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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-06-2012

El fin de un rgimen y el imprescindible nuevo proceso constituyente

Enrique Santiago
Nuestra Bandera


I. La situacin

En los cuatro aos transcurridos desde el inicio de esta profunda crisis econmica, los acontecimientos se han sucedido a velocidad de vrtigo, sin que a fecha de hoy nadie pueda decir que la crisis remite. Al contrario: todas las medidas de recorte y contrarreforma fiscal y laboral adoptadas por los partidos hegemnicos en el Rgimen de la Constitucin del 78 Partido Popular y PSOE fundamentalmente- para calmar a los mercados, han provocado que la ofensiva del capital financiero internacional para acabar con el dbil Estado Social y de Derecho espaol se intensifique, multiplicndose los ataques contra la mayora social y contra la dbil economa productiva espaola por parte de los distintos brazos ejecutores del neoliberalismo desregulador: mercados, agencias de calificacin, transnacionales de la energa y la alimentacin, grupos financieros, etc.

Ni en la peor de nuestras pesadillas podamos imaginar en el 2007 que Espaa -un pas que se consideraba en el grupo de cabeza del capitalismo internacional- se encontrara hoy al borde de la intervencin econmica o de la quiebra. Pero la crisis no es solo un concepto macroeconmico. La siente la ciudadana con toda crudeza en su vida cotidiana: el desempleo se acerca al 25% de la poblacin activa (llegar en breve a los 6 millones de personas), 200.000 familias han perdido su vivienda en estos aos, la poblacin activa es presa de la eventualidad en el empleo y de la bajada de salarios, lo que sumado al incremento de precios est significando una perdida acelerada del poder adquisitivo de la poblacin. 10 millones de espaoles se encuentran en el umbral de la pobreza o bajo dicho umbral, y los desproporcionados recortes presupuestarios impuestos por el capital financiero internacional se dirigen prioritariamente a los servicios sociales, la educacin, la sanidad y el empleo. Con estas polticas el pas sigue hundindose en la depresin econmica en un crculo vicioso en el que no se ve ningn final.

Dentro de poco, el Estado Social o del Bienestar no ser ms que un recuerdo. Entre la poblacin se generaliza la percepcin de que las medidas adoptadas para supuestamente salir de la crisis, pretenden cargar el coste de esa hipottica salida nicamente sobre quienes menos se beneficiaron de los aos de derroche y especulacin econmica que hicieron de Espaa el pas por excelencia del dinero fcil y rpido. Ahora comprobamos con dolor que fue un crecimiento basado en la especulacin del suelo y del capital, nunca basado en el trabajo, la inversin productiva, la educacin, la investigacin y el desarrollo. Ahora sabemos que en nuestro pas esta crisis es una gran estafa perpetrada por las oligarquas financieras e inmobiliarias contra la mayora social.

La construccin del estado Democrtico, Social y de Derecho europeo, fundado sobre el pacto constituyente consistente en garantizar el bienestar, la igualdad y la justicia a todas las personas, no fue un regalo de las oligarquas polticas y econmicas del siglo XX a las clases trabajadoras o medias ascendentes. Fue la consecuencia de la derrota del fascismo y nazismo internacional al precio de ms de 60 millones de muertos- y de la instauracin de regmenes socialistas en la Europa del Este. Ningn derecho ha sido regalado o prestado a los ciudadanos por las plutocracias como para que estas puedan de pronto decidir a su antojo recortar o suprimir los ms bsicos y esenciales derechos del Estado Social. Estos recortes y supresiones de derechos han ocurrido ante la sorprendente y fraudulenta parlisis e inaccin de las instituciones democrticas elegidas por esos mismos ciudadanos esa y no otra es su legitimidad democrtica- para garantizar los derechos que les estn siendo usurpados.

Tras la Segunda Guerra Mundial la humanidad acord elevar a categora de derechos imperativos los recogidos en la Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948 y en las Convenciones posteriores que los desarrollaron. Desde entonces, todos los derechos recogidos en esos tratados civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales- disfrutan de la misma proteccin terica en el derecho internacional el derecho de las llamadas naciones civilizadas- todos ellos son de obligado cumplimiento y respeto por parte de los poderes pblicos y de los particulares. Nadie ha explicado por qu todo el posterior desarrollo constitucional habido en los pases occidentales, los ms ricos y desarrollados econmicamente, elev a derechos de especial proteccin y exigibilidad nicamente los derechos civiles y polticos, y sin embargo discrimin a los derechos econmicos, sociales y culturales, obviando establecer en las cartas magnas mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de dichos derechos en caso de ser negados o conculcados, as como obviando en ellas la obligacin de las autoridades de garantizarlos.

Tras la desaparicin de los sistemas econmicos alternativos al capitalismo realmente existente, nos hicieron creer que el Estado y el sector publico eran ineficaces y perniciosos por naturaleza, poderosos instrumentos de liberticidio que deban quedar reducidos a su mnima expresin si no desaparecer cediendo el testigo al individualismo y la iniciativa privada, la libertad en su mxima expresin, lo denominaron los polticos conservadores y sus socios social-liberales, quienes construyeron un idlico relato del porvenir que nos esperaba, anuncindonos riquezas y bienestar inagotables para todos, en una especie de arcadia consumista y feliz que ha acabado revelndose como la mas orwelliana de las posibles pesadillas.

La actual crisis econmica se ceba nicamente en los ms dbiles, incrementando su nmero hasta el infinito, haciendo desparecer las denominadas clases medias y beneficiando a una minora los de arriba- cada vez mas reducida que ve como en sus manos se concentra la riqueza arrebatada a la inmensa mayora los de abajo-, de forma que en Espaa no todas las clases sociales padecen la crisis: el comercio de productos de lujo -yates, coches de alta cilindrada, joyas, pieles, etc.- est viviendo su poca ms dorada, con record de ventas ao tras ao, a la par que aumenta la muy exclusiva lista de millonarios patrios.

Se trata de un sistema criminal concebido y ejecutado por lites nacionales y extranjeras, dirigido contra todos los espaoles que no pertenecen al reducido grupo de las oligarquas financieras, las plutocracias establecidas o sus servidores. Un plan criminal perfectamente legal, segn la Constitucin de 1978- que contina ejecutndose en la absoluta impunidad, si bien con un claro incremento de la protesta social y de la rebelda frente a esta situacin por parte de quienes ms padecen la crisis y rechazan los traumticos recortes sociales impuestos. Este rebrote de la contestacin social, a su vez est provocando que el gobierno pretenda criminalizar la protesta y la disidencia, tipificando como delito la legtima movilizacin social, dndole tratamiento de terrorismo callejero.

II. Salir de un rgimen fracasado e incapaz de garantizar una vida digna a la mayora

A lo largo de la historia las leyes han aparecido cuando un grupo humano intenta regular sus relaciones de convivencia mediante un equilibrio entre las ventajas y las desventajas que cada uno obtiene con esa relacin. Equilibrio en las relaciones econmicas, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, etc. Las leyes son tiles si sirven para regular el sistema y hacer que este funcione eficaz y equitativamente, esto es, satisfaciendo dignamente las necesidades de todos sus integrantes y no de una minora excluyente. Si no es as, las leyes dejan de ser eficaces, dejan de ser justas y se convierten en ineficaces, en injustas, inequitativas y finalmente en ilegtimas. Se convierten en instrumentos de dominacin de unos sectores sociales sobre otros, desapareciendo toda ficcin de legitimidad. Llegados a este punto, el conflicto slo se puede resolver con la dominacin de la mayora por una minora o suscribiendo un nuevo pacto constitucional renovado y adaptado a la nueva situacin.

Al sistema poltico espaol le han fallado las leyes y quienes las hacen, empezando por la situada en el vrtice de todas ellas, nuestra Constitucin.

El Estado y sus instituciones, consciente e intencionadamente, se ha desprovisto de recursos legales que les permitan defender el Estado Social y Democrtico de los ataques al mismo, han prescindido de cualquier norma que les permitiera intervenir en el mercado ante los evidentes desmanes de este. Nuestros gobiernos, por indicacin de los especuladores, han desarmado al Estado y al sector pblico previamente a iniciarse la gran ofensiva neoliberal. La Constitucin del 78 es ya un texto vaco, sin credibilidad, y no merece otro apelativo que La Moribunda.

La Unin Europea se ha construido sobre la estricta prohibicin de la intervencin de los Estados en la economa, justificada con la falacia de la libre competencia, no se ha construido sobre la prohibicin de la especulacin, la defensa de la economa productiva y la defensa de quienes viven exclusivamente de su trabajo. Esta construccin europea slo ha beneficiado a las oligarquas y a los monopolios privados frente a las mayoras sociales, muy especialmente las de los pases perifricos. El actual marco europeo hace imposible prcticamente cualquier poltica econmica que garantice el desarrollo y bienestar de un pas como el nuestro.

El actual marco legislativo espaol, nuestro marco constitucional y la arquitectura institucional de la UE, no nos proporcionan herramientas lo suficientemente eficaces para invertir la situacin actual, para garantizar una democracia real donde los ciudadanos no solo voten, sino que controlen que los elegidos no se aparten del mandato electoral y lo cumplan, para poder as salir de la crisis y evitar que vuelva a producirse, para proteger al patrimonio de la sociedad en su conjunto frente a la voracidad de los interese exclusivamente individuales y privados.

El artculo 128.1 de la Constitucin determina que toda la riqueza del pas, incluida la privada, se subordina al inters general. El 128.2 y el 131 contemplan, respectivamente, la iniciativa pblica en la economa y la planificacin de esta para atender a las necesidades colectivas y as equilibrar y armonizar el desarrollo. Y el articulo 129.2 literalmente dice: Los poderes pblicos (...) establecern los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de produccin. Tales enunciados, retricos a fecha de hoy, de nada han servido al no ser acompaados de mecanismos constitucionales que posibiliten la exigibilidad de su cumplimiento a los poderes pblicos, poderes que ni han desarrollado dichos principios constitucionales ni han podido ser compelidos eficazmente a hacerlo por unos ciudadanos en absoluta situacin de indefensin ante el sistemtico incumplimiento constitucional.

Adems, el derecho al trabajo (Art. 35 de la Constitucin), a la vivienda (Art. 47), a la salud (art. 43), a la Seguridad Social (art. 41), a la cultura (art. 44), al medio ambiente sano y de calidad (art. 45), a la participacin de la juventud (48), entre otros cuya defensa no es prioridad de los grades poderes econmicos y financieros, son excluidos constitucionalmente del nico mecanismo legal de exigibilidad del cumplimiento de derechos fundamentales que prev nuestra carta magna, son excluidos de ser exigibles mediante recurso de amparo constitucional.

Las leyes deben responder a los problemas de su tiempo, contener mecanismos que permitan abordar y solucionar dichos problemas. Si no es as, no son tiles ni eficaces. Una constitucin con casi treinta y cinco aos, anterior a la era de la globalizacin de la econmica y las comunicaciones, es obsoleta por definicin, por mucho que irracionalmente se haya sacralizado hasta los niveles totmicos que ha llegado a alcanzar nuestra actual Carta Magna. Un texto imposible de reformar si no es para introducir el nuevo principio neoliberal del equilibrio presupuestario, conforme a lo ordenado por la oligarqua econmica europea. No es fcil encontrar una constitucin europea con treinta y cinco aos de edad que no haya sido sometida a profundas reformas, probablemente ninguna de las actuales. El pnico poltico que existe en Espaa a abordar una profunda reforma constitucional es impropio de una democracia madura y slida, donde una Constitucin es nicamente eso: una ley, la situada en el vrtice superior de la escala normativa, pero una ley a fin de cuentas que debe ser adaptada a las necesidades sociales de cada momento.

Recordemos adems el origen semiotorgado de nuestra Constitucin, cualidad que permiti hasta el reconocimiento de una legitimidad sobrevenida al rgimen dictatorial anterior, tal y como viene recordando nuestro Tribunal Supremo cada vez que falla contra la anulacin de una resolucin emanada de un Consejo de Guerra o de un Tribunal penal de la dictadura franquista.

Que en 1978 la democracia fuera una concesin del ejrcito y las oligarquas franquistas a la ciudadana nadie lo cuestiona a fecha de hoy, como nadie cuestiona que nuestro actual Jefe de Estado -designado previamente a la aprobacin de la Constitucin y por exclusiva decisin del dictador, sin que nunca se haya sometido al veredicto de las urnas- haya recibido su legitimacin democrtica -de la que careca en origen- mediante la aprobacin de nuestra actual Carta Magna. No se puede decir que en 1978 hubiera un proceso democrtico ni que la Constitucin se elaborara en libertad e igualdad de condiciones para todas las ideas o actores polticos.

Pero lo que fue condicin sine quanon para iniciar la democracia en 1978 no tiene porque serlo hoy da para defenderla y mejorarla, sobre todo si dicho marco constitucional se manifiesta por momentos como ineficaz e incapaz de dar respuestas a los retos de nuestra sociedad.

El 70% de las personas que hoy tienen derecho de voto en Espaa no pudieron votar la Constitucin de 1978, ni por supuesto participar en su elaboracin. No haban nacido o no tenan edad para ejercer el derecho al voto

Islandia se encuentra inmersa en un nuevo proceso constituyente, para que los ciudadanos, mediante la elaboracin y aprobacin de la que probablemente sea la constitucin mas participada en su redaccin de toda la historia europea, acuerden una nueva carta magna que garantice que los derechos de toda la sociedad nunca ms van a ser usurpados, secuestrados o esquilmados por los mercados. En Amrica Latina encontramos otros ejemplos de procesos constituyentes por los que los pueblos estn conquistando una segunda independencia y construyendo Estados que, con muchas dificultades, van consolidando la Democracia, la Soberana, el Estado de Derecho y una Economa Productiva, lo que permite una mejora sustancial del nivel de vida de la poblacin y hace retroceder la pobreza y la exclusin social. Estos procesos estn siendo catalizadores de los anhelos de buena parte de las clases populares -de los de abajo- que se empoderan y politizan en torno a ellos.

Espaa tambin necesita ese nuevo proceso constituyente para salir de la crisis y evitar volver a sufrir una estafa masiva y criminal de la envergadura de la que estamos padeciendo. Ante la negativa de los poderes pblicos a proporcionarnos estas herramientas, debe ser la soberana popular expresada legtimamente a travs de una asamblea constituyente, extensa y capilar, participativa y participada no solo por partidos polticos, sino tambin por movimientos sociales y personas, la que nos garantice a los ciudadanos los instrumentos por los que la mayora social hoy esta clamando. Esta crisis no tiene una salida economicista en los marcos institucionales actuales, es urgente construir otros reconquistando la democracia y la soberana que nos ha sido usurpada.

III. Un nuevo actor poltico para un Nuevo Proceso Constituyente

Las encuestas dan un crecimiento sostenido a Izquierda Unida, la nica fuerza poltica actual capaz de impulsar un sistema poltico y social alternativo al actual, a la vez que muestran un descenso en el apoyo popular a los dos partidos que han sostenido este fracasado rgimen constitucional de 1978: el partido actualmente gobernante -PP- y al partido que acaba de darle la alternancia en el gobierno, el PSOE. En abril de 2012, la intencin de voto a ambos partidos considermoslo apoyo popular- apenas alcanza sumada el 60% de la poblacin mayor de edad, un apoyo con clara tendencia al descenso

Como es lgico Izquierda Unida tambin est atravesada por el vrtigo ante lo nuevo que se abre delante de nosotros y nosotras. No olvidemos que buena parte de nuestra militancia, cuadros y dirigentes, se han educado polticamente en el rgimen constitucional de 1978 y su mayora de edad poltica ha sido la de este sistema constitucional ahora fracasado, en el que hemos formado parte de las instituciones, de gobiernos locales y autonmicos, construyendo muchas de las mejores cosas que tiene el pas en la actualidad. No es de extraar por tanto una cierta inercia entre ciertos cuadros y un entendible miedo a la incertidumbre que siempre acompaa cualquier cambio social de calado, cualquier proceso de transformaciones sociales fuertes.

Izquierda Unida aparece con frecuencia presa, en sus anlisis estratgicos, de los resultados de las encuestas de opinin, olvidando que no es esa fuerza poltica quin encarga macro encuestas ni disea las preguntas de estas. De no romperse esa dinmica, corre el riesgo de parlisis respecto a la necesaria formulacin de un proyecto distinto de pas en el que una mayora de ciudadanos pueda verse reconocido, un proyecto no solo para la izquierda sociolgica, sino para todos los de abajo en primer lugar, para las denominadas clases medias que cada da tiene ms claro estar en peligro de extincin en este rgimen, y tambin para muchos sectores de profesionales y pequeos y medianos empresarios hasta ahora no afectados contundentemente por la crisis pero que son conscientes de que acabarn siendo objetiva y duramente afectados por sta. Corremos el riesgo de que el deterioro del Rgimen sea ms rpido que nuestra capacidad de formular alternativas y construir instrumentos organizativos para llevarlas a cabo, lo que nos hara perder credibilidad social.

La encrucijada actual para Izquierda Unida es decidir si va a ser el actor principal que impulse el Nuevo Proceso Constituyente o si, por el contrario, va a esperar a que el hundimiento econmico del pas y el desgaste del bipartidismo le site ante unas mejores -nunca suficientes por si solas para alcanzar el poder efectivo- perspectivas electorales. Incluso es posible que esas mejores pero insuficientes perspectivas frenen de alguna manera el impulso necesario para dar este decidido salto adelante que necesita la mayora social.

Lo cierto es que al margen de la coincidencia que cada quien tenga con la necesidad de un Nuevo Proceso Constituyente, o con su idoneidad, Izquierda Unida en la actualidad no es capaz de aglutinar ni organizar en su seno a los sectores mas excluidos por el sistema, a los que estn padeciendo con ms dureza la crisis econmica y la falta de perspectivas le sistema y que por tanto estn ms interesados en cambiar urgentemente la realidad. No puede haber lugar para la autocomplacencia en un pas hundido en la depresin, el empobrecimiento y con seis millones de parados y paradas.

El surgimiento imparable del Movimiento 15M y el incipiente inicio de un ciclo de movilizacin, responde a la necesidad de esos amplios sectores excluidos de organizarse y construir alternativas de vida y de rgimen poltico y social. Ha sorprendido por su amplitud, su dinamismo y su sensatez, caracterstica esta ltima no siempre habitual en movimientos de masas tan multitudinarios y espontneos. Su base social est compuesta mayoritariamente por varias generaciones de espaoles nacidos entre los aos 70 y 90 del siglo pasado- probablemente las mejor formadas y preparadas de la historia, y a la vez las generaciones con mayor desempleo en la historia espaola, con mayor eventualidad laboral y con salarios mas reducidos con relacin al nivel de su formacin, por no hablar de la ausencia de disfrute de garantas sociales mnimas como acceso a los sistemas de seguridad social, seguro de desempleo, cotizaciones para jubilacin, etc.

Una autntica generacin perdida, una juventud sin futuro que ha venido a la poltica para quedarse y que no va perdonar la traicin que para el futuro de Espaa supone el terrible despilfarro de capacidades e inteligencias que significa el paro juvenil, la destruccin de la economa productiva, el desmantelamiento del sistema educativo y universitario, el xodo de varias generaciones de investigadores, etc. Frente a esto necesitamos construir un proyecto de pas para las mayoras sociales. Un pas soberano y democrtico en el que sea posible vivir y trabajar.

El movimiento indignado ha tenido el gran acierto de manifestar -desde una ciudadana claramente apartidista, que no apoltica-, lo mismo que vena siendo un clamor desde los sectores polticos organizados que han sido consecuentes con el pacto social y poltico alcanzado por la humanidad tras la derrota del fascismo a mediado del siglo pasado. Es decir, el movimiento no clama por un rgimen socialista o revolucionario, sino nicamente por la recuperacin del Estado Social, Democrtico y de Derecho, objetivo que hoy da parece inalcanzable si no es a travs de una autentica revolucin de las mayoras sociales. Un estado comprometido con la garanta de todos los derechos -tambin los econmicos y sociales- para todas las personas.

El movimiento 15M lo est manifestando a diario y ponindolo por escrito. Pocas tablas reivindicativas son ms concretas, factibles, sensatas y acertadas para defender el estado Democrtico, Social y de Derecho como las medidas que para salir de esta grave crisis han sido aprobadas por la Asamblea del 20 de mayo de 2011 de la Acampada de Sol: cambio de la ley electoral y democracia mas participativa y controlada por los ciudadanos; garanta de todos los derechos bsicos recogidos en la Constitucin, (vivienda, trabajo digno, sanidad, educacin, libre circulacin); eliminacin de leyes discriminatorias e injustas; reforma fiscal que devuelva la progresividad impositiva y aumente la carga fiscal de los que ms ingresan, incrementando los recursos del estado, es decir, los de toda la sociedad; recorte de los privilegios de la clase poltica; polticas econmicas al servicio de la sociedad y no de los dueos de las empresas bancarias y financieras; medidas eficaces contra la corrupcin; reduccin del gasto militar; democratizacin de la justicia.... Y todo ello lo podemos alcanzar de forma pacfica, ordenada y cvicamente, como as esta siendo este movimiento que, aunque por ahora slo en el plano de lo simblico, ha dado por finalizado el rgimen constitucional de 1978.

Este movimiento de indignacin ciudadana colectiva y generalizada, sumado a la prdida de apoyo popular de los partidos polticos del rgimen constitucional del 78, expresa el descontento ciudadano y el apoyo mayoritario que tendra el proceso de cambio, superador del actual rgimen, que denominamos Nuevo Proceso Constituyente (NPC).

Se trata de apostar por el NPC pero sobre todo de tener la capacidad y la fuerza para llevarlo a cabo. Para ello es bsico construir un instrumento sociopoltico que nos permita intervenir en la realidad con garantas, nuevo instrumento de intervencin que difcilmente podr construir por si solo el movimiento de Indignacin colectiva que recorre a la sociedad espaola, fundamentalmente por las dificultades intrnsecas que para concretar estrategias de conquista del poder poltico tiene un movimiento nacido para denunciar el fracaso de un sistema. Tampoco puede Izquierda Unida construir ese Nuevo Proceso Constituyente en solitario, porque hoy da no representamos a la mayora de los de abajo y mucho menos a la mayora social objetivamente interesada en el cambio social y poltico que hoy propugnamos en solitario entre las fuerzas polticas. Pero juntos, fundidos en torno a un programa poltico, es posible alcanzar como resultado la construccin de ese Movimiento Poltico y Social que tanto hemos teorizado como sujeto realmente capaz de liderar y realizar la necesaria construccin de un sistema alternativo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, si podemos hacer ver a la poblacin, identificado con el Nuevo Proceso Constituyente.

Eso significa que la prxima Asamblea Federal debe lanzar un ambicioso debate a la sociedad sobre la necesidad de construir ese actor poltico capaz de pelear la hegemona a los partidos del Rgimen que ahora se hunde, un movimiento popular de amplia base capaz de vincular al proceso a fuerzas polticas y sociales, pero sobre todo a la mayora social que no est todava organizada.

El proceso de Refundacin y la Convocatoria Social, con sus insuficiencias e irregularidades, han dado importantes resultados polticos y electorales para IU, han sacado a nuestra organizacin de las sedes y han permitido mejorar las relaciones con buena parte del tejido social. Ahora hemos consolidado nuestra fuerza poltica y hemos empezado a tejer alianzas, tenemos ms capacidad para llevar adelante esta propuesta, pero tambin hay ms expectativas ciudadanas en lo que hagamos, expectativas que no podemos defraudar aceptando cualquier oferta de los partidos del rgimen -las habr, cada vez mas- para desdibujar nuestro perfil propio y nuestro programa poltico, o permaneciendo inmviles paralizados por el miedo al incierto ciclo poltico que se abre frente a toda la sociedad espaola.

El reto es grande, pero tenemos una enorme responsabilidad ante el futuro de la izquierda y sobre todo del pas. La Espaa construida durante la transicin ya no existe y no volver. Ahora es el momento de formar una gran alianza social y poltica para construir un nuevo pas. Es el momento de la revolucin ciudadana.

Enrique Santiago Romero. Secretario de Refundacin y Movimientos Sociales de Izquierda Unida

Fuente: Publicado en Nuestra Bandera nm. 231, Vol V 2012.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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