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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-12-2012

La deuda, los recortes y la sanidad

Ins Marco y Gemma Tarafa
Mientras tanto electrnico

En este nmero del Observatorio de Salud que coordina el Grupo de Investigacin sobre Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) de la Universidad Pompeu Fabra (www.upf .edu/greds-emconet/), mientras tanto presenta un interesante trabajo titulado Deuda, recortes y salud. La intencin de este artculo es aclarar algunas de las ideas falsas sobre este tema que vemos repetidas una y otra vez en los medios de comunicacin a la vez que descubrir otros aspectos que habitualmente quedan ocultos. El artculo plantea la definicin de deuda, la irrupcin en Europa de la deuda (tanto en el sector pblico como en el privado), su impacto general en la sanidad (tomando como ejemplo Catalunya), as como la propuesta de realizar una Auditora Ciudadana de la Deuda.


Qu es la deuda?

El concepto de la deuda es ambiguo, ya que abarca situaciones distintas que pueden entrar bajo la misma definicin. La primera acepcin segn la de la Real Academia Espaola es: Obligacin que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo comn dinero. Segn algunos autores [1], la razn por la que la obligacin de devolver una deuda es tan clara, se debe a que no se trata de una declaracin econmica sino de una declaracin moral, por lo que se preguntan si, finalmente, la moralidad no es otra cosa que de la devolucin de las deudas de las personas. Sin embargo, no todas las deudas tienen la misma magnitud ni el mismo respaldo legal. As como hablamos de la deuda histrica o ecolgica, de la deuda con las mujeres o de las deudas financieras, en realidad las nicas deudas cuya devolucin es imperante, obligatoria y reconocida por todos son las deudas financieras. La pregunta que nos hacemos es: Deben devolverse siempre las deudas financieras que alguien ha contrado? La historia y la antropologa nos ensean numerosos casos en que las deudas no fueron devueltas, como por ejemplo las investigaciones de Michael Hudson, un especialista en historia financiera y de la deuda, que muestran las cancelaciones de deuda peridicas desde la Edad de Bronce en Sumeria [2].

En los aos ochenta del siglo pasado la crisis de la deuda en el Sur mostr con claridad el papel de la deuda como herramienta de extorsin a travs de la cual se condicionan las polticas y la soberana de los pueblos. La idea de que la justicia social debe estar por delante de las obligaciones de la deuda ha tomado la forma en las tres ltimas dcadas bajo el paraguas de lo que se ha denominado deuda Ilegtima, un concepto que ha sido cada vez utilizado con mayor profusin y precisin. A partir del ao 2000, las organizaciones de la llamada sociedad civil, junto a buena parte del mundo acadmico, llegaron a la conclusin de que la deuda externa de los pases del Sur deba cancelarse no slo porque es inmoral que se priorice el pago de la deuda por delante del gasto social bsico, sino tambin porque la deuda se haba producido a travs de mecanismos injustos. La definicin de deuda Ilegtima que se consensu en el Observatorio de la Deuda en la Globalizacin (ODG) en la campaa Quin debe a quin? destaca aspectos muy relevantes: considera ilegtima toda aquella deuda acumulada por prstamos que, directa o indirectamente, comprometa la dignidad de los ciudadanos o ponga en peligro la coexistencia pacfica entre los pueblos. Tal deuda se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos y civiles reconocidos por los pases en todo el mundo, o que ignoran las normas de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre estados y entre pueblos [3].

Una de las herramientas ms potentes para esclarecer los procesos de endeudamiento son las llamadas Auditoras Integrales de la Deuda, cuyo objetivo general es establecer la legitimidad, legalidad y pertinencia de los prstamos, las negociaciones y renegociaciones, donde se sealan las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, econmicos y ambientales y, sobre todo, en que se busca la acumulacin y ponderacin de fundamentos para que el pas emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros [4]. En la actualidad existen procesos de auditora en pases como Filipinas, Indonesia, Pakistn, Nepal, Brasil y Ecuador, entre otros, siendo sta ltima la experiencia ms exitosa hasta el momento. Realizada en 2007 a peticin del presidente Rafael Correa, la Comisin para la Auditora Integral del Crdito Pblico (CAIC) investig los procesos de endeudamiento ms relevantes ocurridos desde 1976 [5]. Las conclusiones del estudio no slo determinaron que gran parte del endeudamiento era ilegtimo, sino que existan graves indicios de ilegalidad. Durante el periodo investigado, la diferencia entre los ingresos y las salidas registradas suponan una transferencia neta de 7.130 millones de dlares, a pesar de lo cual la deuda ecuatoriana haba seguido aumentando desde 115,7 millones en 1976 hasta 4.200 millones en 2006. Tras la revisin del Informe de Auditora, el presidente Correa present la propuesta soberana a los tenedores de ttulos, ofreciendo el 30% del valor nominal de stos. El 95% de los tenedores aceptaron la propuesta sin ningn tipo de cuestionamiento judicial. Con ello, los recursos liberados en los presupuestos de ese mismo ao ya permitieron que el gasto pblico aumentara en un 70%, destinado especialmente a la sanidad y la educacin. El ejemplo del enorme sufrimiento generado por la crisis de la deuda que tuvo lugar en Amrica Latina debe servir a Europa para afrontar su propia crisis de una forma muy distinta, y evitar de esa forma el empobrecimiento y la vulneracin de los derechos de sus ciudadanos.

La deuda llega a Europa

El estado de endeudamiento de algunos pases eu ropeos ha sido uno de los principales focos de atencin durante los ltimos meses. No obstante, la abundancia de desinformacin y de ruido al respecto ha impedido que la mayora de personas tengan una concepcin clara de qu es lo que realmente ha ocurrido. Este artculo quiere desmitificar algunas de las ideas ms repetidas que han calado en la opinin pblica, a la vez que descubrir otros aspectos que han quedado en la ms absoluta oscuridad. En concreto, nos fijaremos especialmente en las consecuencias que sobre el bienestar y salud de las personas tiene lo que se ha denominado la crisis de la deuda soberana europea.

En el caso del Estado espaol, el mayor volumen de deuda ha sido contrado por el sector privado, especialmente por las entidades financieras. La relacin de esta deuda con el boom inmobiliario ha sido determinante. La poltica de los ltimos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, de socializar esta deuda, ha supuesto un potencial riesgo de deterioro de las cuentas pblicas que conlleva un empobrecimiento de la poblacin a travs de los recortes del gasto pblico y de las diferentes reformas del mercado laboral, las pensiones, etc. Como punto culminante de ese proceso, la reforma del artculo 135 de la Constitucin llevada a cabo en septiembre de 2011 asegura el pago de la deuda ante el gasto social, lo que atenta contra la justicia social y la soberana. Segn los ltimos datos del Banco de Espaa, la deuda total del estado espaol a finales de 2011 se situaba alrededor de los 4,3 billones de euros [6], cuatro veces el PIB. La parte de esta deuda que fue contrada por el sector pblico es un 18% (734.961 M), las familias deben el 21% (857.496M), las empresas no financieras el 31% (1.230.783 M), y las empresas financieras un 29% (1.176.760 M).

La deuda del sector pblico

Si desgranamos la informacin sobre el sector pblico espaol, los niveles de deuda son inferiores a los del resto de pases europeos. As, hasta 2011 y segn datos de Eurostat, el Estado espaol tena una ratio de Deuda Pblica sobre el PIB del 68,5%, inferior a Alemania (81,2%), Francia (85,5%) o el Reino Unido (85,7%). En declaraciones de noviembre de 2011, Jean-Claude Juncker (primer ministro de Luxemburgo, anterior presidente del Consejo Europeo y en la actualidad presidente del Eurogrupo), lo puso en evidencia con las siguientes declaraciones: Alemania tiene deudas ms elevadas que Espaa. Pero aqu nadie quiere saberlo. Una vez evidenciada las falsas acusaciones sobre el sobreendeudamiento del sector pblico, la atencin se centr en el dficit pblico. El aumento del dficit ha mantenido una tendencia creciente en Espaa y ha superado los niveles de dficit de los pases vecinos. El supervit de 1,9% del PIB en 2007 se convirti a gran velocidad en dficits del 4,5% en 2008, 11,2% en 2009, 9,3% en 2010 y 8,5% en 2011. Al igual que en las crisis anteriores, la ltima tambin gener un aumento del dficit. No obstante, en esta ocasin la opcin poltica ha sido distinta. El gobierno, bajo una aparente neutralidad, presenta como inevitable la necesidad de recortar el gasto pblico e imponer la austeridad para los pobres [7], a pesar de que las medidas no afectan a ciudadanos y ciudadanas de forma neutral, sino que las personas que ms se ven afectadas son las de rentas ms bajas, que acuden a la sanidad, educacin y justicia pblica y que gastan la mayor parte o la totalidad de sus ingresos en su consumo. Sin embargo, existan otras opciones Adems, los actuales recortes demuestran cules son las partidas que el gobierno considera lujos, y que han sido recortadas en casi su totalidad, como son las relacionadas con el gnero, las de medio ambiente o la cooperacin.

Las propuestas que buscan reducir el dficit con criterios de justicia social y ambiental se basan principalmente en establecer impuestos sobre las rentas ms altas y, especialmente, sobre el capital. En cambio, el modelo tributario espaol basa su carga impositiva sobre las rentas del trabajo (un 98% para 2010). Es por eso que los Tcnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicaron un informe en mayo de 2012 en el que defendan una batera de medidas que, junto a la propuesta de crear un nuevo impuesto de sociedades del 35% para los beneficios a partir de un milln de euros, permitiran ingresar ms de 63.300 millones adicionales al ao. Entre las medidas tomadas est modificar la Ley de Instituciones de Inversin Colectiva para que se establezca un porcentaje mximo de participacin en las Sicav de entre el 2 y el 5% del capital social, la prohibicin de las operaciones en corto contra la Deuda Pblica, o la que supondra gran parte de la recaudacin, una reorganizacin en profundidad del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los tcnicos de Hacienda realizar auditoras operativas para el control del gasto pblico e investigar a las grandes fortunas y empresas, responsables del 72% de la evasin fiscal. stas son las otras polticas, las que nadie quiere ver. Por otro lado, mientras no exista voluntad poltica para aumentar los ingresos con criterios de justicia, continuar la tendencia de cubrir la necesidad de ingresos con emisin de deuda pblica. En 2007, un 20% de los ingresos provino de emisin de deuda y para 2010 el porcentaje aument hasta alcanzar un 47%.

y del sector privado

Los datos del Banco de Espaa en junio de 2012 revelan que el endeudamiento familiar alcanza la cifra de 857.496 millones de , de los cuales 653.974 millones (76,27%) corresponden a deuda hipotecaria. La ausencia de polticas para garantizar un alquiler a ccesible y el impulso del rgimen de propiedad privada por parte de las administraciones pblicas, as como la falta de regulacin bancaria, incentivaron la concesin indiscriminada de prstamos hipotecarios y el sobreendeudamiento de las familias como nica forma de acceder a una vivienda digna que, como recoge el artculo 25 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y el artculo 47 de la Constitucin espaola, es uno de los derechos fundamentales de las personas. Como muchos han evidenciado, especialmente el economista y estadstico Jos Manuel Naredo [8], se apost por un modelo que promueve la vivienda libre y en propiedad en vez del alquiler y la vivienda social, un modelo que tendi a hacer construcciones nuevas para obtener plusvalas en vez de a conservar el patrimonio construido. Por otra parte, no todas las familias se endeudaron para comprar una vivienda. Con los datos de 2008, a final de la burbuja inmobiliaria, se observa que slo un 50% de los hogares tenan algn tipo de deuda. De entre stos, son las familias con rentas ms altas las que presentan un porcentaje mayor de familias endeudadas o, dicho de otro modo, son las familias con rentas ms bajas las que han dedicado un porcentaje mayor de su renta para pagar las deudas hipotecarias [9].

Las consecuencias de la crisis financiera en Espaa arrojan unas cifras estremecedoras: 5.7 millones de personas desempleadas, 580.000 familias sin ingresos, y 1.737.600 familias en las que todos los miembros activos estn en paro. Ante la imposibi lidad de vender sus viviendas, y la bajada de precios de stas, las familias desahuciadas se quedan sin hogar y a la vez siguen manteniendo ms de la mitad de la deuda con las entidades financiera. Segn la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde 2007 el nmero de procedimientos ejecutorios iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a ms de 374.230 familias, y se estiman unos 400.000 desalojos. Como afirma Vanesa Valio, directora del Observatori DESC Drets Econmics Socials i Culturals [10]: la legislacin espaola supone un autntico maltrato para las personas en situacin de insolvencia [11].

La justificacin es que estas viviendas pasarn a manos del llamado banco malo, que buscar una salida para los pisos a partir de diciembre. L as viviendas de las cajas intervenidas, denominadas como activos txicos, pasarn a manos del banco malo, que deber liquidarse dentro de 15 aos. Como ha apuntado Adri Alemany, la estrategia del gobierno ser la de pagar un precio superior al de mercado para estas viviendas, lo que supondr prdidas para las arcas pblicas en el momento de liquidacin del banco malo [12]. Los recursos que recibir este banco malo provendrn del Estado, ya que ser el FROB el que aportar los recursos, que an deber endeudarse ms. Por otra parte, la situacin actual permite a las entidades financieras volver a hacer negocio con la vivienda ya que se la adjudican a un 50% del valor, a pesar de que se calcula que los precios han descendido en un 20%. Con todo, se estima que las entidades conseguirn unos beneficios de 37.500 millones de euros mediante estas operaciones.

En este artculo no entramos a discutir en profundidad el endeudamiento de las empresas. El caso de las entidades financieras, extremadamente vinculado a las deudas hipotecarias, responde a un criterio de socializacin de prdidas. Los constantes escndalos respecto a la gestin de estas entidades no dejan lugar a dudas sobre el trato preferente y los costes financieros y sociales que el modelo ha supuesto. En este sentido, queremos destacar el papel de las empresas no financieras, que acumulan una deuda de 1.176.760 millones de euros. Aunque no todas las empresas se han endeudado de la misma forma, sino que un 95% de esta deuda corresponde a las grandes empresas, aquellas que tienen a ms de 250 trabajadores. De las 3.250.576 empresas espaolas, solo 4.997 cumplen este requisito. La gestin de esta deuda y los prximos acontecimientos podran suponer una nueva amenaza para el sector pblico, si ste asumiera de nuevo las deudas privadas.

Cmo nos afecta cotidianamente el pago de la deuda? El caso de la sanidad pblica

Hoy en da, la evidencia de que la salud y la calidad de vida as como las desigualdades en salud estn socialmente determinadas ha sido claramente establecida (OMS; CDSS, 2008). Hablamos de desigualdades sociales en salud como aquellas diferencias sistemticas en salud entre grupos de poblacin que se caracterizan por ser injustas y evitables y que fundamentalmente se deben a las estructuras sociales y el impacto que las instituciones y polticas sociales, econmicas y legales tienen sobre diferentes grupos sociales.

En una situacin de crisis econmica y social como lo que estamos viviendo, que est produciendo una drstica reduccin del presupuesto pblico (por lo menos 50.000 millones de euros en tres aos), esas desigualdades an se agravaran ms. Si a esa situacin de crisis le aadimos el pago de la deuda externa, aumentando as el dficit de financiacin del sector pblico, no slo tendremos ms desigualdad sino que tambin tendremos, en valor absoluto, ms poblacin afectada por los recortes en la sanidad pblica. Estos recortes afectaran con dureza a los que menos tienen pero tambin a las llamadas clases medias que dependen de la sanidad pblica. Con todo ello, estamos asistiendo al derrumbe de uno de los grandes pilares del Estado del Bienestar [13].

Un buen indicador para medir el grado de desarrollo de la sanidad pblica espaola es el gasto pblico sanitario por habitante comparndolo con el promedio de la UE-27. Espaa est, junto con Grecia y Portugal, a la cola de la UE. En 2009, en Espaa el sector pblico dedic unos recursos en salud equivalentes al 6,7% del PIB, una cuanta inferior al gasto pblico medio en salud de los 27 pases europeos que fue el 7,4% del PIB Europeo. Dicho de otra manera, tenemos un Estado del Bienestar en el rea de salud inferior a nuestro nivel de riqueza relativa respecto a nuestro entorno europeo. As pues, no estamos gastando demasiado en salud como nos hacen creer la mayora de polticos y medios de informacin.

La polarizacin por clase social de la sanidad espaola se puede explicar a partir de este bajo gasto pblico. El 30% de la poblacin espaola (la de renta superior) utiliza la sanidad privada mientras que el 70% restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayora de las clases medias), utilizan los servicios pblicos.

Otro de los impactos de la crisis o del posible pago de la deuda externa sobre todo aquello relacionado con la sanidad se observa en una privatizacin cada vez mayor de los servicios de salud, con una expansin del rol de las compaas aseguradoras del sector salud apoyadas por polticas fiscales, que van desde la desgravacin fiscal a los subsidios, apoyos que se han incrementado exponencialmente. De manera similar, la gestin privada de los servicios pblicos se ha acompaado de un incremento de los copagos y co-aseguramientos privados. Por otro lado no vemos ningn tipo de crecimiento, todo lo contrario, de la inversin en investigacin en prevencin y/o en las causas que general esas desigualdades en salud, cosa que a la larga hubiera sido mucho ms efectiva para la poblacin.

Un ejemplo muy concreto de lo que suponen los recortes en sanidad lo puede observarse en el caso de Catalunya [14]. Se estima que la reduccin efectiva del presupuesto de Salud de la Generalitat de Catalunya para el 2011 ha sido de 1.540,7 M es decir un reduccin del 15,6%, esto significa un gasto pblico en salud por cpita de 1.094,86 , nivel inferior en trminos nominales a la de 2006. Los recortes presupuestarios, obviamente, tendrn y estn teniendo importantes efectos sobre el modelo sanitario y la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Con respecto al personal, se estima que este recorte tiene unos efectos de reduccin de la ocupacin que afecta a 7.000 profesionales y trabajadores de la sanidad en dedicacin a tiempo completo. Los efectos de los recortes sobre la degradacin de los servicios pblicos de Salud es evidente y actan por dos vas: la menor actividad realizada y el deterioro de la calidad de la atencin. Se cierran plantas en los hospitales, se reduce la utilizacin de quirfanos, se retrasan intervenciones, se suprimen servicios como los de la atencin continuada en varios CAP (Centros de Asistencia Primaria), se reduce la prestacin de los servicios de transporte sanitario, etc. No se trata por tanto de medidas que generan una cierta incomodidad. No, las medidas adoptadas tienen efectos, se reducen prestaciones , aumentan las listas de espera y se deteriora la actividad sanitaria afectando en mayor medida a los enfermos crnicos a la poblacin ms vulnerable.

C onclusiones

A travs de este artculo hemos querido describir brevemente la situacin actual de endeudamiento en el Estado espaol, y los procesos de traspaso de deuda desde unos sectores a otros. Las experiencias en el Sur nos han mostrado que la deuda re sponde a los intereses de acumulacin por desposesin de las clases dominantes, y que las consecuencias sobre la poblacin solo tienen una trayectoria posible. La urgente necesidad de destapar lo que en trminos polticos y economicistas se transmite como un proceso natural e imparable, as como la propuesta de una Auditora Ciudadana de la Deuda como herramienta para frenar estos procesos de injusticia social y degradacin de las condiciones de vida nos parece la mejor opcin para defender un modelo de sociedad todava por construir. No debemos pagar una deuda que no hemos contrado. Ese debe ser un objetivo prioritario de las luchas sociales colectivas.

Notas:

[1] Graeber, D., Debt: The First 5.000 Years, Melville House Publishing (trad. cast.: En deuda. Una historia alternativa de la economa, Ariel, 2012).

[2] Hudson, M., The lost tradition of biblical debt cancellations. Disponible en: http://michael-hudson.com/1992/03/the-lost-tradition-of-biblical-debt-cancellations/

[3] Tarafa, G. y Fresnillo, I., Deuda ilegtima: exigiendo justicia ms all de la solidaridad. Disponible en http://www.odg.cat/documents/deutes/b56_Deuda_ilegitima_CAST.pdf

[4] Definicin extrada de la Introduccin del Informe Final Resumen Ejecutivo de la Comisin para la Auditoria Integral del Crdito Pblico (CAIC).

[5] Ibid.

[6] http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/cfcap2.html

[7] Roca, J., La crisis econmica y las respuestas polticas. Publicado en la Revista de Economa Crtica, n. 13. http://revistaeconomiacritica.org

[8] Naredo, J. M., La cara oculta de la crisis. El fin del boom inmobiliario y sus consecuencias, publicado en la Revista de Economa Crtica, n. 7. http://revistaeconomiacritica.org

[9] Garzn, E., No todas las familias espaolas se endeudaron; ni lo hicieron al mismo nivel, ni para los mismos propsitos. Disponible en: http://eduardogarzon.net/?p=288

[10] http://www.observatoridesc.org/

[11] Valio, V., Ejecuciones Hipotecarias y derecho a la vivienda: estrategias jurdicas frente a la insolvencia f amiliar. Disponible en: http://afectadosporlahipoteca.files.wordpress.com/2009/05/vanesa-valino-ejecuciones-hipotecarias-y-derecho-a-la-vivienda.pdf.

[12] Alemay, A., Anlisis sobre el impacto de las ejecuciones hipotecarias en el estado espaol. Dispon ible en: http://afectadosporlahipoteca.files.wordpress.com/2010/11/anc3a1lisis-sobre-el-impacto-de-las-ejecuciones-hipotecarias-en-el-estado-espac3b1ol.pdf

[13] Benach J., Muntaner C., Tarafa G., Valverde C., La Sanidad est en venta (y tambin nuestra sal ud), Barcelona: Icaria, 2012.

[14] Datos extrados del trabajo realizado por Agust Colom, profesor de economa UB experto en sistemas de informacin en salud. Documento Anlisis del presupuesto de Salud 2011 y propuestas alternativas por mejorar el siste ma pblico de salud elaborado por el Centre de Anlisis y Programas Sanitarios (www.caps.cat).

Vase tambin: Ramon Serna, Albano Dante Fachin, Miquel Miras y David Vidal, "Observatorio de Salud: 5 Quin y cmo privatiza nuestra sanidad? Por un modelo sa nitario (cataln) sin corrupcin" (30/08/2012), en mientrastanto.e, n 105: http://mientrastanto.org/boletin-105/notas/observatorio-de-salud-5.

Ins Marco es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalizacin (ODG) y de la Plataforma Auditora Ciuda dana de la Deuda (PACD).

Gemma Tarafa es miembro del ODG, del PACD y del Grup de Recerca Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET, UPF).

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-107/notas/observatorio-de-salud-7



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