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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-10-2012

El viejo proceso de paz en Colombia
A la puerta de lo nuevo

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


Capital de sangre y letras

Ya podemos contar miles de pginas sobre una noticia producida como declaracin oficial el pasado 27 de agosto de 2012, sobre un hecho que sin dudas es trascendental: el inicio de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

Sangre y tinta han resultado mezcladas durante mucho tiempo. Como en el actual momento, el conflicto colombiano abastece desgracias para vastas y variopintas bibliotecas, para montaas de libros. Sin embargo, pese a tantsimos y voluminosos diagnsticos provenientes de muchas maneras de ver y sentir, todava reina ms la percepcin de que no es inteligible, que nada se aclara en esa guerra compleja, que no es posible entenderla, que una especie de caos lo cubre en ella casi todo. Ms cuando a esa historia de oposicin armada ininterrumpida de medio siglo, entre un Estado de formalidad democrtica y unas guerrillas de inspiracin marxista, guevarista y bolivariana, se agrega la existencia de estructuras del narcotrfico o la aparicin de grupos paramilitares, presentados como poderosos agentes y tramas particulares con vida propia. Se enredara as tanto la realidad que sera falso un entendimiento purista, tpico o clsico basado en el antagonismo poltico.

De esa mirada en el supuesto laberinto que aconsejaba no repasar remotos orgenes del conflicto, vacindolo as de contenido histrico y de causalidad socio-econmica y poltica, se aliment la tesis funcional de la ininteligibilidad y la anomia, junto a la idea de que el Estado demoliberal estaba siendo atacado por dos extremos violentos, uno en la izquierda y otro en la derecha. Por lo tanto, el corolario de todo ello era que no haba nada ms urgente e importante por resolver que el problema de esa clase de violencia irracional ejercida organizadamente contra la institucionalidad por delincuentes de distintas siglas. Desde ese enfoque resultaban homologables los ilegales. Un signo fue con los aos su equiparacin con la desaparicin del delito poltico. Desde 1980 fue cada vez ms usado un trmino estelar: el terrorismo.

Si algn recuerdo romntico quedaba de los aos sesenta y setenta, de movimientos guerrilleros luchando contra regmenes coloniales y antidemocrticos, deba difuminarse para el caso colombiano, ms cuando el mundo vio caer muros: ya no obrara esa imagen, mxime si la guerrilla cometa permanentes abusos contra la poblacin o estaba vinculada a la produccin de drogas. Si algn rezago de pensamiento crtico impugnaba directa o indirectamente a centros de dominio nacional o forneo, o sealaba que con la violencia poltica algo tendran que ver las represiones e injusticias acumuladas en procesos de configuracin de pases dependientes, de estructuras excluyentes, si algo quedaba de esa versin idealista, deba ser diluida en cidas demostraciones de que la desigualdad estaba en todas partes y en todas las pocas, y que ante un slido orden de derecho, como el colombiano, con reputada tradicin democrtica, rotundamente no era admisible el derecho a la rebelin.

Factores regionales y lneas de fuga global acentuaron todava ms dicha interpretacin, en la conjugacin de realidades y proposiciones polticas e ideolgicas de una nueva era planetaria a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en la que se decret el fin de la historia y de la utopa social, bajo el peso del nico modo en que poda ser concebido el mundo, atravesado por la triunfante poltica de un capitalismo salvaje y militarista. Con sus predicamentos fue poco a poco reducindose el pensamiento, despidindose la humanidad de las promesas de justicia e igualdad de un sistema internacional y de esquemas de administracin nacional que abogaban por la regulacin y el bienestar. Poderosos crculos vieron aumentar exponencialmente sus riquezas y dominio. Se impuso de esa forma el pragmatismo que aconsejaba, en cuanto a pases con guerras internas que retardaban un encajamiento productivo, ponerles fin no slo incrementando la presin militar sino tambin las presiones diplomtica, jurdica y poltica. No se nos escapa que justo lo contrario tambin fue dictado para negocios de todo tipo y la maximizacin de ciertas ganancias: el agravamiento o montaje de provechosas guerras.

En consonancia y al amparo de subterfugios y prcticas extendidas por todo el mundo, las elites colombianas explotaron el rtulo de la democracia, la estampa circulante de un Estado de Derecho, para invocar su inocencia y ensear su condicin de vctima y no de victimario. Que nada tenan que ver con la estrategia de guerra sucia o con el paramilitarismo y que las complicidades con el narcotrfico eran tambin marginales, accidentales, de unos pocos que se haban desviado hacia el rpido e ilegal enriquecimiento.

Han empleado la comunicacin de masas y los cdigos penales, han pagado el cubrimiento acadmico e indulgencias. Elites en mosaico: unas liberales de sof, ayer y hoy; otras ms neoconservadoras, mezcla de rigideces religiosas y polticas; unas educadas en el extranjero en modernas corrientes, otras ms provinciales; unas muy prsperas seguidoras de los nuevos mercados, otras rentistas de heredades venidas un poco a menos; unas y otras acariciando siempre la refinada justificacin nihilista o neofascista de quien asume, desde un escritorio o desde una hacienda, que hay que extirpar a la parte inconforme de la sociedad y tolerar para ello el arribismo de quienes ascienden y son usados para ese proyecto. Una revalidacin prctica de la conducta propia y de la de quienes interpretan y cumplen el imaginario de la clientela, de los sirvientes y engranajes necesarios, donde ha habido lugar por dcadas para el paramilitar, el narcotraficante, el corrupto.

Se ha ostentado en ese credo y en ese mtodo, con notable lucimiento, que el Establecimiento era en realidad casi un tercero inocente, al que por diestra y siniestra se le amenazaba, siendo en consecuencia su deber salir a flote, no propiciar un Estado fallido. Que el deber era neutralizar y acabar con reales o figurados peligros a lo largo de distintas fases para retornar al orden.


2. Se planifica y se ejecuta. Breve recuento histrico para entender lo de hoy

Largamente han meditado y tomado decisiones las elites para producir y tener a su favor ese veredicto de inocencia. Cuando en los cincuenta, entre la violencia inducida por los partidos Liberal y Conservador, lograron descomponer y recomponer el pas a su antojo, a punta de un terror (cerca de 330.000 muertos) que asegur mayor acumulacin de tierras para pocos tras el despojo de millones de campesinos. Cuando hacia los sesenta cerraron filas con el Frente Nacional en torno al reparto milimtrico de la burocracia y en general del poder entre esos dos partidos dominantes y resolvieron excluir de la rutina electoral a otras expresiones, en aras de la alegada estabilidad. Cuando en los setenta acentuaron un modelo de crecimiento que expuls a medio pas a la marginacin e implementaron una represin brutal sin necesidad de caer en los rasgos abiertos de las coetneas y repugnadas dictaduras militares, para aplacar en democracia la inconformidad social. Cuando en los ochenta escalaron la guerra sucia contra el movimiento popular, sindical y poltico de izquierdas. Cuando en los noventa mudaron de Constitucin, fijaron la definitiva desmovilizacin de unos grupos guerrilleros, desarrollaron la poltica neoliberal y desataron las manos para alianzas hacia el pleno empleo paramilitar y la intensificacin de una economa global y local de pillaje.

Elites no slo sagaces sino bien aconsejadas, en algunas capas convencidas o persuadidas tanto de una doctrina social catlica como todava de los cnones humanistas de cuo liberal o resquicio ilustrado, que hicieron posible desde comienzos de los aos ochenta reflexionar sobre la conveniencia de un clima de reconciliacin y decidieron, sin dejar de codificar la violencia propia, ensayar con intermitencias la frmula del dilogo poltico para obtener el desarme de los rebeldes.

Esa poltica de paz bajo ciertas condiciones se ha sostenido en diferentes Gobiernos de varias maneras, desde los tiempos del conservador Betancur (1982-1986), quien se refiri entonces a las causas objetivas de la violencia poltica, pasando luego por los liberales Barco y Gaviria (1986-1994), que ganaron la renuncia a las armas por parte de algunos grupos insurgentes a los que a cambio se les dio alguna cabida en el sistema poltico, quedando por fuera los ms arraigados y radicales: las FARC y el ELN. Con stos se volvera a conversar aos despus, siendo muy conocido el ltimo proceso de conversaciones con las FARC (durante la presidencia del conservador Pastrana, 1998-2002), el cual, por su fracaso, signific no slo la justificacin o lanzadera de la solucin militar frente a la guerrilla, profundizando el llamado Plan Colombia, sino de la plataforma propicia para mentalizar sobre una especie de solucin final neofascista ante el espectro o potencial de organizaciones de izquierda o simplemente de tejido popular, a ser extirpado sobre todo en las zonas de prospeccin e inversin econmica que deban estar limpias de rastros subversivos. La cifra acumulada de cerca de cinco millones de desplazados lo atestigua.

As se prob el plan de hablar de paz mientras se haca la guerra, sabiendo que la guerrilla haca lo propio y que aumentaba su presencia poltica y su fuerza militar. Una insurgencia que no escondi estar tras una agenda de avances y cambios sociales, que el sistema no concedera, y que lo razon cuando en la regin comenzaron a suscitarse importantes transformaciones polticas (en particular en Venezuela). A sabiendas del fiasco casi todos estaban preparados. Por eso otro plan estaba cocinndose. Pastrana lo ha reconocido varias veces, una de ellas hace pocos das: Al Cagun lleg un Estado derrotado y sali armado hasta los dientes gracias a mi plan B, que consisti en fortalecer a las Fuerzas Armadas y en conseguir, como se consigui, la ayuda norteamericana de US$7,5 billones del Plan Colombia que le permitieron a Uribe enfrentar a las Farc, lo cual logr finalmente traerlas, de nuevo, a la mesa. En el Cagun se sentaron las bases para una paz desde una posicin de fortaleza del Estado (diario El Espectador 08.09.12).

Dos personajes en la continuidad: Pastrana, presidente hijo de ex presidente, y Uribe, de quien hablan miles de pginas, muchas de ellas en expedientes judiciales, por confesiones o testimonios de sus socios. Aliado de narcotraficantes desde los ochenta y auspiciador de paramilitares en los 90, fue puesto al mando del Estado en 2002, tras certificaciones de la lgica de una vida poltica urdida entre la mafia y el gamonalismo. Saba ordenar porque saba hacer y contaba con padrinos.

De esa forma, al inicio del presente siglo, adeptos de diferentes estamentos nacionales y extranjeros atornillaron a Uribe Vlez como mxima cabeza y personalidad ejecutora. Aunque no provena de esa oligarqua frrea y de sus crculos selectos, s haba dado constantes muestras de fidelidad a un proyecto, con sangre fra y temeridad, encajando y encarnando personalmente los componentes ms reaccionarios, aparentemente dismiles pero unidos en los resultados de un pacto de gobernabilidad que rayaba a diario en la ilegalidad, compartida por polticos nuevos y de vieja estirpe, por intereses y negocios estratgicos de multinacionales, por administradores nativos, por hacendados paramilitares y narcotraficantes. Tambin por quienes desde la pantalla, el plpito, la ctedra o la tribuna, moldean letras de una ininteligibilidad til que argumenta y dibuja, como nica salida posible, la barbarie necesaria por encima de la mesura, y la impunidad por encima de la responsabilidad. Mirar hacia otro lado no era problema. El Estado de Derecho se mantuvo as, pudrindose y volando en mil pedazos.

La mayora de una sociedad aleccionada hizo lo propio: no or, no ver, no hablar, y aplaudir. Esto ha recibido el nombre de cohesin social. Requera atacar con diversidad de medios legales e ilegales las distorsiones sociales a una economa de mercado y a ese modelo de adhesin que tena como base la seguridad democrtica para la inversin y el desarrollo. Es decir, omitir los controles del declarado Estado de Derecho y al tiempo emplear ste para infundir y articular, con el uso eficaz de la fuerza, objetivos e instrumentos de una guerra total contra un enemigo externo (la patent la visin contra Venezuela) y sobre todo contra un enemigo interno.

Nunca antes en Colombia la propaganda como parte del arsenal autoritario haba fortalecido tanto y en tan poco tiempo una cultura de alienacin, cesin y renuncia, no slo de efectos ticos sino psico y sociopatolgicos, de enervacin de la histeria, semejante a la de reconocidas experiencias fascistas. Se abraz un ideario y el liderazgo del uribismo cuando ya existan pruebas de constituir un circuito corrupto y criminal. Un Sndrome de Vichy a la colombiana: la sintomatologa de colaborar o simpatizar con quien hace ms servil y empobrece al conjunto de la sociedad.

En materia de paz su modelo fue de transaccin y utilizacin del paramilitarismo como interlocutor para trasponerlo o reciclarlo en otra etapa, mientras buscaba, para legitimar ste, poner en la balanza un proceso de sometimiento del ELN, que dicha organizacin rebelde al final desestim al comprobar esta argucia y otras. Para Uribe no poda ser ni parecer una negociacin horizontal ni con esta guerrilla ni con las FARC, sino implacablemente deba dar leccin de que su oferta era la de la rendicin, la del desarme definitivo de los terroristas. Para ello se impulsaron planes y estructuras que haban sido cimentadas en dcadas por encima de referentes ticos y jurdicos del bien comn, favoreciendo la expansin e impunidad del terrorismo de Estado mediante acciones directas de las fuerzas armadas gubernamentales o a travs del paramilitarismo. Es una verdad absolutamente demostrada. As como los resultados de beneficio de esa violencia para una economa de despojo y saqueo.

En ese pacto de refundacin poltica proclamado en nombre de la seguridad democrtica, no era simple espectadora esa rancia oligarqua de linajes y apellidos que se remontan a la historia preeminente del siglo XX. Las castas de los poderosos dueos del pas y de agentes econmicos en distintos sectores, fueron benefactoras y beneficiarias directas de un modelo a sabiendas abiertamente criminal, pero escabroso incluso en parte para ellos mismos, autoinmune (atacando las clulas del propio organismo a defender) y a la postre infructuoso si no era capaz de habilitar una transicin o apaciguamiento. Se movan as entre la necesidad de que permaneciera Uribe, aunque su genio y figura de salvador estaba pasando a otro tiempo, desgastando y comprometiendo las reglas de un instrumental a recobrar, y la obligacin de renovarse para consolidar un programa de pas por encima de un caudillo ya empaado, con un entorno contaminado por mltiples investigaciones por narcotrfico, paramilitarismo y corrupcin. El atornillado se atornillaba y la madera estaba en riesgo. La solucin final o guerra total no fue tal y se haca inapelable una irrupcin ms inteligente y normalizadora, desde adentro y sin franca ruptura.

Dicha alternativa la represent nada menos y nada ms que Juan Manuel Santos, el ms notable Ministro de Defensa en los ocho aos de Uribe en la Presidencia. Poltico formado en nuevos ritmos, hijo concienzudo y estudioso de esa oligarqua, fue respaldado como expresin aguerrida pero menos peligrosa, igual de ejecutiva y similarmente atractiva para las elites y centros de poder econmico y poltico. Fue posicionando su nombre como heredero en la rbita de un Establecimiento que estaba recompensado con creces a Uribe Vlez. Santos lo halag ponindolo a la altura histrica de Simn Bolvar. Lo adul. Prometi no ceder el legado. No dejar caer el testigo de la lucha anti-terrorista. Lo relevaba para ser su fiel escudero. Las palabras de odio a la subversin que se grabaron con fuego en la piel del pas no deberan borrarse.

Pero un nuevo ciclo se abra por diferentes estimaciones o razones, entre ellas la de un clculo econmico. El recurso al dilogo hace parte de esa razn pragmtica que tambin ha virado hacia la guerra como opcin. Ante ese umbral lleg Santos audazmente, con la insignia de estar Colombia, ahora s en el fin del fin. Deba intentarse por lo tanto abordar a una guerrilla virtualmente derrotada, debilitada en el perodo Uribe con la combinacin de todas las formas de lucha que es capaz de implementar el sistema. Deba intentarse finiquitando en la mesa de dilogos un conflicto negado sistemticamente pero ahora s reconocido, descifrable y superable a partir de las claves de quien conmina complementando la obra de una larga guerra con una adecuada propuesta de pacificacin convenida, que admite una rendicin decorosa de la contraparte.


3. Conversar s: con derrotados

Esa es la vieja tesis expuesta por Lpez Michelsen, un ex presidente liberal hijo de ex presidente, contemporneo del ex presidente Santos, el to abuelo del actual presidente. La mencin a las familias no es balad. En la misma cuna, Lpez dej esa sentencia, no contradictoria sino plenamente congruente: dialogar con la guerrilla una vez se le someta militarmente. Es ms que una frase: constituye un pensamiento extenso desde el cual se adopta un procedimiento racional para ellos, que ya ha resultado eficiente en pasados procesos con otras guerrillas desmovilizadas. Siendo lgico y universal, en Colombia ha adquirido sin embargo una especial connotacin.

Ms all de la mecnica militar, esconde una dialctica que les inculpa, que les seala como dirigentes que han resguardado sus respectivos botines pero que han fallado en un proyecto de Repblica y bsica democracia liberal. Una dialctica que desplaza la problemtica principal, la social y econmica junto a las garantas del ejercicio poltico. Viene a significar o traduce que lo importante es conversar sobre el sntoma (la guerrilla y su reincorporacin a la vida civil) y no sobre el fenmeno de fondo una y otra vez actualizado en el conflicto: la necesidad de reinsercin social del Estado, la reinsercin a un compromiso de democracia de los medios del poder poltico y econmico.

Es decir, se piensa qu harn los guerrilleros para deshacerse y hacer parte de la poltica institucional, pero no qu har la clase poltica y empresarial frente a la crisis permanente que regula una violencia estructural en sus expresiones socio-econmica y poltica, con resultados a la vista: el tercer pas ms desigual del planeta, de vergonzosa indigencia, con ndices extremos de marginacin (considerando incluso la irradiacin de los recursos del narcotrfico entre otras piezas de la economa y la sobreexplotacin de sectores estratgicos); y galera del ejercicio del terrorismo de Estado, donde deambula el grito por ms de 35 mil asesinados, por ms de 50 mil detenidos-desaparecidos, por miles de torturados, por millones de desarraigados y miles de refugiados, por el exterminio de partidos polticos de izquierda y sindicatos, por la persecucin y criminalizacin de comunidades y organizaciones populares.

No slo se trata de dos monstruosidades conocidas, la pobreza y la violencia, sino de sus intensidades suficientes, que en condiciones ticas colectivas son o seran escandalosas, inauditas, inadmisibles, y del tronco al cual estn sujetas o enlazadas: la impunidad, que las blinda y reproduce sistemtica y ordenadamente. Es la mayor rmora, el mayor atascadero para la paz, un trpode en la experiencia primordial, que explica las razones por las que nada fundamental todava ha sido removido en ese statu quo violento, corrupto y excluyente. Por el contrario: su eficiencia ha sido contrastada. Ciertamente la eficiencia temporal y selectiva, para un par de generaciones de capas prsperas en medio de la guerra, mientras el pas como conjunto de las mayoras sociales ha conocido desgarramientos y carencias abismales.

Es el paradigma que se mantiene al da de hoy en el ensayo de los procesos de paz, orientados en esencia por la misma elite cuyo aprendizaje est marcado por dos lecciones: se puede no slo vencer en parte a la guerrilla por las armas, sino convencerla del todo sobre las bondades y posibilidades dentro del sistema. Si no obligaron a cambios en activo como alzados en armas, nada obliga realmente a que esa transformacin social se produzca por la firma de acuerdos de paz, una vez desarticulada la amenaza insurgente. En consecuencia, la paz puede no slo resultar muy barata, sino ser suscrita como pactos que al final no se cumplen, obteniendo los parabienes y la relegitimacin una clase poltica y empresarial que puede as proseguir con ligeras variaciones en las dos dinmicas concomitantes: el control econmico y el control poltico. Es la experiencia que debe ser reconocida para entender el momento actual.


4. Lo que motiva el proceso del 2012 y ao(s) venidero(s)

Existen proposiciones polticas engaosamente difanas, que ocultan elementos de la realidad. Una de ellas es la siguiente: si la guerrilla no fue capaz de hacer la revolucin en ms de 45 aos de lucha por qu las elites van a hacer esa revolucin por ella, ya vencida, mediante pactos o decretos que les obliguen a las clases altas a ceder? Es una pregunta justificada y hecha por los sectores de poder instituido, una interpelacin ntida que esconde mil aristas.

Desde esa argumentacin lineal, Santos no abandona por supuesto la dura accin militar (el garrote), pero, consecuente con esa historia y perspectiva de usar los dilogos para la rendicin, que ha intentado la alta clase poltica, desgrana de nuevo una prudente oferta de rpido y seguro sometimiento judicial, poltico e ideolgico en condiciones de favorabilidad (la zanahoria) a las dos organizaciones guerrilleras, las FARC y el ELN, que aos atrs renunciaron a desmovilizarse y que han persistido en sus acciones armadas (con evidente retorno a formas irregulares) y programas polticos de resistencias y construccin de poder (ya no de toma del poder).

Santos lo hace y junto a l el Establecimiento (que en su mayora ha aprobado este nuevo intento) sabiendo muy bien dos cosas aparentemente contradictorias: la guerrilla ya no podr vencer reemplazando un modelo, ya no es una amenaza para el rgimen poltico y econmico en su totalidad, pero al no ser del todo dominada o aniquilada, al subsistir y reponerse paulatinamente como tejido de resistencias en un tiempo de creciente despertar social, es una distorsin. Una grave distorsin. Lo es al reconfigurar articulaciones tras una larga e intensa ofensiva militar y paramilitar contra la poblacin, contra la guerrilla y sus bases sociales; una ofensiva prolongada que ha combinado diversos recursos que van desde la motosierra, las vejaciones, el horno crematorio, las operaciones de secuestro o bombardeo en el extranjero, el mercenarismo, hasta la altsima tecnologa de punta, aviones no tripulados, miles de toneladas de explosivos, billones del presupuesto nacional y asistencia extranjera, reingeniera en todas las fuerzas armadas, asesora en inteligencia.

Pese a todo eso, sigue siendo la guerrilla una distorsin en muchos sentidos, sobre todo una distorsin econmica: obstaculiza el desenvolvimiento correcto de las actividades y reglas del mercado neoliberal y sus ambiciosos planes para Colombia. Desde la lgica de la dominante mercantilizacin, todo lo que contrarreste, retarde o condicione ese proceso del capital ms salvaje, es considerado un obstculo a remover. El dilogo podra surtir esos efectos de disuasin definitiva de esa histrica distorsin.

Tras asegurar que de hecho existe ya un sometimiento militar, que produjo el llamado debilitamiento estratgico de la guerrilla, el actual Gobierno colombiano y su poltica es producto de un acumulado tangible. Por lo tanto, hace clculos y adopta una matriz inteligente dentro de otra ms histrica de un orden de relaciones. Al concretarla se cruzan reediciones y agregados: una mejor posicin internacional y regional, bien distinto el mapa a como lo dej Uribe, en tensiones fronterizas muy peligrosas, en particular con Venezuela; una poltica de cambio superficial de lenguaje, de reconocimiento del conflicto, de la existencia de comunidades sufrientes, con guios a la guerrilla y el envo secreto de mensajes y emisarios; un profesado respeto al poder judicial; una visin de las causas objetivas de la violencia para el impulso de medidas reparadoras de fuerte impacto simblico, entre ellas las leyes de vctimas, de tierras y la poltica de vivienda, al lado de otras de asistencia social a estratos pobres.

Todo ello no es una revolucin por decreto sino parte de un programa reformista de gobierno neoliberal. Al margen de que resulte efectivo el proceso de paz, de que la guerrilla lo pida o no, Santos ha diseado un avance en polticas sociales compensatorias, para no slo contener el creciente y sobre todo el previsible descontento social, que en momentos de crisis general y desaceleracin coyuntural puede influir en un clima adverso para su rumbo inversionista y de estabilidad, sino para legitimar un modelo empresarial de intervencin sensible, a fin de paliar con poco las consecuencias de sus locomotoras de desarrollo econmico, o sea de explotacin y acumulacin intensiva, sobre todo la de la economa extractiva, la extensin de infraestructuras para el mercado y la de una modernizacin del agro.

En esa matriz deben tenerse en cuenta caractersticas ms estructurales, como la adscripcin a una poltica dominante con centros en Washington y otras capitales del norte donde se cotizan apuestas sobre la suerte de Colombia y sus recursos, es decir en el marco actual de la administracin de una crisis globalizada para la que Gobiernos y entidades a favor del mercado ilimitado y la especulacin buscan soluciones todava ms desintegradoras, segregadoras y depredadoras, de privatizacin, de mayor ajuste de la inversin social con recortes o supresin de derechos. Frente a esto el Gobierno Santos tiene un dilema que no es slo del Establecimiento colombiano, sino de otros pases cuyos nodos de poder pueden resolver todava con amplio margen las vas de trnsito: hallarse ante ascendentes procesos de integracin regional de signo soberano y social, independientes respecto de Estados Unidos y Europa (el conjunto del ALBA, del que Colombia no es parte, la UNASUR, la CELAC). Un pas en guerra permanente como Colombia, as sea sta de menor intensidad, es una verdadera amenaza regional, una real distorsin en el vigente y en el potencial circuito de pases que definen nuevos derroteros de relaciones econmicas, polticas, sociales y de seguridad. Santos ha comprendido este requerimiento al que no puede apuntarse Colombia con la carga de un conflicto armado no resuelto.

Otro factor a tener en cuenta tiene que ver con la proyeccin de fuerzas y realinderamientos electorales. Asumido por Juan Manuel Santos el Gobierno en agosto de 2010, por un perodo de 4 aos, le quedan dos aos de ese primer mandato y existen claras posibilidades y una no escondida pretensin de reeleccin (2014-2018). El proceso de paz, mantenindose la mesa de conversaciones, incluso fracasando sta, sin haber puesto en riesgo alguno la estabilidad del Estado, sin haber cedido en materias fundamentales para el Establecimiento, y por lo mismo, es ya una baza poltica. De hecho, el manejo gubernamental del proceso est apuntando a unos bajsimos costos en caso de venirse abajo el intento de desarmar a la guerrilla. No slo por conveniencia de Santos. Corresponde al cors puesto por los grupos de poder que han consentido mayoritariamente esta aventura como en otras ocasiones, a la espera de cmo se comporta la parte antagonista.

De ah se comprenden diferentes rasgos de un proceso como el actual, en el que no se deben repetir errores, que se juzgan tales por el bloque dominante, en comparacin con otros procesos de paz. Vale resear tres muy importantes. Primero: que no sea un largo y fatigoso proceso, sino un proceso de paz express y ejecutiva. El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) lo explic as en septiembre de 2011: Necesitamos una paz express, que sea rpida, discreta y eficaz. Se conseguir el da que se puedan sentar en una mesa fuera del pas, sin ningn tipo de presin, el gobierno con los representantes de los alzados en armas (http://www.rcnradio.com). Es algo que puede cambiar en el curso mismo de los acontecimientos. Segundo: Santos decide hablar con la guerrilla fuera del pas, sin reconocer dominio territorial alguno, sin oficializarlo con rdenes de despeje, como s lo hizo el Gobierno de Pastrana en el Cagun. Dialogar en estas condiciones fuera de Colombia es ms ventajoso ahora para el Estado que para la insurgencia. Es no obstante una realidad que puede cambiar. Tercero: decide el Gobierno no cesar operaciones militares. Bajo el fuego y su lgica de avance se desarrollarn simultneamente los dilogos de paz. A mayor xito militar del Estado, hay menos por discutir en la mesa, menos que ceder, y menos que pedir por los rebeldes. Es una dimensin de la conocida sumatoria cero. Tambin es un tema que admite variantes. Una tiene que ver con la posibilidad de acuerdos humanitarios o de regulacin, tema que est ausente de la agenda acordada por ahora entre el Gobierno Santos y las FARC. La agenda misma puede cambiar. De hecho se alterar al abrirse una mesa de dilogos con los rebeldes del ELN.

Sobre esta ltima anotacin, respecto a esta ecuacin de fuerza, debe destacarse que es la que tambin atraviesa y funda por ahora el Marco Jurdico para la Paz, que es la reforma constitucional aprobada en 2012, segn la cual pueden definirse normas para una justicia transicional y un relativo reconocimiento del delito poltico, en la medida que avancen las negociaciones con la insurgencia: obtendrn hipotticamente las guerrillas de las FARC y del ELN cierta favorabilidad jurdica, respecto de algunos delitos, y favorabilidad poltica, para participar de escenarios y mecanismos electorales o de representacin, segn lo que renuncien y segn vaya avanzando el Estado en el campo de batalla, donde saldrn nuevas coordenadas y resultados que se impondrn en la mesa de dilogos (para un anlisis de este Marco Jurdico, vase en wwww.rebelin.org el texto La paz como rehn y la necesidad de un cambio urgente para lograrla, del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz).

En relacin con esa reforma y otros cambios legislativos como el relacionado con el Fuero Penal Militar, un vector no menos importante es la finalidad, cada vez menos inconfesable, cada vez ms evidente, de una nueva homologacin. Una homologacin prctica que se vale de la sensibilidad sobre la paz y su banalizacin, llevando a que la sociedad enferma acepte la reconciliacin con ardid y la impunidad con naturalidad. Al amparo de un proceso que deber arrojar medidas de amnista o indulto por acciones de los insurgentes, como es no slo deseable sino lgico y necesario, en tanto corresponde a la naturaleza compleja y conexa pero difana del delito poltico, la clase poltica en general, por conviccin, por connivencia, conveniencia o presin de la extrema derecha, sirviendo tambin a intereses propios muy extendidos, buscar el perdn o favorabilidad para militares, policas y para-polticos, incluso por aberrantes crmenes de lesa humanidad. Es as muy oportuno para ellos un proceso de paz, o puede ser usado, para que dentro del pas la sociedad inducida a un desenlace de contraprestacin y punto final y tambin afuera una comunidad internacional proclive, acepten sin problema esa equiparacin entre delincuentes polticos o rebeldes, de un lado, y del otro polticos delincuentes o miembros de verdaderos escuadrones de la muerte. De nuevo, la impunidad de crmenes execrables de los poderosos y sus subordinados, reforzar sus violencias y la transmisin de su mando.


5. No repetir errores: aprendizaje de todos

Uno de los tres principios rectores que el Presidente Santos anunci al presentar pblicamente los dilogos de paz es claramente la no repeticin de los errores del pasado (declaracin del 27 de agosto de 2012).

El conflicto se entiende y explica sin duda alguna en una sucesin histrica, en unas races sociales, econmicas y polticas, en un conjunto de intereses que lo han sostenido funcionalmente, con clara responsabilidad de las elites, como ac se ha anotado someramente. Por lo mismo, no se entiende el conflicto sin un aprendizaje adquirido por stas, que buscan no repetir los errores del pasado.

Por supuesto no slo ellas han planificado y ejecutado unas estrategias de confrontacin. No slo ellas han aprendido y revalan a su interior otras posibilidades. No slo ellas tienen derecho a no desperdiciar la experiencia.

El aprendizaje es tambin de la insurgencia. Aprendizaje tambin de graves errores, concernientes ms a prcticas rebatibles que a razones de su lucha. Quiz por esa razn ha declarado de manera creble su voluntad de terminar el conflicto, pero no renegando de su ideario altruista y propuestas bsicas. Al contrario, manifiesta, como lo ha hecho hace dcadas, que debe arribarse a una solucin de consenso, siempre y cuando se establezcan las bases, se asegure lo elemental, de una democracia real que enfrente la extensa miseria, la falta de garantas para hacer poltica de izquierdas, o sea poder construir alternativas a las relaciones dominantes sin que cueste la vida, y que sea una solucin de compromisos fehacientes que oponga una fuerza tica ante la impunidad de los poderosos. Es posible todo ello, si el proceso de paz ensambla una plataforma esencial de intervencin poltica, o sea de reinsercin del Estado a la par de la reinsercin de los combatientes, para reformas efectivas y urgentes que posibiliten el ejercicio de los derechos humanos integralmente y evoluciones de la soberana popular en el concierto regional e internacional.

En ese aprendizaje, ms all de la guerrilla, como las propias organizaciones insurgentes lo han afirmado, y tambin ms all de la poltica del Establecimiento y su control, est la actual produccin humana sufriente, indignada y rebelde; estn las agendas sociales y polticas de los movimientos de base, sus programas de vida, en sus muy diversas representaciones y trayectorias, que encarnan aspiraciones de las mayoras, sus exigencias de cambios, sus capacidades de poder. Es lo que no slo har de este proceso un novedoso y promisorio encuentro de voluntades, sino lo que podr determinar una dialctica que al tiempo que no desconozca la larga gnesis y las dilatadas bifurcaciones del conflicto, proponga su superacin reactualizando la historia de las injusticias en el plano de sus soluciones racionales, refutando lo absurdo de la inequidad, sealando lo que hoy da es insostenible en materia econmica, social y poltica. Es decir, superando el enfoque de una pacificacin o paz menesterosa.

Dicha participacin social requiere del respeto a la palabra y a la accin de esos sectores populares, para lo cual no basta su puntual y formal figuracin en una audiencia, sino que debe exhortase a que se den garantas fiables para su ejercicio. Ello no podr surtirse sin ser neutralizadas las amenazas que ya claramente provienen de la extrema derecha, que pide liquidar los nacientes movimientos sociales y polticos, como puede verse en la carta contra el proceso de paz del ex general Ruiz Barrera, en nombre de una asociacin de militares en retiro, o en las declaraciones de fanticos seguidores uribistas. Es por esa razn muy frgil el proceso de paz, no ya por no existir un cese bilateral del fuego, el cual puede pactarse y verificarse, sino por los atentados que se ordenen desde esa extrema derecha que ya ha probado histricamente la eficacia de sus medios para enfrentar an ms a las partes en contienda y para separarlas de una salida poltica. Una extrema derecha que se ha posicionado tras intentos fallidos de dilogos, como fue el ascenso de Uribe a la Presidencia en 2002, una vez fracas el proceso del Cagun con las FARC.

Santos formula un proceso presuroso y fugaz, que debera terminar hacia la mitad de 2013. Una razn es que el Gobierno y el Establecimiento en general saben que sobrevendr un escenario de crisis y disputa por recursos y negocios estratgicos, conforme la economa neoliberal atrae esa crisis, la agrava y causa todava ms peligros o perjuicios sociales y econmicos, tratando virtualmente de superarla con las mismas lgicas y nivel del problema. Un proceso de paz, como simple pacificacin poltica o dejacin de armas de la guerrilla, aclimatara para mejores condiciones de explotacin, as como aquietara tambin polticamente los nimos de sectores en vas de exclusin, que demandan derechos y que pueden movilizarse. Unas agendas de resolucin de un conflicto crean, por el contrario, ilusin dilatada, que tienen el efecto duradero de que se espere de ellas remedios a largo plazo.

Ese proceso presuroso y fugaz ha impuesto un ritmo tambin acelerado a organizaciones y plataformas sociales, no preparadas suficientemente para esta celeridad, cuyos caudales pueden ser afectados si no son bien orientados: pueden causarse graves quebrantamientos, exposicin y confusin. Desean, con gran disparidad, en poco tiempo, siendo su derecho, articularse para recoger organizadamente las energas, reivindicaciones y construcciones alternativas. De todas ellas depende que los resultados del proceso de paz perduren y se interpongan, como compromisos y formas de cumplimiento efectivo, a las lgicas adversas impuestas por el mercado neoliberal y su guerra sucia, que, en cambio, s han tenido aos para echar races, para afincarse en las ms ptimas condiciones de seguridad para ser implementadas; que han tenido hasta ahora las manos libres para desplazar y depredar; para sembrar desplegada y convenientemente de penuria la vida material y espiritual de millones de colombianos. De ah que, no solamente por ser una cuestin de asimetra de tiempos, sino de desigualdad de fuerzas, deben redoblarse mecanismos de fuerte control y proteccin para acompaar y hacer valer propuestas como son el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patritica y las que surjan de ese torrente de nueva organizacin social y poltica.

Si se quiere liquidar de nuevo a la izquierda, como ya apuntan quienes desde altsimas posiciones de poder o como mandos medios sealan objetivos, la voluntad del Gobierno del Presidente Santos debe paralizar esa pretensin recalcitrante. Es posible sin tocar la inamovible doctrina de seguridad alojada por dcadas y renovada con modernas guas autoritarias en las fuerzas militares y de polica? La promocin de cambios institucionales en esta materia no puede ser aplazada, pues de avances en esta cuestin depende la vida concreta de personas y la vida del proceso de paz. La apertura y profundizacin de investigaciones en curso contra los cerebros de la guerra sucia es inexcusable, es ineludible. Eludir es admitir.

La perspectiva o posibilidad de una solucin poltica por fuerza de la realidad del poder y de cmo se detenta, depende obviamente no slo de que se vean algo disuadidos esos cerebros y ejecutores de acciones criminales, cuyo legado es la rentabilidad o eficiencia de la violencia como medio de enajenacin social y econmica, sino que depende tambin de decisiones no altruistas sino al menos civilizadas que tomen los beneficiarios de esa acumulacin y comunidad violenta: los grandes propietarios, las empresas acaudaladas, las influyentes fortunas, las compaas piratas. Por lo tanto conmina esta realidad a compromisos de redistribucin y transferencia que marque y organice el Estado a travs de la ampliacin y vigor de su capacidad de intervencin y de polticas pblicas coherentes. En una importante encuesta de Gallup para la Revista Dinero, entre grandes empresarios, dos terceras partes de los encuestados no estn de acuerdo con pagar ms impuestos para financiar las obligaciones derivadas de un eventual acuerdo (http://www.dinero.com 13 de septiembre de 2012). Dichos empresarios comparten la secuencia Uribe Santos, pues estn dispuestos a gestionar lo que les haga ms ricos: la guerra o la pacificacin, que no se entienden excluyentes.

Frente a esos dos dinamismos, o lastres, segn la visin de qu paz se quiere, un detalle del cuadro que quiz puede explicar algo tras bambalinas: Santos ha nombrado como parte de la comisin negociadora del Gobierno a un reconocido representante de la mano dura, acusado en tribunales de violador de derechos humanos, el ex general Mora; a Naranjo, un ex general de la polica consagrado y valedor de la artificiosa poltica de los Estados Unidos en materia de narcotrfico; del mismo modo que Santos ha llevado a la mesa a Luis Carlos Villegas, un delegado de los empresarios.

Ahora bien, no slo les incumbe a ellos. Ms que nunca, ms que en anteriores procesos, donde incluso se conocieron crestas de organizacin social y popular de izquierdas que luego fueron descabezadas, hoy la suerte del proceso de paz como acuerdo para la terminacin del conflicto armado y el establecimiento de bases para una democracia real, se relaciona o concierne directamente con la capacidad de propuesta y movilizacin social del bloque popular, debilitado por aos, pero que resurge, por una resistencia en el lmite, por la tica que de ah se construye con indignacin e inteligencia para ser distorsin a la lgica de la mercantilizacin y el colapso que conlleva el modelo dominante.

No es una visin romntica. No se desconoce la evidente correlacin de fuerzas desfavorable en el terreno poltico, muy aparte de la palpable correlacin negativa de fuerzas en el nivel militar de la guerrilla frente al Estado. Sin embargo, en las actuales condiciones, en tanto excluidos del sistema, de los beneficios econmicos o de la riqueza nacional, expuestos en el lmite donde no alcanza la regulacin paliativa que el Gobierno prev, deben ser y son esos sectores organizados el lugar y sujeto histrico de cambio y reparacin. No slo para actualizar el relato de las causas del conflicto en el orden de relaciones vigente, por ejemplo respecto de la tenencia de la tierra, para corregir polticas que lejos de aliviar consecuencias lo que hacen es hacerlas ms graves, sino para abordar los desafos del paradigma, de sostenibilidad y lmites objetivos, como claramente los sitan las cadenas globales y locales de crisis social, econmica y ecolgica. As, el tema medioambiental en la mesa de conversaciones, por citar una cuestin clave, no podr ser una discusin que desconozca la voracidad de las maquinarias del monocultivo, de los agro-combustibles, o tambin la de la minera destructora a gran escala, que hoy campea por toda Colombia, locomotoras privilegiadas en el consorcio Uribe-Santos.


6. La solucin: no en el pasado sino en el nuevo ciclo de demandas nacionales y globales

Ac se ha destacado al inicio la tesis sobre la no inteligibilidad del conflicto y cmo la aparente salida vendra de la mano de otra tesis complementaria, la de negar la solucin poltica negociada, la de negar la confrontacin poltica y militar, mentalizando y actuando desde los presupuestos del anti-terrorismo, arreciando sin alteridad contra el espectro de la izquierda, no slo contra la guerrilla, desconociendo su entidad poltica, sino inmovilizando y descomponiendo sus presuntas o reales bases y en general todo conato de disidencia popular. Aunque se reproduzcan, ambas tesis han llegado a su lmite. Ha quedado en evidencia a qu proyecto poltico autoritario responden y qu riesgos de implosin entraan. Llegan al lmite porque de hecho el bloque dominante replantea elementos, algunos de forma y otros sustanciales; porque ya reconoce el conflicto expresamente y atribuye un status poltico a la guerrilla; porque vincula paz a democracia; y democracia a derechos; y derechos a cambio social. En el grado ms bsico, pero lo hace.

Pero esas dos tesis perversas que parecan triunfar por siempre, llegan al lmite por otra razn: son contrarrestadas esas tesis por una admirable produccin humana que invoca los lmites a la opresin y los encarna; un conjunto humano que social, poltica y culturalmente se indigna y propone, que forja y desea seguir tejiendo nuevas expresiones y alternativas, no slo ante viejos problemas en el origen del conflicto sino ante los retos presentes y extraordinarios de un pas y unas futuras generaciones en un mundo en crisis. Hoy no slo los derrotados recobran de nuevo comprensin del conflicto, comprensin de sus causas y consecuencias, sino que enmarcan sus posibles soluciones en el fundamento de nuevos paradigmas econmicos, sociales, culturales y polticos. Incluso en nuevas realidades territoriales, espaciales o geopolticas.

Si el libreto de las conversaciones es para la rendicin, an logrndola, es un fracaso. Si hace parte de un ensayo ms general planteado para un xito sostenido de la combinacin ms perfecta posible de frmulas diversas de disuasin del adversario y no de elementales cambios sociales, es decir con tal que no existan grandes concesiones a los de abajo, ser entonces a lo sumo un xito que se mantendr a corto y a mediano plazo. A largo plazo ser una tempestad que otros heredarn. Es dejar un pas donde se incubarn todava peores violencias. Esto lo sabe el movimiento popular. Ha aprendido de experiencias propias y de procesos como los de Centroamrica, donde hoy reina la violencia estructural y otras que de ah arrancan destructivas, sin horizontes polticos de emancipacin.

Efectivamente, un acuerdo de paz en Colombia ya no puede inscribirse en el nivel de los enunciados y soluciones prometedoras que predica un sistema en crisis. Debe inscribirse no en el ciclo de regulacin neoliberal que demostr su felona y su fracaso, sino en el flujo de luchas que regional y globalmente se vienen expresando constituyendo alternativas que devuelven al Estado sus obligaciones y capacidades, con la centralidad de los derechos humanos de la poblacin, de la ciudadana, de los pueblos.

En qu puede contribuir la comunidad internacional solidaria? Puede ayudar a que se presione para la corresponsabilidad de las partes en la mesa de dilogos, para ser garantes de lo acordado y verificar que se cumpla. Y ante todo para que no se rehuya o disfrace la propia responsabilidad de Estados, de Gobiernos y empresas transnacionales que han fomentado una pavorosa realidad de expolio. Depende de que sea asumida o al menos respetada y no bloqueada la agenda de compromisos en materia poltica y econmica; que diferentes Gobiernos, partidos y redes expresen su cooperacin, introduciendo correctivos en sus medidas o relaciones con el Gobierno colombiano. Por ejemplo: se sabe cmo en Espaa por accin o por omisin se han consentido turbios procesos penales y acciones de espionaje o de persecucin a defensores de derechos humanos, a activistas no violentos sino comprometidos con una perspectiva de paz y de justicia social. Hoy esos procesos se han desmoronado y es necesario que se establezcan mecanismos para enmendar y que nunca ms eso vuelva a pasar. Los Gobiernos de la Unin Europea deben por el contrario rectificar, apoyar y no obstruir acciones de una diplomacia ciudadana y popular que hacen las mujeres y hombres que acuden a esta parte del mundo a ensearnos su lucha, para que haya solidaridad y se supere sin nuevos colonialismos el largo conflicto colombiano. Eso se debe traducir en acabar tambin de manera urgente con esas listas arbitrarias y tendenciosas de organizaciones o personas calificadas de terroristas, que estn demostrando su base no slo dbil sino intil, desde el punto de vista tico, as como su inexistente fundamento jurdico, mxime cuando el Estado colombiano ha reconocido el carcter poltico de la insurgencia. El ELN y las FARC deben salir de esas listas.

Todo esfuerzo de incidencia debe proyectarse en humanizar la guerra mientras se camina hacia su terminacin definitiva; en pedir un cese bilateral al fuego (pedido por muchos sectores sociales y polticos, pero negado tajantemente por Santos); en hacer respetar los derechos de las vctimas de crmenes de lesa humanidad, a la verdad, la justicia, la reparacin y la no repeticin; en conminar para el respeto irrestricto a las presas y presos polticos (muriendo algunos por inasistencia y maltrato en las crceles); en aplicar medidas justas de orden penal internacional, para abrir espacio a una justicia transicional eficaz que admita y salvaguarde la resignificacin de las luchas polticas; debe buscarse alianzas para la paz frente a la poderosa diatriba de sus enemigos, e impulsar un nuevo marco poltico y jurdico de consenso social y transformacin que cuente con mltiples voces.

En el mundo de hoy, de crisis de civilizacin, y ante el estado del conflicto nacional, las alternativas de mayor alcance se engloban en lo que podemos llamar una cultura de resistencias para la paz con justicia. Dicha cultura debe ser realista, con los pies en la tierra, pero no puede renunciar al idealismo. Al lado del realismo de la fuerza est el idealismo de las necesidades legtimas que apelan a los valores de la democracia real. Si sta no es ms que sangre y letras, con el tiempo la rebelin resurge.

7. Hay esperanza: puede ser un proceso superador para la paz y la justicia

El proceso y su inusitado o acelerado impulso, traspasa ya una fase exploratoria o de aproximacin, concretando y programando una dinmica de conversaciones que se ha convenido entre el Gobierno y las FARC para afrontar con amplio respaldo nacional y ayuda internacional un Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, que contiene una agenda bsica. Se instalar la Mesa en Noruega en octubre de 2012 y continuar en Cuba, los dos pases garantes. Venezuela y Chile tambin acompaan el proceso, que ha sido saludado por Estados Unidos, la Unin Europea, Naciones Unidas y en general el conjunto de instancias y organismos internacionales y regionales.

El proceso busca ir ms all y puede paralelamente desarrollarse con el ELN, que ha reiterado su voluntad de negociar, y que sin duda enriquecer con su presencia esta perspectiva, al ser la otra organizacin alzada en armas, histrica, poltica y socialmente relevante para una solucin de fondo. El proceso ser as vertiginoso y distintivo, no slo por una concurrencia de las guerrillas, que llegan cada una por su lado a un escenario donde haban podido llegar coordinadamente, aunque es posible que ms adelante se fusionen las mesas (ver la importante Declaracin conjunta de FARC-EP y ELN de septiembre de 2012, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156773), sino porque el Acuerdo ya firmado que sirve de horma, se abre a agendas de avances posibles y verificables para el conjunto del pas.

Un pacto dinmico que se nutrir y podr ser irreversible en tanto puedan ser transferidos los puntos de vista y demandas de los sectores sociales que tienen pleno derecho a estar reflejados, en cuanto fuerzas y agentes que piden y construyen su participacin legtima con opinin, movilizacin y resistencias civiles. Por eso este proceso es esperanzador.

La solucin poltica es posible en estos momentos. Es posible construirla, porque sin olvidar la historia y los intereses o proyectos que definen a las partes, se puede y debe creer en la buena fe como capacidad de rehacer, de corregir, de reformar, de transformar. Buena fe y capacidad que se pone a prueba no slo por la voluntad de las partes contendientes de pactar entre ellas el fin del conflicto armado, como est impecablemente escrito en el Acuerdo Gobierno-FARC del 26 de agosto de 2012 suscrito en La Habana, que puede ser enriquecido y potenciado por lo convenido con el ELN, sino tambin y sobre todo por las garantas para los caminos de la lucha popular y ciudadana a la mesa de los dilogos y sus resoluciones, en la medida que ya est vinculado el fin del conflicto armado con bases de la democracia y la justicia social.

Una lucha nacional y popular en progreso, hacia mnimos materiales, es la que debe estar en el centro, la que se proyecta ms all de una participacin formal en ese escenario; la que puede procurar y obtener consensos sociales amplios entre diferentes sectores, expresiones y agremiaciones, por supuesto algunas detentadoras de factores de poder, que representan a quienes frreamente viven atados a sus privilegios y que debern ceder de lo usurpado. Un conjunto de pactos factibles y verificables, de reparacin y redistribucin, indicarn la urgente regeneracin de la poltica, que va desde la necesidad de combatir la corrupcin en sus diversas formas hasta la suspensin de las polticas econmicas directamente ms lesivas, hacia el replanteamiento al menos de parte del modelo de desarrollo e inversiones.

Depender en lo inmediato de paralizar la mano de la extrema derecha que ha estado detrs de la guerra sucia. Quin lo debe hacer y cmo? El Gobierno de Juan Manuel Santos debe y puede. Conoce bien no slo las fuerzas armadas y de polica sino las altas esferas donde se dictan rdenes antidemocrticas, donde hoy se conspira contra el proceso de paz. Es su mandato, es su obligacin, y puede lograr amplio respaldo o alianzas para ello, dentro y fuera del pas.

No puede acabarse de manera trivial o tratando banalmente un conflicto tan hondo en sus causas y consecuencias, y frente a complejos retos de futuro, dialogando slo para rendir a una parte, para una muy probable reeleccin de Santos hasta el 2018, o firmando pactos que no vayan a cumplirse. No puede figurar que existen posibilidades de hacer poltica alternativa mientras se atenta contra organizaciones sociales o no se estipulan y plasman garantas efectivas para la oposicin poltica actual y la que puede forjarse entre propuestas de izquierda que estn surgiendo y en las que puede tener cabida la insurgencia que pacte su desmovilizacin como guerrilla. Esa triste experiencia de exterminio y terror ya se vivi. Con los desarmados y con los que nunca se armaron.

Finalmente, debe recalcarse que si bien existe una matriz distinta a la dominante, que teje y convoca al pas sin exclusiones, la que devela su problemtica, la que no abandona el derecho a los cambios sociales y a garantas de que la accin poltica de izquierdas ser respetada, es una matriz que an habiendo superado parte de la cooptacin y el miedo, tiene como urgente desafo emprender una auto-crtica, para la recomposicin y repolitizacin del conjunto de las fuerzas populares que planteen otra correlacin en su movimiento de interposicin a la programacin dominante, y por lo tanto otro modelo de salida poltica, inverso al neoliberalismo, basado en la democracia de los bienes comunes entre los cuales tangiblemente est la paz social y sus condiciones materiales de reproduccin.

Dicha reconstruccin poltica ha enfrentado y debe enfrentar todava tres arremetidas fundamentales. Dos ya mencionadas, que provienen del poder dominante. Y una de la izquierda misma. Del adversario discurren los mecanismos del miedo y de la captacin. Que estn relacionados. El miedo que se vive y la captacin o adscripcin ideolgica y poltica que se pronuncia cuando se legitima un sistema que mata pobres. De la izquierda nace la tercera: la desunin o separacin, por sectarismos de diferente grado y trayectorias. Evidentemente ese no es el nico problema de la izquierda en su bsqueda, pero s es el desafo ms penoso y al tiempo un gran anhelo. Por eso, a contracorriente de inercias propias y dominantes, en una encrucijada realmente histrica en la que no se tiene todava esa altura, es preciso ver y tomar aliento conjuntamente. Son fundamentales las convergencias que se estn produciendo por las expresiones alternativas, progresistas, de la izquierda, de todos los que se oponen a la racionalidad de la guerra y el neoliberalismo. Por campesinos e indgenas, por afrodescendientes y desempleados, por estudiantes y trabajadores de la ciudad, por mujeres y militantes, por internacionalistas y profesionales. Sus esperas y sus lmites estn a la puerta de lo nuevo, son la razn de ser de este viaje. El tiempo est a favor de los pequeos, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo est a favor de buenos sueos y se pronuncia a golpes apurados, canta un gran trovador cubano.

 

(*) Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho. Autor de La rebelin de los lmites (Edit. Desde abajo, Bogot, 2008). Fue asesor de la Comisin Gubernamental para la Humanizacin del Conflicto Armado en Colombia.


Publicado originalmente en Papeles de la Plataforma 2015 y ms, este artculo expresa solamente opiniones del autor. Rebelin lo ha publicado con su permiso mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

     


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