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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-11-2012

Campesinos e indgenas expulsados de sus tierras
La soja desaloja

Fabin Chiaramello
SURsuelo


El monocultivo de la soja se extiende por todo el territorio argentino desalojando a su paso a pueblos originarios, campesinos y pequeos productores. Existen leyes y tratados internacionales que impiden los desalojos, sin embargo, continan siendo expulsados de sus territorios. La expansin verde crece a pasos agigantados y la resistencia al modelo grita sin ser escuchada.

En noviembre de 2006, el Congreso de la Nacin sancion la Ley N 26.160 que declara la emergencia en materia de posesin y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indgenas, suspende la ejecucin de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupacin de las tierras. Adems, durante los primeros tres aos de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indgenas (INAI) deba realizar el relevamiento tcnico-jurdico-catastral de la situacin dominial de las tierras. El relevamiento nunca se concret y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los trminos por otros cuatro aos mediante la Ley N 26.554, que tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de 2013.

A casi seis aos de emitida la norma, el nivel de ejecucin de los relevamientos es muy bajo y arrastra denuncias por parte de comunidades y organizaciones afines a los pueblos originarios. Segn un informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen en mayo de 2011, los relevamientos son escasos, con ejecuciones centralizadas y con desalojos impunes. Tambin, advierten el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecucin de los desalojos. Sobre el final del informe denuncian que durante los ltimos aos hubo una explosin de las autorizaciones de desmontes, aprovechamientos forestales o mineros que ponen en riesgo la vida, la identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio comunitario de los pueblos originarios.

Los desalojos y el hostigamiento continuaron pisoteando todas las leyes vigentes. Por eso, en 2010, varias organizaciones campesinas presentaron un proyecto para frenar los desalojos por cinco aos, realizar relevamientos los tres primeros y declarar la funcin social de la tierra. En 2011, luego de un ao de trabajo, se present el proyecto consensuado por el Movimiento Nacional Campesino Indgena (MNCI), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC), el Movimiento Campesino Liberacin (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares. Se incluye a la tierra como un bien social y no como una mercanca y se cuestiona el modelo extractivo: los agronegocios, el avance minero y petrolero.

Desde su presentacin, el proyecto que cont con el aval de varios legisladores oficialistas, entre otros, hasta noviembre de 2011 no haba entrado al Congreso. El 16 del mismo mes asesinaron a un integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Va Campesina). Por la sangre del campesino, a la semana siguiente, lograron que el proyecto ingresara al Congreso de la Nacin bajo el ttulo de Ley Cristian Ferreyra. Casi un ao despus, sin que haya sido tratado el proyecto, asesinaron a otro integrante del Mocase. Miguel Galvn fue degollado el 10 de octubre por un sicario contratado por un empresario sojero, modalidad que se repite en esas tierras. Nuevamente regresaron las movilizaciones en repudio a lo ocurrido y exigiendo el tratamiento urgente de la propuesta. El 16 de octubre se reunieron los legisladores oficialistas con miembros del MNCI para exigir que la Cmara de Diputados tratara y aprobara la propuesta. Otra vez, despus de la sangre derramada en el suelo santiagueo.

Modelo del agronegocio


Segn el informe Produccin de soja en las Amricas: actualizacin sobre el uso de tierras y pesticidas, elaborado durante meses de trabajo en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, el cultivo de soja abarca el 59 % de la tierra cultivada en el pas. Esta cifra se alcanz con el avance sobre territorios y el monocultivo de la oleaginosa. En 1996 se aprob la entrada de la soja transgnica en el pas de la mano del menemismo y el secretario de Agricultura, Felipe Sol, y desde ese momento no par de pintar de verde gran parte del territorio.

La siembra de soja pas de seis millones de hectreas en 1997 a 19 millones en 2010, la resistencia al modelo de los agronegocios fue creciendo a la par y los bosques disminuyeron. En base a datos de la Direccin de Bosques Nativos de la Secretara de Medio Ambiente de la Nacin, se establece que en Argentina, entre 2003 y 2004, 550 mil hectreas de bosque fueron reemplazadas por soja en las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Tucumn.

La concentracin de tierras va de la mano con la sojizacin. Segn el informe, en 2010, ms del 50% de la produccin de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores del pas. Esto se debe, tambin, a que el modelo implica un mayor uso de tecnologa, maquinarias, transgnicos, agroqumicos, dejando fuera de competencia a los pequeos productores.

Segn el relevamiento de las organizaciones que presentaron el proyecto en 2011, y que ahora vuelven a pedir su tratamiento urgente, 300 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales y destinadas a vivir en los barrios ms pobres de las grandes ciudades.

Plan Estratgico Agroalimentario


En septiembre de 2011, la presidenta Cristina Fernndez de Kirchner present en Tecnpolis el Plan Estratgico Agroalimentario, un programa detallado de metas gestado por el gobierno nacional, las provincias, empresas y acadmicos que se fija como objetivo, entre otros puntos, aumentar un 60% la produccin granaria: pasar de las 100 millones de toneladas, la mitad es soja, a 160 millones para 2020. Lo que no dijo la presidenta cuando present con orgullo las metas que impulsarn al pas como potencia alimentaria es quines son los que pierden.

Para lograr ese crecimiento productivo se debe correr an ms la frontera agropecuaria, avanzar sobre nuevos territorios. Los que pierden son los pequeos campesinos, los pueblos originarios, que son expulsados directa e indirectamente de sus tierras y los pequeos y medianos productores. Adems, para esto se deben usar cada vez ms tecnologas: organismos modificados genticamente (OMG), herbicidas, insecticidas, agrotxicos.

La inversin de Monsanto es importantsima tambin y va a ayudar a la concrecin de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan tambin industrial. Y me deca, hoy, su titular que les haba impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnologa. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma lnea, dijo la presidenta Cristina Fernndez de Kirchner en una reunin con empresarios estadounidenses, el pasado 15 de junio de 2012 en Nueva York.

Estaba haciendo referencia a las nuevas inversiones de Monsanto en el pas, de las que se mostr orgullosa. Luego, dej bien en claro cmo concretar el ambicioso plan agroalimentario: Yo le comentaba -y la gente de Monsanto no lo saba- que tenemos una Patagonia en la cual algn productor argentino tiene produccin, por ejemplo, forrajera y que uno puede observar en medio de la estepa patagnica los crculos que solamente con riego producen forraje de primersima calidad. Y tenemos tambin agua en la Patagonia () Esto nos da la idea de que el elemento vital agua nos va a permitir extender la frontera agropecuaria.

Ms directa an, sigui: Est claro que los mtodos tradicionales de agricultura as cubriramos toda la superficie de la Tierra no llegaran a cubrir las demandas, con lo cual la necesidad de la intervencin de la ciencia y la tecnologa se convierte en central para los rendimientos.

Un mes despus, el Movimiento Nacional Campesino Indgena emiti un comunicado expresando su rechazo a las polticas expuestas por la presidenta y denunciando el carcter contradictorio con otros principios enunciados desde el gobierno nacional. Ya es evidente que lo que aporta este modelo agrario es una gran capacidad de valorizar el capital, una gran rentabilidad () Es decir, ms ganancias para agroempresarios, bancos y transnacionales a cambio de menos trabajo rural, destruccin de la naturaleza, dependencia de agrotxicos y combustibles, destruccin de suelos, destruccin de mercados locales, xodo rural, pueblos fumigados, bosques destruidos, campesinos e indgenas desalojados y excluidos, alimentos contaminados, y la lista sigue, dejaron en claro. Asimismo, alertaron sobre la nueva ley de semillas que legitima el robo y la apropiacin gentica.

La mirada de la ONU


El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indgenas, James Anaya, recorri Argentina a finales de 2011 y elabor un informe sobre la situacin de los derechos humanos de los pueblos originarios. Admiti que el Estado ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indgenas en el pas, pero que persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indgena y su implementacin real.

La grave inseguridad jurdica de tierras indgenas se ha reflejado en el alto nmero de desalojos de comunidades, advirti el enviado de la ONU. Y agreg: Preocupa que la mayora de estos desalojos hayan ocurrido despus de la entrada en vigencia de la Ley N 26.160 de 2006. A raz de su recorrido y el reconocimiento de las problemticas, llam al Estado a agilizar el proceso de relevamiento territorial y a asegurar al INAI los recursos tcnicos y financieros necesarios para finalizar adecuadamente el proceso, a la vez que recomend al poder legislativo contemplar la ampliacin de plazos de las leyes ms all de 2013, debido al retraso.

El avance de la frontera agrcola ha generado la prdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indgenas. Familias indgenas han sido desalojadas de las reas donde vivan, y a veces han tenido que migrar a las ciudades cercanas para buscar oportunidades laborales, viviendo a menudo en condiciones de extrema marginacin y miseria, inform el Relator. Y sum que la extraccin de recursos naturales a lo largo del pas tambin ha generado numerosos casos de disminucin de territorios de los que dependen los pueblos originarios.

Situacin santafesina


La provincia de Santa Fe no es ajena al conflicto. Al norte, el nmero de desalojos es cada vez mayor. La zona ms postergada, olvidada, abandonada y azotada por la pobreza sufre los atropellos que se vuelven cada vez ms violentos.

El gobierno provincial se propuso como ejecutor de los relevamientos a travs de rganos oficiales en 2007. En 2010, sin que se hubiera cumplido con los relevamientos, el Instituto Provincial de Aborgenes Santafesinos (IPAS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, fue designado para la tarea en un plazo de dos aos. Nuevamente, poco se hizo. Y en el mientras tanto, los desalojos.

En octubre pasado se registraron hechos de violencia en la localidad de San Bernardo, en el departamento 9 de Julio. Fueron desalojadas tres familias de las viviendas que habitaban desde haca ms de 50 aos. Les quemaron la casa y sufrieron el maltrato y atropello de la polica que actu a partir de una orden judicial. La situacin se vive a diario en el golpeado norte de la provincia.

A raz de este complicado escenario que envuelve al campesinado santafecino, la diputada de la Coalicin Cvica-ARI, Susana Garca, present en junio pasado un proyecto para frenar los desalojos. En el mismo declara por el trmino de cinco aos la emergencia en materia de propiedad y posesin de las tierras ocupadas por los pequeos productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupacin efectiva, ininterrumpida y continuada, pblica y pacfica, del predio rural por un trmino superior a diez aos. Adems, suspende la ejecucin de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier ndole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupacin, y la creacin del Programa de Regularizacin Dominial.

La ley ingres en Diputados y, para ser tratada, deben darse dictmenes positivos en tres comisiones. Recin lo logr en una: Agricultura y Ganadera.

Leyes y desalojos


Con la reforma de la Constitucin Nacional en 1994 se introdujeron derechos de los pueblos originarios en el artculo 75, inciso 15: () reconocer la personera jurdica de sus comunidades, y la posesin y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas ser enajenable, transmisible ni susceptible de gravmenes o embargos. En el 2000 se rectific el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) que entr en vigencia desde el 2001. En 2006 se aprob la Ley N 26.160 y en 2009 se prorrog con la Ley N 26.554.

Durante todos esos aos los desalojos fueron aumentando. Ninguna de las leyes emitidas solucionaron el problema de fondo: el modelo es incompatible con la vida de los pequeos campesinos y los pueblos originarios. Es incompatible con el uso y la funcin social que stos le dan a la tierra.

En esos aos, el modelo reg sangre en tierras campesinas por los desalojos. Cristian Ferreyra, ahora Miguel Galvn. Tambin Javier Chocobar, Roberto Lpez, Mario Lpez, Sandra Ely Jurez, Mrtires Lpez. Se convirtieron en mrtires de la lucha campesina.

Desde el bloque de Diputados del Frente Para la Victoria se comprometieron a hacer lo necesario para que la ley se apruebe antes de fin de ao. En caso de que esto suceda, contiene el estigma de las anteriores. Leyes humanas, necesarias, urgentes, pero que no se cumplen, que son pisoteadas e ignoradas. Y los campesinos e indgenas, expulsados a la pobreza, siguen 200 500 aos despus luchando por sobrevivir y por defender lo que es suyo: la tierra.

Fuente: http://sursuelo.blogspot.com.ar/2012/11/la-soja-desaloja.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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