El político francés Robespierre decía en el año 1792 “de todos los derechos, el primero es el de existir. Por tanto la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir”.
Esta norma es básica en cualquier Estado democrático y social que se precie. Como vemos diariamente en España, esto no se cumple. Lo único, que se garantiza por ley, es al sistema financiero, que ha sido quien ha generado la crisis expoliando las arcas del Estado.
La segunda cuestión, que sistemáticamente oímos a nuestros gobernantes, es la caída continuada de la recaudación fiscal. De ahí aducen que, al no haber dinero, deben de producirse recortes sociales, económicos y de derechos. Es decir, nos dicen que las instituciones financieras están por encima de los ciudadanos, contraviniendo flagrantemente a la Constitución que tanto nos la recuerdan cuando la necesitan, pero que ellos la incumplen sistemáticamente.
¿Es cierto que ha caído la recaudación fiscal?
Sí , pero. Todos deben de saber, que de cada cinco euros que ha caído la recaudación fiscal en nuestro país desde 2008, sólo un euro es debido a la crisis y los cuatro euros restantes son consecuencia de las últimas medidas fiscales tomadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista.
A este dato clarificador hay que añadirle tres aspectos, que nos harán entender por qué el Estado no tiene dinero suficiente:
Simplemente con estos tres aspectos fiscales implicaría la no existencia de déficit del Estado y en consecuencia, no habría recortes educativos, sanitarios ni en la dependencia, cultura, etc.
Para que lo tengan ustedes más claro y vean que gran parte de la caída de los ingresos del Estado no han sido fruto de la crisis, sino de las reformas fiscales hechas por el PP y PSOE, vean estos dos ejemplos:
¿Entienden ahora por qué el Estado español no tiene dinero?
Cuando nuestros políticos populares y socialistas nos dicen que la crisis es repartida entre todos los sectores sociales, nos están MINTIENDO de forma descarada y da la razón a los manifestantes cuando estos gritan “Esto no es una crisis es una estafa”.
Todos los sectores progresistas del país debemos tener claro, que una parte de la salida de la crisis actual pasa en primer lugar, por el cumplimiento de la fiscalidad actual por parte de todos los ciudadanos y en segundo lugar por una modificación de la actual fiscalidad, en un sentido que busque una real progresividad impositiva. Partiendo que cada uno pague en función de sus ingresos para que de esta forma, haya una redistribución real de la riqueza.
La reclamación de una fiscalidad justa debe ser el eje vertebrador de las reclamaciones populares. Cualquier ciudadano de pie que me preguntará ¿Esta Vd. reclamando una subida de impuestos con lo que ya pagamos? La respuesta es SÍ, pero no se preocupen, trabajadores, funcionarios, jubilados, lo que propongo no es que se les suba a ustedes, sino que se les baje, porque actualmente somos los únicos que pagamos. La reforma fiscal iría dirigida a las clases dirigentes de este país, entiéndase: multinacionales, empresarios, grandes latifundistas y grandes capitales (SICAV) que no están pagando en función de su renta y además son los grandes defraudadores fiscales del país.
Mi reforma fiscal es que paguen los que deben de pagar y que lo hagan menos las clases pobres. Simplemente con lograr bajar la defraudación fiscal a la mitad nos iríamos a una cifra cerca de los 50.000 millones de euros anuales, es evidente que la educación, la sanidad, la discapacidad, el I+D+I, la cultura, no se hubiera tocado.
Esa cifra generaría sobre dos millones y medio de puestos de trabajo. Si a ello le unimos una profunda reforma real de nuestro sistema financiero separando claramente la captación de depósitos y, por otro lado, la concesión de créditos, supondría liberar unos 75.000 millones de euros anuales e implicaría la creación de una Central de Depósitos, que garantizará la integridad del sistema financiero. Esto permitiría hacer fluir nuevamente el crédito a empresas y familias, con lo que dinamizaríamos la economía y en segundo lugar nos garantizaría la financiación de la deuda pública.
Evidentemente esta alternativa que se plantea es una salida a la crisis con una gran componente social y solucionaría poco a poco los gravísimos problemas que vivimos millones de españoles.
Esta opción, no gusta a las elites españolas, entiéndase, los Botín, González, etc porque simplemente se les pide que ellos mismos y sus empresas paguen una fiscalidad justa y a los mismo niveles que otros países europeos.
Si esto no se soluciona urgentemente, no habrá salida a la crisis y estamos sentando las bases a procesos revolucionarios, que se dan cuando las personas no tienen nada que comer y esto ya está sucediendo.
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