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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-08-2012

Las crceles son centros de hacinamiento, tortura y destruccin de 135.000 personas
Vengan y vean!

Hctor Jos Arenas A.
Rebelin


El sistema penitenciario en Colombia funciona como una infernal maquinaria colonial de degradacin, destruccin y muerte de quienes tienen la desgracia de caer en sus tenebrosos recintos. Al mismo tiempo, una corrupcin despiadada que se ceba sobre el sufrimiento de ciento treinta y cinco mil seres humanos mantiene el monstruoso funcionamiento de un sistema que contradice abiertamente, cada da y cada noche, la Constitucin Nacional cuando seala que Nadie ser sometido a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes., las Reglas Mnimas de la ONU, emitidas en el Primer Congreso de Defensa Social celebrado en Ginebra en 1955 , y todos los artculos del Cdigo Penal y del Cdigo penitenciario cuando hablan de la funcin resocializadora de la pena y el respeto a la dignidad y derechos humanos de los reclusos. ARTCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: En los establecimientos de reclusin prevalecer el respeto a la dignidad humana, a las garantas constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohbe toda forma de violencia squica, fsica o moral.

En 1998, la Corte Constitucional emiti la sentencia T153 en la que declar un Estado de cosas inconstitucional en las crceles de Colombia, como resultado de un hacinamiento inhumano que condena a los reclusos la vulneracin permanente de sus ms elementales derechos. Catorce aos despus, ese estado de cosas inconstitucional, se ha deteriorado aun ms, antes de obedecer las medidas que decreto la Corte Constitucional en ese momento y crear condiciones de reclusin que respeten los mnimos de la dignidad humana. En el diario electrnico Rebelin la periodista Azalea Robles ha publicado una serie de arrasadores informes [1] que revelan las condiciones dantescas de los presidios de Colombia, y las maneras como en el pas se ejerce la pena de muerte, con tortura previa, al desatender conscientemente a reclusos que precisan atencin mdica bsica o alivio humanitario para su agona.

Sin embargo, hasta ahora, las ms altas Cortes de Colombia guardan silencio. La Presidencia de la Repblica, el Ministerio de Justicia y el Inpec, que tienen la obligacin constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos y crear las condiciones para permitir la resocializacin de quienes han infringido la ley, guardan silencio. Las facultades de derecho, decanos, maestros, estudiantes, colegios de abogados, que dedican sus vidas al estudio y la prctica del valor sagrado de la justicia, guardan silencio. El Partido Poltico, que se autodenomina como partido de oposicin, consagrado la bsqueda de una candidatura presidencial de su direccin y a controlar el cascarn electoral para otorgar avales , guarda silencio. Los medios masivos de comunicacin, salvo valientes y honrosas excepciones , guardan silencio, y no sostienen una campaa que permita esclarecer y remediar lo que acontece con el sistema penitenciario colombiano.

Esta semana, los representantes a la Cmara Ivn Cepeda Castro y Gloria Stella Daz han vuelto a denunciar pblicamente - despus de un ao de clamor no atendido - un estado de cosas tan bestial que amenaza con una explosin social en las crceles del pas y en las murallas que contienen a cientos miles de familiares que sufren en carne propia la brutalidad de un sistema indolente al sufrimiento y la devastacin que produce.

La respuesta de la nueva Ministra de Justicia tiene la parsimonia de quien ni siente, ni comprende, ni adivina , el sufrimiento que causa el sistema que dirige y que debera, al menos, garantizar condiciones humanas elementales en las prisiones.Construiremos seis prisiones, cada una para cinco mil reclusos, Revisaremos con el apoyo de 180 estudiantes los casos de prisioneros que deben ser liberados por pena cumplida, ha dicho esta semana. Sin palabras. Y mientras tanto?! Y la dinmica que rellena las crceles una y otra vez?! En Bogot, la crcel Modelo se ha negado a seguir recibiendo las personas detenidas que se hacinan en las estaciones de polica, por el riesgo de epidemias resultantes del infernal hacinamiento.

Miles de jvenes, condenados al desempleo y experimentando desde temprana edad la desesperacin de un orden social que les niega las condiciones de vida digna, incurren en hurtos, robos, y micro trficos alentados por un Narco Estado que funciona como instrumento de control colonial en la regin, y que, a su vez, los persigue y los arroja a la maquinaria trituradora de las prisiones para decir que combate un narcotrfico que en realidad no persigue a nivel de los grandes traficantes articulados al control social de la organizacin popular. Madres de quince o veinte aos que abandonan en los basureros a sus criaturas hasta la muerte y enfrentan la prisin. Mientras tanto, la criminalidad de cuello blanco o los responsables del exterminio de la oposicin poltica, o campean an en las oficinas desde las que han usurpado los bienes comunes, o cumplen sus penas en la comodidad de los cuarteles que les sirvieron de base para sus monstruosos ultrajes.

En las veredas y en los barrios populares, la gente de abajo siente que el sistema legal y de justicia, premia o es indulgente con el delito de los grandes saqueadores y los genocidas, mientras persigue despiadadamente a quien se rebusca la vida . La crcel es contemplada como un espacio crimingeno y de castigo brutal que aniquila la sensibilidad y los sentimientos que humanizan la existencia.

Las crceles de Colombia estn repletas de procesados frente a los condenados que las habitan. Desde la dcada del cuarenta del siglo pasado, las crceles de Colombia han funcionado para reprimir a quienes piensan y se expresan en contrava del rgimen imperante, a quienes intentan organizar la poblacin maltratada para cambiar el orden imperial que sostiene un modelo que reproduce el sufrimiento social. Tambin los prisioneros de guerra que ha arrojado el conflicto armado entre los hijos de una misma tierra se han convertido en un sector importante de las prisiones.

El personal penitenciario tambin es vctima de una concepcin del crimen y su tratamiento que responde a un modelo de control social que considera al prisionero como un desecho y busca la continuidad de un orden econmico que arrasa la naturaleza y la comunidad. Los pueblos que han habitado el territorio de lo que hoy se conoce como Colombia, tenan y tienen otras formas de enfrentar las conductas lesivas de la armona comunitaria. El personal penitenciario tiene como objetivo principal evitar el motn, la revuelta y la fuga de los prisioneros que vigilan; la creacin de condiciones humanas no forma parte de sus objetivos. No son excepcionales las subjetividades psicticas que se cultivan en condiciones dantescas y que disfrutan infringiendo dolor. Nadie ignora que el sistema penal funciona selectivamente: persigue y castiga con dureza al ms dbil, al opositor , y deja en la impunidad al poderoso o al que es cmplice del sistema de poder. Nadie ignora que en las crceles se prctica una corrupcin de menor cuanta a cambio de pequeos beneficios y gabelas en las condiciones de reclusin. La gran corrupcin funciona en los contratos de construccin de los centros penitenciarios, en los contratos de suministros de alimentos, en donde se mueven las grandes sumas de dinero.

Asistimos en Colombia a un acumulado social explosivo de dcadas de funcionamiento de un orden colonial que destruye o convierte a los seres humanos en monstruos de indolencia y crueldad. El sistema penitenciario, como el sistema educativo y comunicacional, como la economa, claman por una revolucin. Cesar el absurdo que lucra a unos cuantos, mientras convierte la vida social en un infierno. El anhelo de paz compartido por diversos sectores sociales y polticos pasa por desactivar las fuentes de la destruccin de seres humanos, donde se engendra el odio y la violencia.

El Movimiento Social Carcelario ha recogido el clamor de los prisioneros y sus familiares y ha convocado un proceso de desobediencia pcifica que haga posible variaciones que dignifiquen la vida en las prisiones. Cesar el hacinamiento infernal; transformar colectivamente, y como resultado de un debate, la politica criminal; acercar y facilitar la visita de familiares; garantizar atencin en salud; permitir el ingreso a las crceles de mujeres del mundo por la paz; cesar las extradiciones, son, entre otras, las peticiones que hace el movimiento.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

NOTAS:

[1] Para ver algunos de los ms recientes informes de Azalea Robles sobre la situacin de los presos colombianos:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153820

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=150194

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148068

















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