12 y 13 de abril de 2002, que dio al traste en menos de 48 horas con un golpe de Estado reaccionario, o las movilizaciones autoconvocadas que lograron derrotar el paro patronal de diciembre de ese mismo ao, son una muestra tanto del podero de la movilizacin popular, pues en cada ocasin se bast a s misma para desarticular los intentos desestabilizadores, como de su autonoma frente a las instancias que se pretendan como direccin poltica del proceso popular, que haban perdido toda iniciativa o jugaban explcitamente a la desmovilizacin durante estas jornadas.

Principalmente a partir de 2002 se impulsan desde el gobierno distintos mecanismos para regularizar la participacin popular, que hasta entonces discurra por cauces ms bien aluvionales y tumultuosos. Las instancias ms relevantes de participacin popular, que surgen en los momentos de aguda confrontacin poltica o luego de conjurados, pueden ser entendidas como resultado de los avances populares. A toda situacin de crisis, sorteada por la movilizacin popular, le sigue el reconocimiento de formas de participacin y transferencia de poder. As, las Mesas Tcnicas de Agua (mecanismo de cogestin del servicio de agua entre el gobierno y las comunidades populares que no cuentan con ste de manera regular) y las cooperativas, como medio de participacin en la produccin y la actividad econmica, surgen durante los dos primeros aos de gobierno. Luego de la primera huelga patronal, a fines del 2001, aparecen los Crculos Bolivarianos, y a principios del 2002 los Comits de Tierra Urbana (organizacin de barrios populares para la regularizacin integral de los mismos). Luego del golpe de Estado y el paro patronal del 2002, se desarrollan la Misin Barrio Adentro (atencin primaria en salud) y las Misiones educativas. Las Misiones son mecanismos de participacin que, partiendo de la organizacin de los sectores excluidos y en articulacin con las polticas de Estado, se proponen superar el bloqueo de acceso de las mayoras a condiciones bsicas de vida, como la salud y la educacin.

Pero adems de implicar reconocimiento y transferencia de poder a los sectores de base, estas propuestas tambin son utilizadas como medios para el encuadramiento de la movilizacin popular, que haba resultado tan ingobernable como eficaz en la lucha poltica. El mismo impulso avasallante de la muchedumbre movilizada, que haba desbaratado golpes y conspiraciones, resulta para las nuevas elites polticas una fuerza incmoda que deba ser domesticada. Pero estos intentos de encuadramiento resultan infructuosos, en parte probablemente por la experiencia de poder experimentada por las masas movilizadas, que las hacan refractarias a cualquier intento de sujecin, y en parte por las paradojas del propio discurso gubernamental, en particular el del presidente Chvez, que por una lado llama al orden y a la disciplina, mientras exhorta al mismo tiempo a la insumisin y a la rebelda. Esta tensin entre un poder popular impetuoso e indcil pero que siempre tiene a Chvez como su ensea-, nacido de las luchas callejeras de febrero de 1989, y una participacin finalmente funcional a la nueva burocracia estatal, entre el impulso revolucionario y su posible Termidor, atraviesa estos ltimos aos del proceso bolivariano.


De la turba a los Consejos Comunales

En 2003 se crean los Consejos Locales de Planificacin Pblica (CLPP), figura prevista en la Constitucin de 1999. Aunque su impacto en la vida poltica popular fue reducido, y el inters que en un principio despert se desvaneci rpidamente, su mencin es importante para entender los cambios de tcticas en la relacin entre gobierno y el sujeto popular.

Esta modalidad de participacin es una versin del presupuesto participativo, instrumento que, luego de experiencias locales en Brasil, se ha extendido a gobiernos de todo signo ideolgico. Sin embargo, en el contexto poltico venezolano, supuso un cambio significativo en las modalidades de participacin popular. Si las anteriores figuras de participacin implicaban, al menos retricamente, el reconocimiento de poder de definicin sobre la gestin por parte de las bases populares, no excluan necesariamente el conflicto. Por el contrario, lo potenciaban dentro del terreno institucional. La participacin comportaba una prdida de poder para alguna de las partes involucradas, y esto signific con frecuencia lgidos conflictos entre las instancias gubernamentales y los actores populares a que se les abran espacios. Era habitual protestas de las cooperativas contra los organismos que las contrataban exigiendo mejoras o enfrentando intentos de tercerizacin encubiertos. En el caso de los Comits de Tierra, podan estar un da sentados con los responsables de la polticas de vivienda, y al otro manifestndose en la calle contra estas mismas polticas, sin que que tal contraste supusiera una contradiccin.

Pero con los CLPP esta tensin se resuelve a favor de la institucionalizacin de la participacin. Adems del hecho de que los participantes fueron electos por un nmero pequeo de activistas (un requisito era formar parte de una organizacin formal, dejando de lado la prctica de asamblea abierta que hasta ahora haba prevalecido), la actividad en los CLPP se redujo a presentar proyectos para su aprobacin en el presupuesto ordinario del municipio, lo que estimul el conflicto entre comunidades que competan por los recursos y las prcticas clientelares y burocrticas para lograr el favoritismo de los decisores institucionales.

Una de las principales limitaciones de los CLPP, advertida tempranamente, era la participacin de segundo grado, que concentraba el poder en delegados cuya comunicacin con las bases populares era escasa. A la vez, su competencia reducida a la elaboracin del presupuesto local, cuando la cultura institucional venezolana es prolfica en manejos discrecionales de recursos extraordinarios, le restaron significacin y eficacia poltica.

Dos aos ms tarde se crean, por va de Ley, los Consejos Comunales, como un intento de superar las limitaciones de los Consejos Locales de Planificacin Pblica a travs de la creacin de instancias territoriales de base, que formulan y ejecutan planes y proyectos locales. Pero su calado es aun ms relevante. Los Consejos Comunales, cuyo nacimiento coinciden con la declaracin del carcter socialista de la revolucin bolivariana, se entienden como un esfuerzo por construir una democracia consejista y una nueva arquitectura estatal que descanse en rganos del poder popular. La propuesta prende rpidamente y se crean decenas de miles de Consejos Comunales por todo el pas.

Como ya hemos sugerido, desde la convocatoria a una Constituyente o la definicin constitucional del rgimen poltico como una democracia participativa y protagnica, hasta las distintas figuras de cogestin y participacin, la construccin de formas de democracia que superen el esquema de la representacin y promuevan el autogobierno y la participacin popular en el ejercicio del gobierno, ha sido parte del programa bolivariano desde los inicios del gobierno chavista, por lo que la institucin de un mecanismo de participacin y poder popular como los Consejos Comunales, sera una consecuencia necesaria y esperada.

En efecto, los Consejos Comunales pueden ser entendidos como resultado de un proceso de acumulacin y ampliacin de prcticas y contenidos de democracia desde abajo, as como de radicalizacin democrtica del proceso poltico venezolano, desde la contestacin anti-neoliberal hasta la asuncin del horizonte socialista. En tal sentido, suponen un salto, en calidad y cantidad, de los procesos de participacin popular. Pero por otra parte, en tanto que su gnesis se encuentra en una iniciativa estatal, en un momento en que se culmina la recomposicin de la capacidad de comando del Estado como consecuencia de la derrota poltica de la derecha y del aumento de las arcas fiscales, ms que en un proceso de auto-organizacin, han potenciado tambin el riesgo de institucionalizacin y administracin de la movilizacin popular.

Algunos rasgos que se han sido acentuado en la implementacin de los Consejos Comunales (tanto en algunas de sus definiciones, en la forma en que se constituyen muchos de ellos, digitados por distintas instituciones frecuentemente con el claro inters de mantener un control sobre los mismos, as como tambin en el tipo de relaciones que se han favorecido desde el Estado) contribuyen a este ltimo efecto. Por una parte, se enfatiza en su papel en la gestin local, comunal, con poca o ninguna- participacin en la definicin de polticas pblicas o asuntos que trasciendan de su mbito cercano. Aun en este contexto, la tarea que fundamentalmente han cumplido los Consejos Comunales ha sido la de formular y ejecutar, por va de transferencia de recursos estatales, proyectos para mejoras locales. Esto ha implicado la reduccin del mbito de participacin al reducido espacio social de la comunidad, desvinculndose de procesos ms globales y estructurales, y a una labor de gestin, intermediando entre el Estado, que aprueba los proyectos y transfiere los recursos, y la comunidad. Pero adicionalmente, la bsqueda de recursos para mejorar condiciones de vida local contribuye a la competencia y aislamiento entre los distintos Consejos, que pugnan entre s por la aprobacin de sus proyectos, favoreciendo una relacin clientelar con el Estado y de desagregacin de las demandas en iniciativas estrictamente locales.

Por otra parte, a diferencia de otras experiencias consejistas en la historia, que nacen con un marcado carcter de clase, bien porque su lugar de desarrollo es la fbrica, o por contar en su direccin a los trabajadores organizados, los Consejos Comunales privilegian como contexto el territorio y como sujeto a la comunidad, muchas veces velando el carcter de clases de las contradicciones y, en consecuencia, de la lucha por el poder. Las experiencias consejistas que se desarrollan dentro de las empresas, o que tienen a la clase obrera como sujeto fundamental, responderan a una comprensin histrica de que es la disputa por las relaciones de produccin la base del poder poltico. Si bien podramos conceder que la produccin, al menos la produccin fabril, ya no sera el centro ni de la dominacin ni de la lucha de clases, y as lo indicara que el sujeto de los cambios recientes en Venezuela no sean los obreros industriales, habra que preguntarse si este papel lo juega ahora la comunidad, y si las relaciones de dominacin, y la posibilidad de sustituirlas por relaciones democrticas y de poder desde abajo, se expresan principalmente en territorios acotados. En otras palabras, si es la comunidad, desagregada en demandas locales, y sus relaciones, la fuente objetiva de una forma de poder que le otorgue a los de abajo la soberana y direccin de la sociedad en su conjunto.

En la prctica, un nmero significativo de experiencias de Consejos Comunales limitan su actividad a la gestin frente al Estado y administracin de recursos frente a sus bases. Por supuesto no es posible negar los avances significativos que an tan restringida labor implica en el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en comunidades tradicionalmente excluidas, as como en el desarrollo de aprendizaje y capacidades locales, en una suerte de efecto propedutico que permite la acumulacin de experiencias que cualifican a los actores locales para plantearse desafos de otra naturaleza. Pero en general, sin desconocer numerosas e importantes excepciones, se ha impuesto un proceso de apaciguamiento, desmovilizacin y despolitizacin del ejercicio del poder popular, en tanto que se le desvincula de los intereses de clase y de su articulacin en proyectos generales, condicin de la politizacin. Se pasa de la movilizacin a la gestin, del conflicto con el Estado al asistencialismo, del protagonismo popular a la subordinacin.

Es una especie comn de la oposicin y de sus medios, demonizar a los Consejos Comunales por su supuesto control e instrumentalizacin por parte del gobierno y sus afines, implicando en consecuencia una amenaza para el pluralismo y la democracia. Este tipo de afirmaciones no slo son falsas (por su propia naturaleza los Consejos Comunales convocan a distintos actores de la comunidad, incluyendo a opositores, y en reas de clases medias y altas son hegemonizados por sectores antichavistas), sino que encubren el verdadero riesgo para la democracia (aunque en un sentido completamente opuesto al que pretende la oposicin) que por el predominio de determinado tipo de relacin con los Consejos Comunales, y en general con las distintas expresiones y formas de participacin popular, se juega en estos momentos en Venezuela. Ms que el peligro de su instrumentalizacin poltica, sera en buena medida lo contrario: su despolitizacin, el vaciamiento de su valor revolucionario y transformador, el predominio de un tipo de relacin entre pueblo y Estado en que prima el asistencialismo y las prcticas gestoras. Paradjicamente, lo realmente amenazado, y esto estara relacionado con los magros resultados en las ltimas citas electorales, es el propio proyecto chavista, fundado y sostenido por la permanente movilizacin popular2.


La comunidad como sujeto del poder popular.

Es la comunidad una categora que potencie la democracia desde abajo, tal como se ha instalado en el discurso poltico en los ltimos aos?

La nocin de comunidad cuenta con una amplia solera en el debate sociolgico occidental. Tanto en el socialismo utpico como en las tempranas elaboraciones de las ciencias sociales, la comunidad es vista de manera nostlgica o como crtica al individualismo de la sociedad moderna. Por otro lado, en Amrica Latina, la comunidad se convierte en un constructo poltico de primer orden de importancia en el desafo de la construccin del Estado nacin homogeneizante y racista, en las tradiciones campesinas, indgenas y en los programas polticos beben de estas tradiciones, como el katarismo en el altiplano boliviano y el zapatismo en los pueblos indgenas de Chiapas.

Sin embargo, la recepcin reciente de la comunidad en Amrica Latina no proviene de estas fuentes, sino del influjo de los discursos conservadores que nacieron de gobiernos neoliberales en los pases centrales. En ellos el nuevo comunitarismo ofrece una alternativa ideolgica eficaz tanto a los discursos universales centrados en la ciudadana, propios de las posturas socialdemcratas recin desalojadas del poder, y al discurso de las clases sociales de las posturas ms a la izquierda. La comunidad se opone a cualquier universalismo, para despolitizar y restar legitimidad a las demandas universales propias del Estado de bienestar o a programas polticos que pretendieran la transformacin de la estructura social.

En tal sentido, la nocin de comunidad como sujeto, al menos como se tramita en los programas polticos tanto neoliberales como progresistas dominantes en el continente, es insensible a las diferencias de clases. No hay ninguna diferencia entre una comunidad excluida, que lucha por acceder a bienes y servicios bsicos negados, y una comunidad de clase media que se organiza para, por ejemplo, defenderse de los extraos y mejorar la seguridad. La nocin de comunidad despolitiza, disolviendo las demandas polticas, universales por naturaleza, en demandas particulares, susceptibles de gestin sin alterar las relaciones de poder y dominio. La comunidad desmoviliza: en comunidades excluidas y empobrecidas, el nfasis en lo local encubre las determinantes de su condicin, de naturaleza sistmica, y por ello extra-local. Finalmente, la centralidad de la comunidad en la gestin poltica promueve prcticas y valores conservadores, pues la primaca de los intereses del grupo local conduce a mirar con recelo a los extraos, as sean de la misma clase social.

No se trata de desconocer la importancia de los procesos comunitarios en el continente, ni la potencia transformadora de la forma comunidad3, en tanto mbito en que se incuban nuevas relaciones sociales basadas en la solidaridad y la equidad, sino de advertir sobre los riesgos que una recepcin acrtica del concepto puede acarrear para el ejercicio poltico. No es casual que la retrica de la comunidad est presente por igual en procesos como el venezolano y en el discurso oficial del gobierno colombiano.


El protagonismo popular en Venezuela: desafos y amenazas.

A partir de la derrota poltica del bloque reaccionario en el referndum de 2004, y de la recuperacin del papel del Estado en la economa, con la renacionalizacin de la industria petrolera en 2003 y el incremento de los ingresos fiscales en los aos subsiguientes, se culmina la derrota del proyecto neoliberal que se haba iniciado en 1989. El resultado es el fortalecimiento de la capacidad reguladora, productiva y redistributiva del Estado. Sin embargo, una vez derrotado el neoliberalismo, el riesgo pasa a ser el remozamiento del capitalismo de Estado, frmula vigente en Venezuela al menos desde 1958 hasta los aos 80, soportado en el papel del Estado en la apropiacin y distribucin de la renta petrolera. Esto implica el surgimiento de nuevas elites econmicas al amparo de la inversin estatal, pero tambin reconducir y refrenar la movilizacin popular, evitando as que ponga en peligro el nuevo cuadro de dominacin.

As, la recomposicin del Estado y el reacomodo del bloque dominante con la emergencia de nuevas elites ha sido correlativo a los esfuerzos por reducir el protagonismo popular, sustituyendo la movilizacin por el encuadramiento institucional de la participacin, y el ejercicio del poder desde abajo por prcticas clientelares y asistencialistas. Se tratara de sustituir la redistribucin del poder por la redistribucin de la renta. Vaciar la participacin popular de cualquier signo inquietante, de cualquier potencia transformadora, reducirla a la pura gestin despolitizada que no interpele al Estado y a los nuevos grupos de poder.

El socialismo no es slo redistribucin. Implica soberana popular, el control efectivo por parte del pueblo del proceso de produccin social. Si el poder popular no es poder para transformar las relaciones que excluyen del ejercicio de la soberana, si se reduce nicamente a la negociacin de prebendas, a la gestin de recursos, y no deviene prctica transformadora, capaz de subvertir las relaciones de dominacin y de apropiacin privada de la produccin social, sea en sus modalidades pasadas o en sus nuevas expresiones, entonces no es verdaderamente poder popular, acaso administracin ms o menos benvola.

Por supuesto sta no es una situacin definida y clausurada. A la par de las tendencias dirigidas a la cooptacin, reconduccin y administracin del ejercicio del poder popular, cobran fuerza prcticas de signo contrario. La aparicin de experiencias an incipientes de control obrero en empresas estatales, en que el problema del poder se juega en la confrontacin entre los trabajadores y el patrn, aqu bajo la figura del Estado-patrn, los signos de desgaste del esquema asistencialista y la subsecuente movilizacin de Consejos Comunales y otros sectores antes desmovilizados, son evidencias de que se trata de un campo abierto lleno de tensiones y conflictos, y no de una situacin irreversible. Los procesos recientes de construccin de comunas, a partir de la agregacin de Consejos Comunales y mbitos territoriales, a las que se les atribuyen competencias legislativas, econmicas y ejecutivas, abre un espacio para superar los riesgos del localismo y la gestin. Los distintos esfuerzos unitarios que actualmente florecen, que permiten la articulacin de sectores y demandas sociales antes dispersos, a la vez que incrementan su capacidad de movilizacin, o la intensificacin en los ltimos meses de luchas sectoriales pero con un intenso carcter poltico y de clases, como las movilizaciones campesinas, las luchas urbanas, las tomas de tierra e inmuebles, las protestas obreras, hablan de la vitalidad del protagonismo popular y de su potencialidad para ejercer, a travs de distintas tcticas, formas de soberana y autogobierno. El propio presidente Chvez ha insistido recientemente en la necesidad de repolitizar y removilizar a las bases populares, exhortando a la interpelacin popular de las instancias de gobierno, para evitar su burocratizacin.

Cmo evitar los riesgos de un Termidor que aniquile las fuerzas populares desatadas por la revolucin bolivariana? La tensin entre la potencia constituyente que da lugar a la revolucin, y la tentacin de su institucionalizacin, reducindola y gobernndola, quizs sea una deriva de todo cambio revolucionario, slo conjurado por la reactivacin permanente de la capacidad creadora y subversiva del pueblo.

No creemos en respuestas ensayadas lejos de las prcticas en que se producen las preguntas, y mucho ms cuando se trata de procesos inditos como el nuestro. Es al fragor de las luchas populares, del enfrentamiento con la burocracia y la cooptacin, en que se irn trillando los caminos. En todo caso, se tratara de impulsar un proceso sostenido que permita la ampliacin de la democracia y del poder desde abajo, desafiando los lmites que intenten imponrsele. Esto pasa, al menos en el caso venezolano, por saber alternar la negociacin y el conflicto con las instituciones del Estado, con la acumulacin de experiencias y capacidades autogestionarias.

Al mismo tiempo, exige construir intereses generales, organizacin colectiva del poder, prescindiendo de la representacin y de cualquier forma que expropie al pueblo de su soberana. Esto requiere la repolitizacin de los procesos y la lucha, asumiendo la perspectiva de clases. La sociedad venezolana sigue siendo una sociedad capitalista, ahora con el riesgo de revestirse de la forma de capitalismo de Estado. El fortalecimiento de la democracia desde abajo pasa entonces por adoptar por parte de las luchas y las prcticas populares, el punto de vista de las clases explotadas, tanto en los intereses que se enarbolen, en los procesos de unidad que se construyan y en la accin poltica capaz de apuntar a las condiciones que permiten la reproduccin de este carcter capitalista y que definen, a fin de cuentas, quin detenta el poder real.

---

1 Este texto fue escrito en marzo de 2011. Aunque este ltimo ao diversas circunstancias y acontecimientos podran suponer nuevos elementos en la coyuntura poltica venezolana y la valoracin del momento de la revolucin bolivariana (elecciones presidenciales de octubre, enfermedad del presidente Chvez, nacimiento del gran Polo Patritico como espacio unitario, aunque con serias amenazas de ser tutelado desde las instancias burocrticas, del movimiento popular), en trminos generales los rasgos y tendencias que aqu se analizan tienen plena vigencia.

2 Un rasgo distintivo del proceso bolivariano, posiblemente comn a la de los otros pases en que han llegado gobiernos populares por la va electoral, es su permanente prueba en las urnas electorales, que le otorga un carcter plebiscitario continuado, que slo puede ser sostenido en una intensa movilizacin popular. A la vez hace que las elecciones se conviertan en un momento de alta politizacin y movilizacin popular, a diferencia de otros pases, en que tradicionalmente las elecciones serviran para desmovilizar y despolitizar.

3 Garca Linera, lvaro (sin fecha) La Potencia Plebeya. Accin colectiva e identidades indgenas, obreras y populares en Bolivia. Instituto Internacional de Integracin del Convenio Andrs Bello, La Paz, Bolivia.


* Andrs Antillano es Activista social. Militante del Movimiento de Pobladores y de los Comits de Tierra Urbana.


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter