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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-05-2012

La variable interpretacin de los cnicos

Jos Manuel Rambla
Rebelin


No hay mayor sordo que quien no quiere or, ni cnico ms grande que aquel que no quiere entender. Adela Ramrez lo sabe muy bien. Tuvo tiempo para comprenderlo durante los siete aos que pas encerrada en una crcel chiapaneca. Siete interminables aos durante los cuales a la justicia mexicana no le import el significado de las palabras que Adela no dejaba de pronunciar en el antiguo idioma de los choles, nica lengua que hablaba. Al final su perseverancia tuvo frutos y la benevolencia del sistema admiti el desciframiento de aquellos sonidos emitidos por la mujer: yo no mat a mi hijo.

Todo hubiera sido ms sencillo si desde el primer da el juez que instruy el caso hubiese puesto a su disposicin el traductor al que legalmente Adela tena derecho. Pero no lo hizo. No es extrao: vivimos malos momentos para los derechos, sobre todo cuando su aplicacin amenaza con trastocar las interpretaciones simples, tan prejuiciosas como reconfortantes. Qu ms sencillo que convertir en culpable a una vctima que rene los atributos de mujer, pobre, analfabeta e indgena? Demasiados infortunios juntos como para que, a los ojos del juez y del polica, no resultara sospechosa de alguna maldad oculta que explicase todo ese castigo divino reunido en su ser.

No muy diferente parece haber sido el razonamiento que llev al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, a justificar la ocupacin policial de Barcelona durante la reciente reunin del Banco Central Europeo. Y es que, a su juicio, el riesgo de una pedrada rebelde amenazaba con disparar la prima de riesgo, nico desvelo para los sueos macroeconmicos de nuestros gobernantes. Las explicaciones del responsable de Interior avanzan un paso ms en el proceso de neolengua orwelliana que se est gestando en nuestras sociedades pretendidamente democrticas y ultrainformadas. Porque si en los lejanos das del inicio de la crisis nadie negaba la responsabilidad de especuladores y banqueros en el estallido de la debacle, muy pronto el establishment poltico y meditico se encarg de desviar las culpas hacia pensionistas, enfermos, estudiantes, parados o inmigrantes, transformados as en despilfarradores acomodaticios del dinero pblico. Ahora, cada vez ms exprimidos de culpa estos colectivos a golpe de decreto ley y recorte, Ulloa nos desvela un nuevo y verdadero causante de nuestros infortunios: el disidente.

De este modo, la represin al inconformista supera el mero gesto desptico del poder para adoptar el perfil de una tecnocrtica decisin econmica. Gases lacrimgenes y privatizacin de hospitales, he aqu la alqumica receta neoliberal con la que obrar el milagro del saneamiento de un sistema al borde del precipicio social. Eso y unas gotas de socialismo para ricos, inyectando ms dinero pblico en las arcas de unos bancos preados de ladrillo. Al fin y al cabo, hace mucho que los generadores de opinin se encargaron de sacar la lucha de clases de la agenda poltica para archivarla en algn perdido apartado de cualquier cuenta de resultados, como gasto prescindible, fcil de eliminar aplicando el correctivo preciso con la intensidad necesaria. Las prximas movilizaciones del 15M nos permitirn conocer la fidelidad gubernamental con estas ideas, inquebrantable si damos crdito a los finos anlisis de Esperanza Aguirre. Tambin descubriremos el grado de intensidad que se considera necesaria, aunque, en cualquier caso, despus de sucesos como Valencia, o Barcelona, ya podemos aventurar que para nuestros bienintencionados gobernantes, nunca ser desproporcionada.

Y en medio de todos estos episodios, la paradoja. Si para Adela o los contestatarios los gritos de denuncia les convierten en culpables, para otros los susurros de culpabilidad son la antesala de la inocencia. Lo vemos tambin estos das a propsito de la trama Noos. Don Iaki Urdangarn, duque de Palma y esposo de la Infanta Cristina, junto a su socio Diego Torres estaran negociando su autoinculpacin y la devolucin de 3,7 millones de euros de los 10 millones obtenidos de las arcas pblicas, a cambio de evitar la crcel. Pero, sobre todo, a cambio de mantener lo ms inmaculado posible, dadas las circunstancias, a la figura de Juan Carlos I, cuyas gestiones en favor de los negocios de los presuntos defraudadores comienzan a ser ms peligrosas para el monarca que las cadas en Botsuana. Cosas de la Justicia, dirn algunos. Tampoco faltarn quienes piensen que no hay mayor estpido que aquel que no quiere saber. Aunque, claro, esos sern malpensados dignos de cualquier sospecha.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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