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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-11-2012

Caso Assange
El gobierno de Rajoy revive el Tro de las Azores

Jos Luis Centella Gmez y Enrique Santiago Romero
Rebelin


El pasado da 20 de agosto, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural pregunt al Gobierno del PP sobre la posicin del gobierno britnico respecto al asilo diplomtico concedido por Ecuador al fundador de la web Wikileaks, Julin Assange, y sobre si la negativa del gobierno britnico a reconocer dicho asilo y permitir la salida de Assange de la embajada de Ecuador en Londres rumbo a Ecuador poda afectar las relaciones entre la comunidad latinoamericana y Europa y por tanto afectar a Espaa.

La sorprendente contestacin de fecha 19 de octubre de 2012 del gobierno espaol al grupo parlamentario de la Izquierda Plural, evitaba contestar a la pregunta formulada sobre como haba afectado a las relaciones de Espaa con los pases sudamericanos el alineamiento del gobierno del PP con el gobierno britnico, y adems introduca varias falsedades e inexactitudes sobre distintas instituciones de derecho internacional relacionadas todas ellas con la defensa inclaudicable de los derechos humanos. As el gobierno espaol

Detrs de esta contestacin, subyace el alineamiento servil del gobierno del PP con los Estados Unidos y el Reino Unido el tro de las Azores- en detrimento suicida de las relaciones polticas privilegiadas entre Espaa y Latinoamrica, relaciones privilegiadas que sin duda son el principal activo de las relaciones internacionales de Espaa desde hace 200 aos. Adems, se pone de manifiesto una negacin por parte de Espaa de los mas importantes instrumentos que el derecho internacional contempla para proteger a aquellas personas que sufren persecucin flagrante a consecuencia de la violacin de sus derechos fundamentales.

El asilo es una institucin jurdica que garantiza la proteccin de los perseguidos. Es tan antigua como la historia de la humanidad y sus primeras manifestaciones -en Mesopotamia, Egipto y Grecia- estuvieron siempre vinculadas a espacios fsicos -santuarios- donde la proteccin a los perseguidos era garantizada bien por los poderes del estado o de las ciudades-estado, o bien por las instituciones religiosas.

El asilo hoy da, y en especial el asilo diplomtico, es una institucin jurdica de ius cogens -derecho imperativo-, cuyas fuentes son tanto la ley internacional, como la costumbre y los usos jurdicos internacionales, todas ellas ley, costumbre y usos jurdicos- fuentes reconocidas del derecho internacional.

Ciertamente, no existe una convencin internacional de mbito universal que regule el asilo diplomtico, lo cual no significa que esta institucin no este reconocida por el Derecho Internacional. Al revs, existe y goza de reconocimiento en todos los pases democrticos, civilizados y por supuesto entre los estados miembros de las Naciones Unidas.

A continuacin, algunos de los casos ms emblemticos de asilo diplomticos -sin mencionar el caso Haya de la Torre, fundador del APRA peruano que encontr asilo diplomtico en la embajada de Colombia en Per durante varios aos, cuyo caso provoco que se adoptara para el continente americano la Convencin de Caracas de asilo diplomtico de 1954- concedidos por pases occidentales y que han sido reconocidos por los pases donde se ubicaban las embajadas o legaciones diplomticas donde se otorgo la proteccin, y ello a pesar de no existir convencin internacional de mbito mundial que reconociera expresamente el asilo diplomtico:

La Convencin de Caracas de 1954, CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOMTICO, con mbito de aplicacin en el continente americano, vincula a la practica totalidad de los estados de la OEA salvo Estados Unidos- y regula la proteccin dada a perseguidos en legaciones diplomticas ubicadas en pases donde las personas que ha buscado la proteccin se sienten perseguidos por uno u otro motivo.

El reconocimiento de proteccin diplomtica en aplicacin de esta Convencin de Caracas, evidentemente obliga a todos los pases que la han suscrito, pero no nicamente a ellos. El estatuto de asilado diplomtico es una institucin de derecho internacional que debe ser respetada tambin por los pases que no son parte de la citada convencin, en aplicacin de los principios generales del derecho internacional y en especial en aplicacin del derecho internacional de los derechos humanos. La proteccin diplomtica se configura tanto como un derecho del asilado, pero tambin como un derecho del estado que otorga la proteccin, toda vez que es un acto de propia soberana que debe ser respetado por otros estados, con lo que el hecho de ignorarse esta proteccin por parte de un tercer estado supone una vulneracin de la soberana y tambin de un derecho conceder asilo diplomtico- del estado asilante, nico estado a quien le corresponde la calificacin del motivo de la persecucin sufrida por el solicitante del asilo diplomtico

Establece la convencin de Caracas de asilo diplomtico:

Artculo I

El asilo otorgado en legaciones, navos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos polticos, ser respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convencin.

Para los fines de esta Convencin, legacin es toda sede de misin diplomtica ordinaria, la residencia de los jefes de misin y los locales habilitados por ellos para habitacin de los asilados cuando el nmero de stos exceda de la capacidad normal de los edificios.

(...).

Artculo II

Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no esta obligado a otorgarlo ni a declarar por qu lo niega.

Artculo III

No es lcito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estn condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carcter poltico.

(...)

Artculo IV

Corresponde al Estado asilante la calificacin de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecucin.

La institucin del asilo diplomtico forma parte tambin de la jurdica europea y espaola costumbre -costumbre como fuente del derecho internacional-, as como forma parte de la legislacin interna britnica y espaola, aunque el gobierno del PP lo ignore o niegue a conveniencia.

La primera ley espaola de asilo, la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condicin de refugiado, vigente hasta el 20 de noviembre de 2009, reconoca el asilo diplomtico en su articulo 4.


Artculo 4. Presentacin de la solicitud de asilo.

(...)

4. La peticin de asilo presentada ante una Embajada o Consulado espaoles ser cursada a travs del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La nueva Ley de asilo espaola, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la proteccin subsidiaria, actualmente en vigor, tambin reconoce el asilo diplomtico, si bien la ley no desarrolla con precisin esta institucin, probablemente por ser una institucin que no necesita excesiva regulacin, al tratarse de una decisin dentro del mbito de la soberana nacional del estado asilante, que la concede discrecionalmente no est obligado a conceder dicha proteccin- y en caso de concederla su contenido se regula conforme al derecho internacional. Siempre se ejercer en los locales de una legacin diplomtica, protegida, respecto a su inmunidad e inviolabilidad, por las Convenciones de Viena de 1961 de relaciones diplomticas y consulares. Las legaciones diplomticas son, sin genero alguno de dudas y conforme a la ley internacional, inviolables al menos desde la firma de las Convenciones de Viena en 1961, de las que son parte Espaa, Reino Unido y Ecuador, entre otros.

La ley12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la proteccin subsidiaria, contempla un capitulo especfico, el IV, dedicado a las solicitudes de proteccin internacional en embajadas y consulados:

Artculo 38. Solicitudes de proteccin internacional en Embajadas y Consulados.

Con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del pas en que se encuentre la Representacin diplomtica y corra peligro su integridad fsica, los Embajadores de Espaa podrn promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a Espaa para hacer posible la presentacin de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta Ley.

El Reglamento de desarrollo de esta Ley determinar expresamente las condiciones de acceso a las Embajadas y Consulados de los solicitantes, as como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a Espaa de los mismos.

Se observara por tanto, a la vista de lo aqu expuesto, que no es cierta la afirmacin realizada en su contestacin por el Gobierno espaol, de que Espaa no reconoce el asilo diplomtico como un derecho como tampoco es cierto que el asilo diplomtico sea una institucin de derecho internacional de Iberoamerica exclusivamente, siendo lo cierto que es una institucin de derecho internacional general aunque no exista convencin especifica, al s existir costumbre internacional y sobre todo, una prctica mantenida, conforme a su legislacin interna, por los distintos estados, Espaa, Reino Unido y otros pases no firmante de la convencin de Caracas, que se convierte en costumbre internacional y por tanto en fuente de Derecho Internacional.

Respecto a la afirmacin contenida en la contestacin del Gobierno, sobre la supuesta obligacin del Reino Unido de extraditar a Julin Assange a Suecia tan pronto pisara fuera de la embajada de Ecuador en Londres, esta aseveracin no es exacta y prescinde de multitud de precisiones jurdicas que seria necesario hacer para que dicha contestacin no fuera calificada de flagrante falsedad.

As, sobre las obligaciones del estado que recibe solicitud de extradicin de un tercer estado -extradicin pasiva- respecto a una persona que se encuentra en su territorio -sin que contemplemos de momento la proteccin reforzada que supone encontrarse en el territorio del estado que recibe la solicitud de extradicin, pero dentro de legacin diplomtica de un cuarto estado que adems le ha concedido estatuto de proteccin diplomtica- las leyes de extradicin pasiva de Espaa y del Reino Unido -la aplicable al caso de la extradicin pedida por Suecia a Reino Unido respecto a Assange contemplan distintos supuestos legales de no concesin de la extradicin, aun en el supuesto de que los tribunales del estado requerido la hubieran declarado procedente, atendiendo al criterio eminentemente poltico del Gobierno del estado requerido, y ello porque la entrega o denegacin de la extradicin, -con fundamento en lo establecido en las leyes de extradicin pasiva o bien por motivos estrictamente humanitarios, de relaciones internacionales u otras consideraciones polticas- es tambin un acto de soberana nacional.

Al respecto, la ley espaola, Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradicin Pasiva, establece:

Artculo 4.

No se conceder la extradicin en los casos siguientes:

  1. Cuando se trate de delitos de carcter poltico, no considerndose como tales los actos de terrorismo; los crmenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la Prevencin y Penalizacin del Crimen de Genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

  2. (..)

  3. Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de Excepcin.

(...)

  1. Cuando el Estado requeriente no diera la garanta de que la persona reclamada de extradicin no ser ejecutada o que no ser sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

  2. (..)

  3. Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condicin de asilado. El no reconocimiento de la condicin de asilado, cualquiera que sea su causa, no impedir la denegacin de la extradicin por cualquiera de las causas previstas en esta Ley.

Se observara, que con la ley espaola en la mano, aunque los tribunales del pas requerido hubieran acordado la entrega del extraditable como en este caso, la entrega de Assange a Suecia- el gobierno del pas requerido tiene distintos motivos legales para denegar esta, por existir un claro motivo poltico detrs de la solicitud de extradicin; porque Suecia no ha dado garantas de que Assange no ser reenviado a los Estados Unidos; porque Estados Unidos no ha dado garantas de que no pedir a Suecia la extradicin de Assange ni tampoco de que en ese caso no lo someter a tribunales de excepcin ni a penas inhumanas, crueles o degradantes incluida la pena de muerte; y adems, porque la persona reclamada -Assange- tiene estatuto de asilo diplomtico en la embajada de Ecuador en Londres, conforme a una decisin del gobierno de Ecuador.

El Gobierno britnico es perfectamente consciente de no tener obligacin de entregar a Assange a Suecia a pesar de que lo hubieren as declarado los tribunales britnicos, y la tiene porque esa posibilidad legal de denegar la entrega la ha utilizado en otros casos en los que el extraditable estaba acusado de delitos mucho mas graves, concretamente en el caso del General Pinochet, solicitado en extradicin al Reino Unido por Espaa por los delitos de terrorismo, crmenes contra la humanidad y torturas. En este caso, a pesar de que todas las instancias judiciales britnicas fallaron a favor de la entrega extradicional a Espaa de Pinochet, el Gobierno britnico deneg dicha entrega, conforme a sus leyes internas -las mismas que ahora alega para fundamentar su supuesta obligacin de extraditar a Assange a Suecia- , apelando exclusivamente a motivos humanitarios que parece encontraban en el caso de Pinochet y sin embargo no son apreciados ahora en el caso de Assange, perseguido nicamente por difundir informacin que pona en evidencia las mltiples ingerencias y violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional cometidas por EEUU en el marco de su particular guerra contra el terrorismo

Los gobiernos espaoles del PP siempre han arrastrado una gran confusin, interesada a conveniencia, sobre el contenido legal de la institucin de la extradicin. De hecho, durante el mandato de Aznar, confundiendo la extradicin pasiva -la que se solicita a Espaa, y puede ser denegada por motivos estrictamente polticos o diplomticos, adems de por causas legales como hemos indicado antes- con la extradicin activa -la que los tribunales espaoles solicitan a terceros pases-, el Gobierno se neg tramitar 40 solicitudes de extradicin activa de represores argentinos cursadas por la Audiencia Nacional a Argentina, (39 militares y un civil), y ello a pesar de que en los supuestos de extradicin activa el Gobierno carece de la facultad de denegar la solicitud acordada por jueces espaoles, debiendo limitarse a efectuar exclusivamente el traslado, va diplomtica, entre los distintos poderes judiciales de los pases involucrados, para que sea el pas requerido quien decida o no acceder a la entrega.

Izquierda Unida recurri la negativa del Gobierno a cursar a la Argentina las extradiciones activas indicadas, y tanto la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en primera instancia, como la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo posteriormente, acordaron admitir el recurso de Izquierda Unida, anular el acuerdo del Consejo de Ministros que denegaba cursar las extradiciones, y obligar al Consejo de Ministros a tramitarlas:

EFE. 22.07.2005 - 19.22h

El Supremo dictamina que la decisin adoptada en el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 "no fue conforme a Derecho", por lo que el Gobierno "debe cursar" la solicitud de extradicin tras comprobar que "reuna las condiciones legalmente exigidas".

El Tribunal Supremo estudi los recursos interpuestos contra aquella decisin gubernamental por los grupos polticos IU e Iniciativa por Catalua y por Graciela Palacios de Lois, esposa de un espaol que presuntamente fue lanzado al mar en uno de los "vuelos de la muerte", en 1976.

En su sentencia, el TS considera que "ha lugar" a los recursos y anula la decisin del Gobierno.

"En consecuencia, declaramos que el Consejo de Ministros, previa comprobacin de que la solicitud de extradicin" del juez "reuna las condiciones legalmente exigidas, debe cursar la misma por va diplomtica al Gobierno de Argentina para que, tramitada la peticin conforme a su Derecho interno, comunique al Gobierno de Espaa por igual va su decisin respecto a la extradicin", aade.

La resolucin, sentencia de 22 de julio 2005, ha sido adoptada por la Seccin Sexta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que preside Jos Manuel Sieira

Concluimos indicando que tampoco el PSOE ha sido muy celere a la hora de tramitar estas extradiciones activas de represores. De hecho, desde la anterior sentencia del T. Supremo julio de 2005- hasta que el Gobierno, entonces presidido por Zapatero, la cumpli febrero de 2007-, transcurri un ao y medio

La contestacin del gobierno espaol a la pregunta formulada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, pone de manifiesto que el Partido Popular, ahora en el gobierno, nuevamente se adentra por los peligrosos caminos de la ignorancia del derecho internacional, vuelve a alinearse incondicionalmente con los EEUU y el Reino Unido en la escena internacional, en detrimento de la multilateralidad y del fortalecimiento de nuestras relaciones con la comunidad latinoamericana -rea adems en claro crecimiento econmico y fortalecimiento poltico- y hace clara dejacin de soberana nacional al ser incapaz de mantener una poltica internacional objetivamente favorable a los intereses de Espaa. Todos recordamos las dramticas consecuencias, polticas y humanas, que tuvieron para Espaa anteriores posicionamientos diplomticos de la derecha espaola similares al que ahora constatamos

Jos Luis Centella Gmez. Portavoz del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. Secretario General del PCE.

Enrique Santiago Romero. Miembro Comisin Ejecutiva Federal de IU. Secretario de Derechos Humanos del PCE

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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