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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-09-2012

El origen de los derechos laborales
Ni relaciones laborales franquistas ni treinta aos de concertacin social, sino lucha de clases y movilizacin social

Vidal Aragons
Mientras Tanto


Los ltimos dos aos se han convertido en un autntico bienio negro para los derechos laborales en el Estado espaol, con efectos devastadores a medio plazo para las condiciones de vida de la clase trabajadora. Como en cualquier guerra y la lucha de clases es una ms, lo primero que se pierde es la verdad, algo que encontramos sobre todo en el argumentario del Gobierno espaol y del Partido Popular a la hora de justificar los cambios normativos. Manifestaron literalmente: Con la Reforma Laboral se acaba con unas relaciones laborales franquistas. Al unsono, con el clsico mtodo goebbelsiano, todos los miembros de la reaccin repetan las mismas frases en entrevistas y ruedas de prensa.

Si bien las direcciones de los sindicatos mayoritarios se opusieron a la aberracin histrica y cientfica que supone situar los derechos laborales en el franquismo, curiosamente tampoco dieron una explicacin real sobre el origen de los mismos. Los mximos dirigentes de CC.OO. y UGT opinan que los autores de la contrarreforma laboral Quieren arruinar de un plumazo tres dcadas de dilogo social, dando as a entender que los derechos laborales que nos han expropiado sin compensacin responden a treinta aos de concertacin social.

Seguramente, cualquier persona de origen obrero o progresista respondera claramente a los argumentos conservadores y de las direcciones de los sindicatos mayoritarios sobre el origen de los derechos laborales situando stos en las luchas obreras, sindicales y sociales. Esta visin debe ir acompaada de una explicacin razonada sobre el autntico origen de los derechos laborales en el Estado espaol, as como de una mencin al papel de la dictadura franquista en las relaciones laborales.

La dictadura franquista con origen en la negacin del movimiento obrero y de los derechos sociales

El golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936 fue la repuesta de la burguesa espaola a la victoria poltica de la izquierda y al imparable proceso revolucionario que se desarrollaba. Una de las grandes expresiones polticas de eso durante las primeras dos dcadas de la dictadura franquista fue la aniquilacin fsica de los dirigentes de la izquierda, la prohibicin de las organizaciones obreras y la represin de cualquier atisbo de reclamacin sindical.

En el terreno de lo normativo, se derog de facto la legislacin en materia laboral surgida durante la Segunda Repblica, entre otras la Ley de Contrato de Trabajo y la constitucionalizacin del derecho de libertad sindical. Se fren todo desarrollo social incorporado por la normativa precedente mediante la aprobacin del Fuero de los Espaoles. Este texto, que se compone de diecisis apartados, no incorpora prcticamente derechos laborales sustantivos ms all de unas vagas vacaciones retribuidas. Por el contrario, hasta en dos ocasiones manifiesta su objetivo y naturaleza: Representa una reaccin contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, una forma de produccin igualmente apartada de la concentracin capitalista y del gregarismo marxista. De l se derivaron despus diferentes leyes que desarrollaban subsidios y el descanso dominical.

En 1944 aparece la Ley de Contrato de Trabajo (que deroga formalmente la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, ya sin efectos en la prctica). Esa normativa y el Fuero de los Espaoles constituyen el autntico corpus de la legislacin laboral franquista. Una mnima aproximacin a la misma nos permitir comprobar si se asemeja a la legislacin de los ltimos treinta aos, a una actuacin paternalista del Estado o a los planteamientos liberales.

La mujer no gozaba de autonoma ni para contratar ni para reclamar sus correctas retribuciones, cosas a cargo de maridos y padres. La contratacin temporal era legal tanto para eventualidades como para obras y servicios. En el rgimen de despido improcedente encontramos que la indemnizacin no podr superar en ningn caso el ao de salario, exactamente igual que el mximo legal de la indemnizacin por despido objetivo que, con la ltima contrarreforma laboral del Partido Popular, se ha extendido y facilitado. A su vez, se regulaba un generoso rgimen de extincin colectiva con un genrico cesacin de la industria, comercio, profesin y servicio, fundada en crisis laboral o econmica, siempre que dicha cesacin haya sido debidamente autorizada. La jornada laboral no se limitaba y ni siquiera se decretaba el descanso de 48 horas tras 5 das, sino simplemente el descanso de un da por la presin histrica de la Iglesia catlica para que no se trabajase durante el domingo. La prestacin de servicios no tena ms lmite que lo consignado en el contrato, al tiempo que la prestacin de IT era tan slo del 50% del salario y con un mximo de 4 das al ao, es decir, que al quinto da de enfermedad ya no se perciba retribucin alguna. No se garantizaban todava dos pagas extraordinarias, tan slo la del Generalsimo el 18 de julio, y hasta finales de los aos sesenta no apareci algo similar al actual SMI. Nos encontramos, pues, durante los primeros treinta aos de dictadura franquista, con una regulacin del salario muy similar a la peticin de los liberales, sin salarios mnimos y dejndo stos a expensas de la negociacin entre las partes.

En ocasiones se ha indicado la existencia de una cierta libertad a la hora de negociar los derechos laborales a tenor de la existencia de ordenanzas laborales de ramo o sector. Pero lo cierto es que hasta 1958 no existi intervencin de representacin de los trabajadores alguna en la confeccin de las mismas, sino que eran los funcionarios del Sindicato Vertical quienes estampaban su firma en los textos elaborados desde el Ministerio de Trabajo.

La realidad sociolaboral del periodo 1939-1959 expresa un nivel mximo de explotacin para la clase obrera espaola. La acumulacin sin precedentes de capital a la que sirvi fue la base para el desarrollismo del franquismo. Nada que ver con el mito del buen hacer de los tecncratas del rgimen.

La existencia de derechos laborales en los primeros veinte aos del franquismo se ve cuestionada por el hecho fundamental de que la propia dictadura anclaba sus orgenes en el asesinato y aniquilacin de sindicalistas y personas de izquierdas. Por lo que la mera reclamacin de derechos poda constituir un suicidio laboral en el mejor de los supuestos, y una ejecucin judicial o extrajudicial en el peor. A su vez, no nos encontramos siquiera ante un Estado de Derecho burgus, sino ante un rgimen fascista o bonapartista de derechas cuyos jueces tenan en el 99% de los casos un origen falangista o militar, lo cual converta el sistema judicial en un escarnio para la clase obrera.

As pues, que el Partido Popular tache de franquistas las relaciones laborales slo se puede entender como una broma macabra y un autntico desprecio a la dignidad de los centenares de miles de sindicalistas asesinados durante lo que fue el origen de la dictadura.

1958-1973. La Ley de Convenios Colectivos: entre el incremento de la productividad y la falsa negociacin

En el ao 1958 se aprueba una nueva regulacin de la negociacin colectiva, lo que se ha querido presentar en ocasiones como la existencia de un sistema de participacin de los trabajadores en sus normas paccionadas. Nada ms lejos de la realidad, pues esta nueva normativa responda al intento de disuadir las respuestas huelgusticas (1956-1958) y a la necesidad de incrementar la productividad. (Hasta la fecha, las empresas haban basado sus beneficios en una explotacin extrema de la mano de obra, pero los ritmos productivos no se asemejaban a los de los estados europeos.) As, la esencia de la nueva negociacin colectiva era mantener bajo el salario base o garantizado y establecer complementos vinculados a la productividad. Curiosamente, este ltimo objetivo es el que cclicamente solicitan los liberales.

La falsa negociacin colectiva instaurada se caracterizaba por dos grandes elementos: el primero, que la representacin de los trabajadores se deba desarrollar a travs del Sindicato Vertical; y el segundo que, una vez haba acuerdo o si no lo haba era el Ministerio de Trabajo el que lo tena que aceptar, o bien fijar otras condiciones, para publicarlo como convenio colectivo. Llama poderosamente la atencin que este sistema guarde ms similitudes con la figura del arbitraje obligatorio instaurada por el gobierno del Partido Popular que con la negociacin colectiva que conocimos durante los ltimos treinta aos.

Por ltimo, la Ley 38/1973 de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo incorpor la concurrencia de convenios, la creacin de acuerdos marco y la duracin mnima de dos aos en definitiva, mejorando tcnicamente la negociacin colectiva, pero dej sin resolver el problema del intervencionismo del Estado, que deba homologar el convenio.

Analizando la normativa franquista encontraremos enormes similitudes con el clsico argumentario liberal y ninguna coincidencia con los derechos laborales de los ltimos treinta aos.

En el origen de los derechos laborales que conocimos durante los ltimos treinta aos: Ley de Relaciones Laborales de 1976, RD-Ley 17/1977, Constitucin espaola y Estatuto de los Trabajadores

Para entender la esencia de los derechos laborales de los que disfrutamos durante los ltimos treinta aos, no debemos buscar ni en el Fuero del Trabajo, ni en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 ni en la Ley de Convenios Colectivos de 1958, puesto que esa normativa, por suerte, no guarda prcticamente relacin alguna con el conjunto de derechos y libertades que pudimos conocer durante el periodo comprendido entre 1980 y 2010. Para ello debemos analizar la Ley de Relaciones Laborales de 1976, el RD-Ley 17/1977, el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y, por supuesto, los preceptos de naturaleza laboral de la Constitucin espaola.

Aunque no tendra que ser necesario, debemos recordar que el dictador Franco muri el 20 de noviembre de 1975, el 15 de diciembre de 1976 se aprobaba la Ley para la Reforma Poltica (derogacin tcita de la legalidad franquista) y el 15 de junio de 1977 se celebraban elecciones libres pluripartidistas.

La Ley de Relaciones Laborales de 1976 es sin duda la cota ms alta de derechos laborales individuales que jams hemos alcanzado: readmisin en sus propios trminos ante el despido improcedente; laboralizacin de algunas relaciones de trabajo especiales; presuncin directa de la contratacin indefinida; reforzamiento de la subrogacin empresarial; exigencia de visado del finiquito; exigencia de expediente para el traslado, fuerte causalidad y derecho de consorte; disminucin de la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales y descanso de 12 horas entre jornada y jornada; descanso de 15 minutos en la jornada continua de 6 horas; autorizacin administrativa para la modificacin del horario; ampliacin de la maternidad posparto a 8 semanas y de la excedencia por maternidad hasta 3 aos; constitucin del FOGASA; previsin de la revisin semestral del SMI si el ndice general del coste de la vida aumentaba un 5%, etc., etc.

El Real Decreto Ley 17/1977, entre otras materias, reconoce claramente el derecho a huelga y lo regula, al igual que el cierre patronal. Respecto al primero de los derechos, supuso un reconocimiento de derecho fundamental que vino a ser concretado a travs de los posteriores parmetros de constitucionalidad. En cuanto al cierre patronal (lock out) vino a ser limitado o regulado en lo que en el momento supuso un freno al chantaje patronal de cese de actividades ante la huelga. La norma es del 4 de marzo de 1977, con la Ley de Reforma Poltica vigente y das antes de la primera campaa electoral tras el fascismo. La regulacin que hace referencia a la huelga y el cierre patronal todava se mantiene en vigor, con las nicas modificaciones que el Tribunal Constitucional realiz para su adecuacin a la Constitucin.

La Constitucin espaola establece como derechos fundamentales la huelga y la libertad sindical, a la par que deja que otros derechos fundamentales empapen la legislacin laboral (principio de igualdad, libertad ideolgica, intimidad, libertad de expresin y de informacin, derecho de reunin, derecho a la tutela judicial efectiva, etc.). Tambin se establecen otros derechos no fundamentales que se concretarn legislativamente a posteriori: el derecho y el deber al trabajo, la libre eleccin de profesin u oficio, el derecho a una remuneracin suficiente, el derecho a la negociacin colectiva y a la adopcin de medidas de conflicto colectivo, y el derecho a la libertad de empresa. Por ltimo, encontramos principios rectores de la poltica econmica y social: el deber de los poderes pblicos de realizar polticas orientadas al pleno empleo, de velar por la seguridad y la higiene en el trabajo, de garantizar el descanso necesario mediante la limitacin de la jornada y las vacaciones retribuidas, y de fomentar la formacin.

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 (cinco aos despus de la muerte del dictador y con un nico legislador que se reconociese franquista, aunque AP lo negaba) es la expresin de la etapa que finaliza y de la nueva realidad que se inicia para las relaciones laborales y el movimiento sindical. Sin duda, ha sido el eje normativo a travs del que han pivotado los derechos laborales en los ltimos treinta aos, pero, lejos de emanar de la dictatura franquista, es a su vez expresin de una poca de mximo nivel de movilizaciones obreras y el inicio de la siguiente etapa de concertacin social.

Tres dcadas de dilogo social y treinta aos de continuas prdidas de derechos

En primer lugar, atendiendo al necesario riguror cientfico, debemos expresar que el proceso de los ltimos treinta aos no ha sido lineal en cuanto a los derechos laborales, y si bien la tendencia ha sido a la prdida, han existido algunas materias sobre las cuales ha habido conquistas. En la mayora de los supuestos nos encontramos con una necesaria trasposicin de directivas de la Unin Europea (principio de igualdad, sucesin, insolvencia empresarial) y con un desarrollo de derechos derivados de la maternidad y de la conciliacin de las vidas laboral y familiar.

Ms all de lo anterior, en las ltimas tres dcadas se han perdido continuamente derechos laborales: extensin de la contratacin temporal (Ley 32/1984), creacin y desarrollo de las empresas prestamistas de mano de obra (Ley 14/1994), facilitacin de la modificacin de condiciones (Ley 11/1994) y de la extincin de contratos por causas objetivas (Ley 11/1994, Ley 63/1997, RD-Ley 5/2001), precarizacin del contrato a tiempo parcial (RD-Ley 5/2001), reduccin de la indemnizacin por despido improcedente (Ley 63/1997, Ley 12/2001, RD 5/2006) y limitacin de los salarios de tramitacin (RD-Ley 11/2002, posteriormente convalidado como ley).

La realidad jurdico-laboral de los ltimos treinta aos ha sido un goteo en cuanto a la prdida de derechos, transformado en lluvia con la Ley 35/2010 y en tormenta tras la Ley 3/2012. As, debemos poner de manifiesto que en los ltimos treinta aos no slo no se han consolidado los derechos laborales que conocimos, sino que se han ido eliminando paulatinamente. sta ha sido la realidad de tres dcadas de dilogo social.

Derechos que ahora nos son arrebatados, como la indemnizacin de 45 das por ao trabajado, la causalidad y criterio finalstico en el despido objetivo y modificacin de las condiciones, la negociacin colectiva libre y estable, los despidos colectivos causales, finalsticos y con autorizacin de la autoridad laboral, etc., no tienen su origen en el perodo 1980-2010, sino en el perodo 1976-1980. En plena situacin de crisis, los sindicatos no optaron por sacrificar el trabajo digno ni por renunciar a su capacidad de movilizacin, y la etapa sin duda con ms movilizaciones de la historia del Estado espaol coincidi exactamente con la aprobacin de la normativa que reconoci aquellos derechos. Seguramente, la mayora de los historiadores honestos caracterizaran aquel perodo de prerrevolucionario, pues las demandas de las organizaciones obreras no fueron nicamente econmicas y sociales, sino que iban encaminadas a acabar con el capitalismo o con el franquismo. La nica alternativa que tuvieron la burguesa y el aparato del Estado fue el mantenimiento del poder adquisitivo en los convenios colectivos, el incremento permanente del SMI y el reconocimiento de un bloque de derechos y garantas laborales de los que pudo disfrutar toda una generacin de trabajadores y trabajadoras.

Lejos del mito de la negociacin, cada conquista de derechos supuso siempre sacrificios en la movilizacin, represin sindical y asesinatos. Si tachar de franquistas las relaciones laborales de las que hemos disfrutado tras la Transicin es, adems de una falacia, una dulcificacin indirecta de la dictadura franquista, situar el origen de los avances laborales en los ltimos treinta aos de dilogo social es un error sindical y una falta de respeto por quienes dejaron los mejores aos de sus vidas, e incluso stas, luchando por ellos.

Se califica la Transicin de modlica y pacfica, pero no cabe duda de que no rompi con el perodo anterior, dejando intactos el poder econmico, el judicial, el policial, y el statu quo. Entre 1975 y 1982, 188 personas la mayora de ellas participantes en manifestaciones obreras y cuadros sindicales fueron asesinadas por la violencia del aparato del Estado o de miembros incontrolados.

Pero las discusiones no deben tener como finalidad sonrojar a quien miente o se equivoca, sino situar la verdad como elemento determinante en el proceso emancipatorio.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-105/notas/el-origen-de-los-derechos-laborales



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