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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-07-2012

Primeros asesinatos ambientales despus de Ro+20

Fabiana Frayssinet
IPS


Lejos de los pabellones que albergaron la conferencia ambiental ms ambiciosa de las ltimas dos dcadas, Ro+20, una aldea de pescadores de la regin metropolitana de Ro de Janeiro mostr que el precio de denunciar crmenes ecolgicos puede ser una ejecucin extrajudicial.

La aldea ubicada en la playa de Mau, municipio de Mag, 84 kilmetros al norte de Ro, no tuvo tiempo de evaluar los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en esta misma ciudad entre el 20 y el 22 de junio.

Precisamente el 22, da en que los jefes de Estado firmaban un documento cuestionado por su indefinicin en temas cruciales como la proteccin de los ocanos, dos pescadores y activistas ambientales que luchaban por esa causa, Almir Nogueira y Jao Luiz Telles, no volvieron a casa.

El cuerpo de Nogueira fue encontrado dos das despus, sumergido y amarrado a su barco, frente a una playa cercana. El de Telles apareci el 25 de junio, con manos y pies atados en posicin fetal, en la costa de otro municipio prximo.

Ambos tenan seales de haber muerto ahogados.

"Si son hombres de mar, van a morir en el mar. Ese es el recado que nos estn dando", dijo entre sollozos Alexandre Anderson, presidente de la Asociacin de Hombres y Mujeres del Mar (Ahomar), en un acto de repudio el viernes 29 para exigir a las autoridades una inmediata investigacin.

Las vctimas eran miembros de esa organizacin de 2.000 pescadores artesanales que luchan contra la contaminacin del mar, su hbitat y fuente de sustento de varias generaciones, en la Baha de Guanabara.

Ahomar denuncia los impactos socioambientales de grandes industrias.

Desde 2007 la asociacin protesta contra las obras del Complejo Petroqumico del Estado de Ro de Janeiro, una de las mayores inversiones de la empresa estatal petrolera Petrobras y del Programa de Aceleracin del Crecimiento del gobierno de Luiz Incio Lula da Silva (2003-2011) y de su sucesora, Dilma Rousseff.

Ahomar sostiene que las obras ejecutadas por las empresas GDK y Oceȃnica, contratistas de Petrobras, disminuyeron la pesca en 80 por ciento, entre otros daos a la salud humana, la fauna y la flora.

Los pescadores soportan amenazas y asesinatos desde que en 2009 ocuparon con sus barcos las obras de los gasoductos submarinos y terrestres de gas natural licuado y gas licuado de petrleo.

Las amenazas se intensificaron a fines de 2011, cuando volvieron a movilizarse contra la decisin del Instituto Estatal de Medio Ambiente de retomar una propuesta, descartada durante el proceso de licencia ambiental, de transformar uno de los afluentes de la baha, el ro Guaxindiba, en una hidrova para transporte de equipos.

El puesto policial cercano a la sede de Ahomar fue desmantelado.

Beneficiado por un programa de proteccin a los defensores de derechos humanos, Anderson tiene escolta policial permanente, pero aun as ha sufrido amenazas y atentados.

"Queremos preservar ese ambiente porque somos parte de l. Los pescadores somos parte de la Baha de Guanabara. Pero no queremos morir respirando su agua", dijo Anderson.

En 2009, el tesorero de Ahomar, Paulo Souza, fue atacado frente a su familia y asesinado con cinco disparos en la cabeza, como denunci entonces un reporte de IPS.

En 2010, otro fundador de Ahomar, Marcio Amaro, fue asesinado en su casa, frente a su madre y su esposa.

Ninguno de estos crmenes fue aclarado.

"Es lamentable que consigamos reunir toda esta prensa frente a dos cadveres ms, que este sea el requisito para llamar la atencin sobre un problema que se arrastra hace tanto tiempo", dijo en el acto de repudio el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Marcelo Freixo, presidente de la comisin de derechos humanos de la Asamblea Legislativa de Ro de Janeiro.

"Espero que la prxima vez que nos reunamos aqu no sea por la muerte de Alexandre", advirti indignado.

Poco despus del acto del viernes, Anderson fue nuevamente intimidado frente a su casa. Desde entonces no ha sido posible comunicarse con l por telfono.

"Ya no estamos hablando de inseguridad, sino de personas que han muerto por su militancia, por su legtima resistencia en defensa de la Baha de Guanabara", dijo a IPS la activista Sandra Carvalho, de Justicia Global.

Los denunciantes piden que las muertes, "con claras seales de ejecucin", sean investigadas por la polica y la justicia federal.

"Pido que las autoridades investiguen mucho, porque ya consiguieron lo que queran. Sacaron de su casa a los hombres de mar", enfatiz Anderson.

Despus de las muertes, las embarcaciones no han regresado al agua. Nadie se atreve a aventurarse al mar, que antes era "refugio" de los pescadores cuando "algo malo ocurra en la casa o en la playa", record. "Hoy solo tenemos el camino del cementerio".

Organizaciones de derechos humanos no dudan de que estos son "crmenes polticos". Segn dijo Freixo a IPS, las compaas contratistas de las obras a veces apelan a empresas de seguridad que se valen de "intimidaciones, amenazas y hasta muertes".

Pero el diputado y actual candidato a alcalda de la ciudad de Ro de Janeiro, cree que no se trata de "muertes encargadas" por Petrobras.

Sin embargo, subray, no por eso la petrolera "puede fingir que no tiene ninguna relacin con el caso. La inversin es de Petrobras y la responsabilidad sobre quin contrata es de ellos", opin.

En Ahomar, todos saben quines son los asesinos, dijo Anderson.

"Son personas que ganan mucho dinero con este proceso de industrializacin de la Baha de Guanabara, con trabajos de seguridad, de transporte hidroviario y terrestre. Que estn dentro del gobierno provincial y municipal e inclusive en la seguridad pblica", denunci.

En Mag, como en otros municipios de la regin metropolitana de Ro, actan grupos de esa naturaleza conocidos como "milicias", integrados por agentes de seguridad del Estado, activos o jubilados, con apoyo de sectores polticos locales, como demostr una investigacin parlamentaria encabezada por Freixo.

Inclusive el diputado tiene escolta policial porque ha recibido amenazas a raz de sus denuncias contra esas organizaciones mafiosas.

Ante el pedido de IPS de una respuesta, Petrobras envi un comunicado en el que dijo desconocer las muertes y repudiar cualquier amenaza a los pescadores.

La compaa tambin destac que el proceso de licencia ambiental en Brasil considera todos los impactos ecolgicos y a las comunidades. Adems, "un riguroso estudio de impactos antecede la licencia de los emprendimientos y el rgano licenciador establece medidas compensatorias y fiscaliza su realizacin", aadi.

Petrobras es una "empresa social y ambientalmente responsable que exige de sus abastecedores la misma postura", reza el comunicado.

La prxima asamblea de pescadores discutir si desistir de la lucha o, al contrario, tomar medidas como interceptar el paso de navos.

La de Ahomar es una batalla de "los pescadores artesanales contra el capital petrolero", segn la presidenta de la comisin de derechos humanos de la Orden de Abogados de Brasil - Ro de Janeiro, Margarida Pressburger.

Anderson la defini de otra manera: no es David contra Goliat, sino "contra el mismo diablo".

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101143



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