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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-05-2012

Crdoba
Ante problemas reales, nuevamente la demagogia

Sergio Job
Rebelin


Con fecha 15 de mayo de 2012, el Gobernador Jos Manuel De la Sota, remiti un proyecto de ley que tiene por objetivo explcito la inmediata clausura y prohibicin de instalacin en todo el territorio provincial de los locales de alterne o denominados comnmente whiskeras, cabarets, etc.. Luego de leer las once pginas que corresponden al proyecto de ley, resulta como mnimo llamativo, que en ningn lado se haga siquiera mencin a las trabajadoras sexuales quienes, en caso que el proyecto avance, sern sometidas a una nueva profundizacin en las condiciones de precaridad, clandestinidad, discriminacin y violencia en que deben desenvolver su labor.

Debe quedar claro que la prostitucin o trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas, aunque el proyecto de ley no haga diferenciacin alguna, e incluso por el contrario hable sin tapujos de la mafia del sexo, las drogas y la prostitucin, haciendo de una labor legal (la prostitucin o trabajo sexual), una sustancia (las drogas), y una prctica privada y absolutamente legal (el sexo), un todo indiferenciado y criminalizado (ya que se los califica de mafia). Cuesta entender el sentido y alcance de esa frase, sino la de confundir y criminalizar a elementos que de ningn modo forman un todo, y mucho menos, un todo vinculado a un acto delictivo. Trabajo Sexual o Prostitucin no es Trata de Personas. La droga no es el Narcotrfico. El sexo no es una mafia. Sea por ignorancia o por mala fe, lo que queda claro que el argumento esgrimido carece por completo de sentido.

Segn el artculo 14 de la Constitucin Nacional, todos los habitantes de la Nacin gozan del derecho [] de trabajar y ejercer toda industria lcita. El trabajo sexual es un trabajo lcito, lo que no lo es de ningn modo es el proxenetismo y la trata de personas, hecho aberrante, inhumano y repudiable por donde se lo mire. Sin embargo, confundir prostitucin o trabajo sexual como trabajo lcito, ejercida por una persona libre y mayor de edad, con cualquiera de las otras dos figuras, sea el que promueve o facilita la prostitucin de otra persona (proxenetismo), o aqul que por fuerza o coaccin obligare a otra persona a prostituirse (trata de personas), es cmo mnimo de un desconocimiento absoluto sobre el tema. El Trabajo Sexual no es Trata de Personas. El Trabajo Sexual no es un delito, ni una mafia, es un trabajo, que miles de personas realizan en este pas para poder llevar el pan a su hogar. Qu alternativa prev el proyecto de ley elevado por el gobernador para estas cientos de mujeres y hombres que seran condenadas a la clandestinidad y la arbitrariedad policial? Tuvo en consideracin el seor gobernador la voluntad de estas personas al momento de proyectar esta ley? Por qu nunca consult al sindicato de mujeres meretrices de la provincia sobre sus pareceres? Acaso para el seor gobernador estas trabajadoras no son ciudadanas? Para el gobernador las trabajadores sexuales no forman parte de l a organizacin social en su conjunto, colectivo indiferenciado y amorfo sobre el que fundamenta la legitimidad de la medida ?

Avanzando en los argumentos esgrimidos por el gobernador para elaborar el proyecto de ley, existe un reconocimiento explcito sobre el hecho de que ya no resulta novedosa la prctica de la desaparicin de personas, en su mayora jvenes, desprotegidas y de condicin humilde, a las que pese a los ingentes esfuerzos sobre todo de sus familiares y allegados, no es posible encontrarlas, ni ubicarlas. En primer lugar resulta aberrante y escalofriante que quien es encargado del gobierno provincial y de brindar proteccin a los ciudadanos, esgrima como argumento de un proyecto de ley su propia ineficacia en un tema tan bsico como la vida misma, advierta tan livianamente que no es novedosa la desaparicin de personas en el territorio provincial y que son los esfuerzos de los familiares de las desaparecidas (y no la polica) quienes ms aportan a la investigacin para dar con sus paraderos. Lo que tambin llama la atencin, es que el gobernador no diga una sola palabra sobre la responsabilidad que ante estos hechos le cabe al enorme y desproporcionado cuerpo policial de la provincia. Cuesta comprender que un ejrcito de 23.000 hombres armados, que en la actualidad implicaran algo as como 1 polica cada 141 habitantes no pueda dar con los y las desaparecidas. El gobernador est con esto alegando incompetencia o complicidad de las fuerzas policiales en las desapariciones forzadas de personas? En ambos casos la responsabilidad le cabe a l, su ministro de seguridad y la jefatura de polica, de modo primordial.

Por ltimo, si es real que, como dice el proyecto, el Gobierno de la Provincia de Crdoba en el marco del respeto irrestricto de todas y cada una de las libertades individuales y/o colectivas consagradas en la Constitucin Nacional y Provincial, garantiza y resguarda la libertad sexual de todos los habitantes, y en consecuencia no ha formulado ni formula juicios de valor respecto de la sexualidad de las personas, y a su vez respeta el derecho de las personas a trabajar en cualquier labor que no sea considerada un delito, por qu el gobierno no abre la puerta a un dilogo con las trabajadoras sexuales, para que se puedan avanzar en propuestas que logren organizar y regular el trabajo que realizan, por fuera de la explotacin a que son sometidas por quienes regentean o administran prostbulos? El art. 3 inc. a, parece cerrar las puertas a cualquier forma organizativa que puedan darse las trabajadoras sexuales, salvo la de exponerse a la violencia e inseguridad de la calle, donde son nuevamente criminalizadas, esta vez por el inconstitucional y discriminador Cdigo de Faltas, que con su arbitrariedad y vaguedad, en su art. 45, pena la prostitucin escandalosa. Eso sin contar los numerosos chantajes y regulaciones ilegales a las que son sometidas quienes deciden llevar adelante su labor en las calles de la provincia, tanto por las fuerzas policiales como por privados.

Este proyecto de ley, al igual que el decreto presidencial 936/2011 que lanzara con bombos y platillos el ao pasado el gobierno nacional, parecen ms golpes de efectos mediticos que una bsqueda de una solucin real al verdadero flagelo de la Trata de Personas. Bajo un ropaje progresista, una vez ms, no se hace ms que silenciar voces y realidades, profundizar prejuicios y discriminaciones, tratando de tapar el sol con un dedo. No ser ocultando y condenando cada vez ms a la clandestinidad a las trabajadoras sexuales, como se puede avanzar en una lucha seria y consecuente contra el aberrante delito de la trata de personas. Por el contrario, es necesario que las trabajadoras sexuales sean reconocidas y consideradas, recoger sus experiencias y saberes sobre la problemtica, facilitar y fomentar su organizacin laboral por fuera de la dependencia de proxenetas y aprovechadores de todo color y pelaje que viven de la explotacin sexual ajena. Se debe tambin investigar sin tapujos, cmo funcionan estas redes, avanzando sobre las implicaciones o complicidades que puedan existir en los poderes de la provincia y en el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad (tanto nacionales como provinciales) que fueran parte o cmplices de las redes de trata. No es con demagogia como se puede enfrentar la trata ni la explotacin de personas, sino con hechos concretos que apunten a donde tienen que apuntar, que no es a quienes ejercen el trabajo sexual, sino a los grandes poderes que fomentan, sostienen, ejecutan y permiten la intolerable prctica delictiva de la trata de personas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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