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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-11-2012

Importante recomendacin de la CNDH
El Caso Wirikuta

Rodolfo Stavenhagen
Rebelin


El 28 de septiembre pasado, la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emiti una recomendacin (CNDH 56/2012) dirigida a varios niveles de gobierno, a raz de quejas motivadas por la existencia de actividades mineras en un sitio sagrado indgena denominado Wirikuta, localizado en el estado de San Luis Potos, en agravio del pueblo indgena Wixrika (huichol) y, en especfico, de sus derechos humanos colectivos a la consulta y participacin, al uso y disfrute de los territorios indgenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la proteccin a la salud. En esta regin operan varias empresas mineras desde hace muchos aos y el gobierno federal ha otorgado nuevas concesiones mineras en una zona que fue declarada rea natural protegida y rea minera nacional por el propio gobierno en mayo de 2012. La principal empresa involucrada es Minera Real Bonanza, propiedad de un gran consorcio canadiense, la First Majestic Silver.

La CNDH no se limit a verificar nicamente el otorgamiento o no de concesiones mineras en territorios sagrados para el pueblo Wixrika, sino ampli su materia de estudio y realiz un anlisis detallado de las diferentes actuaciones y omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales, tales como la ausencia constante de vigilancia y verificacin de las empresas mineras que ya cuentan con concesiones en el rea, el dao al medio ambiente que han provocado o puedan provocar violaciones a los derechos de los wixritari; en especfico, a sus derechos colectivos como pueblo indgena y sus correlativos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la proteccin de la salud.

Segn la recomendacin emitida, las violaciones a los derechos humanos de los wixritari consisten en las siguientes acciones y omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales, en el mbito de sus respectivas competencias: a) impedir el ejercicio de sus derechos como pueblo indgena al disfrute y uso de sus territorios tradicionales, al desarrollo de su identidad cultural y al derecho a ser consultados en los procedimientos para la emisin de cualquier permiso, licencia, concesin y autorizacin minera que afecten su cultura y territorios; b) causar dao ecolgico como consecuencia de las actividades mineras que se realizan o realizaron en la regin de Wirikuta y en sus reas limtrofes; c) coartar el disfrute del pueblo Wixrika y de los habitantes de los municipios que integran Wirikuta a un medio ambiente sano, al nivel ms alto posible de salud y al derecho al agua potable y al saneamiento; y d) omitir verificar el cumplimiento de las normas en materia minera, ambiental y de aguas nacionales, a travs de actos de inspeccin, vigilancia, verificacin y monitoreo, as como no implementar medidas de prevencin y mitigacin del dao ambiental en beneficio de los habitantes del rea Wirikuta y del propio pueblo indgena.

Los equipos tcnicos de la CNDH realizaron estudios de campo sobre aspectos ecolgicos, sociales y culturales de las quejas recibidas y de las omisiones de las agencias del gobierno. La cosmovisin del pueblo Wixrika, seala, provoca que toda su vida gire alrededor de lo sagrado y de su peregrinacin. La naturaleza es un ser vivo, una deidad, un pariente, un hermano y, por ende -en gran medida- se le estima como territorio sagrado, terreno de culto y de veneracin. Se nace wixritari y se pertenece a esa cultura con su cosmovisin y las obligaciones y derechos que sta otorga. Hay kakauyaris (deidades) en flora, fauna y paisajes, en las montaas, cuevas, ros, arroyos, montculos, manantiales, peascos o pies de rboles y las personas los visitan y veneran con frecuencia como parte importante del ciclo de vida, tal y como lo han hecho siempre sus antepasados, ya que de su conservacin depende la posibilidad de recrear el mito por el que viven.

En suma, Wirikuta no debe entenderse solamente como puntos geogrficos, sino como una expresin de la cosmovisin del pueblo Wixrika y de sus costumbres y tradiciones. La peregrinacin hacia sus sitios sagrados y las ofrendas que se depositan en los mismos son parte fundamental del ritual que permite la renovacin de la vida y que forma parte de su derecho a la cultura y al territorio tradicional.

La CNDH considera que existe evidencia suficiente para observar la violacin a varios derechos humanos colectivos del pueblo Wixrika. Lo anterior, ya que el inicio en aos anteriores de procedimientos administrativos para otorgar concesiones y autorizaciones mineras en Wirikuta y las omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para preservar ntegramente los recursos naturales de la zona, as como la ausencia de diligencias adecuadas para verificar las condiciones de las empresas mineras que realizan o han realizado operaciones en ese territorio, constituyen una violacin a los derechos al acceso, uso y disfrute de las tierras indgenas, a la consulta, y a la identidad cultural del pueblo Wixrika.

La CNDH observa que las autoridades federales iniciaron procedimientos para otorgar concesiones mineras en el territorio de Wirikuta y en sus reas aledaas, sin tomar en cuenta la opinin y las costumbres y tradiciones del pueblo indgena. Asimismo, las autoridades federales, estatales y municipales han sido omisas en realizar verificaciones e inspecciones a las empresas que ya cuentan con concesiones mineras en la zona y en proporcionar los servicios bsicos de agua y drenaje a sus habitantes, desacatando la normatividad correspondiente cuyo fin es asegurar un medio ambiente sano y adecuado y, por ende, violando los derechos del pueblo Wixrika y dems habitantes de la zona.

La primera violacin que la CNDH advierte en contra del pueblo Wixrika es la ausencia de consulta en los procedimientos de otorgamiento de concesiones mineras por parte de la Secretara de Economa. A partir de la informacin recabada, es posible afirmar que la Secretara de Economa ha emitido, durante varias dcadas, concesiones mineras localizadas dentro de Wirikuta o en sus reas aledaas, que han puesto en peligro constante la integridad de los territorios sagrados de los wixritari. El Estado mexicano est obligado, constitucional y convencionalmente, a consultar a los pueblos indgenas mediante procedimientos especiales y a travs de sus instituciones representativas, sobre los actos legislativos o administrativos que puedan afectarlos directamente, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado, todo ello en trminos de los artculos 6 y 15 del Convenio 169 de los Pueblos Indgenas y Tribales en pases independientes de la Organizacin Internacional del Trabajo, ratificado por Mxico el 5 de septiembre de 1990, y los artculos 19, 32 y 38 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, adoptada en 2007.

La Comisin estima que existe a su vez una violacin a los derechos de los wixritari en materia ambiental, debido a la omisin de las autoridades federales, estatales y municipales a llevar a cabo actos de inspeccin y vigilancia de las empresas que ya cuentan con concesiones mineras que hayan o puedan generar impactos ambientales. En este particular, las autoridades responsables son las secretaras de Economa y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente y la Comisin Nacional del Agua, as como otras de ndole estatal y municipal.

La lnea principal de argumentacin de esta recomendacin es que no es aceptable la existencia de actividades mineras en los territorios sagrados del pueblo Wirikuta, por todas las implicaciones culturales, ambientales y de salud que se han descrito; sin embargo, ello no implica que este organismo nacional est en contra del aprovechamiento sustentable de estos territorios por medio de otro tipo de actividades econmicas o, en todo caso, del establecimiento de operaciones mineras en reas vecinas a Wirikuta (nunca dentro de ella o en territorios limtrofes que puedan tener un impacto en el suelo, aire y aguas), las cuales debern de cumplir con la normatividad en materia indgena y tendrn que ser ambientalmente sustentables, bajo entera supervisin y vigilancia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En esta tnica, si bien la reserva minera es un esfuerzo por parte de las autoridades federales para salvaguardar los derechos del pueblo indgena, la CNDH observa que esta declaracin no soluciona la problemtica de fondo planteada por el pueblo Wixrika, dado que la superficie que actualmente se encuentra concesionada para llevar a cabo la explotacin minera, por un lado, es mucho mayor que la que actualmente se incorpora a la reciente creada reserva minera Tamatsi Paritsika Iyarieya Mataa Hane y, por otro lado, es ms pequea que el rea natural protegida por el estado de San Luis Potos. No hay que olvidar que Wirikuta no es simplemente un polgono geogrficamente delimitado, sino un territorio integral que busca proteger todos sus elementos en conjunto, por lo que si bien delimitar algunas zonas como reserva minera es una encomiable medida, no debe ser la nica. Este pueblo indgena demanda una solucin integral que tome en cuenta su cultura, los recursos naturales de una vasta cantidad de territorio, incluyendo suelo y agua, y la salud y necesidades de los habitantes de la zona.

Bienvenida esta recomendacin de la CNDH, porque la demanda del pueblo Wixrika es ya antigua y hasta la fecha no haba recibido de las autoridades una respuesta satisfactoria. Queda por verse si las agencias gubernamentales, a quienes va dirigida esta recomendacin, la implementen en todos sus aspectos. Como el actual gobierno federal no actu en la materia con suficiente celeridad, es de esperarse que el prximo gobierno tome manos en el asunto. Como indica la propia CNDH, no basta con ejercer un mayor o menor control sobre las concesiones mineras, que aparentemente han sido distribuidas con demasiada generosidad hasta la fecha, sino que hacen falta proyectos alternativos de desarrollo sustentable regional con la plena participacin de la poblacin involucrada, indgena y no indgena. Esto hasta ahora no ha sido el caso, con la consecuente violacin de los derechos humanos sealados en la recomendacin.


Rodolfo Stavenhagen es investigador del Centro de Estudios Sociolgicos de El Colegio de Mxico e integrante del Consejo Consultivo de Ciencia. [email protected]


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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