Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-06-2012

Honduras: la recuperacin de las tierras y la criminalizacin de los trabajadores del campo
El Bajo Agun, escena de la lucha campesina

Proyecto Chakana


El Valle del Bajo Agun, departamento de Coln, Honduras, es el epicentro del conflicto agrario que enfrenta a campesinos y campesinas con el Estado, los grandes terratenientes y las transnacionales. La Reforma Agraria del 70′, la Ley de Modernizacin Agrcola durante los 90′, la adquisicin fraudulenta de las tierras por parte de los empresarios y centenares de campesinos y campesinas sin tierra, conforman la escena de la lucha. Luego del golpe de Estado de 2009, marco en el que las organizaciones campesinas se dieron a la recuperacin de tierras, aument abruptamente la violencia y persecucin al sector, tanto por parte de las fuerzas de seguridad nacional, como por parte de las fuerzas privadas de los latifundistas avalados por un gobierno que se autoproclama democrtico, el de Porfirio Lobo Sosa. Hoy, el saldo de la pugna es de cuarenta y ocho campesinos muertos, la militarizacin del Agun y la fuerte respuesta desde las bases campesinas: la resistencia y la creacin de un Observatorio Permanente de Derechos Humanos.

40 aos de historia campesina

Las tierras del Bajo Agun son codiciadas por su alto valor de productividad agrcola y desde el ao 73′, cuando se aplic la Ley de Reforma Agraria, han estado en constante transformacin. Segn el Secretario General de Food First Information and Action Network (FIAN) Honduras, Gilberto Ros, se trat en realidad de una colonizacin del valle. Un proyecto de reforma agraria es aquel que afecta tierras dentro de la frontera agrcola, un proyecto de colonizacin es aquel que empuja a los campesinos hacia las reas selvticas o boscosas para convertirlas en reas de actividad agrcola. Y eso es lo que se hizo aqu, explic Ros.

Fue as como el entonces Presidente de facto Oswaldo Lpez Arellano, de la mano del millonario financiamiento del Banco Internacional para el Desarrollo (BID), traslad a ms de siete mil campesinos y campesinas sin tierra, conformados en ochenta cooperativas de trabajo, que fueron distribuidas en setenta y tres mil ha. para la produccin, en su mayora, de palma africana. A cambio, las empresas asociativas tenan que vender las cosechas a las subsidiarias locales de las compaas norteamericanas.

Para el ao 1992, con el Presidente Rafael Leonardo Callejas al mando del pas, se firma, en el marco del neoliberalismo, la controversial Ley de Modernizacin y Desarrollo para el sector Agrcola, que le permita al sector privado adquirir las tierras del sector reformado. Una de las amenazas que contemplaba la ley hacia los campesinos y campesinas era que si no cultivaban toda la tierra que se les haba asignado durante la colonizacin, sta le sera otorgada a los empresarios, lo que presionaba y hasta obligaba a los cooperativistas a vender. El sector reformado contaba con una serie de deficiencias: bajo nivel educativo sin acceso a financiamiento, ni capacitacin agrnoma, ni asistencia tcnica o administrativa que lo debilitara an ms. Los campesinos no obtendran los recursos para cultivar todas las tierras que se les haban asignado y eso los obligaba a tomar una alternativa. En estas condiciones estn en la lnea de la sobrevivencia. No estn pensando en si la accin de la venta es buena o mala, simplemente, es de sobrevivencia, agrega Ros.

Si bien hubo algunas ventas de comn acuerdo y otras debidas a la corrupcin de los dirigentes cooperativistas, muchas fueron producto del hostigamiento y acorralamiento hacia las comunidades, cometidos por el Estado y tres grandes empresarios: Miguel Facuss, Rene Morales y Reynaldo Canales, ansiosos de convertirse en propietarios de la mayor parte del Agun y de las miles de hectreas de palma africana, producto que ya se posicionaba en alza en los mercados internacionales. Como explica el libro de una de las organizaciones ms fuertes dentro del conflicto, el Movimiento Unificado de Campesinos del Agun, MUCA: Machete de Esperanza (2010), se sucedieron varias irregularidades en la compra-venta de las tierras: tanto el Estado como los futuros compradores utilizaron la intimidacin y la amenaza contra los dirigentes cooperativistas que se negaban a vender. Adems, las fincas nunca fueron tituladas a nombre de los compradores, quienes deban utilizar la tierra de cultivo y produccin bajo la forma de concesin, la cual se venci en 2005 y nunca fue re-negociada.

Por otro lado, el Instituto Nacional Agrario (INA), instrumento estatal encargado de fortalecer la reforma agraria y supervisar las ventas de tierras, fue el ejecutor clave de esas irregularidades. El INA se dedic a presionar a los campesinos para que vendieran la tierra, los amenazaban y en muchos casos, se sabe que los terratenientes pagaron a funcionarios para que hicieran ese trabajo. En una accin que pareci hasta revanchista, el INA carg camiones con toda la documentacin y la bot a la basura, denunci el Secretario General de FIAN Honduras.

Es as como queda, entonces, propuesta la nueva escena agrcola del Bajo Agun: por un lado miles de hectreas en manos de los terratenientes y por el otro, miles de campesinos y campesinas sin tierra que debern convertirse en jornaleros de los nuevos dueos.

Segn datos de octubre de 2010, proporcionados por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), dieciocho aos despus de la aplicacin de la ley de Modernizacin Agrcola, en Honduras el 78,8 por ciento de la poblacin rural est por debajo de la lnea de pobreza, el nivel ms alto en la regin centroamericana. De esta manera, comienza la lucha por la recuperacin de tierras, en la que se destacan las organizaciones campesinas: el Movimiento Unificado de Campesinos del Agun (MUCA), el Movimiento Campesino del Agun (MCA) y el Movimiento Autntico Reivindicador Campesino del Agun (MARCA).

Del neoliberalismo al Golpe de Estado

Luego de nueve aos de acciones judiciales que nunca dieron frutos, luego de hacer su presentacin pblica en febrero de 2006 con la toma del puente de acceso a la ciudad cabecera del departamento de Coln,Tocoa -conocida como la Toma de los cinco mil machetes- y slo veinte das antes del golpe de Estado de junio de 2009 que derroc al Presidente Manuel Zelaya, los campesinos y campesinas del MUCA ocuparon pacficamente la planta procesadora de Miguel Facuss, obligando al todava gobierno democrtico a negociar la devolucin de las tierras.

En el ao 2000 comenzamos a hacer investigaciones sobre la tenencia de la tierra que posee Miguel Facuss y descubrimos que el seor no es propietario legal de muchas fincas y que no tiene los documentos reglamentarios. Luego procedimos a su convocatoria mediante audiencias a las que nunca asisti. Concluida la ltima instancia, decidimos tomar la planta de procesamiento por cinco das, parando el movimiento de la fbrica. Slo de esa manera se hizo presente alegando que estaba fuera de Honduras. Slo as atendi a nuestro pedido de dilogo, describi la integrante del MUCA y Coordinadora de la Comisin de Atencin a Vctimas del Observatorio Permanente de Derecho Humanos, Consuelo Castillo.

Contrariamente a Facuss y respondiendo a las peticiones campesinas, Zelaya se present en Tocoa para negociar la salida de la fbrica y se firm un acuerdo que velaba por la creacin de un comit tcnico-jurdico que establecera la situacin legal de la tierra. En esta comisin participaban representantes del INA, de la Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG), del Ministerio de la Presidencia y del MUCA. El 23 de junio de 2009, tan slo cinco das antes del derrocamiento, se desarticula la comisin cuando uno de sus miembros, el dirigente del partido de izquierda, Unificacin Democrtica (UD), Fabio Evelio Ochoa Hernndez, es asesinado. Llega entonces la madrugada del 28, en la que el mandatario es secuestrado a punta de pistola por las Fuerzas Militares y exiliado en pijama a Costa Rica. Ese mismo da, el pueblo hondureo deba votar para aceptar o rechazar la realizacin, convocada por el Poder Ejecutivo, de una Reforma Constituyente, conocida como la cuarta urna. Como consecuencia, el pueblo sali a las calles exigiendo la restitucin del Presidente, conformando as el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Con un pas que arda en llamas, en estado de sitio permanente, en el que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos como el hostigamiento a miembros del FNRP, amenazas e intimidaciones a periodistas y magistrados crticos al rgimen y donde se registraron persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos, el movimiento campesino pareci no asustarse. El MUCA decide entonces, hacerse escuchar. El 9 de diciembre toma veintisis fincas de palma africana, propiedad del magnate de 80 aos dueo de la corporacin Dinant S.A, Facuss.

Esta accin provoc que la situacin de represin nacional se repita y agudice en el Bajo Agun. Cinco intentos de desalojo que se cobraron la muerte de veintitrs campesinos, la criminalizacin de la lucha y comandos armados y vuelos rasantes de aviones y helicpteros militares claras seales de un proceso de militarizacin-, fueron el esquema poltico utilizado por el rgimen para silenciar la lucha. El 13 de abril de 2010 y bajo un clima de extrema tensin, se firma con Pepe Lobo un acuerdo en el que los campesinos se comprometan a reducir las fincas tomadas. A cambio, exigan la restitucin de once mil ha. durante el perodo de un ao.

El plan de negociacin consista en la entrega inmediata de tres mil ha. cultivadas con palma africana, tres mil no cultivadas en un plazo de noventa das y mil cultivadas junto a otras cuatro mil no cultivadas, en el plazo de un ao. Adems, el gobierno se comprometa a implementar proyectos de educacin, salud y vivienda. Efectivamente y antes de que termine el mes, el MUCA haba reducido el nmero de fincas apropiadas a slo seis. Hasta la fecha, el gobierno de facto no cumpli con lo firmado.

Si bien el grado de violencia es igual o peor para el resto de las organizaciones campesinas, distintas son sus situaciones legales. El caso del MCA gira en torno a la recuperacin de las tierras del predio en donde, hasta 1993, funcion el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), creado a pedido del Estado norteamericano en 1983 y en el marco de la doctrina de seguridad nacional. En 1993, las tierras, ilcitamente vendidas por la Corporacin Municipal de Trujillo al ganadero puertorriqueo Temstocles Ramrez, son recuperadas por el INA con el objetivo de entregrselas a los campesinos del MCA y proseguir con las tierras reformadas.

Hoy, quinientas cincuenta hectreas de ese predio cultivadas con palma africana, estn ocupadas ilegalmente por Facuss, Ren Morales y el diputado nacionalista Oscar Njera, conocidos polticos-empresarios del Valle del Agun. De esta manera, el MCA toma en dos instancias dichas tierras: la primera fue el 6 de Abril de 2010 con la que logran, INA de por medio, comenzar las negociaciones con Facuss. La segunda, y luego de no obtener ningn resultado por la va legal, se realiza cuando el 15 de Noviembre de 2010 toman la plantacin en el sector El Tumbador. En esta ocasin la represin ejercida por los guardias de seguridad del empresario fue brutal y termin con el asesinato de cinco campesinos del asentamiento Guadalupe Carney. La mediacin, al igual que la persecucin a los socios y socias del MCA, continua aunque sin ningn avance que pudiera esclarecer la disputa.

Finalmente, cabe resaltar la lucha del MARCA, agrupacin que no quiso acercarse al gobierno para firmar ningn acuerdo, ya que sostienen que conseguirn sus tierras por la va jurdica, basndose en la legalidad de sus ttulos de propiedad.

DDHH desde las bases y una nueva firma

En respuesta a los incesantes agravios contra los campesinos, doce organizaciones del Agun lanzaron recientemente la propuesta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. Es un espacio donde nos hemos propuesto la promocin y defensa de los DD.HH. de la regin. Nosotros experimentamos y vimos que el gobierno no estaba cumpliendo con su funcin de proteger ni garantizar los derechos de cada uno de sus ciudadanos. A eso debamos sumarle que ninguna organizacin de DD.HH. tena permanencia aqu en la zona de los hechos, entonces pensamos: si nadie nos va a defender tenemos que hacerlo nosotros. Fue as como se tom la decisin consensuada entre todas las organizaciones. Ahora estamos en el proceso de capacitacin, promocin y defensa de los DD.HH. para que desde la misma comunidad campesina se documente y desde all mismo se tomen las denuncias, explic el Coordinador General del Observatorio, e integrante del MUCA, Heriberto Alemn. A lo que sum que no slo estn documentando las violaciones que se dan y haciendo las denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, sino que tambin estn brindando acompaamiento a las vctimas.

Otra de las acciones instrumentadas por la resistencia campesina fue, una vez cumplido el plazo de un ao pactado en el acuerdo de abril de 2010 y del que todava no haban recibido respuestas estatales a sus demandas, avanzar en el reclamo. MUCA ocupa, en agosto de 2011, treinta y dos hectreas de tierra pertenecientes al INA para la construccin de viviendas para sus socios y socias. Adems, en octubre del mismo ao presentan en el Congreso de la Nacin la Ley de Transformacin Agraria Integral, con la que proponen suplantar la de Modernizacin Agrcola.

Despus de otro ao de incumplimientos, este primero de junio, y como respuesta a una orden de desalojo emitida por el dueo de Dinant S.A -que finalmente no se llev a cabo alrededor de mil campesinos y campesinas, integrantes de ms de catorce movimientos del valle se movilizaron en repudio a la indiferencia estatal frente al conflicto. La actividad de hoy es por todos los pronunciamientos que ha hecho Miguel Facusse y los posicionamientos del Ministro del INA, Cesar Ham y el gobierno. Nosotros como Muca nunca hemos dicho que no queremos pagar la tierra siempre hemos estado negociando con ellos, y si bien se lograron algunos acuerdos, nunca los respetaron. Por eso nos movilizamos, dijo el vocero del MUCA, Vitalino Alvrez. Cuatro das ms tarde, el pasado cinco de junio, el movimiento campesino y Lobo vuelven a firmar un pacto que intentar dar fin al conflicto.

Esta vez se discuti un nuevo plan de negociacin en el que el Poder Ejecutivo le concede al MUCA cuatro mil cuarenta y cinco hectreas, divididas entre el margen derecho e izquierdo del Ro Agun. La transaccin consta del pago de las mismas por parte de los campesinos a un valor de ciento treinta y cinco mil lempiras cada una. Para lograrlo, el gobierno les otorgar una garanta fiduciaria a travs del Banco Hondureo para la Produccin y Vivienda (BANHPROVI) con un plazo de quince aos, una tasa del seis por ciento y tres aos de gracia. A lo que se suma un nuevo compromiso estatal para implementar los proyectos de salud, vivienda y educacin, pendientes desde 2010.

La historia habla por si sola: un golpe de Estado, unas fraudulentas elecciones presidenciales con Lobo Sosa a la cabeza del circo, reiteradas violaciones a los DD.HH. y una seguidilla de compromisos incumplidos. Cabe preguntarse entonces si este pacto ser el giro para dar fin al enfrentamiento entre el sector agrario del Valle del Bajo Agun y el Estado y los terratenientes. Para Alvarez, la lucha continua por las siete mil hectreas restantes y por el total cumplimiento de los acuerdos de abril de 2010 a lo que sumo: esperamos que esta vez el gobierno responda a su compromiso. Si no lo hace, nosotros, igual, seguiremos luchando.

Audiencia Publica sobre la situacin de Derechos Humanos en el Bajo Agun.

Entre los da 28 y 30 de mayo de 2012, se realiz en Tocoa, cabecera departamental de Coln, Honduras, la Audiencia Publica y el Seminario Internacional sobre la Situacin de Derechos Humanos de las Comunidades Campesinas del Bajo Agun, con la intencin de presionar al gobierno de Honduras y a los organismos internacionales.

Entre las organizaciones extranjeras convocantes estuvieron la Organizacin Internacional por el Derecho a la Alimentacin (FIAN), la Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos (PIDHDD) y la Va Campesina Internacional. Como representantes locales se presentaron el Observatorio Permanente de DD.HH. del Bajo Agun, el Comit de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Tambin cont con representantes de la Secretaria Ejecutiva de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, la Delegacin de la Unin Europea y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en calidad de observadores internacionales.

El primer da del encuentro fue el ms intenso, cuando frente a los representantes de las distintas organizaciones, las campesinas y campesinos de diferentes sectores del valle dieron testimonio del alto grado de violencia y militarizacin que existe por el conflicto de tierras a tres aos del golpe.

Rodolfo Cruz, integrante del Movimiento Campesino de Rigores, relat las diversas violaciones a los de DD.HH. que sufri su comunidad: El Coordinador General del movimiento fue asesinado el 15 de abril de 2009, a las doce del medioda, mientras se encontraba bebiendo un refresco con otros dos compaeros. Fueron acribillados a balazos y murieron instantneamente. Por otro lado, inform sobre las amenazas que recibi su familia: El 16 de septiembre de 2011 capturan a un hijo mo. Diecisis aos tena en ese momento. Estando con su mam y sus hermanos fue secuestrado. Lo amenazaron, lo obligaron a declarar cosas que nunca poda saber, lo torturaron y baaron en combustible. Fue liberado al siguiente da.

Adems, declar el padre de Nahn Palacios Arteaga, periodista asesinado que trabajaba para Radio Tocoa y era Director de noticias del Canal 5 en el Agun. Nahn Palacios, de treinta y cuatro aos, haba expresado pblicamente su rechazo al golpe de Estado y, en las semanas previas a su muerte, haba estado informando sobre el conflicto agrario en la regin.

Organizaciones campesinas del Valle del Bajo Agun.

En una regin con ms de cuarenta aos de historia campesina y en el marco de un golpe de Estado, la lucha por la recuperacin de tierras sigue en pie. Si bien el conflicto se hace escuchar por la voz de las tres organizaciones ms fuertes, el MCA, el MARCA y el MUCA, existen numerosos movimientos que tambin buscan la tenencia de tierras y tambin sufren agresiones y violaciones.

- Juan Del Cid. Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI). Saba, Sonaguera:
Nosotros tenemos una lucha contra Standard Fruit Co, una trasnacional que ha quitado y puesto gobiernos en todos los pases centroamericanos. En el ao1990, la compaa decide comprarnos una porcin de tierra con produccin de banano. La zona de labranza con otros cultivos no se vendi y los terrenos de residencia tampoco. En 1998, con el huracn Micht, se destruyeron las vas de acceso y no pudimos regresar. La Standard destruy con mquinas las viviendas y las reas de recreacin, para luego sembrarle ms banano. No hay justicia en Honduras. Incluso nuestros abogados se nos dan vuelta. La trasnacional los soborna para que no avancen los casos. Entonces vemos que la nica forma de recuperar nuestras tierras es tomarlas por la fuerza, por que nos pertenecen legalmente.

- Santo Luis Guevara. Secretario General de la Empresa Unidos Venceremos. Orica.
No encontrbamos donde trabajar. No fuimos beneficiados por la Reforma Agraria, trabajbamos para los terratenientes y el salario era mnimo. No era suficiente para el sustento de la familia. La tierra ocupada el 7 de septiembre de 2010 era del ganadero Mario Castillo y estaba hipotecada. Nosotros recuperamos dos parcelas y en la tercera fuimos intimidados y desalojados por el Ejrcito. Procesaron a once compaeros que siguen detenidos. El INA se comprometi a negociar con el Banco Banadesa para que pudiramos pagar la tierra. Nunca hemos tenido una resolucin.

- Rigoberto Dur. Empresa Campesina Unidos Lucharemos. Saba, Coln.
La tierra est toda en manos de los terratenientes. Don Pablo Serrato las tenia hace ms de veinte aos sin cultivarlas. Las ocupamos hace nueve meses para poder trabajar, tener un techo, una alimentacin. Al inicio las intentamos alquilar, pero el dueo nos sac a tiros del terreno. Todos tenemos derecho a la vida. El grupo es de 26 familias y hemos empezado de cero con apenas diez manzanas de palma africana.

Fuente: http://proyectochakana.org/blog/todos/elbajoaguan/


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter