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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-05-2012

Por homicidios, torturas y otros atentados graves contra la libertad sindical
El Tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al estado colombiano

Tribunal Mundial Sindical



EL TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL resuelve: " Condenar al Estado de la Repblica de Colombia por ser responsable de los hechos sistemticos de violacin del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cmplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegtimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical."

Tribunal Mundial de Libertad Sindical COLOMBIA Bogot D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012). El Tribunal Mundial de Libertad Sindical integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMREZ, Presidente; LYDIA GUEVARA RAMREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR ALZAGA, JOS LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNNDEZ OLIVA y SEBASTIN VISCUSO, reunidos en sesin plenaria, en el expediente caratulado Sindicatos de Colombia c/ Repblica de Colombia s/ Violacin del principio de libertad sindical (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente sentencia

I.-objeto de la controversia

El Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por 81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo detalle se realiz en el auto de admisin de la demanda, de fecha 23 de mayo de 2012. En ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical por parte de la Repblica de Colombia, alegndose que los trabajadores de este pas, siempre han sido blanco de los ataques de la clase poltica tradicional, situacin que se habra agravado a partir de 1965, segn los demandantes, cuando se acogi por el Estado la doctrina de la seguridad nacional o del enemigo interno. Dice la demanda que el paramilitarismo se ha convertido en una poltica de Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos, los opositores y los trabajadores.

Luego la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en Colombia y la complicidad de los partidos polticos tradicionales. La demanda tambin relata otras violaciones graves a los derechos humanos, cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que prcticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.

II.- Competencia

En el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundament su legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales de diferentes pases, ajenos a la controversia planteada. Decamos en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical Colombia (TMLS), es un tribunal tico internacional, fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemtica violacin en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical. Es un tribunal tico, porque nace con el propsito de generar conciencia sobre la degradacin de ese derecho humano, que la institucionalidad no ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el fracaso de las estructuras polticas formales, en dar una respuesta adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este pas.

Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o, peor an, cmplices, entonces las vctimas y los pueblos tienen el derecho de reapropiarse democrticamente de la justicia, generando un espacio para la denuncia, la condena y la difusin de los hechos de violacin de la libertad sindical, identificando a sus responsables.

El Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen. Sin lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni ms ni menos, que desenmascarar la injusticia, y forzar la reaccin de aquellas personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.

Cuando la violacin de los derechos en general, y de la libertad sindical en particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo de defensa para poder sobrevivir a semejante degradacin social, entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemticamente violan el principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.

III.- Trmite ante el Tribunal

Recibida la demanda, al estar designadas las partes y pertenecer los hechos denunciados al marco de competencia del Tribunal, se orden notificar al Presidente de la Repblica de Colombia, Seor Juan Manuel Santos Caldern para que pueda ejercer el derecho de defensa. Paralelamente, se dispuso la produccin de la prueba ofrecida por la parte demandante, ordenando que por Secretara y atento a su volumen, sea reservada y archivada la documentacin, y que se tome declaracin a los testigos ofrecidos realizndose las audiencias los das 23 y 24 de mayo de 2012 en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.

IV.- El marco normativo

Para resolver la controversia planteada, el Tribunal ajust su decisin a la Constitucin Poltica (CP) de la Repblica de Colombia, artculos 25, 39, 53, 55 y 56; al Cdigo Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), nmeros 87 (1948) sobre libertad sindical y proteccin del derecho de sindicacin, 98 sobre el derecho de sindicacin y de negociacin colectiva (1949), 151 sobre las relaciones de trabajo en la administracin pblica (1978) y 154 sobre el fomento de la negociacin colectiva (1981); a la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a la Declaracin Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los llamados Pactos de Nueva York, el relativo a los Derechos Civiles y Polticos (art. 22.1) y de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y dems tratados que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia sindical. Tambin se tuvieron en cuenta los dictmenes y resoluciones de los organismos internacionales de interpretacin y aplicacin de dichos tratados y convenios, como, por ejemplo, la Comisin de Expertos, la Comisin de Aplicacin de Normas y el Comit de Libertad Sindical de la OIT. Por ltimo, pero muy especialmente, el Tribunal apoy su decisin en la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos Baena, Ricardo y otros (02/02/2001) y Huilca Tecse c/ Per (03/03/2005).

El Tribunal destaca que la profusin de normas internacionales que consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como un derecho humano fundamental integrante del ius cogens o derecho consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los pases, conforme al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.

V.- La libertad sindical

Ingresados en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda sociedad democrtica.

Baste decir que la libertad sindical comprende tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonoma sindical, que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad lcita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. La funcin de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el desconocimiento sistemtico de la libertad sindical deriva en una situacin de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.

La libertad sindical est ntimamente vinculada con la subsistencia del trabajador y de su familia, con la proteccin y mejoramiento de sus intereses y derechos, ya que es la garanta para el ejercicio de sus derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una remuneracin justa. Y si la libertad sindical est relacionada con la subsistencia de la persona, entonces est vinculada con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I .T diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de asociacin son un derecho humano fundamental y un valor medular del sistema, cuyo propsito principal es que los trabajadores defiendan sus derechos adquiridos y an puedan mejorarlos.

Las normas constitucionales y la ratificacin de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es un dato importante para juzgar la situacin de la libertad sindical en Colombia. Pero lo verdaderamente esencial es el grado de aplicacin efectiva de esa normativa.

Este Tribunal ha podido comprobar, con las pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la norma jurdica protectora y su aplicacin en la realidad. Se viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurdico interno crea condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores dbiles y sin capacidad de accin sindical. Tambin cuando se reglamenta el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociacin colectiva es un burdo simulacro.

Pero la ms grave violacin de la libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo es permanente, en el marco de una evidente impunidad, sobre todo de los grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor an, cmplice.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Huilca Tecse c/ Per (03/03/2005), ha dicho: El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que sern sujetos a violencia alguna, pues, de lo contrario, se podra disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la proteccin de sus intereses. Agregando: Por lo tanto, la ejecucin de un lder sindical, en un contexto como el del presente caso, no restringe slo la libertad de asociacin de un individuo, sino tambin el derecho y la libertad de un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor.

La O.I.T ha sealado: un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda ndole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que consagran los Convenios nms . 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligacin de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como nico medio para garantizar el respeto y la proteccin a la vida. (Vase Recopilacin de 1996, prrafos 61 y 62; 306 . informe, caso nm. 1903, prrafo 489, 331. Informe, casos nms . 1937 y 2027, prrafo 106; 327 . informe, caso nm. 1787, prrafo 342 y 333. Informe, caso nm. 2268, prrafo 755.)

La experiencia indica que el ejercicio de la libertad sindical est claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un pas de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad de las personas, la libertad de opinin y expresin, la libertad de reunin, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales independientes e imparciales y el derecho a la proteccin de los sindicatos. En un pas en el que se verifican graves violaciones de las libertades civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo, pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la legalidad y el Estado Social de Derecho.

Estrechamente vinculado con esta situacin, aparece generalmente una administracin de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar an ms el clima de impunidad e inseguridad existentes. Las restricciones civiles y polticas constituyen una de las principales causas de violacin de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comit de Libertad Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales.

Es responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes sindicales, no slo su vida, su integridad fsica, o su libertad, sino tambin la libertad de movimientos y de circulacin, sin temor a represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple con esa responsabilidad.

VI.- Sobre los hechos comprobados

El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando ms all de su legalidad o legitimidad est socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas. Est demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos econmicos, reduce la sindicalizacin y dificulta enormemente la formacin de nuevos sindicatos.

En 1970 haba una sindicalizacin del 14% de la poblacin econmicamente activa, y en la actualidad es menor del 4%, resultando que slo el 2% de los trabajadores est amparado por la negociacin colectiva. Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este pas deslaboralizar la contratacin individual, disfrazada como contratacin civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado .

Paralelamente, este proceso ha sido acompaado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociacin colectiva, desnaturalizndose e incumplindose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas clusulas son sistemticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados. La violencia antisindical ha posibilitado la aparicin de cooperativas de trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes.

Otro fenmeno similar es la utilizacin fraudulenta de las agencias de servicios eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que representan una fuerza de trabajo de difcil o imposible sindicalizacin.

Este Tribunal considera que la mayora de los trabajadores colombianos se encuentran en una situacin laboral, que podramos calificar como la prehistoria del Derecho del Trabajo, situacin a la que se llega merced a los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.


Frente a la violencia irracional, generalmente originada en funcin de la proteccin de los intereses de los grupos econmicos y de las empresas multinacionales, la reaccin del Estado colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de proteccin de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con autntica conviccin poltica las causas que motivan dicha violencia.

El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos econmicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical dbil y fragmentado, situacin que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia sindical, que acta segn sus propios intereses. Ante los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad con la que actan los responsables de dichas violaciones. Y en este fenmeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial. Los fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la actividad de los representantes sindicales, y que estn reconocidos en la Constitucin Poltica de Colombia y en los Convenios de la O.I.T., son sistemticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho que se reitera con llamativa regularidad. Situacin que se ve agravada cuando con total impunidad se desconocen rdenes judiciales de reintegro de los trabajadores afectados.

En Colombia las relaciones laborales no son democrticas ni participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura autocrtica, donde uno manda y los dems simplemente obedecen. Se desconoce el acuerdo bilateral y democrtico de las partes que integran la relacin laboral. El trabajador es un simple engranaje, fcilmente sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos, cuyo dueo ignora. La estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de defenderlos.

El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las relaciones laborales son inestables, violentndose el principio de la permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical, que lleva a un sindicalismo dbil y fragmentado, permite que relaciones laborales que deberan ser por tiempo indefinido, por responder a necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude laboral.

Es lgico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder su puesto de trabajo, la discriminacin, el abuso y la prepotencia patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de por s, una relacin de poder; poder que se descontrola cuando no hay libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del movimiento obrero en este pas no es una casualidad, ni un hecho inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un plan para que en Colombia exista una mano de obra dcil y barata. Y para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstculo.

El procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista en este expediente: la represin de la actividad sindical, la violencia extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una sociedad democrtica y moderna.

En este marco de franca desproteccin de la clase trabajadora colombiana y de extrema debilidad del sindicalismo, no debera extraar que el ndice de siniestralidad laboral sea elevadsimo, lo que se ha podido comprobar a pesar de la ausencia de estadsticas oficiales confiables. Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son deplorables. Tales condiciones llevan a que un reducido nmero de trabajadores alcance los servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayora. La proteccin de la vida y la salud del trabajador, que son su nico patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los empleadores estn dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de los organismos estatales, que deberan controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.

El Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente en los foros internacionales, alegar que Colombia es un pas en el que actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales afirmaciones es la resolucin adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara la actividad sindical en el pas es de alto riesgo.

VII.-NORMATIVIDAD REGRESIVA

1. An est vigente el artculo 430 del Cdigo Sustantivo de Trabajo (CST) que prohbe la huelga en una amplia gama de actividades econmicas que no son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la OIT, especialmente el Comit de Libertad Sindical, en varias ocasiones ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.

2. Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artculo 417 del CST.

3. Frente a ms de un milln de empresas y 19 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Colombia, la negociacin colectiva negociacin colectiva El proceso de negociar trminos y condiciones de trabajo mutuamente aceptables, as como de regular las relaciones laborales entre uno o varios representantes de los trabajadores/as, sindicatos o centrales sindicales por un lado, y un empleador, un grupo de empleadores o una o ms organizaciones patronales por el otro, es prcticamente marginal.

4. Vase convenio colectivo La negociacin colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores colombianos. Por la exclusin de un gran nmero de trabajadores de la aplicacin del rgimen laboral del Cdigo Sustantivo del Trabajo, de los 19138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Cdigo, y slo 124.200 trabajadores se benefician de algn tipo de acuerdo colectivo. Se aprecia una grave exclusin del derecho de negociacin colectiva de los trabajadores con vnculo diferente al contrato de trabajo.

5. La Ley 1453 reform el artculo 200 del Cdigo Penal, condenando a quien perturbe reunin, asociacin o huelga. Esta proteccin es insuficiente. Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una sentencia que aplique esta disposicin.

6. El Estado colombiano expidi el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociacin colectiva.

7. El Estado colombiano expidi el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se reglamenta la concertacin de las condiciones laborales de los empleados pblicos, con lo cual se niega la negociacin colectiva de dichos trabajadores. Pero an con la concertacin se niega asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de direccin, administracin y fiscalizacin del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mrito como presupuesto esencial de la carrera administrativa.

VIII- Violaciones contra la vida e integridad personal, al derecho de asociacin y negociacin colectiva, persecucin sindical, criminalizacin de actividad sindical.

Para simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el Tribunal durante las audiencias de los das 23 y 24 de mayo de 2012 y los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolucin.

IX. En mrito de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada, El Tribunal Mundial de Libertad Sindical , RESUELVE:
  1. Condenar al Estado de la Repblica de Colombia por ser responsable de los hechos sistemticos de violacin del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cmplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegtimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.
  2. Exhortar al Gobierno de la Repblica de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para garantizar en el pas la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstculos y restricciones que han sido denunciados en esta causa.
  3. Exigir al Gobierno de la Repblica de Colombia que prohba, cese y sancione con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos, cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la actividad sindical.
  4. Dirigirse a cada una de las empresas e instituciones pblicas involucradas en la denuncia recibida, para que cesen en sus actos y polticas antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se dirigir a la casa matriz.
  5. Poner en conocimiento de la Organizacin Internacional del Trabajo la presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodrguez para realizar los trmites de notificacin.
  6. Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.
  7. Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.
  8. Pasar a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente se fijarn, para analizar la evolucin de la situacin de la Libertad Sindical en Colombia.
Ms sobre la convocatoria del Tribunal Mundial Sindical y la demanda contra el Estado colombiano en el sitio de la Marcha Patritica: http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=523:tribunal-mundial-de-libertad-sindical-colombia&catid=37:en-la-marcha&Itemid=94


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