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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-10-2012

Conmocin en Nicaragua por niveles de violencia sexista

Jos Adn Silva
IPS


Las violaciones y otras expresiones de violencia machista alcanzan cotas sin precedentes en Nicaragua y adquieren niveles de conmocin social, cuando se producen casos como el de la agresin sexual a una nia con discapacidad, que involucra a policas de elite.

Gonzalo Carrin, director del rea jurdica del Centro Nicaragense de Derechos Humanos (Cenidh), explic a IPS que la violacin de esa nia, por la que estn acusados efectivos especiales de la Polica Nacional, gener repudio y estupor por el hecho en s y por la reaccin de ese organismo y de la justicia ante la denuncia.

Pero el abogado record que el caso est lejos de ser aislado, porque Nicaragua es el pas de Amrica Central con las cifras oficiales ms altas de abusos sexuales, y en particular contra las nias.

El Centro de Prevencin de la Violencia revel que en este pas de seis millones de habitantes, 1.453 nias de entre 10 y 14 aos fueron violadas y obligadas a dar a luz en 2011, porque en Nicaragua el aborto inducido est penalizado en cualquier circunstancia.

El caso que ha impactado al pas se produjo el 9 de agosto, cuando la nia, de 12 aos y con discapacidad intelectual, sali en la tarde a pasear su perro por el parque El Carmen, en el occidente de Managua.

Se trata de un rea de alta seguridad, custodiada las 24 horas por patrullas militares y de tropas especiales de la polica, porque all est el complejo donde vive y trabaja el presidente Daniel Ortega.

En ese grupo de viviendas familiares funcionan la sede del gobernante Frente Sandinista de Liberacin Nacional, el despacho y residencia presidencial y oficinas de negocios personales de parientes del mandatario.

El Cenidh explic en su denuncia sobre el caso que cuatro agentes policiales de la Direccin de Operaciones Especiales, que integran la escolta de seguridad del permetro presidencial, secuestraron a la vctima y la violaron toda la noche, a 30 metros de la residencia de Ortega.

Un quinto hombre particip en el hecho, vestido de civil. Se presume que es un vigilante de la empresa privada de seguridad El Goliat, pblicamente ligada a los negocios de la familia presidencial.

Los padres de la vctima presentaron la denuncia ante las autoridades policiales de inmediato, pero inicialmente fueron amenazados con la crcel por sus afirmaciones y no se abri ningn procedimiento sobre el caso, segn lo revelado posteriormente.

Solo 20 das despus, la presin del Cenidh y la publicacin de la agresin en medios de comunicacin independientes obligaron a la polica a iniciar sus investigaciones. Tres agentes de elite fueron dados de baja el 30 de agosto y puestos a la orden del Ministerio Pblico en la primera semana de septiembre.

"El hecho en s es grave. La participacin de agentes especiales, cerca de la casa presidencial, empeora el caso, pero la actuacin inicial de las autoridades policiales, que trataron de ocultar el hecho y hasta amenazaron a la familia de la vctima, lleva las violaciones sexuales a niveles de terrorismo de Estado", expres Carrin.

Un cuarto agente fue dado de baja y pasado a la fiscala el 15 de octubre. La jefa de la Polica Nacional, Aminta Granera, se disculp pblicamente por el incidente y prometi investigar a fondo el hecho y someter a la justicia a los agresores y a la cadena de mandos involucrada.

Sin embargo, Lorna Norori, del Movimiento contra el Abuso Sexual, dijo a IPS que detrs de esta retardada reaccin pblica "lo que hay es demagogia".

"Han pasado ms de dos meses de la violacin y la polica no ha agilizado las investigaciones, tard ms de dos meses en presentar al cuarto polica y todava no presentan al quinto aberrado sexual A quin ocultan?", se quej.

Una decena de las mayores organizaciones que se ocupan de los derechos de las mujeres y la infancia, o que promueven los derechos humanos, se declararon colectivamente en situacin de alerta permanente a raz del caso.

Luz Marina Torres, coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, asegur a IPS que ni el Poder Judicial ni la fiscala han promovido que se esclarezca el caso y castigue penalmente a los culpables.

Record que el juicio debi comenzar el 11 de octubre pero, con el argumento de cuestiones tcnicas, la jueza Aleyda Irias lo posterg para el 12 de noviembre. Ella est al frente del tribunal del Segundo Distrito Penal, especializado en casos de violencia contra las mujeres.

"Aparte de que trataron de encubrir el crimen todo el tiempo, han ido postergando el derecho a la justicia de la vctima", denunci Torres.

La sociedad civil organizada, anunci, va a promover jornadas de protesta contra las instituciones pblicas involucradas en el caso, el 10 de noviembre, para exigir que no haya ms dilaciones en el juicio previsto para el da siguiente.

Carrin consider que en general la respuesta del Estado es dbil ante el creciente fenmeno de la violencia machista, intrafamiliar o no, lo que es especialmente grave en el caso de las nias y nios agredidos sexualmente o de otra forma dentro y fuera de sus mbitos familiares.

A ello se suma que dos modificaciones legales de 2006 y 2008 convirtieron a Nicaragua en uno de los pocos pases del mundo donde la interrupcin inducida del embarazo est penada con crcel en cualquier supuesto, incluido el del riesgo para la vida de la madre o el de malformacin grave del feto.

En los primeros nueve meses del ao se produjeron en el pas entre 55 y 61 asesinatos de mujeres por razn de su gnero, segn registros de la Red y Centro de Prevencin contra la Violencia.

Los expertos consultados por IPS coincidieron en que la violencia machista, incluyendo los abusos sexuales y los feminicidios, no se ha frenado tras la entrada en vigor desde junio de una nueva y dura Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Estadsticas de la Comisara de la Mujer y la Niez de la Polica Nacional reportan en el ao 2011, un total de 3.660 denuncias de violencia sexual.

Durante el primer semestre de este ao se produjeron 1.873 denuncias similares, y lo ms grave es que 1.050 de las vctimas eran menores de 14 aos de edad.

El Instituto de Medicina Legal report que en el primer trimestre del presente ao, realizaron 1312 exmenes mdico forenses, lo que significa 14,6 peritajes por da.

El 51,4 por ciento de los exmenes forenses fueron practicados a nias y nios menores de 13 aos.

Pero pese a todos esos datos alarmantes, menos de 300 hombres han sido enjuiciados durante este ao por presuntos delitos sexuales y o por violencia intrafamiliar.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101791



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