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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-10-2012

Diferentes organizaciones sociales e Izquierda Unida se oponen a la nueva ley sobre el mercado de alquiler de la vivienda
Nueva legislacin sobre alquileres: otra vuelta de tuerca neoliberal

Enric Llopis
Rebelin


A veces los nmeros dicen ms que un buen contexto. En su libro El modelo inmobiliario espaol (Ed. Icaria), el profesor Jos Manuel Naredo recuerda que, segn el Censo de Edificios y Viviendas, en 1950 ms de la mitad del stock de viviendas en el estado espaol se hallaba en rgimen de alquiler; este dato alcanzaba cerca del 90% en las grandes ciudades, como Madrid (94%); Barcelona (95%); Sevilla (90%) y Bilbao (88%). Pero esta situacin se invirti drsticamente haciendo que hoy se disponga de un stock de viviendas sobredimensionado, en el que la propiedad es el rgimen de tenencia dominante, explica Naredo.

El ltimo dato disponible en el citado censo, del ao 2001, ya marcaba un mnimo histrico en el porcentaje de viviendas en alquiler, con slo un 11%. Esta cifra an decay ms entre 2001 y 2007, ao en que pinch la burbuja inmobiliaria. Actualmente, el Parlamento debate el Proyecto de ley de medidas de flexibilizacin y fomento del mercado del alquiler de viviendas que, a juicio de Izquierda Unida y diferentes organizaciones sociales, supone un ataque frontal a la garanta del derecho a la vivienda consagrado en la Constitucin. Colectivos como ATTAC Madrid, Ecologistas en Accin, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Grupo de Trabajo de Economa-Sol, entre otros, aseguran adems que con este Proyecto de Ley se favorece los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios, cuya pretensin es, exclusivamente, salvaguardar sus activos en el ladrillo, mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.

Entre otras medidas, el proyecto legislativo reduce de cinco a tres aos el lmite legal para permanecer en una vivienda alquilada (y la prrroga forzosa, de tres aos a uno) lo que, a juicio de estas organizaciones, precariza an ms el alquiler al convertirlo en una opcin meramente temporal, en modo alguno comparable a la seguridad de la vivienda en propiedad. Adems, el ejecutivo de Rajoy pretende que el propietario pueda disponer de la vivienda para s o sus familiares ms cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado, o no, en el contrato (el inquilino tendra un plazo de dos meses para abandonar la vivienda y tampoco la norma prev una indemnizacin mnima). Tambin se permite la negociacin anual de la renta sin sujecin al IPC, lo que -en la prctica- implica acentuar la debilidad del inquilino, ya que se concede un carcter prioritario a la voluntad de las partes, critican las organizaciones sociales.

En el mismo sentido, el texto permite que las partes puedan negociar la prdida del derecho de adquisicin preferente por parte del inquilino; llevada esta media al absurdo, podra darse el caso de que un inquilino no sea informado de la venta de la vivienda que habita, y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso, pese a tener su contrato en vigor y sus pagos al corriente, si previamente no se ha inscrito el contrato de arrendamiento en el Registro de la propiedad.

Se prepara, por tanto, una ley que refuerza los derechos del propietario de la vivienda puesta en alquiler, incluso, en la medida que el Ministerio de Fomento presenta como mayor ventaja para el inquilino: la posibilidad de desistir del contrato en cualquier momento, siempre que se le comunique al propietario con un mes de antelacin. Esta aparente ventaja no lo es tal, al agregarse la posibilidad de incluir una clusula de indemnizacin dentro del contrato, por desistimiento del inquilino. Por otra parte, se reducen casi al mnimo las garantas judiciales de los arrendatarios, con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. De hecho, en el momento de efectuar la denuncia el arrendador, el secretario judicial fija la vista del caso y, simultneamente, la fecha del desahucio.

As las cosas, la ley apunta sin embozos a una mayor desproteccin del inquilino; pero tambin, segn afirman los colectivos ms crticos, a la activacin el mercado de viviendas hacia sectores especulativos. Aun cuando en la exposicin de motivos se dice apostar por la profesionalizacin del mercado del alquiler, no se proponen medidas en ese sentido. Al contrario, se abre el mercado de viviendas vacas a las personas fsicas y las entidades residentes en un paraso fiscal; y es por esto por lo que se les elimina el gravamen especial sobre bienes inmuebles (3% del valor catastral); adems, aunque el articulado elimina la posibilidad de entrada de capital desde los parasos fiscales en principio, las excepciones permiten a cualquier persona fsica o entidad invertir capital desde cualquier lugar. Con la misma idea, la ley fomenta las Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que por sus ventajas fiscales se acercan a las SICAV dentro del terreno inmobiliario, critican estas organizaciones.

A juicio de la diputada de EUPV-IU, Marina Albiol, la pretensin real del ejecutivo es convertir an ms si cabe, en una mercanca, un derecho fundamental, el de la vivienda, reconocido en la Constitucin Espaola y en la legislacin internacional; por lo dems, la nueva ley encaja perfectamente en el modelo residencial por el que se ha apostado en los ltimos 50 aos en el estado espaol, que consiste en reforzar la vivienda en propiedad y residualizar , hacer casi marginal, el alquiler; las reformas impulsadas por el PSOE, en 2009, y el PP, en 2011, ya apuntaban hacia la misma idea.

Otro problema de esta iniciativa legislativa, agrega Albiol, es que insiste en la nocin de que liberalizar es la mejor solucin para cualquier mercado, sin reparar en que el del alquiler no es un mercado ms; no hay en este caso, como tampoco la hay en el mercado laboral, una igualdad entre las partes, arrendador y arrendatario, por lo que debe intervenirse para favorecer a la parte ms dbil. El planteamiento filosfico de la liberalizacin , asumido por el gobierno, camina por la senda de las reformas neoliberales impulsadas por Margaret Thatcher en el mercado de la vivienda, en la dcada de los 80; tampoco se trata, en absoluto, de una ley que favorezca el alquiler frente a otros modos residenciales, pese a lo que diga la propaganda.

Por esta razn, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha instado al gobierno, a travs de una Proposicin no de ley, a que establezca, en las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pblica, particularmente en Bankia, la dacin en pago y el alquiler social como soluciones para las familias que no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias. Ha demandado, asimismo, en una iniciativa suscrita por Alberto Garzn y Jos Luis Centella, el desarrollo de un parque pblico de viviendas de alquiler social con los activos inmobiliarios que puedan transferirse al denominado banco malo, entre otros. Otras medidas complementarias propuestas por Izquierda Unida son la elaboracin (en los mbitos estatal y autonmico) de una ley de derecho a la vivienda; polticas de rehabilitacin y renovacin encaminadas a garantizar el derecho de acceso a la vivienda; y la dacin en pago.

Dado que la iniciativa legal del gobierno no es polticamente asptica ni neutral, A qu intereses responde? Constituye una buena pista uno de los artculos publicados sobre la cuestin en la Web de FEDEA (entidad constituida por los grandes bancos y empresas con el fin de que, mediante informes y artculos, reputados acadmicos creen un clima de opinin favorable a las contrarreformas de ndole neoliberal). FEDEA todava va ms lejos que el Proyecto de Ley del ejecutivo: Las restricciones a los contratos y el subdesarrollo del mercado del alquiler reducen la movilidad de los trabajadores, disminuyendo la eficiencia de la economa y elevando la tasa de paro; adems, es necesario aumentar la seguridad jurdica y la rapidez del procedimiento de la resolucin del contrato y el desahucio en caso de impago del alquiler; y, por ltimo, se afirma que proponemos reducir la duracin mnima obligatoria de los contratos de alquiler, que se encuentra entre las ms altas de Europa, y fijarla en un ao ().

En el contexto europeo, tiene lugar una contundente ofensiva privatizadora que abarca todos los mbitos de la economa, tambin el de la vivienda. Pero, en lneas generales, las polticas pblicas en este sector tienen mayor alcance y son ms inclusivas que en el estado espaol. As, en Francia, segn informaciones de elEconomista.es, el gobierno ha elaborado un proyecto de decreto que limitar las subidas de los alquileres de vivienda en 41 reas urbanas (Pars, Lyon, Burdeos, Nantes o Niza, entre otras), donde se considera que los precios resultan demasiado elevados; en pases como Holanda, la ocupacin de viviendas que estn vacas desde hace ms de un ao es legal, y se conceden subsidios nada desdeables para el pago del alquiler; en el Reino Unido, existe un presupuesto pblico dedicado a comprar viviendas privadas vacas para ponerlas en alquiler social, y penalizaciones impuestas a los propietarios que mantengan voluntariamente vacas sus viviendas; en Espaa, en un contexto de creciente precariedad (cada da se ejecutan alrededor de 300 desahucios, segn la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el PP mantiene su apuesta por la el neoliberalismo ms ortodoxo con la nueva legislacin sobre alquileres. Una vuelta de tuerca ms.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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