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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2012

El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista

James Petras
Rebelin

Traducido para Rebelin por Ricardo Garca Prez.


Introduccin

Los principales pases exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los ms implicados con las principales multinacionales energticas y de la minera del mundo, son tambin los que se caracterizan por ejercer las polticas ms independientes y progresistas. En apariencia, la primaca de las economas basadas en el capitalismo extractivo y la exportacin de bienes, ya no guardan correlacin con gobiernos neocoloniales.

Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases dirigentes locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reeleccin de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los xitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre la cpula y la base de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia poltica entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.



El bando progresista

Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete pases de Amrica Latina que constituyen lo que se podra denominar el bando progresista: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Per y Venezuela.

Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos pases son: 1) la trayectoria poltica anterior: la mayora estn encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros, 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el mbito de la poltica exterior, en especial en lo referente a la intervencin y las medidas sancionadoras estadounidenses, 3) la retrica ideolgica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en Amrica Latina, 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos, 5) el rechazo vehemente del neoliberalismo y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales, 6) la perspectiva estratgica que concibe un proceso prolongado de transformacin social que subraya un calendario compuesto de modernizacin, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversin orientada a los mercados globales y, 7) la permanencia poltica en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparndose en la necesidad de completar esa concepcin transformadora.

El bando progresista tiene de s mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, segn la cual representa una ruptura o quiebra histrica con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarqua neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda estatalista. En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retrica alusiva al socialismo del siglo XXI. La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan polticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor.


La divisin entre izquierda y derecha tal como la representa el Bando Progresista (BP)

Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varan en funcin de si emanan de fuentes oficiales o de una investigacin emprica crtica. Segn los idelogos del BP, hay al menos cinco mbitos polticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional:

 

(1) Nacionalismo: a) mediante la renegociacin de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudacin de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas pblicas; b) mediante el aumento de la inversin estatal, convierte empresas de titularidad ntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector pblico y privado; c) mediante el incremento del pago de regalas suaviza la explotacin extranjera; y d) mediante una mayor presencia de tecncratas locales acrecienta el control nacional de decisiones estratgicas.

(2) Poltica exterior: El bando progresista ha desarrollado una poltica exterior independiente, cuando no explcitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de pases imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica) y UNASUR (Unin de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irn, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posicin estadounidense en la reunin de la Cumbre de las Amricas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusin de Cuba, la oposicin al control britnico de las Malvinas y la despenalizacin de las drogas. El BP ha manifestado su oposicin a la hegemona estadounidense, a las reformas estructurales del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crdito. Con la excepcin de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportacin. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5 por ciento de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9 por ciento; y Bolivia, el 8,2 por ciento..

(3) Poltica social: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reduccin de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mnimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos pases ofrecen crditos y financiacin asequible para pequeas y medianas empresas, han concedido ttulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno pblico sin cultivar al modo de pequea reforma agraria.

(4) Regulacin: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos qumicos txicos y semillas transgnica. Han autorizado la expansin de la minera, la agricultura y la industria maderera en reservas indgenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hbitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo productivo y limitar la financiarizacin de la economa.

(5) Poltica laboral: Se ha basado en un modelo corporativista de negociacin y conciliacin empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La poltica laboral ha quedado condicionada a la de limitar los dficits presupuestarios a la tasa de inflacin mediante la fijacin de los incrementos salariales. En sintona con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector pblico se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantas laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnizacin por despido no se ha aumentado. Las huelgas de trabajadores del sector pblico, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a travs de la mediacin gubernamental. La poltica gubernamental se ha orientado a la proteccin de las prerrogativas de la direccin, al tiempo que se respetaba la situacin legal y los derechos de negociacin colectiva de los sindicatos. En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestin obrera o la co-gestin, salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerrquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempea un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial. Ha sido necesaria la presin sindical a travs de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones ms atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan pblicamente las medidas neoliberales de flexibilidad laboral, han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de produccin.

La principal diferencia de poltica laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la puerta abierta a los dirigentes sindicales, su disposicin a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mnimo y, por lo general, la disminucin de la represin brutal y violenta.


Continuidades y semejanzas entre los gobiernos neoliberales del pasado y los progresistas actuales

Los autores, profesores universitarios y periodistas de derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales del pasado, sin reparar en que hay semejanzas estructurales polticas y econmicas a gran escala. Un anlisis ms matizado y equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempean un papel fundamental en el anlisis de las limitaciones y los conflictos emergentes y la crisis que espera a los gobiernos progresistas. Adems, estas limitaciones, fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo alternativos propuestos por los movimientos sociales populares.

El modelo de exportacin agro-mineral ha hecho gala de deficiencias estratgicas profundas en su propia estructura y rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-minerales ha venido acompaado de la entrada a gran escala y largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez determina la tasa de inversin, las fuentes de incorporacin de maquinaria, tecnologa y conocimiento, as como el control del procesamiento y la comercializacin de materias primas. Los socios multinacionales de los gobiernos progresistas han condicionado su participacin sobre la base de (a) la desregulacin en la proteccin del medio ambiente, (b) el cese del control de precios y la introduccin de precios internacionales para la venta en el mercado interior y (c) la libertad para gestionar las ganancias del comercio interior y transferirlas al extranjero.

Tambin controlan las decisiones relacionadas con la explotacin de las reservas mineras. La expansin de la produccin se rite por criterios multinacionales propios y no por las necesidades del pas anfitrin. En consecuencia, a pesar de la renegociacin de contratos que los gobiernos progresistas celebran como avance gigantesco hacia la nacionalizacin, la prdida acumulativa de los ingresos y el reequilibrio de la economa son sustanciales. Si se observa ms all del entorno agro-minero, el impacto negativo para el desarrollo posterior es importante. El muy limitado impacto que el modelo agro-minero ejerce sobre el conjunto de la economa ha desembocado en abril de 2012 en un conflicto concreto entre la empresa nominalmente espaola Repsol y el gobierno argentino de Cristina Fernndez. La conducta de Repsol ilustra los escollos que presenta la colaboracin con empresas extranjeras del sector extractivo. Repsol se neg a aumentar las inversiones aduciendo que la regulacin local de los precios reduca sus mrgenes de beneficio. En consecuencia, entre 2010 y 2011 la factura energtica de Argentina se multiplic por tres pasando de los 3.000 millones a los 9.000. Adems, Repsol repatriaba sus beneficios, pagaba elevados dividendos a los accionistas del exterior y, por tanto, influa muy poco en la creacin de industrias en el interior que supusieran aportaciones al proceso o refineras para procesar el petrleo. La tentativa del fallecido presidente Kirchner de acrecentar las propiedades nacionales incorporando a un capitalista local (el grupo Peterson) no tuvo ningn impacto positivo, sino la mera consolidacin del control de Repsol. Cuando Fernndez se apropi de la mayora de las acciones con el fin de establecer un control pblico e incrementar la produccin local, la totalidad de los dirigentes de la Eurozona encabezada por el gobierno espaol y la prensa econmica occidental lanz una campaa furibunda, amenaz con litigar y augur catstrofes econmicas. El problema de invitar a multinacionales extranjeras a invertir es que resulta difcil retirarles la invitacin. Una vez que entran en un pas, al margen de lo defectuosa que sea su actuacin, es difcil rectificar o corregir el perjuicio y pasar a un nuevo modelo de desarrollo centrado en lo pblico.

Todos los gobiernos progresistas, con la posible excepcin de Venezuela, han firmado contratos de larga duracin y a gran escala con multinacionales extranjeras importantes del sector extractivo. Aparte del incremento de las regalas, los acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los gobiernos neoliberales de derechas que les precedieron.

Evo Morales firm un contrato de explotacin a gran escala con Jindal, una multinacional india, para explotar la mina de hierro Mutun, importando prcticamente todas las aportaciones (maquinaria, transporte, etc.) y con un grado de industrializacin muy limitada de la mena de hierro (en su mayora, simples pepitas de hierro). La gran mayora del gas y el petrleo de Bolivia la explotan iniciativas conjuntas del sector pblico y el multinacional y se enva al extranjero, lo que deja a ms del 60 por ciento de los hogares rurales sin gas canalizado y significa que Bolivia tenga que importar casi todo su gasoil.

El Ecuador de Correa, otro presidente progresista destacado, firm dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposicin de la mayora de las organizaciones indgenas, entre ellas CONAI. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociacin de contratos que supone incrementar del pago de regalas y una mayor presencia de autoridades pblicas, conservan una posicin privilegiada en decisiones fundamentales relacionadas con la gestin, la comercializacin, la tecnologa y la inversin. A pesar de que se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas y de las multinacionales no son muy diferentes de lo que se saba que suceda bajo gobiernos neoliberales anteriores. Adems, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los tecncratas y administradores que trabajaron con gobiernos neoliberales anteriores desempean un papel destacado en la direccin de las iniciativas mixtas.

Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos xitos en la reduccin de los niveles de pobreza, lo hacen como consecuencia del crecimiento de la economa, no a travs de la redistribucin de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado polticas redistributivas: la concentracin de rentas y de tierras, con elevados niveles de desigualdad, contina intacta. En realidad, la jerarqua de la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayora de los casos, se ha visto reforzada por la inclusin de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre ellos se encuentran muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, as como nuevos capitalistas que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista.

El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las polticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto pblico y reducen la tasa de inflacin. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Per, Bolivia y Ecuador. Brasil, concretamente, ha atrado grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y la City londinense debido a sus elevados tipos de inters en relacin con los de Amrica del Norte y Europa.

Junto con la concentracin de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las diferencias de riqueza. La renta de las lites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces ms alta que la de la inmensa mayora de los granjeros, campesinos y jornaleros dedicados a la agricultura de subsistencia. Muchos de estos ltimos siguen sometidos a unas condiciones de vida y laborales atroces. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por fortalecer la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrarias mientras los trabajadores quedan expuestos a la fumigacin de productos qumicos txicos no regulados.

Si la configuracin de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especializacin en la exportacin. Con los gobiernos progresistas, las economas se han diversificado menos y dependen ms de la exportacin del sector agro-mineral y energtico, y su crecimiento depende de la inversin extranjera a largo plazo y gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen ms de la exportacin de productos primarios.

Las polticas de libre mercado de los gobiernos progresistas exportadores de productos del sector agro-minero han estimulado el crecimiento de la actividad comercial a gran escala. El sector comercial est cada vez ms influido por la entrada masiva de multinacionales de titularidad extranjera, como Wal-Mart, cuyos productos tienen origen en el exterior, lo que perjudica a los pequeos productores locales y a los minoristas.

La apreciacin de la moneda ha afectado negativamente al sector manufacturero tradicional y a la industria del transporte, lo que ha supuesto una destruccin de empleo significativa, sobre todo, en el sector textil, del calzado y automovilstico de Brasil, Bolivia, Per y Ecuador. Adems, las medidas de apoyo para favorecer a los exportadores mayoristas del sector agro-mineral han venido acompaadas por una restriccin del crdito a los pequeos empresarios locales, en especial a los abastecedores de mercados locales, que han recibido un duro golpe con la importacin de bienes de consumo baratos (procedentes de Asia). Los agricultores que producen alimento para los mercados locales han visto reducido su impulso expansivo para ampliar la produccin de cultivos de exportacin como la soja.

En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de mltiples caras: una retrica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponan en prctica una poltica de fomento y expansin del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesa nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narracin de socialismo y democracia participativa pero, en la prctica, desarrollan polticas que vinculan el desarrollo a la concentracin y centralizacin del capital y el poder ejecutivo.

Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una prctica de cooptacin de dirigentes sociales y de clientelismo mediante los programas contra la pobreza para los sectores ms depauperados de la sociedad.

Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales a gran escala que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad del BP depende abiertamente del aumento de la demanda de materias primas, del elevado precio de los bienes y de la apertura de los mercados. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones de clase independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas.

Los progresistas han conseguido reformar o sustituir las polticas caticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el capitalismo normal. Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero desigual. En otras palabras: los parmetros del neoliberalismo se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonoma poltica y diversificacin mercantil. La toma de decisiones ejecutivas centralizadas basada en unos acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas se legitima mediante un marco electoral y una coalicin poltica entre muchas clases sociales.

Las polticas interior y exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: sus orgenes radicales en las campaas para tomar el poder y la posterior adopcin de una estrategia de exportacin agro-mineral desarrollista, propugnada por tecncratas neoliberales. La sntesis de estas dos experiencias aparentemente contradictorias encuentra expresin, por una parte, en la adopcin de una posicin poltica independiente y crtica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboracin econmica con los agentes del imperialismo econmico, a saber: la firma de contratos a gran escala y largo plazo con multinacionales del sector energtico y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han redefinido o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y polticas estatales, y no a sus elementos econmicos (las multinacionales) dedicados a la extraccin de materias primas y la explotacin de la mano de obra. Del mismo modo, redefinen el significado de antiimperialismo equiparndolo al de oposicin a las intervenciones poltico-militares y a la justa distribucin de los beneficios entre el gobierno y su socio multinacional. Esta redefinicin permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de la crtica regular a las polticas y prcticas del Estado imperial, mientras que la colaboracin y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar los apoyos de los intereses empresariales del interior y el extranjero. Cuando un gobierno progresista, como en el caso de la Argentina gobernada por Cristina Fernndez, decide nacionalizar o, dicho con ms precisin, obtener la mayora de las acciones de Repsol, la multinacional petrolera de titularidad nominal espaola, toda la prensa econmica, la Unin Europea y Washington denuncian la medida y amenazan con represalias. En otras palabras: el pacto tcito entre el bando progresista y los gobiernos imperiales consiste en que las diferencias polticas son tolerables, pero las medidas econmicas nacionalistas no son aceptables. La renegociacin de los contratos para aumentar los ingresos del Estado puede producir la suspensin temporal de nuevas inversiones, pero no una confrontacin poltica. Sin embargo, la apropiacin pblica de una empresa extranjera del sector extractivo hace pensar en una hostilidad previsible y en represalias de los Estados imperiales. La suscripcin por parte del gobierno progresista de Argentina a una medida de nacionalismo econmico estuvo limitada, no obstante, a una empresa y un sector. El gobierno de Fernndez no tena y no tiene planes para expropiar en el futuro otras empresas del sector extractivo, ni la medida form parte de una estrategia nacionalista general para avanzar hacia una mayor cuota de propiedad de titularidad pblica. Ms bien, la negativa de Repsol a aumentar las inversiones y la produccin acrecentaba la dependencia de Argentina de la importacin de petrleo, lo que estaba deteriorando su balanza de pagos y sus reservas de moneda extranjera. La negativa de Repsol a obedecer la agenda desarrollista de Argentina se basaba en la poltica de Fernndez de mantener el precio del petrleo de consumo para el mercado interior por debajo del precio internacional. El descenso de la produccin de Repsol era una forma de presionar al gobierno para que eliminara el control sobre los precios. De todos modos, el aumento del precio del petrleo tendra un impacto negativo sobre los consumidores industriales y locales, elevando los costes y reduciendo la competitividad de los exportadores y productores argentinos. En realidad, la intransigencia de Repsol amenazaba con debilitar el equilibrio de fuerzas social y poltico entre mano de obra y capital y entre exportadores del sector extractivo y consumidores populares, que sustenta la coalicin mayoritaria del gobierno. En resumen, la medida tena forma nacionalista pero contenido capitalista desarrollista.

An as, la medida ha polarizado la economa mundial entre el Occidente imperial y la izquierda latinoamericana, en la que los strapas latinoamericanos de siempre (Caldern, de Mxico, y Santos, de Colombia) han apoyado a Repsol.


Las divisiones entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales

Antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los dirigentes progresistas mantuvieron lazos estrechos y apoyaron y participaron activamente con la accin callejera y la lucha de masas de los movimientos sociales. Esgrimieron las banderas del nacionalismo econmico, la conservacin del medio ambiente y el respeto a las reservas naturales de las comunidades indgenas, la igualdad social y la revisin de la deuda externa incluyendo el rechazo de las deudas ilegales.

Los movimientos sociales desempearon un papel importante en la politizacin y la movilizacin de las clases trabajadora y campesina para elegir a los presidentes progresistas. Esa convergencia dur poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros econmicos ortodoxos para que dirigieran la economa. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economa nacionalista del sector pblico, concebida para diversificarse, y se pasaron a una economa mixta basada en empresas participadas con capital extranjero del sector extractivo. Primero, las comunidades indgenas de Per, Ecuador y algunos sectores de Bolivia pasaron a la oposicin aduciendo que no se tenan en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Luego, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado se arrancaron a demandar salarios ms altos y un incremento en el gasto pblico. Los pequeos campesinos y productores reclamaron estmulos econmicos para las explotaciones familiares y las industrias locales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias de explotacin basadas en la reduccin de los costes laborales y el abandono del mercado interior.

Los campesinos radicales sindicados y los dirigentes indgenas de los movimientos sociales pusieron en duda la estrategia extractiva agro-mineral en su conjunto, la distribucin y la administracin de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social defendiendo la reforma agraria, incluida la expropiacin de grandes plantaciones y la redistribucin de tierras a campesinos desposedos. Los dirigentes laborales reclamaban una poltica industrial que procesara materias primas con el fin de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalizacin de bancos e industrias estratgicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayora de sus lderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una parte mayor de los ingresos. Los gobiernos progresistas atrajeron a la gran masa de los dirigentes sociales a mesas de conciliacin tripartitas para negociar y garantizar cambios progresivos. Los gobiernos progresistas resaltaron su oposicin al neoliberalismo. Lo redefinieron para calificarlo de capitalismo no regulado y basado en regalas bajas y financiacin insuficiente de programas sociales. Los gobiernos progresistas consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales utpicos y reformistas progresistas. En poca de luchas sociales, los gobiernos progresistas aludan a una alianza de izquierda y derecha y acusaban a quienes les criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales con fundamento imperial. Los llamamientos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos con los que se financiaba el creciente gasto social debilit a la oposicin de izquierda. Los aumentos moderados pero sostenidos de los programas contra la pobreza y el salario mnimo neutralizaron los llamamientos de los dirigentes radicales de los movimientos sociales. A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus races igualitarias radicales, fueron sobradamente capaces de obtener apoyo electoral masivo basndose en el crecimiento dinmico general de la economa y el crecimiento sostenido de la renta. Ambos fueron apuntalados durante largos periodos por un precio elevado de las mercancas.

Los presidentes extractivistas populares ganaron elecciones una y otra vez por mayoras sustanciales y fueron capaces de movilizar a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las mercancas y las mltiples oportunidades para la explotacin de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez ms elevado precio de las regalas. Los inversores extranjeros se sintieron atrados por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado a base de lazos econmicos con las multinacionales y de una alianza electoral con las clases bajas.


Estudio de casos del capitalismo extractivo y el bando progresista

Aunque los siete gobiernos del bando progresista comparten una estrategia comn de desarrollo basada en la exportacin de bienes primarios, hay diferencias significativas en el grado de diversificacin de sus economas, en la naturaleza y caractersticas de los bienes que exportan, en la intensidad de la polarizacin y cohesin sociales y en la envergadura y el alcance de la oposicin. En consonancia con estas diferencias, tambin hay diferencias sustanciales en el grado de sostenibilidad del modelo progresista y extractivo, o en la medida en que pueden verse sometidos a contestacin o regresin.

En el bando progresista se pueden realizar distinciones siguiendo muchos criterios: entre los gobiernos basados en dirigentes carismticos y que tienen una dependencia extrema de la exportacin de bienes primarios (Bolivia, Per, Ecuador y Venezuela) y quienes cuentan con sectores industriales y una direccin poltica ms institucionalizada (Brasil, Argentina y Uruguay). Tambin hay diferencias significativas en el grado de conflictos de clase y tnicos: Per, Bolivia y Ecuador atraviesan por una etapa de resistencia generalizada importante por parte de las comunidades indgenas relevantes, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la poblacin indgena es escasa, solo hay oposicin aislada. En trminos de lucha de clases, Bolivia ha vivido una generalizacin de las protestas por asuntos relacionados con la sanidad, la educacin, la minera y los obreros fabriles. Venezuela ha tenido que hacer frente a cierres patronales y boicots organizados por la lite econmica (lucha de clases desde arriba). Ecuador encontr protestas generalizadas por parte de la polica. Casi todos los dems pases (Brasil, Argentina y Uruguay) padecieron huelgas limitadas, en buena medida, por cuestiones salariales. Con la excepcin de Bolivia, las principales confederaciones sindicales trabajan estrechamente y colaboran con los gobiernos progresistas; en cambio, los movimientos campesinos y de trabajadores rurales de Brasil, Ecuador y Per han conservado mayor grado de independencia y militancia, sobre todo porque han sido los ms perjudicados por las estrategias de exportacin agro-mineral. En Venezuela y Brasil, los ejrcitos privados de los terratenientes han desempeado un papel fundamental en la lucha relativamente impune contra los beneficiarios de la reforma agraria.

La degradacin medioambiental y ms persistente se ha producido en Brasil, donde durante la dcada de gobierno del Partido de los Trabajadores se han desbrozado millones de hectreas de bosque tropical. La explotacin agrcola mediante productos qumicos es contundente en la mayor parte de los pases, en especial en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la soja se ha convertido en el cultivo de produccin preponderante. Todos los principales exportadores agro-industriales (Brasil, Argentina y Uruguay) recurren a productos qumicos txicos y semillas transgnicas que desencadenan infinidad de casos de perjuicios nocivos para los indgenas y sus hbitats naturales. La cuestin de la toxicidad y la degradacin del medio ambiente derivada de las gigantescas empresas mineras y madereras est bien documentada en Per, Ecuador y Uruguay. En general, cuanto ms numerosa es la poblacin urbana y cuanto ms dispersas estn las comunidades rurales afectadas negativamente, menor es la protesta ecolgica y la probabilidad de que las ONG ecologistas desempeen un papel importante en la protesta.

Como las industrias del sector extractivo estn en las afueras de los principales ncleos urbanos; como la mayora de las confederaciones sindicales colaboran con los gobiernos progresistas y consiguen incrementos salariales progresivos; y como la economa en general ha estado creciendo y el desempleo ha disminuido, los desequilibrios macroeconmicos, la dependencia de los bienes y las vulnerabilidades estructurales conexas no se han traducido en confrontaciones importantes entre capital y mano de obra. Los conflictos ms discutidos que se han producido se han dado entre las lites neoliberales ortodoxas respaldadas por Estados Unidos y las potencias europeas y los gobiernos progresistas. Nos vienen a la memoria varios ejemplos.

El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y Espaa organiz un golpe de estado fallido que fue contenido y un cierre patronal en el sector petrolero que fue derrotado. En el ao 2011, un levantamiento encabezado por la polica de Ecuador y un golpe de estado abortado en Bolivia fueron desbaratados con xito antes de que adquirieran empuje. En el ao 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en Argentina paraliz el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba contra una tasa impuesta a la exportacin y acab con concesiones del gobierno.

En buena medida, estas luchas de clases desde arriba operaron a favor de los gobiernos progresistas porque les permiti plantear la cuestin de forma unificada como si se tratara de una lucha entre un gobierno democrtico popular y una oligarqua autoritaria y retrgrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporaleente, las crticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de la derecha puli las credenciales del bando progresista y elev su popularidad.

Aunque el apoyo popular era importante para el sostenimiento de los gobiernos progresistas frente a las campaas de desestabilizacin ms derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unin Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo del ejrcito, de algunos sectores de la lite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo. Los progresistas, adoptando polticas moderadas (entre las que se encontraban los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejrcito) consiguieron dividir a la lite, conservar el apoyo del ejrcito y aislar a la oposicin de derechas. La derecha ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha supuesto un lmite muy estrecho para la capacidad de injerencia e influencia de Estados Unidos y la Unin Europea sobre el programa progresista.

El grado de progresismo en el seno del bando capitalista extractivo progresista vara de manera muy importante.

El gobierno de Chavez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo de los golpes de estado, las guerras y el bloqueo de Estados independientes por parte de Estados Unidos: ha apoyado la re-renacionalizacin del petrleo, el aluminio y otras materias primas, la minera y las fuentes de energa. Su reforma agraria generalizada, que ha beneficiado a 300.000 familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pblica y la educacin superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de alimentos bsicos a travs de supermercados de propiedad pblica y la vivienda pblica de bajo coste y a gran escala para los pobres, junto con las campaas de alfabetizacin y la formacin de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales han profundizado y ampliado el proceso de socializacin.


A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado polticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas estn pensadas para incrementar los ingresos, ms que producirse en el marco de una estrategia de transformacin a gran escala y largo plazo. No han seguido los pasos de Chavez sobre la reforma agraria y un mayor refuerzo del gasto social en salud, vivienda y educacin superior. Presentan como reforma de las tierras la gestin de tierras lejanas, pblicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de los cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y prestaciones sociales para hacerlos acordes con el aumento de los ingresos derivados de la exportacin de bienes y en sintona con la tasa de inflacin; Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y defendido a los principales titulares de terrenos del sector agrario. Los gobiernos menos reformistas y con las credenciales progresistas ms dudosas son los de Brasil, Uruguay y Per (bajo el gobierno de Humala), que han adoptado un programa de libre mercado; fomentan activamente la gran afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, rebajan la categora de millones de hectreas de bosques tropicales (en especial, Brasil), promueven el sector agrario empresarial y se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades y han recurrido a la dispersin de campesinos y personas sin tierra a las ciudades grandes y pequeas, donde ejercen de reserva de mano de obra para el capital o se suman al sector informal mal remunerado. Estos gobiernos progresistas moderados han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo de oposicin a las medidas imperiales estadounidenses en Oriente Prximo. Su progresismo se ve en el apoyo que prestan a la integracin regional, en su oposicin a la hegemona estadounidense en el continente (oponindose al golpe de estado de Estados Unidos en Honduras, al bloqueo de Cuba y a las injerencias en Venezuela) y en la diversificacin de los mercados exteriores. Brasil encabeza la marcha en la asistencia a los especuladores de Wall Street y en el gasto pblico contra la pobreza con unas cestas de alimentos bsicas. La reduccin de la pobreza queda igualada por el espectacular aumento del nmero de millonarios vinculados a los sectores financiero y de la exportacin de productos agro-minerales. Los progresistas moderados tienen el historial ms imponente (y bien documentado) de degradacin medioambiental en curso. En Per, Humala ha dado luz verde a una explotacin minera que amenaza al medio de vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado en una dcada la destruccin de millones de hectreas de bosque tropical amaznico y el desplazamiento de montones de comunidades indgenas. En Uruguay, los presidentes Tabar Vazquez y Mjica, del Frente Amplio, favorecieron que la fbrica de celulosa Botina, muy txica, contaminara el ro Paran a pesar de las protestas masivas.

En resumen, es difcil generalizar acerca de la actuacin del bando progresista, dadas las divergencias de poltica social y econmica. Pero se puede esbozar una especie de tarjeta resumen.

Todos los gobiernos han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agro-mineral. Todas han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economa. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Per) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciacin de las monedas y la prdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportacin. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepcin de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradacin han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represin del Estado (Per).

El impacto social de los gobiernos progresistas tiene un abanico de variaciones muy amplio, donde Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance y el resto carece de visin o proyeccin a largo plazo para redistribuir la riqueza, las rentas o la tierra. Su apoyo comn a la integracin regional va aparejado de divergencias importantes en el acomodo a la poltica militar estadounidense. Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, mientras que Brasil, Uruguay y Per han firmado acuerdos militares con el Pentgono.

El rendimiento econmico general es desigual. La economa de Brasil, en especial su sector manufacturero, se est estancando en un crecimiento cero o negativo en los aos 2011 y 2012; Venezuela se est recuperando pero con una tasa de inflacin del 20 por ciento, mientras que el resto del BP est experimentando un crecimiento sostenido pero una creciente dependencia de la exportacin de bienes al mercado asitico (China).

Las alternativas a las economas extractivas vigentes varan enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificacin en una alta prioridad; los gobiernos brasileo y argentino estn adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un xito limitado, sobre todo porque sus polticas vienen contrarrestadas por la expansin real de la extensin de tierras dedicada a la produccin de soja y bienes de exportacin. Uruguay, Per, Ecuador y Bolivia hablan de diversificacin, pero han evitado tomar medidas para pasarse a la produccin de alimentos y la agricultura familiar y todava tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local mediante una poltica de industrializacin con financiacin pblica.



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