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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-07-2012

Van 5 fallecidos en el primer semestre de 2012
Presos polticos de Girn denuncian tortura y nueva legislacin lesiva

Comit de Solidaridad con los Presos Polticos / Justicia y Paz


Varios presos polticos estn muriendo por negacin de asistencia mdica, hay igualmente negativa de clasificacin de internos en abierta violacin al DIH y a sentencias de la Corte Constitucional, por parte del estado colombiano; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reduccin de pena y excarcelacin a presos lisiados y enfermos terminales, tambin se denuncia el alejamiento geogrfico y separacin familiar como forma de tortura. Compartimos con ustedes los siguientes dos comunicados enviados por los detenidos polticos de la prisin de Palogordo, Girn, sobre las graves condiciones en que se encuentran los presos por la falta de atencin en salud, el hacimaniento y la lesgilacin que se ha promulgado que cada da perjudica ms su situacin en prisin.

DENUNCIA ANTE LA OPINION PBLICA

Los presos polticos recluidos en la prisin de PALOGORDO GIRON, Santander, denunciamos ante la opinin pblica, los siguientes:

HECHOS

Es preocupante y gravsima la situacin de riesgo que se vive al interior de la prisin de Girn, en donde lo que ha corrido del ao 2012 se han presentado la perdida de cinco vidas humanas en diferentes circunstancias y decenas de heridos con armas corto punzantes y quemaduras.

Desde de la llegada del TENIENTE LVAREZ CRDENAS DAVID ALEXANDER como director y la seora DEBIRA MARIA RINCON, coordinadora del programa de reinsercin social del EPAMS-Girn, aparecen una serie de medidas represivas, contraviniendo a la constitucin y la ley, situacin que ha generado una serie de conflictos al interior de la prisin.

El da 7 de febrero denunciamos sobre atropellos, sometimientos, violaciones flagrantes de derechos humanos, y tratos degradantes dados a los presos, sin que se respete nuestra dignidad humana. Nos llama poderosamente la atencin que el derecho a la vida e integridad fsica siga expuesta al capricho, prepotencia, indolencia y la negligencia de los mediocres funcionarios y guardias del INPEC.

Es para nosotros valiosa la vida de nuestros compaeros prisioneros y lamentamos profundamente la prdida y muerte de los cinco (5) reclusos durante este semestre (enero-junio) de 2012 y que referenciamos as:

Enero 18 de 2012, muere FRANK CAMILO AMADO (ahorcado) ene l patio NO 6

Febrero 19 de 2012, muere JHOINER MARIANO DUARTE, apualado dentro de la celda, en el patio No 5

Febrero 21 de 2012, mueren quemados en la celda 77 del patio No 4, los internos CESAR ARTURO JIMENEZ Y CARLOS HUMBERTO CRUZ. Qued gravemente quemado WILSON CRESPO quien sobre vivi.

Entre enero y junio de 2012, van cinco muertos, sin contar los muertos de aos anteriores y las medidas no pasan de ser procedimientos de aislamiento e incomunicacin de todos los internos del patio donde sucedan los hechos, encerrndolos en las celdas, los que no permite ni siquiera tener comunicacin con la familia durante 72 horas, sin poder denunciar oportunamente los hechos.

El denominado comit de evaluacin y tratamiento C.E.T- y/o programa de reinsercin social presidido por el teniente DAVID ALEXANDER ALVAREZ CARDENAS,- DIRECTOR- y la seora DEBORA MARIA RINCON-COORDINADORA DEL EPAMS- Girn, no acatan lo dicho en la sentencia T-322 de mayo de 04 de, 2007 de la honorable Corte Constitucional, magistrado ponente, Doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, al revisar una accin de tutela instaurada contra el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad (EPAMS) de Girn, el jefe de la oficina de jurdica y el coordinador del C.E.T. La sala segunda de revisin de la Corte Constitucional, resolvi:

Primero: 8() Tutelar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidadSegundo: ordenar, por medio de secretara general, al director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Girn, Santander, que adopte las medidas necesarias para que, si a un no lo han hecho, en el trmino de quince (15) das hbiles contando a partir de la notificacin de la presente sentencia, garantice a los accionantes y dems internos del centro penitenciario, su derecho a ser separados por categoras, atendiendo a () [la] naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud fsica y mental() [y] a su fase de tratamiento() y de acuerdo con lo dispuesto por la ley (ley 65 de 1993 art. 65.) Tercero: ordenar, por medio de secretaria general, al director general del INPEC que adopte las medidas necesarias para verificar que el director del establecimiento penitenciario del alta y mediana seguridad de Girn, Santander, haya dado cabal cumplimiento al numeral segundo de la parte resolutiva de esta sentencia. Deber ser comunicado por el director general del INPEC al juzgado cuarto de familia de Bucaramanga y a la defensora del pueblo.

Queda una vez ms demostrado que el INPEC no acata las sentencias de la Corte y sin embargo, no pasa nada, y la defensora del pueblo brilla por inoperante y ni siquiera ha socializado lo ordenado en esta sentencia, pero tampoco ha exigido a la prisin de Girn para que le d cumplimiento a la sentencia T-322 de 2007 y lo contemplado en el cdigo penitenciario y carcelario (ley 65 de 1993) que trata en su artculo 63 sobre clasificacin de internos.

La ley 65 de 1993 en su artculo 63, dice; Clasificacin de internos. Los internos en los centros de reclusin, sern separados por categoras, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condicin de salud fsica y mental . () Bien lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T- 322 de 2007() no importa la condicin de la persona o circunstancia, pues basta conocer que est protegida por un catlogo de derechos que no pueden ser objeto de restricciones jurdicas durante la reclusin. Se trata de derechos como el derecho a la vida, como la integridad personal o a la libertad de conciencia. Precisamente por este tipo de situaciones al interior de las crceles en Colombia y ante la grave crisis en las polticas penitenciarias y la abierta violacin de los derechos humanos, en lo que la guardia y los funcionarios del INPEC se comportan peor que una banda de delincuentes, fue que la Corte Constitucional declaro un estado de cosas inconstitucionales, clasificacin que sigue vigente con mayores agravantes que el INPEC y el Estado se niega resolver y acatar.

Aqu no existe clasificacin de internos. La consigna del DIRECTOR Y DEBORA MARIA es: viven o viven. Esa significa que no se distingue un condenado de un delito menor de aquel que purga una pena de 40 a 60 aos. No se separan a los ancianos de los jvenes; tampoco los enfermos terminales cuentan con un espacio adecuado; los portadores de SIDA y la poblacin declarada LGBT son asignados en patios corrientes; los que llegan por primera vez primparas, son recluidos con los reincidentes veteranos y as sucesivamente. No existen polticas preventivas, solo prcticas de polticas represivas. El perfil del prisionero no se tiene en cuenta, pues basta con tener influencias para poder ser trasladado; pero si goza de persecucin de la guardia, padecer el rigor del castigo y la venganza, a que se le realice informes para sancionarlos sin respetar el derecho al debido proceso.

Consideramos que la actitud retardataria de las autoridades judiciales y de control, en nada contribuye a la delicada situacin que se vive al interior de esta mazmorra.

Ser necesaria ms prdida de vidas humanas para que se tomen medidas de fondo?

Desde hace aos venimos advirtiendo sobre la enorme crisis de violacin de derechos humanos por parte del INPEC y parece ser que cada vez nos vamos quedando solos en nuestro clamor y denuncia.

La poltica represiva del INPEC se arrog funciones legislativas que no le competen u posee patente de corso para convertir las crceles en centros de castigo.

La guardia incita a la violencia se burlan de nuestra condicin y se comportan de manera indigna. No se dan soluciones oportunas a las quejas y solicitudes. No se realizan los cambios inmediatos de celdas y de patios solicitados por el interno. Las solicitudes de traslado son negadas por razones de hacinamiento y en esta prisin nos vienen hacinando de manera progresiva. Las oportunidades de redencin de penas por trabajo son mnimas y quien creyera pero la terapia ocupacional es perseguida como si se tratara de un ilcito. Las sanciones a los internos se basan en informes montados al antojo del guardin. El equipo psico-social son peores en su trato que la misma guardia. Los tratos humillantes son el pan diario.

Alguien debera por lo menos indagar, realizar un estudio sobre las causas que estn conllevando a que en menos de 6 (seis) meses ya existan 5(cinco) muertos.

Presos polticos

Patio No 9

Prisin de Girn Santander

http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=721:fcspp&catid=33:los-sin-voz&Itemid=72

Cinco presos muertos en la crcel de Girn en lo corrido del 2012, denuncian presos polticos.

Crisis carcelaria y problemtica jurdica.

En el marco de esta grave crisis estructural que padece el instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC-, se ha desarrollado una poltica sistemtica de represin y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas fsicas y psicolgicas, violando sistemticamente los derechos humanos de los reclusos.   El gobierno nacional traslad su plan venganza al interior de las prisiones en todas sus formas.  

En Colombia existen presos de primera y segunda categora, los privilegiados y los miserables ; pero como si esto fuera poco, nace la concepcin que contribuye al empeoramiento de las condiciones de vida, salud y hacinamiento en las prisiones y aumentan las penas con influencia del aparato judicial del pas. Aparecen nuevas leyes y reglamentos a partir de las reformas y adopciones de nuevas medidas penales :  

-Reforma del cdigo penal

-Reforma al cdigo penitenciario (ley 65 de 1993)

-Reforma del cdigo de procedimiento penal.

-Ley de seguridad ciudadana (ley 1453 de 2011)

Aparece la ley 733 de 2002 y la ley 906 de 2004, todo con el fin de negar beneficios administrativos, violando los derechos fundamentales y a la misma constitucin, mientras que convierten a las crceles en depsitos de seres humanos debido al alto ndice de hacinamiento, bajo el silencio sepulcral de los seores magistrados de las cortes, del congreso, del procurador, del defensor del pueblo y del mismsimo ministro de justicia quien del caso no dice nada.

Ni que decir de las resoluciones y nuevas reglamentaciones de la direccin general del instituto nacional penitenciario y carcelario- INPEC- hechas al antojo y libre albedrio de los directores de turno, con el objeto de limitar derechos mnimos de los internos y visitantes. El INPEC adopta la frase LEY Y ORDEN para gobernar las mazmorras con mano dura en aplicacin de respeto a la ley, la institucin y el orden al interior de la misma, valiendose de un rgimen opresor a costa de las humillaciones y tratos degradantes dados a los prisioneros, llegando al extremo de propinarle fuertes palizas, choques o descargas elctricas, gases en la cara y gaseadas del orden general en los patios.

Sin embargo, la sociedad concibe la prisin como un espacio en el que se alberga a personas que consiente o inconscientemente infringieron la ley y que al estar encarcelados, recibirn un tratamiento adecuado, es decir que sean resocializados para que retornen a su ncleo familiar y a vivir en sociedad.

La denominada resocializacin, es una farsa. El hecho de ser extraditado de sus regiones de origen, lejos de su entorno, conlleva al total deterioro y separacin de sus relaciones familiares y de pareja, contrariando preceptos elementales como la consagra la carta poltica: LA FAMILIA ES LA BASE DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO ESTA EN LA OBLIGACION DE PROTEGERLA

Los presos polticos, somos consecuencia del conflicto social, poltico y armado por el que atraviesa Colombia y ante lo cual, el gobierno y su aparato estatal se resiste y niega reconocer nuestra existencia.   Para nosotros, es imprescindible el acompaamiento de las organizaciones sociales, O.N.G defensoras de derechos humanos, abogados, comunidad nacional e internacional para que se despliegue una campaa permanente de seguimiento y verificacin de las condiciones de vida y salud de los presos.  

Adems, se requiere del acompaamiento en la denuncia y en la sensibilizacin poltica acerca de la reforma de los cdigos penales, procedimiento penal, penitenciario y carcelario que apunten a humanizar el rgimen y las condiciones al interior de las crceles y prisiones, en armona con la tan necesaria:

-rebaja de un 20% en las penas  

-eliminar el hacinamiento en las crceles  

- otorgamiento de los subrogados penales y beneficios administrativos.  

-Oportuna atencin y prestacin en los servicios de salud.  

- regionalizacin de los presos

Las actuales condenas se convirtieron en cadenas perpetuas, son penas impagables, tanto as que un alto porcentaje de los prisioneros o poblacin reclusa envejeci acompaado de sus mltiples enfermedades.

El aparato judicial se volvi estrictamente carcelero que no le niegan una boleta de captura a nadie, pues todo obedece a ese odio visceral, sobre todo tratndose de presos polticos. Para demostrar parte de lo dicho, nos permitimos poner en conocimiento, el siguiente ejemplo:

Los seores jueces y magistrados se amparan en el articulo 29 de la ley 504 de 1999 para negar el beneficio de hasta 72 horas, tratndose de condenados por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Esto significa en sencillas palabras que quienes estamos condenados por rebelin presos polticos- no podemos acceder a este beneficio. Adems exigen haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta. Lo que indica, que las tres quintas (3/5) partes de una condena de treinta (30) aos para acceder aun obtener la libertad es de 18 aos. El 70% de la condena de 30 aos equivalen a 21 aos para salir en permiso de hasta 72 horas. As las cosas, se puede afirmar, que primero se va el preso en libertad condicional y luego de tres (3) aos de gozar de libertad y de reintegrarse a su ncleo familiar y social, debera regresar a solicitar ante el juez de ejecucin de penas para que le otorgue el beneficio de hasta 72 horas. No les parece esto contradictorio, ridculo y hasta otro caso de burla? Claro que lo es, y cualquier persona dir que es ilgico, pero esa es la lgica de los cnicos jueces y magistrados carceleros.

A los jueces de penas y medidas de seguridad, ni siquiera se conmueven por ordenar libertad a los presos que padecen enfermedades terminales como lo sucedido en enero de 2011 con el preso poltico JOSE ALBEIRO MANJARRES CUPITRE, quien muri bajo la doloras tortura que le produca un cncer de hgado y pncreas, mientras que la guardia del INPEC lo mantena amarrado con restricciones a la varilla de la fra camilla.

Es doloroso, pero debemos informar que en la actualidad dos presos polticos: LUIS ALBERTO JAIMES Y SAUL VICENTE VALCARCEL, estn muriendo de cncer terminal y de nada ha valido solicitar ante el estado colombiano y los jueces la liberacin de los compaeros por razones humanitarias.

El traslado a quimioterapia y radioterapia se da en condiciones inhumanas, en la que se debe soportar todo tipo de padecimiento durante el transporte y alojamiento en los calabozos ubicados en el primer piso del palacio de justicia, conocidos como botadero o deposito de seres humanos, y como situacin irnica, lo que es denominado palacio de justicia, es un templo de crueldad en donde se da un trato indigno y vejatorio a los presos y esto lo conocen los honorables jueces, fiscales, magistrados, procuradores, personeros y defensor del pueblo.

Pero qu decir de los seores jueces de penas y medidas de seguridad, si ni siquiera vienen a la prisin de girn argumentando razones de seguridad, para evadir su responsabilidad y mandato de visitar la prisin, tener contacto y or todas las inquietudes de los presos a quienes nos califican como pro ahijado, pero necesariamente odiados, despreciados y hasta discriminados por los y las jueces de penas.

CONDICIONES INHUMANAS Y TRATOS DEGRADANTES

La Corte Constitucional en sentencia T-153 de 1988 ante la situacin de indignidad en la que nos encontramos lo presos, manifest: son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquier sea su condicin personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergenza para un estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.

Actualmente, los presos recluidos en la prisin de Girn padecemos el rigor del hacinamiento, pero lo ms preocupante y sobre lo que debemos prender las alertas tempranas es el hecho seguro de que el INPEC continuara su poltica de hacinamiento, situacin que desatara mayores ndices de violencia y otros problemas como sanitarios. La infraestructura de la prisin de Girn, desde luego no esta hecha para sobre poblarla y eso genera un colapso en reas de sanidad, visita, educativas, alimentacin, comedores, celdas, talleres y reas de servicios.

Las reglas mnimas para el tratamiento de reclusos, exige:

1) los servicios mdicos debern organizarse ntimamente vinculados a la administracin general del servicio sanitario de la comunidad o de la nacin.

La salud se convirti en un servicio que se debe pedir como limosnero y de otra parte exigirlo mediante huelgas de hambre para lograr acceder a la mediocre atencin mdica. Los mdicos parecen ms un cartel de criminales a sueldo que le prestan sus servicios a las corruptas empresas y administradoras de salud. La vulneracin al derecho a la salud es evidente, por lo que a cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo mediante la accin de tutela, mecanismo constitucional del cual el INPEC no cumple y se especializo para burlarse del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato.   En el mayor de los casos el INPEC miente abiertamente, solo para hacer incurrir en error al juez al momento de fallar y eso se debe a que los seores jueces de tutela no ponen en prctica las pruebas solicitadas como el hecho de verificar las condiciones del recluso y de la prisin.  

Recientemente se cre la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios SPC- , mediante el decreto ley 4150 de noviembre 03 de de 2011   por el cual se crea la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios SPC-, se determina su objeto y su estructura, instituto que tendr la responsabilidad en los temas relacionados con el suministro de bienes y la prestacin de los servicios, la infraestructura a brindar, el apoyo logstico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC, dependiente del Ministerio de Justicia, lo que significa crear mas burocracia y de paso en burladero para hacerle el quite a las responsabilidades, lo que agrava mas la crisis penitenciaria y carcelaria, pues en oportunidades el Ministerio responsabiliza al INPEC y viceversa dejando en el medio al preso. Consideramos que esta unidad de servicios es otra rueda suelta que ha de servir como un colchn aislado para que soporte tanta crisis.

Por ejemplo, el INPEC adopt la medida de que al estado no le corresponde dotar de almohada, toalla, sabanas y sobre sabanas, y que dichos elementos se los debemos pedir a nuestra familia o adquirirlos (comprarlos) en el expendio. Pero la situacin es peor cuando se trata de la dotacin de tiles de aseo, pues los criterios de los tecncratas determinaron que dicha dotacin se debe entregar cada cuatro meses y que consta de los siguientes productos y cantidades as: - un rollo de papel higinico, una maquina de afeitar, - un sobre de desodorante, una crema dental, un cepillo para dientes. Ser esto justo y digno?

Amigas y amigos, como pueden ver, no existe duda sobre la situacin de indignidad y de inminente riesgo en el que se encuentran los derechos fundamentales de los presos. Se hace necesario dar soluciones al conflicto jurdico, por lo que exhortamos al Ministerio de Justicia, al rgano Legislativo y a la Rama Judicial, para que se debata una verdadera reforma a la poltica criminal, carcelaria y penitenciaria en la que se les brinde participacin a voceros de los presos. No se trata de aumentar las penas y generar altsimos ndices de hacinamiento como lo son en la actualidad las leyes y cdigos de la venganza en lo que se conoce como castigo y sometimiento de la poblacin reclusa, quienes debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejmenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes del INPEC, quedando en bola frente a ellos, como si fuera a copular con algn guardin. Ese tipo de actitudes solo son propias de un depravado con desviaciones sarasas. Ese tipo de requisas, son proscritas por la Honorable Corte Constitucional a travs de sus jurisprudencias: T- 702 de 2001; T- 269 de 2002; T-690 de 2004; T-622, T-624, T- 848 de 2005 y T-1062 de 2006-

Acaso el INPEC no hace parte del estado, y no debe el estado acatar las sentencias de las cortes?

No olviden que mas all de esos muros de concreto, existimos seres humanos a los que nos ha tocado sobrevivir casi que de milagro, pues otros no lo pudieron lograr y en la actualidad, muchos de nuestros compaeros se estn muriendo a causa de enfermedades terminales, otros se pudren de lo viejos y sin esperanzas de vida, otros fueron olvidados por sus familiares y amigos todo debido a la distancia, a otros nos ha tocado en silencio resignarnos ante la fatdica muerte de nuestros hijos, madre, padre, hermanos y seres queridos.  

Comunicado informativo sobre situacin de la crcel de Girn a Organizaciones nacionales e internacionales

http://justiciaypazcolombia.com/Comunicado-sobre-situacion-de-la


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