Repsol opera en el Parque Nacional Yasuní desde el año 2000, y participó también en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, lo que para Amanda Ruales, portavoz del grupo, ha generado “una enorme deuda social y ecológica, por parte de Repsol, con Ecuador y sus pueblos indígenas a cuenta de los impactos que se verifican en su entorno, salud y su cultura”. Repsol desarrolla su actividad, tanto sobre territorio ancestral waorani, como sobre el territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y ha recibido incontables denuncias por violación de derechos humanos, como las reiteradas sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos contra las actividades de la transnacional.
Además, la compañía petrolera ostenta la soberanía del territorio sobre el Bloque 16, territorio en que opera, denegando a discreción la entrada de personas que quieren acceder al bloque. Amanda Ruales declara que “la empresa impide veedurías de su actividad. Por ejemplo, en 2007 fue expulsada de territorio waorani una comisión ecuatoriana e internacional que contaba con la invitación de las comunidades y la autorización del propio Ministro del Ambiente”. Para el grupo pro derechos humanos, esta situación ocasiona que la población que vive en el Bloque 16 sea, en los hechos, propiedad de Repsol.
Este mismo año fue denunciada tanto en España como en Ecuador la subvención concedida por la Agencia Española de Cooperación a la Fundación Repsol en Ecuador. La subvención implica, según los activistas, "la legitimación por parte del Estado español de las dudosas actividades de Repsol en Ecuador". La protesta por dicha subvención llegó hasta el Congreso de los Diputados de España con una batería de preguntas y una proposición no de ley, que está en la actualidad en fase de debate.
