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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2012

Conversaciones con Ivn Cepeda Castro, representante de la oposicin
"Estaramos ante el resurgimiento de una patria donde la violencia no sea el hbitat normal"

Hctor Jos Arenas A.
Rebelin

Poner fin a la confrontacin armada y relegar el ejercicio de la violencia, de la amenaza, del atentado, al pasado, constituye un acontecimiento histrico para nuestra nacin. Un sueo que no cabe en corazones obligados a callar ante la ignominia. Un ideal de convivencia que permitira consagrar las energas colectivas a curar tantos estragos, tantas situaciones sociales catastrficas que matan o laceran a diario cuerpos y espritus en nuestro pas. Este enfoque mueve el compromiso y la memoria del representante de la oposicin Ivn Cepeda Castro.


En nuestra nacin, la paz ha sido un sueo que, a fuerza de atrocidades, no volvimos a abrigar. Nos acostumbramos a sobrevivir en medio del horror: pan nuestro de cada da. La degradacin de la confrontacin armada fue de la mano con la consolidacin de una narcoeconoma ligada a la guerra contrainsurgente e insurgente (1), en la que el gobierno de los Estados Unidos particip decisivamente. El gobierno anterior catapult los puntos de fusin entre el Estado, el paramilitarismo y el narcotrfico.

Sin fusionarse en una totalidad, las reservas ticas del pas emergieron frente al criminal designio. Los movimientos sociales hicieron sentir su voz. La veta del decoro de la nacin se opuso al proceso de legitimacin institucional del narcoparamilitarismo, con sus filones de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, colectivos de abogados, sectores de los trabajadores, campesinos, estudiantes, maestros, mujeres, artistas, y de pueblos originarios y afros, franjas de partidos polticos.

La Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno no haba logrado cooptar, fue perseguida desde el DAS a partir de 2007 por emitir sentencias en Derecho, contrarias al control absoluto de la institucionalidad. Como respuesta, no tard la persecucin a los magistrados ponentes por la red de intereses que convergan en un rgimen con pocos precedentes en la regin: narcoestado colonial (2).

En el escenario dantesco heredado, que consume las energas de la nacin e invaluables recursos sacrificados en una guerra con sus altares en las fuentes de utilidades, irrumpi la noticia en los ltimos das del mes de agosto, del "Acuerdo para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera", suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) con base en las conversaciones exploratorias que sostienen en La Habana desde febrero del 2012.

Con el aire fresco de esta noticia, acudimos el martes 11 de septiembre al cuarto piso del Congreso Nacional para escuchar a Ivn Cepeda Castro, defensor de los derechos humanos, representante a la Cmara, vocero del Movice, una voz que sabe del conflicto, de la muerte y las penas insondables, y sabe tambin de la vida que reverbera en nuestro territorio y nuestras gentes; una voz con la capacidad de examinar diversas facetas de un proceso de paz que instalar su mesa de acuerdos en Oslo en los primeros das de octubre.

Al momento de ingresar a su oficina, el ambiente tiene tensin. Va twiter lleg un informe que revela una orden del jefe de seguridad de Toms Uribe, mayor Herrera Ariza: interceptar todas las comunicaciones de Cepeda y hacerle un seguimiento durante las 24 horas. El representante marca en un gesto el esfuerzo para concentrarse en la conversacin, comunica por va telefnica a un asesor la informacin que ha recibido, y de paso, con un humor que suspende el aliento, se lo dice al Mayor. A rengln seguido, Ivn aleja de su mente el riesgo anunciado, pero algunas lneas de su rostro revelan las graves responsabilidades que pesan sobre sus hombros en este tiempo decisivo. A la pregunta qu factores pueden, en este momento, potenciar la esperanza en el fin de la confrontacin armada?, no hay un silencio. "Hay que partir de la conciencia sobre lo que significan ms de 50 aos de conflicto y de entender que el proceso en marcha busca una respuesta compleja a ese acumulado de violencia, como tambin que en la nacin hay un gran cansancio de la guerra; madura, avanza una conciencia colectiva que siente y comprende la necesidad de conquistar la paz. Hay sectores de la lite que ven en el conflicto armado una barrera objetiva, un gran obstculo para sus intereses econmicos".

El contenido de las declaraciones del gobierno nacional y de las farc, y la precisin en los temas de la agenda que esta vez estn sobre la Mesa para explorar los acuerdos de fondo y las condiciones para hacerlos definitivos, desatan la contenida esperanza despus de ms de cinco dcadas de salvaje confrontacin y fallidos procesos por ponerle fin de cerrar, esta vez s, la pgina de barbarie que tanta sangre, sufrimiento y miseria marcan a nuestra nacin.

Antes, sin dar espacio para otra pregunta con respecto a los intereses del poder, Ivn reflexiona sobre la Colombia percibida como una nacin no competitiva en los foros internacionales, que puede no importar al sector que ascendi al poder con lvaro Uribe, pero s preocupa al entorno del presidente Santos. Adems, las transformaciones en otros pases del rea, con procesos democrticos y de participacin social, hacen aparecer a Colombia como una excepcin con peso en el retardo de los procesos de integracin regional que la situacin mundial exige.

Los ltimos ministros de Defensa subrayan una y otra vez "el comienzo del fin", y ninguno de quienes aspiran a la paz tienen duda de que las farc han sufrido golpes muy fuertes. Ivn Cepeda mira dentro del Estado, las instituciones, la sociedad y la insurgencia. "En la mesa de acuerdos, las partes no llegan derrotadas pero s debilitadas, cada una desde su perspectiva. El Gobierno y el Estado han sufrido un desgaste muy fuerte que no obedece slo a la confrontacin armada con la insurgencia sino tambin a los mtodos que se han usado. El Estado decidi en estos aos de guerra sacrificar su legitimidad, sacrificar la Constitucin Nacional, para emplear mtodos criminales que han degradado cada vez ms la confrontacin y que le han causado un profundo dao a la legitimidad de las instituciones; todos los poderes pbicos han sufrido sus propios colapsos, sus propias rupturas. El Congreso, para no ir muy lejos, ha sufrido escndalos gigantescos y el poder judicial otro tanto, y algo similar podemos decir del ejercicio presidencial. Este dao crea la necesidad de sentarse a pactar las condiciones para que desaparezca el conflicto, por lo menos en su forma armada, creando unas condiciones que hagan innecesario e incluso imposible el uso de las armas".

 

Las patas de la Mesa

Con diferentes tonos, las partes han coincidido en la voluntad de lograr un acuerdo para terminar el conflicto armado, que tiene caractersticas diferentes de la agenda de otros acuerdos. Ivn Cepeda reflexion sobre esas diferencias. "En el ayer cercano hubo dilogos exploratorios, incluso pactos, pero esta es la primera vez que tenemos una agenda definida, pactada. En el Cagun llegaron a tomar como referencia un conjunto de temas, pero nunca a decir en consenso 'estos son los puntos sobre los cuales vamos a pactar'. El acuerdo que se acaba de firmar se logr en medio de confrontaciones muy candentes: del lado de la guerrilla estando en esas conversaciones; contaron las muertes de su comandante y de su lder militar, Alfonso Cano y Jorge Briceo. Del lado del Estado, ste no ha podido evitar los recios ataques de la guerrilla en muchas partes. Y pese a todo, hoy llegamos a este punto. Es ms, la guerrilla ha dicho que no se levantara de la mesa hasta lograr un acuerdo, y algo similar dijo el Gobierno". Una valoracin, por supuesto, con sentido positivo del nuevo escenario.

 

Tierra y uso del poder

En el viento est la pregunta Cules son los temas decisivos e imprescindibles para lograr acuerdos que pongan fin a la confrontacin armada? En la voz pausada de Ivn Cepeda se han fusionado los timbres de una conjugacin de consecuencias del conflicto. Hijo de un espritu artstico y severo militante comunista andino; hijo de una dulce y extraordinaria organizadora social y lder popular de la costa atlntica; hijo de un hombre ntegro que resisti el calvario del exterminio sistemtico de sus amigos y compaeros, y aos de veinte amenazas cobardes cada da, hasta ser acribillado por el terror de Estado; hijo de un pas que ha visto bajar la muerte y prevalecer la impunidad, en calles y veredas, con proteccin del poder: "Hay dos grandes asuntos al final de este camino: dos aspectos estructurales que son causa de la confrontacin: La reforma del mundo rural, uno, y las libertades y garantas del ejercicio de la oposicin poltica y social, otro. Ningn proceso de paz ha producido transformaciones de carcter socioeconmico, estructurales. En cambio, s se ven transformaciones polticas que les permitieron a las fuerzas que antes estaban en la insurgencia llegar a fuerzas gobernantes. Sudfrica, Norte de Irlanda, por ejemplo. Espero que en los acuerdos de paz que puedan darse se tomen decisiones que trasciendan el asunto de las libertades polticas, y que repercutan en la transformacin del mundo rural, de su pobreza, y de ese inmenso desequilibrio que hay entre el campo y la ciudad en Colombia". Pero, qu sectores resultarn afectados para ese pas distinto?

"La Ley de Tierras no ha podido avanzar porque no basta una ley. No basta la creacin de unos tribunales. No basta la decisin que toma una institucin como el Incoder. Y no basta porque, en las zonas donde se ha presentado el despojo, el Estado est puesto en funcin de una mquina criminal y de acumulacin de riqueza. Por eso, si la reforma agraria no toma en consideracin el poder local, ser letra muerta. Es evidente que hacer una reforma agraria pasa por enfrentar poderes locales entroncados con los terratenientes, ganaderos y agroindustriales ms improductivos. Si no los enfrenta, la reforma tendr alcances muy limitados, como los tiene la propia restitucin. La restitucin es apenas un tmido ejercicio para rasguar ese poder que tiene siglos".

Y contina con gran precisin: "Muchas zonas rurales, perifricas, requieren una revolucin democrtica. Y mucho ms: el marco general del pas requiere democratizar el poder, hacer que las elecciones sean transparentes; que las personas que vayan a gobernar en los municipios, en las ciudades intermedias, no sean asesinadas. Que las organizaciones sociales puedan ejercer libremente su trabajo; que quienes son castas familiares que gobiernan en esos lugares con mtodos criminales, desde tiempos inmemoriales, sean reemplazados y judicializados, que la contratacin del Estado no sea un botn. Por ejemplo, siete gobernaciones de la costa atlntica siguen contratando con la seora Enilce Lpez. Lo relacionado con el funcionamiento de los juegos de azar en la Costa est en manos del narcotrfico y el paramilitarismo", denuncia.

En su gravedad y largo tiempo, el conflicto marca otros temas aledaos, que el Representante maneja y domina en sus intervenciones no escuchadas, y menos meditadas, por muchos de los congresistas: "El narcotrfico, el poder poltico en las regiones, y la reparacin poltica del exterminio de la UP y los atentados y crmenes contra otras organizaciones. Son temas que implican mutuas concesiones, porque de eso se trata una negociacin. La historia del pas muestra el trasfondo de un sector muy poderoso que es contrario a cualquier cambio y cualquiera prdida de privilegios que han ganado por medio del ejercicio ms despiadado de la violencia y la asociacin con el crimen organizado. Es significativo que en la mesa de negociacin el Gobierno no llamara, por lo menos hasta ahora, a ese sector, el ms furioso opositor a un proceso de solucin poltica. Que ese sector habla por boca del ex presidente lvaro Uribe no es un secreto. En ese conjunto radica una parte fundamental del problema, porque al mismo tiempo que ese sector ha hecho del ejercicio del poder una prctica autoritaria, con utilizacin de la fuerza pblica para reprimir y silenciar violentamente a opositores, esa criminalidad estatal tiene fusin con la criminalidad organizada, caracterstica de la violencia estatal en Colombia".

La eleccin a la Cmara del representante Cepeda signific para muchos el ascenso del decoro, la memoria y el compromiso con la verdad de las vctimas del poder. Su campaa y sus intervenciones da tras da, que sealan a buena parte del poder local, llaman a pensar sobre la brbara divisin social que produjeron la Conquista y la Colonia. Una casta y un sector racial que se atribuyeron todos los privilegios, en el proceso de usurpacin titulada de la tierra, bajo la consideracin de la amplia mayora nativa, negra y mestiza como una raza inferior, sin derechos. Un orden injusto que nutri una prolongada confrontacin que devino ms compleja al comenzar el siglo XX por los intereses del hiperpoder global y su necesidad de controlar territorios y poblacin. Hay quienes insisten en que no es posible comprender nuestro pasado sin saber cul es el punto en el que se cristaliz el pacto entre sectores del Estado y la criminalidad organizada.

Algunos investigadores sealan que durante el gobierno de Ronald Reagan, 1981 marc el momento de la diplomacia y los pactos que concedieron licencia de funcionamiento a sectores del narcotrfico dispuestos a participar en la guerra sucia, no slo contra las guerrillas sino asimismo contra cualquiera de las expresiones contrarias al control global del territorio (3).

Ivn Cepeda tiene una reflexin y un conocimiento propios frente al tema, en los das que corren: "Ha habido muchos momentos, pero hay uno en particular importante. As dejamos dicho en el debate de control poltico sobre el general Mauricio Santoyo y su historia. El punto en el que, por ejemplo, la polica nacional sacrific su legitimidad como institucin, cuando el pacto hecho para perseguir y dar muerte a Pablo Escobar. En la decisin de enfrentar a Escobar con los mismos mtodos que l utilizaba, y por tanto aliarse con el cartel de Cali, con la casa Castao, con la banda de La Terraza, con el paramilitarismo del Magdalena Medio. Ese fue un pacto en el cual facciones del Estado operaban de manera encubierta con el paramilitarismo y con el narcotrfico, y las consecuencias de ese pacto vinimos a verlas en el ao 2002, cuando se produjo el ascenso, la entronizacin en el poder, de ese sector".

 

Pacto mafioso y genocidio

A nuestra nacin, desde hace dcadas, le birlan la soberana y la verdad sobre los intereses que hay detrs de las decisiones de los intereses forneos impuestos sobre su destino. As sucedi en 1945, cuando, decretado el genocidio del movimiento gaitanista, se orden el asesinato de Jorge Elicer Gaitn. Despus, en 1985, cuando emergi la Unin Patritica, una alianza siniestra entre el fundamentalismo anticomunista, los intereses del capitalismo atlntico y sectores del narcotrfico haban decretado de antemano el genocidio contra esta organizacin que buscaba hacer poltica de avanzada. Hemos sido objeto de campaas sistemticas contratadas con agencias internacionales para manipular el imaginario colectivo y tender un manto de confusin que evite conocer la red de intereses que han hecho del Estado un instrumento de control del territorio y la poblacin.

Este momento inaugural de un nuevo proceso de paz saca a debate, con un mayor tamao, no completo, el entramado de lo que acontece en Colombia. La verdad oculta no puede brillar en medio de la violencia, y el representante Cepeda recalca que el momento real de la verdad se dar una vez que termine el conflicto y no pese sobre los actores, los testigos, las vctimas, la espada de Damocles del propio uso de la violencia. Cree que una vez que fructifique un pacto de paz deberemos entrar en un proceso de verdadero esclarecimiento y responsabilidad de todos los hechos que acontecieron. Considera el congresista que es comprensible, aunque no justificable, que en medio de una negociacin las partes sigan sosteniendo tesis y discursos que son propios del conflicto, negando su responsabilidad sobre diferentes hechos e intentando convencer a la opinin de que no se ha incurrido en ciertas prcticas. Y que eso es vlido tanto para la guerrilla como para el Gobierno.

Es el comienzo de la Mesa, sin el despertar y el clamor de todos, ni la presencia del conjunto y la diversidad de las dinmicas sociales [...] Con sentimiento, sin la entonacin artificial de los oradores de carrera, el vocero de Movice contina sealando que: "llegar el momento en el que la sociedad exigir la verdad porque el Gobierno, por su lado, pide que la guerrilla debe dejar de reclutar nios, de secuestrar, pero no reconoce su responsabilidad [...] en los desaparecidos, en las amenazas y los 'falsos positivos'. Impugna a la guerrilla por incurrir en narcotrfico, pero acabamos de ver hace pocas semanas que el Jefe de Seguridad del Palacio de Nario fue extraditado como un hombre a sueldo del paramilitarismo y del narcotrfico, en el Palacio Presidencial. Quienes han hecho uso de esos mtodos tendrn que reconocerlo. Si llegamos a un proceso de paz en el cual el debate pblico sustituya a la confrontacin armada, la gente no va a creer ni a legitimar tesis, argumentos, justificaciones, que de suyo son inadmisibles".

 

Paz y medios de comunicacin

Las noticias de abrir y los titulares no cambian su sentido. Ofrecen unas visiones recortadas de la confrontacin, de sus orgenes, de sus actores, y ahora, con el proceso de paz en marcha, insisten en divulgar una mirada que no recoge la complejidad del proceso, las diferentes pticas que convergen en la mesa de acuerdos, la gravedad de la crisis social (4). Buscan un efecto, y aunque la participacin ciudadana no depende de los medios de comunicacin, s es desviada, disminuida en su presin por el tipo de trabajo que desarrollan. Desde nuestro lugar alternativo, independiente, nos inquieta el papel de los medios de comunicacin y su responsabilidad frente al proceso de paz y al escenario de la participacin ciudadana. Al respecto, Ivn Cepeda considera que en estos procesos se va llegando a una madurez, tanto de quienes negocian como de quienes estn realizando procesos sociales concomitantes a esa negociacin.

Cree y quiere pensar, que independiente de su signo ideolgico, los medios han aprendido a establecer el equilibrio necesario entre el deber de informar y el deber de respetar los procedimientos de una negociacin de paz. "Yo esperara eso".

Ante nuestro gesto dubitativo, Ivn con la velocidad mental y el aplomo quindiano que casi estamos seguros que hered de su padre, Manuel Cepeda Vargas, director del peridico Voz, secretario de organizacin de su partido, periodista, congresista, puntualiza que ciertos comunicadores actan bajo el impulso de su inters particular. "Me refiero concretamente a Francisco Santos, que intenta justificar la filtracin espectacular de la agenda de negociacin como si se tratara simplemente de un asunto de audacia periodstica, cuando constituy una forma de entorpecer o torpedear el proceso en su embrin". En la pausa de su hablar, pensamos que hoy en los corrillos est claro que afect el tiempo, para alcanzar la conformidad y la vinculacin del eln.

El representante Cepeda prosigue: "Todos debemos prepararnos para explicar, exigir incluso, que las negociaciones tomen en cuenta las voces, los requerimientos que durante aos han hecho los movimientos sociales sobre la agenda temtica. Para eso hay que crear mecanismos. En lo concerniente a la Cmara de Representantes y su Comisin de Paz y la Comisin de Paz del Senado, ya estamos en el trayecto de convocar siete grandes audiencias regionales, para conocer las ideas de la gente y canalizar esas opiniones mediante los mecanismos que cree la propia Mesa. Y advierte: Vendr otro momento substancial en la hiptesis de llegar a un acuerdo de paz: la gran participacin ciudadana deber en ese momento tomar protagonismo. Por ahora, ste se encuentra en cabeza de quienes negocian. Pero luego, en la aplicacin de los acuerdos posibles, deber ser la movilizacin social, popular, ciudadana, la instancia que garantice los acuerdos, y la que activamente construya esas nuevas condiciones".

 

Crmenes de lesa humanidad y la justicia transicional

"Dada una negociacin, el asunto adquiere un carcter bilateral". Cepeda, conocedor del marco de los Protocolos I y II del Derecho Internacional Humanitario, y asistente a visitas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos autoriz a los jefes paramilitares con condena all, hace notar que la cuestin no es solamente si la guerrilla, sus comandantes, sus miembros, podrn ser o no objeto de justicia transicional sino tambin los agentes del Estado. An ms, seala: los empresarios y los polticos que actuaron de la mano de paramilitares, ordenando y utilizando en mltiples atentados y de manera criminal la fuerza pblica.

Sin negar que exista un marco jurdico internacional que determina estos asuntos, asume que sera ingenuo hacer abstraccin de tales disposiciones y que esa institucionalidad internacional construida, con sus defectos y sus unilateralidades, implica que los crmenes de lesa humanidad, los crmenes de guerra, los actos de genocidio, no pueden ser objeto de medidas de indulto, amnista e impunidad. Una normativa por la cual "hay que construir un modelo que, satisfaciendo las exigencias de esos estndares, permita llegar a la paz".

Cepeda vislumbra por primera vez en la historia contempornea "un nuevo poder en Colombia, distinto, un poder alternativo, que s puede producir transformaciones estructurales; una posibilidad cierta de un escenario para el ejercicio de la poltica con libertad y sin discriminacin ni exclusin por las ideas, por el origen de las cunas, la pobreza y la forma de pensar. Aqu no se trata solamente del problema de las armas sino igualmente de cmo se domina, se sustraen y se manipulan el sistema electoral, los medios, el producto nacional y las riquezas. Si en Colombia crece el acuerdo de paz, aunque no van a desaparecer los conflictos sociales ni me hago la ilusin de que de manera mgica llegue la solucin de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, estaramos ante el resurgimiento de nuestra sociedad en una patria donde la violencia, en su formas ms feroces, no sean el hbitat normal de la nacin".


NOTAS:

1 Cocaine, death esquads, and the war on terror. U.S. imperialism and the class struggle in Colombia. Oliver Vilar and Drew Cottle.Monthly Review Press, 2011.

2 d.

3 Ver Prohibido olvidar. Gustavo Petro y Mauren Amaya, Casa Editorial Pisando Callos, 2006.

4 Ver desde abajo N 184, septiembre 20octubre 20, "La paz fcil".

 


Artculo originalmente publicado en www.eldiplo.info. Rebelin lo ha publicado con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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