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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-11-2012

La legislacin hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil, al servicio de la banca
Leyes que condenan al desahucio

Enric Llopis
Rebelin


La historiografa espaola marca en rojo 1909 como ao en que explota la Semana Trgica de Barcelona. Pero, a la vista de los hechos en los ltimos aos, podra agregarse otro hito. Ese ao se aprueba tambin la vigente ley hipotecaria, que, un siglo despus, concentra, junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, del ao 2000, las crticas de las organizaciones de afectados por las hipotecas. Consideran que esta legislacin prima los intereses de las entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) frente al derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

Con este marco jurdico, segn los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el estado espaol se han producido 400.000 desalojos desde 2008 (ao en que comienza la crisis). Se superan al trimestre los 45.000 desahucios de viviendas y locales (ms de 500 diarios) y, para finales de 2012, la Plataforma dAfectats per les Hipoteques (PAH) del Pas Valenci prev que se alcancen unos 200.000 lanzamientos o desahucios. La angustia llega a veces a cotas extremas. Segn la PAH, en el ltimo mes se suicidaron siete personas en Espaa, en la fecha anunciada para su desalojo. No hay cifras oficiales al respecto, pero a las siete citadas cabra aadir las personas que, a causa de la angustia y la desesperacin, se quitaron la vida un tiempo antes o despus de su desahucio.

La ley de 1909 define la hipoteca como institucin jurdica, sus caractersticas y los requisitos para la constitucin. Pero este texto legal de hace un siglo, actualmente desfasado, presupone un equilibrio entre las partes, por ejemplo, cuando una entidad financiera formaliza un prstamo con un terrateniente o cuando un particular suscribe un crdito modesto con una caja de ahorros. Hoy, con la generalizacin del consumo a crdito y la potencia del sector financiero y corporaciones de otros sectores, deviene necesaria la regulacin pblica, para evitar la indefensin del ciudadano, la parte ms dbil.

El artculo 140 de la ley hipotecaria es uno de los grandes caballos de batalla. Establece, de hecho, la dacin en pago , es decir, la posibilidad de entregar la vivienda como medio para saldar la deuda en un prstamo hipotecario. Pero la legislacin condiciona la dacin en pago al acuerdo entre las partes. Y, como una de las partes, la banca, no est interesada, la dacin no se aplica. De ah que constituya una de las grandes reivindicaciones de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas. A los bancos les resulta ms rentable ir a un procedimiento judicial, de modo que, adems de quedarse con la casa, puedan continuar cobrando el prstamo.

Se da la circunstancia de que no ocurre lo mismo con las empresas, ya que la ley concursal vigente en Espaa permite a una empresa en apuros, solicitar la entrada en un concurso de acreedores para negociar, buscar una solucin e incluso condonar una parte de la deuda. Esta nocin jurdica tiene gran relevancia en momentos como el actual, en el que la morosidad empresarial es tres veces mayor que la de los particulares.

El otro pilar del bastin jurdico que condena al desahucio a numerosos ciudadanos es la Ley de Enjuiciamiento Civil, del ao 2000, que deroga parcialmente la de finales del siglo XIX. La ley establece un procedimiento sumario de ejecucin, muy rpido y corto, que aplicado a las hipotecas resulta muy perjudicial para los ciudadanos. Por qu? De entrada, porque en el procedimiento no se considera el fondo de la cuestin; no se repara, por ejemplo, en la existencia de clusulas abusivas, a pesar de que haya jurisprudencia rechazando las mismas. Sin embargo, algunos jueces son ltimamente ms sensibles, debido sobre todo a la presin popular, a la normativa europea, que seala que de oficio los jueces han de considerar estas clusulas.

Adems, el procedimiento de ejecucin hipotecaria deja bsicamente indefenso al ciudadano. De hecho, slo puede alegar tres supuestos para oponerse: que la vivienda sea objeto de un prstamo anterior; estar al da en el pago de las cuotas del prstamo; o justificar un error en la determinacin de su cuanta (algo en la prctica muy difcil, debido a las frmulas tan complejas con que se establece). La banca siempre gana. Una vez en marcha el procedimiento de ejecucin hipotecaria, se realiza la subasta. En caso de que la subasta quede desierta, la entidad financiera puede adjudicarse el bien inmueble por un 60% de su valor (la presin popular logr que se incrementara el tope anterior del 50%). Y, satisfecho este trmite, el ciudadano ha de continuar pagando la deuda (prstamo, ms costas procesales, ms intereses de mora).

La ley permite, asimismo, que una vez notificado el lanzamiento, pueda pedirse una prrroga de 30 das en el caso de la vivienda habitual. Pero, lo que pedimos es que las personas puedan abandonar la vivienda en situacin dignidad, que se pondere el derecho del banco a quedarse con la vivienda, con el del ciudadano a quedarse sin nada, explica Mara Jos Guiralt, activista y coordinadora de la Comisin Jurdica de la PAH en Valencia.

El procedimiento de ejecucin no permite entrar a valorar las circunstancias personales ni contractuales; puede que sea legal, pero es a todas luces injusto, pues impide valorar las caractersticas de cada caso concreto y, con ello, se produce la indefensin de las personas afectadas, asegura Mara Jos Guiralt. Aade que as se confirma la posicin privilegiada que ya ostentan las entidades de crdito en el momento negociador, y obvia la especial proteccin que otorga la normativa de consumo.

Precisamente la abogada del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, Juliane Kokott, ha apuntado, en un dictamen no vinculante, que la legislacin hipotecaria espaola no protege de manera efectiva al consumidor, ya que, segn la letrada, le deja indefenso ante los desahucios aunque se hayan suscrito clusulas abusivas.

En marzo, la relatora de la ONU por una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, se pronunci de modo similar, tras una reunin en Barcelona con afectados por las hipotecas. Responsabiliz en unas declaraciones al gobierno espaol de la situacin de emergencia habitacional en la que se encuentran miles de familias de todo el estado.

No son de extraar estos pronunciamientos, dado que la legislacin espaola se destaca por encarnizarse con la parte ms dbil del contrato. En Francia, la ley de la segunda oportunidad permite la condonacin judicial de las deudas de las personas fsicas, mediante la liquidacin de patrimonio. Y, en Alemania y Portugal, est prevista la posibilidad, en caso de los deudores de buena fe, de abrir un proceso de negociacin que incluso puede concluir con la condonacin parcial de la deuda.

Frente a la legislacin nacional leonina trabaja, a pie de calle y de amenaza de desalojo, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Han logrado suspender 550 desahucios en el conjunto del estado, en cuatro aos, pese a que la mayora de colectivos (hoy la plataforma est arraigada en todas las autonomas) lleven slo ao y medio funcionando. Adems, la plataforma ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular, que ha recogido cerca de 600.000 firmas en el estado espaol. Ha superado, por tanto, las rbricas legalmente establecidas antes de que concluya el plazo para su presentacin en el Congreso, el 15 de enero.

A grandes rasgos, las reivindicaciones de la PAH se resumen en tres: la moratoria de los desahucios; la dacin en pago con efectos retroactivos; y la reconversin de las 6 millones de viviendas vacas existentes en el estado espaol, al alquiler social y con un tope, que en ningn caso supere el 30% de la renta familiar.

Segn Rosana Montalbn Moya, portavoz de la Plataforma de Afectats per les Hipoteques de Valencia, estamos ante una estafa en toda regla; tanto la legislacin, como las entidades financieras, el PP y el PSOE, vulneran diariamente los Derechos Humanos y la Constitucin Espaola; tanto la moratoria ICO del PSOE, como el Cdigo de Buenas Prcticas Bancarias, promovido por De Guindos, son meros parches que alargan la agona de las familias; se mantienen en la lnea de rescatar a las entidades financieras, culpables de esta crisis, en lugar de a los ciudadanos; Cada da hay ms casas sin personas, y personas sin casas, concluye.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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