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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-11-2012

Pueblos indgenas acosados y en resistencia ante el milagro econmico de Brasil

Jos Manuel Rambla
Otramrica


La violencia, el impacto del desarrollismo y las modificaciones legales provocan la involucin en los derechos de los pueblos originarios de Brasil. Los intereses econmicos por encima de la propia legislacin; la excusa del crecimiento econmico para justificar el etnocidio.

El estruendo de un helicptero rompi el pasado 7 de noviembre la cotidianidad de la aldea Teles Pire, un pequeo poblado de Munduruku situado entre los estados brasileos de Mato Grosso y Par. Son las 8 de la maana. Sorprendidos por el ruido, los vecinos salen de sus casas, dejan sus quehaceres y van congregndose junto al ro para observar lo que sucede. A escasos metros el aparato toma tierra y de l descienden decenas de policas federales armados. El nerviosismo crece.

Algunos indgenas comienzan a reunirse armados con arcos y flechas. La polica asegurar ms tarde que tambin portaban algn arma de fuego. Ante la mirada de los moradores los agentes comienzan a inutilizar diversas barcas supuestamente utilizadas por garimpeiros responsables de la extraccin ilegal de oro en la regin. La tensin aumenta cuando los policas abordan una embarcacin amarrada en la ribera indgena y el helicptero se sita sobre el ro para darles cobertura. De repente se oye un disparo al que pronto seguirn muchos ms. Tras el tiroteo, el cuerpo de Adenilson Kirixi, de 32 aos, aparece tendido en el suelo con un impacto de bala en la cabeza y cuatro en el pecho. Otros tres pobladores civiles resultan heridos, uno de ellos grave. Cuatro policas deben ser evacuados por heridas de flecha no de bala-.

El enfrentamiento entre agentes de la Polica Federal e indgenas del pueblo Munduruku es sin duda uno de los episodios ms graves registrado hasta la fecha en las conflictivas relaciones que el Brasil del milagro econmico mantiene con sus comunidades indgenas. Sin embargo, la tragedia no es nueva. El 18 de noviembre de 2011 un grupo de pistoleros llegaba a Guaivy, en el Mato Grosso do Sul, y asesinaba al lder Kaiow-Guaran, Nsio Gomes, llevndose a continuacin su cuerpo. El cadver sigue sin hallarse por lo que, oficialmente, Gomes solo est desaparecido. Mientras tanto, la comunidad suma al dolor por su muerte la indignacin por no poder cumplir el ritual sagrado de enterrar su cuerpo en la tekoha, la tierra concebida como espacio vital de la comunidad. En realidad, tanto aqu como en el resto de comunidades Kaiow-Guaran de este Estado, como Passo Piraju, Arroio Kora, Potreto Guasu, Laranjeira Nhaderu o Pyelito Kue, la relacin con el hombre blanco y, especialmente, con los grandes hacendados es literalmente de asfixia, con las grandes explotaciones agropecuarias estrangulando a los territorios indgenas. El periodista Renato Santana lo describe grficamente: La aldea comienza donde termina la plantacin; la vida termina donde comienzan los intereses agropecuarios.

Acorralados en su propio territorio, los hacendados ni siquiera permiten a los indgenas atravesar sus campos para buscar un mdico en caso de necesidad. Abocados a este callejn sin salida, las comunidades acrecientan su desestructuracin, acentuada con problemas como el alcohol, distribuido por vendedores blancos pese a la prohibicin que en muchos casos existe, o la violencia. Como destaca la antroploga Lucia Helena Rangel, con una tasa de homicidios de 100 por cada 100.000, mayor que la de Iraq y cuatro veces mayor que la tasa nacional, los pueblos Guaran y Kaiow del Mato Grosso do Sul se enfrenta a una autntica guerra contra el agronegocio. No es extrao que para muchos el suicidio acabe convirtindose en la nica salida, especialmente para los jvenes de entre 15 y 20 aos. El grito de los jvenes no es odo por las autoridades que hacen poco caso a la repeticin de esta situacin, subestimando la denuncia de genocidio, destaca Rangel.

Violencia directa, violencia estructural

El ltimo Informe sobre Violencia contra los Pueblos Indgenas en Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Missionrio (CIMI), saca a la luz en forma de cifras el alcance de ese genocidio. Durante 2011, esta entidad contabiliz 378 casos de violencia contra las personas, incluyendo 51 asesinatos, 12 homicidios y 94 tentativas de homicidio. A ellos se suman, entre otros, 39 casos de violencia sexual contra mujeres indgenas. Si estos datos son una muestra clara de la discriminacin y del racismo que sufren estos pueblos, as como de la desestructuracin social que padecen, no menos significativa es la cifra de los casos de violencia por omisin de actuacin de los poderes pblicos: 61.988. En este sentido, destacan por encima de todo los 35.015 casos de desasistencia en el rea de salud. Se estima que 170 indgenas murieron el pasado ao como consecuencia de esa falta de atencin mdica, 126 de ellos nios o nias.

Lo peor de todo es que la relacin entre la sociedad brasilea y sus comunidades indgenas lejos de encauzarse se est deteriorando. De hecho, para Cleber Buzzato, secretario ejecutivo del CIMI, el pas asiste a una autntica involucin en su relacin con los pueblos originarios. El neodesarrollismo de carcter depredador -comenta- , basado en la explotacin del medio ambiente y en la exportacin de materias primas, asociado a las decisiones monocrticas y autoritarias del actual gobierno de nuestro pas, hacen de los pueblos indgenas las vctimas primeras y prioritarias en los campos econmico y poltico, en una ntida reedicin del modelo de gobierno vivido en el periodo de la dictadura militar de los aos 70.

Reconocimiento del territorio

Esta actitud del gobierno del PT (Partido de los Trabajadores) se manifiesta de forma evidente en la apata con que se afronta el proceso de regularizacin de las tierras indgenas. Segn los datos del CIMI, de los 1.044 territorios indgenas identificados, solo 363 se encuentran registrados mientras que 339 siguen siendo reivindicados por los pueblos. El resto (342) siguen inmersos en el proceso administrativo de regularizacin cuya lentitud es desesperante: en 2011, el gobierno de Dilma Rousseff solo regulariz 3 territorios, una pereza burocrtica que incluso supera a la demostrada por su antecesor, Luiz Ignacio Lula da Silva, que en sus diez aos de mandato solo normaliz 80 territorios reclamados por los pueblos originarios. La consecuencia de todo ello es que solo en 2011 se registraron 99 conflictos relacionados con el derecho de las comunidades indgenas sobre la tierra, 42 de ellos consecuencia de invasiones de estos terrenos.

El pueblo Xavante conoce bien esa desidia administrativa. Desde hace unos 17 aos tiene bloqueada la ocupacin efectiva de la mayor parte de las 165 mil hectreas que se les ha reconocido en Mariawatsede, en el conflictivo Mato Grosso. La presin de los grandes hacendados ha paralizado durante todo este tiempo la efectiva recuperacin de la tierra, hasta que el pasado mes de octubre el Tribunal Federal acord desbloquear el desalojo de los grandes propietarios que ocupaban las tierras indgenas. Sin embargo, nada indica que esa recuperacin de la tierra vaya a ser fcil. El pasado 3 de noviembre, el lder Mario Paridzane conduca la nica camioneta de la comunidad, cedida por el gobierno para atender las necesidades sanitarias, cuando tres vehculos comenzaron a perseguirle hasta que lo sacaron de la carretera. Un conductor que se hallaba en el lugar socorri a Paridzane trasladndolo a un hospital. Poco ms tarde, la camioneta siniestrada, que haba quedado en el lugar del accidente, apareca calcinada. Los hacendados del agronegocio, por su parte, rechazan cualquier implicacin en unos hechos que prefieren atribuir al consumo de alcohol.

El reto de Belo Monte

Pero si existe un caso que en los ltimos tiempos ejemplifique el conflicto de intereses entre las polticas desarrollistas de Brasil y las comunidades indgenas, ese es el del complejo hidroelctrico Belo Monte, en el ro Xing a su paso por el estado de Par. Se trata de la gran apuesta energtica del gobierno brasileo y solo las cifras manejadas son una muestra de la magnitud del proyecto. Estamos ante la que ser la tercera presa ms grande del mundo. Su construccin, que se espera finalizar en 2015, supondr una inversin de 11.000 millones de dlares; con una potencia estimada de 11.500 megavatios, la futura presa deber aportar el 11% de la energa del pas. Para ello, inundar una extensin de 500 kilmetros cuadrados de selva amaznica y desplazar a unas 20.000 personas, en su mayora indgenas. En concreto, se estima que unos 24 grupos tnicos, distribuidos en 30 territorios indgenas, se vern directa o indirectamente afectados en los estados de Mato Grosso y Par. En algunos casos el impacto ser total, como en el territorio Paquiamba de los indios Juruna, o los Arara de la zona de Volta Grande.

El procurador de la Repblica en Par, Felcio Pontes, no duda en calificar de absurda la forma en que se est tramitando el proyecto. En este sentido, este abogado del Estado considera que el proyecto supone para las comunidades indgenas revivir el impacto que represent la llegada del hombre blanco a su territorio en el siglo XVII: Con la implantacin de Belo Monte sern de nuevo obligados a abandonar sus casas, a no ser que acepten un genocidio cultural. De hecho, la presa supondr un incremento de la presin sobre la tierra y la deforestacin de este entorno amaznico. Igualmente, se vern afectados los recursos hdricos y el transporte fluvial, un factor clave en las comunicaciones de una regin vertebrada histricamente por el curso del ro. Los observadores destacan adems que todo ello afectar gravemente a las actividades econmicas tradicionales de pesca, caza y recoleccin, actuando as como estmulo a la emigracin hacia la ciudad y acrecentando los graves problemas de vulnerabilidad en la organizacin social.

Todo ello explica la fuerte contestacin social que tuvo la puesta en marcha del proyecto. Una movilizacin indgena y ambientalista que el pasado 13 de agosto lograba una importante victoria al conseguir que el Tribunal Regional Federal da 1 Regio paralizase los trabajos de Norte Energa, empresa encargada de la construccin. El argumento esgrimido por el tribunal para anular la licencia es que las obras se haban iniciado sin haber consultado previamente a las comunidades indgenas afectadas, tal y como exige la propia constitucin brasilea. Sin embargo, la alegra dur poco. Tan solo dos semanas: el 27 de agosto, el Tribunal Supremo Federal anulaba la paralizacin de la obras justificando su decisin en las necesidades energticas del pas. Una noticia muy bien recibida en Francia, donde tiene su sede central la firma Alstom que a principios de este ao firmaba un contrato por valor de 500 millones de euros para la fabricacin de las turbinas de la macropresa.

En realidad, el argumento no es nuevo y se ha utilizado en la puesta en marcha de numerosos proyectos con gran impacto ambiental y social por toda la geografa del Brasil indgena. De hecho, las comunidades indgenas vienen movilizndose en los ltimos aos contra todas las iniciativas que intentan condicionar su ocupacin efectiva de los territorios. El primer intento fue la ordenanza 303, emitida por el Tribunal Supremo Federal a propsito de la disputa entorno a la desocupacin por arroceros y ganaderos en la Raposa do Serra, en el estado de Roraima, un espacio reconocido como territorio de los Makux, Wapixana, Ingarik, Taurepang y Patamona. La ordenanza dejaba abierta la posibilidad de que esas tierras pudieran ser ocupadas por necesidades militares, para la construccin de redes de comunicacin o, incluso, por empresas dedicadas a actividades consideradas estratgicas como las explotaciones hidroelctricas y mineras. Sin embargo, los colectivos indgenas vienen denunciando los intentos de extender esta ordenanza, dictaminada para el caso de Raposa do Serra, a otros territorios. De hecho, la misma filosofa impregna dos Propuestas de Enmienda a la Constitucin, la 38/1999 y la 215/2000 promovidas por los parlamentarios del poderoso lobby ruralista que defiende los intereses de los grandes hacendados del sector agropecuario. Y en la misma direccin se encamina tambin la ley 1610/96, actualmente en fase de tramitacin, que pretende favorecer la exploracin y el aprovechamiento de los recursos mineros existentes en los territorios indgenas.

De este modo, mientras la persecucin del garimpo ilegal fue el argumento esgrimido para justificar la intervencin policial que cost la vida a Adenilson Kirixi, es paradjicamente esa misma explotacin minera, pero desarrollada a gran escala, la que est detrs de las modificaciones legales que se estn promoviendo en detrimento de los derechos indgenas. Y de nuevo el castigado ro Xing se convierte en el principal foco de atencin tras conocerse los planes de la firma canadiense Belo Sun Mining Corporation de convertir parte de los terrenos removidos por la macropresa de Belo Monte, en la mayor mina de oro de Brasil, capaz de aportar 4,6 millones de toneladas anuales. El proyecto, que ya ha desatado numerosas crticas, ser estudiado el prximo 4 de diciembre por la Comisin de Medio Ambiente de la Cmara de los Diputados.

Mientras tanto los indgenas, pescadores y comunidades ribereas del ro mantienen sus movilizaciones contra la gigantesca hidroelctrica, exigiendo al menos que la empresa cumpla las compensaciones acordadas. Tal vez por eso, el pasado 30 de octubre el ejrcito brasileo realiz unas maniobras de entrenamiento para la recuperacin de las instalaciones en caso de que estas fueran ocupadas. Y es que en Brasil el desarrollismo parece dispuesto a imponerse con paso firme, sin detenerse ante las realidades de los pueblos indgenas y sus derechos.

Fuente: http://otramerica.com/temas/pueblos-indigenas-acosados-resistencia-ante-milagro-economico-brasil/2633



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