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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2012

Entrevista con Diego Martnez y y Alfonso Castillo, reponsables de ONG de DD.HH.
Una paz inalcanzable?

Maurice Lemoine y Christophe Ventura
Mmoire des luttes


Desde 2006, el 6 de marzo se convirti en una jornada nacional e internacional de conmemoracin de las vctimas de crmenes de Estado cometidos en Colombia. En el marco de la edicin 2012 de esta jornada y a la ocasin de la organizacin de mltiples manifestaciones en Europa, Memoria de Luchas se encontr con Diego Martnez, secretario ejecutivo del Comit permanente por la defensa de los derechos humanos (CPDH) [1] y Alfonso Castillo, presidente de la Asociacin nacional de ayuda solidaria (ANDAS) [2]. De paso por Pars, los representantes de estas dos organizaciones estrechamente vinculadas al Movimiento de vctimas de crmenes de Estado en Colombia (MOVICE), aceptaron responder a nuestras preguntas sobre la situacin poltica y las perspectivas de paz en Colombia.

Despus de la realizacin de esta entrevista, el MOVICE as como numerosas personalidades colombianas, como el alcalde mayor de Bogot, Gustavo Petro, fueron vctimas de amenazas directas de muerte por parte de grupos paramilitares: guilas negras y Los Rastrojos (estos ltimos designaron al MOVICE como objetivo militar) [3].

MdL: Los desencuentros entre el antiguo presidente lvaro Uribe y el nuevo presidente colombiano, su ex-ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos comenzaron el mismo da de la toma de posesin y la distancia fue agrandndose con el paso de los meses. Significa eso una ruptura total de Santos con los mtodos de Uribe (chuzadas, falsos positivos [4], seguridad democrtica, etc.), y una fractura dentro de la derecha de la cual hacen parte estos dos hombres? Significa que ha cambiado la situacin de los derechos humanos en Colombia desde que lleg a la Presidencia Juan Manuel Santos ?

DM/AC: Colombia ha hecho transito del gobierno del Presidente lvaro Uribe Vlez (2004-2010), caracterizado por un incremento exponencial de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por parte de las fuerzas militares, la generacin de falsos procesos de desmovilizacin de grupos paramilitares y una fuerte poltica de persecucin a los defensores de derechos humanos . Ms moderado, por lo menos en el discurso, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), ha efectuado un viraje en el manejo de problemas sociales, entre ellos, en el asunto de las vctimas, con la expedicin de la ley de vctimas y restitucin de tierras. Sin embargo a pesar del cambio de discurso, la situacin real de los defensores de derechos humanos no ha cambiado, las agresiones y ataques continan, como lo demuestran los informes recientes del programa Somos Defensores [5], que indican que: (...) las agresiones individuales contra las personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2011 se incrementaron en un 126%, con respecto al mismo periodo del 2010 [6]. A esto se suma el asesinado de ms de 80 miembros del movimiento sindical. Significa esto que el gobierno Santos representa dos caras: por un lado, reconoce y respeta la labor de los defensores; por otro lado, incrementa (con complicidad gubernamental) la agresin y los ataques contra defensores y sindicalistas. Si nos preguntan si esto lo hace diferente a la administracin Uribe, diramos que solamente en cuestiones de forma.

MdL: Que piensan ustedes de la Ley 975, o Ley Justicia y Paz, del 2005 ? [7]

DM/AC: Esta ley ofrece, en teora, un marco legal para organizar la desmovilizacin y la reintegracin de los grupos armados, en especial los grupos paramilitares involucrados en la comisin de crmenes internacionales (crmenes de guerra y de lesa humanidad). Esta ley promovi un modelo de dosis mnimas de justicia a perpetradores de este tipo de crmenes. Pero, seamos claros, despus de 6 aos de aplicacin, el balance no podra ser ms desesperanzador para las vctimas y sobrevivientes de los crmenes: solo ha habido cuatro sentencias condenatorias recientes (primer semestre de 2011); Como lo indica el informe del MOVICE, con la vigencia de la Ley 975, fueron postulados por el Gobierno Nacional, como aptos para ser procesados y sancionados conforme a los parmetros de sus disposiciones, nicamente 3635 paramilitares, de los 35 353 desmovilizados de esas estructuras [8]. En la prctica, son variados los obstculos en el proceso diseado y contenido en la ley 975 de 2005. Nosotros podemos mencionar algunos: primero, los altos costos que genera la participacin de las vctimas en el proceso; segundo, la ausencia de mecanismos que garanticen su seguridad; tercero, la desinformacin, pues las vctimas y sus defensores no han sido instruidos en todas las reglamentaciones menores que contiene la ley; cuarto, el papel pasivo que juega la vctima durante el proceso y, quinto, la poca efectividad del incidente de reparacin.

MdL: La ley 1448, o Ley de Vctimas, fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio 2011. Esta ley reconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia as como el derecho de las vctimas a la verdad, la justicia y a una justa reparacin. Cul es la evaluacin preliminar que ustedes pueden hacer de su aplicacin?

DM/AC: La Ley de vctimas contiene importantes postulados en materia de derechos de las vctimas. Sin embargo, nos enfrentamos a un modelo de reparacin fallida, muy al estilo de la fracasada ley de reparaciones del Per, bajo la presidencia de Alberto Fujimori. En primer lugar, porque existen diferencias entre lo que se plantea en la ley y la realidad de la restitucin de bienes. Por ejemplo, en 2012 el gobierno fij como objetivo la restitucin a las vctimas de apenas 2100 propiedades inmuebles. Esta cifra puede sumarse a las 699 restituciones (18 119 hectreas) que, por va administrativa, se realizaron en 2011 (http://bit.ly/zWvgwL). En este sentido, confirmado las 2100 restituciones que esperan en 2012, el Director de la Unidad de Tierras Despojadas del gobierno colombiano explic que la cifra se cuadruplicar en 2013, es decir, que se calcula que sern restituidas 8400 propiedades inmuebles (http://bit.ly/w7jiLM). Al final del perodo de gobierno Santos, habr ms o menos 11 199 restituciones de bienes inmuebles, lo que represente solamente el 7% de los 160 345 bienes prometidos por el presidente de Juan Manuel Santos.

Hasta el presente (en 2012), 350 000 familias han denunciado haber sido vctimas de despojo de tierras. Con la poltica actual, estamos realmente muy lejos de la restitucin de las ms de 4 millones de hectreas despojadas por los paramilitares [9]. Otras dos cuestiones se adicionan a este problema: la debilidad institucional y la falta de garantas para las comunidades indgenas y campesinas. Muchos de entre ellos no pueden, en la prctica, volver a sus territorios por estos que siguen bajo el control militar de quienes cometieron el despojo.

MdL: Cuales son los principales obstculos de la Ley de vctimas ? La existencia del fenmeno de Bandas criminales (Bacrim), permite la restitucin real de tierras ?

DM/AC: Como lo hemos mencionado, en la actualidad el conflicto armado contina y con ello la presencia de grupos paramilitares que actan con el beneplcito del Estado. Esta situacin impide la existencia de garantas para un efectivo retorno y una verdadera restitucin de tierras.

MdL: La expresin Bacrim se refiere realmente a una nueva forma de delincuencia comn o se trata de un eufemismo para denominar a una estructura ms del paramilitarismo ?

DM/AC: En Colombia, el paramilitarismo, histricamente, ha recibido muchos nombres. En esencia, podemos destacar tres de sus caractersticas esenciales: (1) Ha sido un verdadero instrumento de la contra-reforma agraria como principal despojador de tierras a comunidades campesinas e indgenas; (2) ha mantenido un carcter pro-estatal; y (3) ha dirigido sus acciones de intimidacin contra organizaciones campesinas, indgenas, sindicales y dems. Las bandas criminales o Bacrim han sido llamadas de esta manera por el gobierno colombiano. Ellas son, en realidad, la expresin de la tradicional poltica paramilitar. En la prctica, esta expresin es utilizada para esconder una criminalidad de origen estatal.

MdL: Descartando las propuestas del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Juan Manuel Santos insisti en que el nico inters de su administracin es acabar con el conflicto armado de manera permanente. Advirti que por eso van a continuar la lucha contra el terrorismo, el crimen y la violencia . Esto significa el cierre de los espacios de negociacin?

DM/AC: Colombia es el segundo pas en la regin que ms invierte dinero en guerra. Santos ha asignado a la Defensa uno de los presupuestos ms altos conocidos en la historia nacional y ha desarrollado una estrategia de guerra sin cuartel a travs del ejrcito Colombiano. En efecto, hasta este momento la nica poltica del gobierno colombiano ha sido la guerra. Si, por un lado, Santos insiste en que: llave de la paz no est en el fondo del mar, por otro lado, afirma que las cuestiones de paz estn en cabeza exclusiva del ejecutivo y ha venido aumentando las operaciones militares en contra de las comandancias de las guerrillas, especialmente de las FARC.

MdL: Hay otras opciones posibles para la paz en Colombia?

DM/AC: El asunto de la guerra y de la paz, no es un asunto exclusivo del Estado y las guerrillas. Es indispensable fortalecer el papel de la sociedad civil en esta bsqueda. Diferentes sectores de la sociedad han venido insistiendo en este sentido, por ejemplo Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera la ex senadora Piedad Crdoba o el partido de oposicin colombiano Polo Democrtico Alternativo (PDA). Esta es, igualmente, la posicin de todas las organizaciones de vctimas y defensores de derechos humanos que, durante dcadas, hemos trabajado a favor de una salida poltica negociada del conflicto armado colombiano.

En esta tarea, el reto ms importante para las colombianas y los colombianos, vctimas directas e indirectas del conflicto armado, es discutir y decidir qu modelo de justicia y de derechos debe ser aplicable enfrentar la impunidad y para hacer un trnsito real (ms all de los discursos de los gobiernos de turno) hacia una superacin del conflicto social y armado en Colombia.

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[1] Esta organizacin fue fundada en 1979 y que desde entonces ha liderado una dura lucha en defensa de los derechos y libertades democrticas y la proteccin a la poblacin civil en medio del conflicto armado. En este marco, el CPDH lleva a cabo una accin decidida de lucha contra el paramilitarismo.

[2] Organizacin fundada y dirigida por vctimas del desplazamiento forzado en Colombia que luchan por una poltica pblica de atencin integral al desplazamiento forzado. ANDAS promueve la prevencin y proteccin contra el desplazamiento, en la bsqueda de la paz negociada al conflicto armado. La Asociacin exige la restitucin real e integral de las tierras despojadas que hoy se encuentran en poder de grupos paramilitares y empresas multinacionales minero-energticas

[3] Vase los documentos originales de amenaza en documentos adjuntos

[4] Esta expresin describe una serie de asesinatos cometidos por las fuerzas armadas colombianas, contra civiles inocentes, con el objetivo de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

[5] Programa no gubernamental de proteccin que reagrupa las ONG colombianas de defensores de derechos humanos. Vase: www.somosdefensores.org

[6] Informe : Ms all de las cifras.

[7] Criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, esta ley organiza la reintegracin de los paramilitares a la vida civil y tiene como objetivo contribuir a la realizacin de la paz nacional. La ley prev penas de prisin limitadas (mximo 8 aos y medio) a cambio de una plena colaboracin con la justicia colombiana, del reconocimiento de los crmenes cometidos y del principio de reparacin para las vctimas. Vase: Colombie, un parcours sem dembches (http://www.medelu.org/Colombie-un-p...).

[8] Sin justicia y sin paz : verdad fragmentada, reparacin ausente (2009)

[9] 40 000 km2, o cuatro veces la superficie de la regin Ile-de-France.

http://www.medelu.org/Colombia-Una-paz-inalcanzable


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