La guerrilla de las
FARC-EP rechaza tal actitud:
“La retórica de Santos pone cada día
más al desnudo su verdadero contenido. El único acuerdo de paz que
espera es un contrato de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y
llorosa se rinde de rodillas ante el gran capital, agradecido de haber
sido perdonada como el hijo pródigo”.
El Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP además considera “elitista y soberbia” la
“actitud oligárquica, que pretende centrar el debate en si el Comandante
de las FARC puede ser o no congresista, como si se tratara de que la
lucha del pueblo colombiano y la insurgencia apuntara apenas a una
simple reinserción a su podrido régimen político”.
Según los
siete comandantes del Secretariado “la solución política al conflicto
colombiano es parte inseparable de nuestro acervo ideológico y político,
no es el producto de ninguna presión militar. Las FARC-EP somos pueblo
colombiano en armas, seguimos combatiendo y seguiremos combatiendo hasta
que desaparezcan las causas que dieron origen y siguen alimentando el
conflicto colombiano. Nuestra voluntad de paz se enmarca en ese criterio
elemental”.
A continuación reproducimos el comunicado íntegro:
FUERZAS
ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP)
Declaración
pública
En torno a la paz y la solución política al conflicto
interno Juan Manuel Santos, en una nueva muestra de desespero, expresó
ante el país el pasado 11 de junio, en la Escuela Militar José María
Córdoba, que si las guerrillas estábamos hablando de paz era gracias a
la contundencia de las Fuerzas Armadas. Y añadió otra manifestación que
dice mucho de su compromiso con la reconciliación y la paz democrática:
sólo se producirá la posibilidad de diálogos cuando se tenga la
seguridad de que estos se realizarán “bajo nuestras condiciones y
nuestro dominio".
Tan disparatada interpretación de la realidad
pone de presente la concepción que inspira el discurso oficial. La vía
pacífica, democrática, dialogada, para solucionar el gravísimo conflicto
que aqueja a Colombia, ha sido bandera de las FARC desde su nacimiento.
La levantó el movimiento agrario de Marquetalia al conocerse en 1962 la
proyectada agresión oficial. La guerra, el aplastamiento violento de la
organización popular y la oposición política, ha sido el histórico
mecanismo de dominación de la oligarquía colombiana y su amo
imperialista.
La intolerancia del régimen se corresponde con los
intereses hegemónicos del gran capital transnacional, expresados para
nuestro continente desde el llamado Consenso de Washington. Libre
comercio, privatizaciones, flexibilización laboral, apertura total a la
inversión extranjera directa, es decir, la más pura ortodoxia neoliberal
en el campo de la economía, requiere para su imposición la absoluta
dominación ideológica y cultural en el campo de la política.
El
extraordinario esfuerzo de Santos por entregar en lotes el territorio
nacional a las corporaciones mineras y agroindustriales, su desprecio
por las condiciones de vida de las comunidades y las condiciones
laborales de la mano de obra colombiana, sus reiterados privilegios al
gran capital en desmedro del medio ambiente y la producción nacional han
sido convertidos en dogmas sagrados. A nadie se le permite ponerlos en
duda o discutirlos. Se trata ni más ni menos que de los derechos del
capital, mucho más importantes que los derechos de la sociedad, los
derechos humanos o cualquier otra categoría de derechos.
Si hasta
hoy, pese a los sucesivos espacios conquistados por la lucha popular
para hablar de paz en los últimos 30 años de historia, ha sido imposible
llegar a un acuerdo de solución dialogada, ha sido precisamente por la
negación de las clases dominantes a admitir la mínima variante en sus
proyectos de dominación económica y política. Eso vuelve a ponerse de
presente con el actual gobierno.
Lo que el régimen pretende a
costa de las FARC y de los derechos de la inmensa mayoría de
compatriotas es relegitimar ante el concierto mundial su modelo
terrorista de Estado. Borrar de un plumazo la horrible y larga noche de
crímenes y horror mediante la cual el gran capital y los terratenientes,
representados en los poderes públicos, han acumulado fortunas y
propiedades para adelantar sus gigantescos proyectos de enriquecimiento.
Por ello se escuda hipócritamente en una supuesta intervención de la
justicia internacional en contra de los alzados.
No son los
guerrilleros colombianos quienes deben responder por las prácticas
atroces y genocidas que el Estado colombiano, por mano de sus fuerzas
armadas oficiales y paramilitares, bajo la orientación de las agencias
de inteligencia norteamericanas y el Pentágono, se ha encargado de
practicar de modo sistemático contra su población durante muchas
décadas.
No va a ser a costa de acusaciones infamantes y
gratuitas contra la lucha popular, que los gorilas y monstruos que han
ensangrentado y sembrado de tumbas a Colombia van a salvar su
responsabilidad, como de modo cínico se consagra en el llamado marco
legal para la paz. El descaro del Congreso que lo expide se refuerza con
la vergonzosa reforma judicial recién aprobada a instancias del
gobierno.
La retórica de Santos pone cada día más al desnudo su
verdadero contenido. El único acuerdo de paz que espera es un contrato
de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y llorosa se rinde de
rodillas ante el gran capital, agradecido de haber sido perdonada como
el hijo pródigo. Un ícono económico, militar, ideológico, político y
cultural para sellar material mente su dominación de clase ante la
sociedad entera, el triunfo hegemónico del capitalismo salvaje.
Tan
elitista y soberbia es su actitud oligárquica, que pretende centrar el
debate en si el Comandante de las FARC puede ser o no congresista, como
si se tratara de que la lucha del pueblo colombiano y la insurgencia
apuntara apenas a una simple reinserción a su podrido régimen político.
Ahora
se intenta poner al señor Uribe a desempeñar el papel que en su tiempo
jugara el senador Álvaro Gómez Hurtado, como una especie de símbolo de
la ultraderecha al que había que manejar con cuidado y complacer, así no
se estuviera de acuerdo con él en todo. El Partido Liberal compartía el
poder con el hijo de Laureano, tal y como hace Santos con su
publicitado rival hoy. El pueblo colombiano aprende de la historia, la
oligarquía parece que no, e insiste en repetirla neciamente.
Más
claro no podemos hablar. La solución política al conflicto colombiano es
parte inseparable de nuestro acervo ideológico y político, no es el
producto de ninguna presión militar.
Las FARC-EP somos pueblo
colombiano en armas, seguimos combatiendo y seguiremos combatiendo hasta
que desaparezcan las causas que dieron origen y siguen alimentando el
conflicto colombiano. Nuestra voluntad de paz se enmarca en ese criterio
elemental. El régimen político, el manejo económico y social del país
requieren profundas reformas que deben nacer del debate abierto y
democrático con todas las fuerzas del país. No entendemos por qué si
Santos desea tanto la paz le tiene tanto temor a eso.
Ahora habla
de drones y otras locuras, como si lo que Colombia requiriera fuera de
más muertes y derroche. Lo que la nación colombiana está reclamando a
gritos en calles y plazas es que se abran las puertas del diálogo y la
reconciliación, que se le dé la real oportunidad y el derecho a hablar, a
exponer, a movilizarse y decidir acerca del futuro del país.
SECRETARIADO
DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 22 de
junio de 2011
