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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-08-2012

Impunidad, crmen social y robo en supermercados

Enrique Santiago Romero
Rebelin


Tal y como ha explicado detalladamente el ex Relator de NNUU sobre el Derecho a la alimentacin y catedrtico de la Universidad de Ginebra, Jean Ziegler, cada cinco segundos, un nio menor de diez aos muere de hambre o por sus secuelas inmediatas. Cada cuatro minutos, alguien pierde la vista debido a la falta de vitamina A. Hay casi 1.000 millones de seres humanos gravemente infra alimentados, mutilados por el hambre permanente. Y esto ocurre en un planeta que rebosa de riquezas. Los estudios de las Naciones Unidas (FAO) constata que en el estado actual de desarrollo de las fuerzas agrcolas de produccin, el planeta podra alimentar sin problemas a 12.000 millones de seres humanos, es decir, el doble de la poblacin mundial actual.

Esta masacre cotidiana por el hambre no obedece a ninguna fatalidad. Detrs de cada vctima hay un asesino. El orden mundial actual no slo es mortfero, adems es absurdo. La masacre est instalada en una normalidad inmvil. La ecuacin es simple: quien tiene dinero come y vive. Quin no lo tiene sufre, se convierte en un invlido o muere. No existe la fatalidad. Cualquier muerte por hambre es un asesinato. (J.Ziegler)

En Espaa, hemos pasado de considerarnos entre las ocho principales economas mundiales y pelear asiento en el G-7, a ser el pas de la UE con mayor numero de parados casi seis millones- y de pobres: doce millones y medio en 2011 (Caritas), de ellos al menos dos millones y medio son menores.

Y si a diario este sistema capitalista de libre mercado en que vivimos viola impunemente el mas sagrado de los derechos de las personas el derecho a la vida y la integridad personal- , que no ocurrir con el resto de los derechos econmicos y sociales, cuyo incumplimiento tambin mata, pero ms lentamente, mas alevosamente: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la sanidad, la educacin, a disfrutar de un medio ambiente saludable y adecuado..etc. Todos ellos son derechos incumplidos, restringidos, suspendidos o eliminados.

La impunidad se define segn NNUU como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, as como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigacin con miras a su inculpacin, detencin, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso la indemnizacin del dao causado a sus vctimas.  

La impunidad es incompatible con el disfrute de los derechos humanos, la paz, la democratizacin y la consolidacin de un autntico Estado de Derecho y menos aun de un Estado Social. Tradicionalmente la impunidad se ha manifestado vinculada a graves violaciones de los derechos civiles y polticos, crmenes contra la humanidad que difcilmente podan pasar desapercibidos. Pero la Impunidad alcanza igual de gravemente al disfrute de los derechos econmicos, sociales y culturales, no siendo perseguidas jams las violaciones de estos derechos. La globalizacin de los mercados incluido el de la comunicacin- nos muestra la cotidiana negacin de los derechos econmicos y sociales y sus consecuencias -el hambre- como algo consustancial al sistema, que afecta a determinadas minoras de perdedores que no han sabido adaptarse a un mundo cada vez mas desregulado.

La Constitucin Espaola de 1978 no incluye ninguno de los derechos econmicos y sociales bsicos para el disfrute efectivo de un desarrollo integral como persona y de una vida digna, entre aquellos susceptibles de ser reclamados mediante recurso de amparo constitucional. As, la CE se desarma permitiendo en la practica la impunidad, no solo en materia de crmenes de lesa humanidad -crmenes del franquismo- sino tambin respecto al inmenso crimen contra toda la sociedad que constituye el sistemtico incumplimiento de los derechos econmicos y sociales sobre los que se asienta el contrato social sustento de los estados democrticos

Ello no significa que no exista una obligacin legal que afecta a todas las personas, fsicas, jurdicas o administraciones publicas, de respetar, cumplir, garantizar y no impedir el disfrute de los derechos econmicos y sociales fundamentales. Aunque nuestra Constitucin y el desarrollo legislativo de ella derivado lo haya ignorado con mayor o menor intensidad, los Tratados internacionales suscritos por Espaa se sitan en el vrtice superior del sistema normativo interno, por expreso mandato constitucional precisamente.

Desde la Declaracin Universal de los Derechos Humanos hasta la reciente proclamacin por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Derecho a la Alimentacin, pasando por el Pacto Internacional de Derechos econmicos y Sociales, en el Derecho Internacional vigente no hay duda de la obligacin legal de los estados y agentes no estatales de garantizar y de no impedir el pleno disfrute de todos los derechos econmicos y sociales bsicos.

En Espaa se asent hace ya lustros la cultura de la impunidad, y ello a pesar de existir un Poder Judicial que ejerce como tal y un largo brazo persecutor en manos de todos los gobiernos, la Fiscalia.

Es una leccin histrica que en aquellos pases que, habiendo sido victimas de crmenes contra la humanidad estos han quedado impunes, a continuacin el fenmeno de la corrupcin ha arraigado tan fuerte en la sociedad que, junto a su aliado natural la economa especulativa, han podido perpetrar el saqueo de la poblacin y de las instituciones, provocando el hundimiento de la economa del pas y el consecuente serio deterioro institucional y de la democracia.

Y tambin es regla cada vez mas general que sin acabar previamente con la impunidad de los graves crmenes de exterminio del adversario poltico, no hay forma eficaz de acabar con la impunidad de los posteriores crmenes contra la sociedad cometidos por quienes pueden hacerlo, quienes poseen el poder econmico y poltico. Hablamos de defraudaciones masivas, estafas hipotecarias mltiples, usurpacin del patrimonio publico mediante privatizaciones , fraudes masivos y millonarios a consumidores y usuarios, usurpacin de recursos pblicos, prcticas contratistas mafiosas, deuda publica injustificable, mercantilizacin de derechos sociales etc.

As ocurri en Argentina a final del Siglo XX, donde la impunidad de los crmenes de la Dictadura que acabo en 1983 provoco el hundimiento econmico, social y poltico del pas, -que lleg a investir Presidentes por semanas- a travs de la corrupcin, la entrega masiva de los recursos pblicos al sector privado y el fraude bancario, todo ello ocurrido ya en democracia. Fueron las leyes contra la impunidad de mitad de la pasada dcada, respecto a crmenes contra la humanidad, y tambin respecto a crmenes contra la sociedad, las que permitieron a Argentina arrinconar al viejo rgimen y poner en marcha un nuevo proyecto de pas.

Espaa, siempre a un ritmo mas lento, viene repitiendo de forma temeraria todos los errores que no hace tanto se cometieron en Argentina y tantos otros lugares, y no porque quienes nos gobiernas sean ignorantes, sino porque son los principales beneficiados por la impunidad. La impunidad es la de aquellos que cometieron crmenes contra la humanidad para exterminar a sus adversarios polticos, y despus asentaron el actual marco constitucional. Es la Impunidad de sus hijos, que posteriormente, educados en la cultura de la impunidad en la que crecieron y convencidos de que los poderosos son intocables, cambiaron el Ejercito y la Administracin por los MBA, los bancos y las empresas constructoras. Y as vienen perpetrando el grave crimen social que llevamos padeciendo cinco aos, sin perspectiva clara de que vaya a dejar de cometerse.

En este contexto y con esta perspectiva, es de agradecer que los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con su meditica incursin en un par de supermercados, nos hayan recordado que en Espaa y en Andaluca se esta pasando hambre, y que las causas son conocidas. Y es de agradecer que lo hayan hecho a la vez que se ha dado a conocer la ultima Memoria de la Administracin Tributaria donde se indica que el 80% de lo recaudado en impuesto sobre la renta en este pas procede de los ingresos de los trabajadores, que declaran de media ingresos de 20.000.- ao, mientras que la medida de ingresos declarada por profesionales y empresarios son 8.000.- ao.

Con el Cdigo Penal en la mano, la incursin del SAT puede llegar a constituir un delito, y este si, no quedar en la impunidad. Esperemos que una buena defensa jurdica pueda conseguir penas leves o absoluciones. Respecto a las inconmensurables cifras del fraude fiscal es obvio, no hay duda, de que estamos ante un gravsimo delito, uno mas, un robo multimillonario a toda la sociedad, respecto al cual como respecto a los dems crmenes sociales que se cometen a diario- ni el Ministerio de Interior, ni el de Justicia, ni la Fiscalia, consideran necesario abrir diligencias de investigacin en Agosto. De momento, este crimen esta impune. Para el Gobierno, la incursin del SAT en Marcadona si amerita la apertura de diligencias urgentes.

La deslegitimacin del Gobierno y del Estado para dar lecciones de tica jurdica, sobre robos y otros latrocinios mas sofisticados y masivos, es evidente. Y esto debera preocupar a cualquier gobierno que se hiciera llamar democrtico, esa deslegitimacin de unas instituciones rebosadas por la impunidad de los poderosos.

Izquierda Unida no ha aprobado ninguna campaa de expropiaciones de alimentos en supermercados, por lo que no es jurdicamente responsable de los hechos sucedidos estos das en Andaluca. Pero Izquierda Unida si es consciente responsable, polticamente hablando, de esos hechos, porque son evidente consecuencia del discurso que esa fuerza poltica viene manteniendo desde hace aos, mas claramente si cabe desde el agravamiento de la actual crisis. Izquierda Unida acord en su ultimo Consejo Poltico Federal adentrarse en la va de la desobediencia civil, no para generar el caos, sino todo lo contrario, precisamente para contribuir a atajar el caos provocado por la desregulacin sistemtica de derechos. Para frenar y confrontar eficazmente el actual desmantelamiento de los pilares del estado social y de la democracia que se est llevando a cabo impunemente.

Ante unas instituciones que se amparan en la supuesta falta de capacidad del estado para acabar con los crmenes sociales masivos que estamos padeciendo, los ciudadanos tienen derecho a anteponer y crear otra institucionalidad que salvaguarde el estado social y de derecho. O acaso alguien en su sano juicio esta dispuesto a que le usurpen el patrimonio vital que ha conseguido para s y para sus descendientes, con la excusa de la imprescindible utilizacin de los derechos sociales como combustible de la economa?. El Estado cada da tiene menos legitimacin para exigir el cumplimiento de los cdigos de convivencia cuando estos fueron hechos aicos hace tiempo por mercados, transnacionales y bancos. Ellos rompieron las reglas del juego, no los jornaleros del SAT

Es evidente que Izquierda Unida va a apoyar y defender polticamente al SAT y a cualquier otro colectivo que ponga en evidencia la privacin de derechos fundamentales de las personas y trabaje para garantizar los derechos vulnerados, recordndonos as que la Constitucin en vigor establece que la propiedad privada siempre estar sometida al inters general. A finales del 2012, en Espaa no es creble presentar como un atentado contra la convivencia y el orden constitucional llevarse unos carros con alimentos bsicos de unos supermercados, propiedad de empresas con millonarios beneficios, para entregrselo a familias con graves necesidades sociales.

Si el Gobierno quiere seguir por el camino de la criminalizacin ejemplarizante de estas actuaciones de desobediencia civil, se equivocara, y probablemente acabara teniendo que hacer frente a mayor, si cabe, conflictividad social. El pueblo espaol ha sabido perdonar los crmenes padecidos en el pasado, si ello era en aras de un futuro en paz, libertad y con bienestar. Pero ni este ni ningn pueblo permite ni perdona los graves y masivos crmenes sobre sus hijos que hoy se estn cometiendo impunemente y, al menos, con la pasividad de los gobernantes. La obligacin de cualquier gobierno es combatir eficazmente la Impunidad, toda la impunidad.

Enrique Santiago Romero es abogado y miembro de la Comisin Ejecutiva Federal de IU

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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