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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-05-2005

Socialdemocracia y referndum francs

Carlos Taibo
Rebelin


Merece una glosa el sesgo con que muchos de nuestros medios de comunicacin han decidido encarar el referndum francs sobre la mal llamada Constitucin de la UE. Parece como si a los ojos de casi todos Francia se viese sacudida por un sesmo que no puede por menos que levantar incomprensin, primero, y repulsa, despus. La inquietud de estas horas se antoja en buena medida una secuela, claro, de lo que no hicimos entre nosotros en febrero pasado: discutir crtica, franca y abiertamente sobre el tratado constitucional. Lo que se impuso entonces fue un espasmo de europesmo papanata adobado de desidia general --facilit que los mensajes simplones colasen o, al menos, no fuesen contestados-- y, a menudo, de un pragmatismo rayano en la frivolidad.

Pero volvamos a Francia y hagamos un esfuerzo para dejar de lado las admoniciones que tantos de nuestros medios lanzan contra una derecha ultramontana y una izquierda radical, empeadas en hurgar --se nos dice-- en falsos y arcanos debates como los relativos a la soberana nacional, la globalizacin o la ampliacin de la UE. Ocupmonos, porque a la postre la cosa tiene ms miga, del relato que muchos de esos medios han decidido asumir a la hora de dar cuenta de lo que ocurre en el Partido Socialista francs. El discurso al uso se deja llevar, con formidable desparpajo, por valoraciones que determinan un canon de perfeccin --el que corresponde a los defensores del tratado-- y una enloquecida hereja fuera del mundo --la abrazada por los detractores de aqul-- dentro del propio Partido Socialista galo. Varios son los sambenitos que se cuelgan sobre quienes han tenido la mala idea de rechazar el texto en cuestin. Se nos habla, as, de la vieja guardia estatalista, incapaz de deshacerse de los dogmas marxistas, reacia a cualquier suerte de "aggiornamento" --Bad Godesberg no va con ellos-- e impregnada de mezquino oportunismo; segmentos notorios del Partido Socialista habran sucumbido, por aadidura, al chauvinismo ms deleznable, y ello cuando no se habran dejado seducir por dirigentes cuyo liviano currculo de contestacin del neoliberalismo --Fabius-- invitara como poco a la duda. Frente a ese retoo local del eje del mal se hallara, entre tanto, la socialdemocracia europesta, honesta defensora de un tratado que, lleno de virtudes, aparecera dramticamente deformado en los labios de sus detractores.

Me resisto a creer que entre nosotros, y vuelvo a la carga, el recurso a tan abruptas simplificaciones nada tiene que ver con lo que ocurri en febrero, al calor de un referndum malhadado. Porque entonces el oportunismo ms prosaico y el designio de desfigurar el contenido del texto que se someta a consulta no faltaron entre quienes se inclinaron por defender el tratado. Lo dir con contundencia: doy por seguro que si el Partido Socialista Obrero Espaol hubiese perdido las elecciones de marzo de 2004, en sus filas se habra registrado, en lo que al tratado de marras respecta, una discusin tan agria como la que impregna ahora a su casi homlogo francs. Esto es lo que invita a concluir, sin ir ms lejos, un hecho llamativo: en febrero fueron muchos los cuadros del PSOE que lejos de los micrfonos confesaron su descontento con un texto que bien se cuidaban de contestar, eso s, en pblico. Para explicar semejante conducta no haba que ir muy lejos: lo que haba cobrado cuerpo era un disciplinado cierre de filas cuyo propsito principal, comprensible, era no enturbiar con disputas internas la posicin, relativamente cmoda, de la que disfrutaba el Gobierno espaol.

Si el tratado constitucional se hace realidad, el silencio que despunt en febrero --pan para hoy, hambre para maana-- bien puede ser un flaco favor para la causa, que cabe suponer viva, de la socialdemocracia consecuente. Conviene argumentar, claro, por qu. Desde posiciones crticas con el texto a menudo se ha aseverado que los problemas de ste no residen en sus dos primeras partes sino, antes bien, en la tercera. No es exactamente as. Digamos, por lo pronto, que en las partes primera y segunda hay artculos lamentables, en tanto en la tercera --la que describe las polticas concretas-- los hay muy respetables. El problema llega de otro lado: el perfil de cada uno de esos grandes agregados es distinto cuando se consideran por separado y cuando se encaran, por el contrario, de manera conjunta. Y lo es porque la parte tercera determina el significado preciso de las dos anteriores, de tal suerte que principios y derechos a primera vista saludables dejan, entonces, de serlo. El lenguaje empleado en las dos partes iniciales es llamativamente distinto, por lo dems, del utilizado en la tercera. Si en aqullas se habla de "desarrollo duradero", "pleno empleo" y "economa social de mercado", en sta la apuesta lo es en provecho de precios estables, finanzas saneadas y "economa de mercado abierta con competencia libre". El efecto final resulta iluminador: mientras el tratado recurre en 78 ocasiones a la palabra "mercado" y reclama en 27 oportunidades la "libre competencia", hay que buscar con lupa, en cambio, las citadas expresiones de "pleno empleo" y "economa social de mercado", perdidas en la fanfarria retrica de la parte inicial.

As las cosas, los derechos sociales salen inequvocamente mal parados. Si, por un lado, los que se enuncian no se ven acompaados de garantas, por el otro lo acordado se halla visiblemente por detrs de lo aceptado por los miembros de la CEE en 1966, de la mano del Pacto Internacional sobre Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Apenas sorprender que con estos mimbres los socialdemcratas escandinavos --y muchos de los franceses-- se muestren renuentes a acatar un texto que puede servir de catapulta para una nueva ofensiva neoliberal. Por si poco fuera, nada se prev en materia de armonizacin social y fiscal, y otro tanto sucede, en los hechos, con la proteccin de los consumidores y la lucha contra el fraude. Merced a la presin ejercida por conservadores y liberales, el tratado rehuye hablar, en suma, de servicios pblicos, y postula sin ms "servicios econmicos de inters general", sometidos, naturalmente, a la libre competencia, residuales, hipercontrolados y sin atencin global alguna dentro de la UE. Por cierto que --se diga lo que se diga-- la ya clebre "directiva Bolkestein" encaja a la perfeccin en la trama desreguladora de la que bebe el tratado constitucional.

Con el mercado y la libre competencia emplazados obscenamente por encima de los derechos sociales, del medio ambiente, de la calidad de los servicios y de la propia seguridad de usuarios y consumidores, lo ms relevante no es que el tratado cierre el camino --era de esperar-- a transformaciones revolucionarias. Ms llamativo resulta, como antes sugerimos, que imponga obstculos, acaso insalvables, para el proyecto que comnmente se atribuye a la socialdemocracia consecuente: el de un Estado entregado a la intervencin activa en la economa y a la defensa de los ms dbiles. Y que nadie busque acomodo en la supersticin de que los hechos discurren por otros cauces: conservadores y liberales --los promotores, junto con buena parte de la familia socialista, del tratado-- son estrictos en su credo. Duro Barroso, el presidente de la Comisin, no ha dudado en aseverar que la pelea por la competitividad obliga a dejar en segundo plano los derechos sociales y el medio ambiente. El ms necio sabe, claro, que los progresos en competitividad, sobre el papel tan halageos, se han saldado para muchos en derechos en retroceso, salarios cada vez ms bajos, jornadas laborales ms prolongadas y, en suma, precariedad por todas partes. Quiere uno creer que es esto, y no alguna esotrica cuestin, lo que conduce a muchos ciudadanos franceses a tomar partido contra el tratado constitucional. Y a discutir sobre l, que falta hace.




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